21/02/2011

COMUNICADO A LA CARRERA JUDICIAL.

El diseño constitucional del Poder Judicial español se basa en la existencia de un Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, cuyo cometido principal es velar por la garantía de la independencia de los Jueces y Magistrados en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales frente a todos.

La Constitución quiso detraer de la disposición de los otros dos poderes del Estado, pero esencialmente del Poder ejecutivo, todas aquellas facultades que pudieran influir o condicionar directa o indirectamente a los titulares del Poder Judicial y para ello el art. 122.2 CE encomendó a un órgano constitucional diferente y diferenciado, el Consejo General del Poder Judicial, las facultades que más podían influir sobre los Jueces y Magistrados y, específicamente, los nombramientos y ascensos, la inspección y el régimen disciplinario. En palabras del TC: “las funciones que obligadamente ha de asumir el Consejo son aquellas que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los Tribunales: de un lado, el posible favorecimiento de algunos Jueces por medio de nombramientos y ascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones. La finalidad del Consejo es, pues, privar al Gobierno de esas funciones y transferirlas a un órgano autónomo y separado” (STC 108/1986).

En definitiva, la finalidad de la CE, como ha reconocido el propio TC, era preservar al Poder Judicial de la dinámica propia de un Estado de partidos cuya lógica es distribuir los cargos en proporción de la fuerza o presencia parlamentaria de dichos partidos.

No es necesario detallar como, a partir de la reforma de la LOPJ de 1985, la realidad es que los partidos políticos del arco parlamentario han convertido al CGPJ en una réplica perversa de las mayorías y minorías partidarias presentes en el Parlamento, haciendo realidad los presagios más negativos que la STC citada quiso descartar como impensables: “Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atienden sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.”

En su composición actual, el CGPJ obedece al designio partidista que impera en el Parlamento instrumentalizado a través de las asociaciones judiciales vinculadas a los partidos políticos mayoritarios. Pero es que, además, esta politización partidista no se agota en la propia composición del Consejo, sino que se trasmite de forma por todos conocida a la designación de los más relevantes cargos judiciales: Magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, Salas de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.

Sucede así que lo que la CE quiso sustraer de las manos del Poder Ejecutivo y de la influencia partidista, esto es, los nombramientos y ascensos, la inspección y el régimen disciplinario de los jueces y magistrados, ha vuelto a estar en sus manos a través de las designaciones de los vocales del Consejo y de los cargos que ostentan las facultades de ejercicio de tales funciones. Simplemente por esta indirecta vía se ha terminado con todos los resortes para asegurar la independencia del Poder judicial.

En tal trance, hemos llegado a la conclusión de que el nudo gordiano de la inmensa mayoría de los problemas y dificultades cotidianas de la carrera judicial, de la imagen y desprestigio de la Justicia, pero sobre todo de los ataques a la independencia del Poder Judicial, radica justamente en la politización partidista de los nombramientos de determinados cargos y puestos judiciales que realiza el Consejo. A través de esos nombramientos, el Gobierno y los partidos de la oposición, sea cual sea su composición en cada momento, están acabando con la independencia del Poder que está llamado a controlarles y a defender los derechos de los ciudadanos.

 Pero además, y en lo que se refiere a nuestro estatuto profesional, los efectos de este sistema no pueden ser más devastadores:

1) El descrédito y la idea generalizada de que la Justicia se imparte de forma partidaria, que se extiende indiscriminadamente a todos los órganos que administran justicia, produce un general desprestigio de la Carrera.

2) Existe un evidente riesgo de deterioro del propio sistema democrático y del estado de derecho. El Gobierno y los partidos políticos han logrado terminar con el control que sobre los demás poderes del Estado debe ejercer el Poder Judicial mediante la simple formula de ir colocando en la cúspide de la pirámide a quienes pueden preservar sus intereses.

3) Se produce una progresiva degradación de la consideración de los órganos judiciales básicos y de quienes desarrollan su actividad profesional en ellos.

