20/09/2010

COMUNICADO CON OCASIÓN DE LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL

El año judicial que comienza viene precedido por uno de los peores de la carrera judicial en mucho tiempo. Frente a la reivindicación de una mejora sustancial de nuestras retribuciones que duran ya más de siete años, hemos sufrido una rebaja salarial de proporciones desconocidas del que probablemente muchos jueces no se recuperarán en el tiempo de vida activa que les queda.

Ciertamente compartimos esta situación injusta con la función pública, aunque la carrera judicial es uno de los cuerpos más castigados, pero se agrava por el hecho de que el Ministerio de Justicia, el Gobierno en suma, con total menosprecio de lo que significa la independencia judicial en el aspecto económico, no sólo se ha negado a activar la actualización de sueldos que prevé la Ley de Retribuciones tras haber transcurrido sobradamente los cinco años previstos en la misma, sino que ni siquiera ha consentido en negociar una nueva Ley de Retribuciones que repare las graves deficiencias de la existente, a pesar de que no se le estaba pidiendo que la nueva Ley tuviera una repercusión económica inmediata.

Ante lo que no puede sino calificarse como un ataque frontal a la independencia económica de los jueces, el CGPJ mantiene la callada por respuesta. Es cierto que hemos conseguido que se reparta la productividad de 2.009 de forma “casi” lineal, una cantidad por otra parte miserable, pero no es menos cierto que el CGPJ a la hora de formar los grupos que exigió el Ministerio, y en los que cedimos las asociaciones a cambio del reparto entre todos los jueces, en lugar de tender a esa linealidad ha hecho una clasificación oscura, arbitraria y con el añadido ridículo de felicitar a los diez primeros de cada grupo por poner muchas sentencias, con desprecio manifiesto a la calidad como un componente esencial de la labor de juzgar, incidiendo con ello una vez más en una filosofía productivista absurda desde cualquier punto de vista que no sea el económico de tratar de ahorrarse jueces.

No es el único aspecto negativo de este CGPJ. Este órgano se ha caracterizado en su última etapa por poner en practica una política disciplinaria represiva, por haber incumplido su promesa de fijar una carga razonable de trabajo, por mantener una total indefinición, comoda para el Ministerio, sobre el problema de la falta de jueces y por su silencio absoluto sobre el incumplimiento grave por parte del Ejecutivo central y de los autonómicos de su obligación de facilitar a la Justicia los medios personales y materiales que necesita. El CGPJ no se preocupa en absoluto del mal estado de las instalaciones en que los jueces tenemos que desarrollar nuestro trabajo, de la falta de personal preparado o de los medios materiales escasos y anticuados con los que hacemos el trabajo; por el contrario ha recibido con aplausos y colaboración incondicional una oficina judicial antijuez, cuyos aspectos más cercenadores de la independencia judicial fueron suprimidos exclusivamente a instancia de las asociaciones judiciales, que tuvimos que acudir en solitario a negociar con el Ministerio sin el más mínimo respaldo, tampoco en esto, del CGPJ. Por no mencionar su política de nombramientos completamente alejada de criterios de mérito y capacidad como viene siendo público y notorio.

Una total y absoluta sumisión en definitiva al poder político y una traición continua a la independencia judicial, como por otra parte viene siendo tradicional en un órgano que cada vez se parece más a una dirección general del ministerio de justicia y que está pidiendo a gritos su renovación en profundidad.

En este contexto no hay nada que celebrar, ni tiene sentido una apertura solemne de unos tribunales que se encuentran en estado de ruina. Lo que tiene sentido es hacer patente nuestro disgusto por la situación actual y nuestra protesta ausentándonos de dicho acto.

Por todas estas razones Foro Judicial Independiente no estará presente en el acto de apertura de tribunales y lamenta que no haya sido posible el consenso con otras asociaciones judiciales para realizar actos de protesta que pongan de manifiesto el malestar de la carrera judicial.

Madrid, a 20 de septiembre de 2.010

LA COMISIÓN GESTORA NACIONAL