4) Es inevitable una frustración de expectativas profesionales de los Jueces y Magistrados, que ven sus posibilidades de acceso a determinados cargos vinculada a la pertenencia a determinadas asociaciones judiciales.

5) Se deteriora el nivel de excelencia en los titulares de los órganos judiciales claves, que acceden a ellos por afinidades partidistas y no por sus méritos curriculares. Al propio tiempo se ha distanciado de forma abismal el estatus profesional de los Jueces y Magistrados de a pie y el de los titulares de los más altos cargos judiciales, en términos económicos, de consideración, de atención etc.

 Ante tal estado de cosas, Foro Judicial Independiente ha venido denunciando y alzando una voz crítica en cuantas ocasiones ha tenido oportunidad de defender la independencia judicial y nuestro estatus profesional. Prácticamente 1.500 compañeros se han adherido a un “Manifiesto por la despolitización y la independencia del Poder Judicial”, sin otro resultado que un esporádico eco en los medios de comunicación del descontento de los jueces. Pero estas actuaciones, con ser importantes, no son suficientes para provocar un cambio cualitativo en la politización partidista de los nombramientos de la Carrera Judicial. Mientras exista este régimen de nombramientos, el Gobierno y los partidos no dejarán de buscar asociaciones y miembros de la Carrera Judicial que respondan a sus intereses ni éstos renunciarán a acogerse a su protectorado, aún cuando unos y otros digan aborrecer tal sistema.

 Es por ello que hemos decidido dar un paso adelante y comenzar a impugnar jurisdiccionalmente aquellos nombramientos en los que sea detectable la influencia de los partidos políticos. En el último año se han renovado las Presidencias de muchos Tribunales Superiores de Justicia. Particularmente en los nombramientos de los TSJ del País Vasco, Valencia y Cataluña, ha sido notable e indisimulada -incluso ante los medios de comunicación- la intervención mediata de los partidos, sea en forma de vetos, de imposiciones o de compensaciones, en cualquier caso por motivaciones de índole claramente partidista, sirviéndose para ello de la colaboración de sus terminales asociativas en el Consejo. Dicho de forma breve, en el País Vasco se produjo un claro veto de PNV y PSOE a renovar al Presidente del TSJ, por haber osado encausar a Ibarreche y a Patxi López. Después de largas negociaciones, el PP y la APM transigieron con tal veto a cambio de designar al Presidente de Valencia, lo que fue aceptado por PSOE y JD a cambio de la Presidencia del TSJ de Cataluña.

 Creemos que la única solución, si realmente queremos terminar con tal estado de cosas, es recurrir tales nombramientos para sostener su nulidad basada en la violación de las normas constitucionales a que nos hemos referido y, en definitiva, por atentar contra la independencia judicial. No se trata de cuestionar personalmente la idoneidad de los nombrados o descartados, sino de denunciar la farsa institucional en que se ha convertido el órgano constitucional llamado a defender la Independencia del Poder Judicial.

 Lo hemos llevado ya ante el Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite los recursos interpuestos por esta Asociación contra las designaciones de los Presidentes de los Tribunales de Justicia de Cataluña y de Valencia, y lo llevaremos ante el Tribunal Constitucional y ante instancias jurisdiccionales internacionales hasta conseguir un pronunciamiento que revise la doctrina sentada de forma “ingenua” en la sentencia 108/1986 que hemos citado. Estamos convencidos de que tenemos poderosas razones para que nuestra pretensión prospere, pero si no es así al menos vamos a obligar a quienes dicen rechazar la politización partidista del CGPJ a que se miren en el espejo y nos muestren su imagen.

 Creemos que la defensa de la independencia judicial, que es en definitiva la del Estado de Derecho, así lo exige.

LA COMISIÓN GESTORA NACIONAL DE FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE.

Ver también: https://forojudicial.org/foro/viewtopic.php?p=1611#1611