20/07/2010

Informe sobre la aceptación por FJI de la propuesta de reparto de la productividad correspondiente al año 2.009.

FJI viene defendiendo desde su constitución, y es uno de los motivos por los que se constituyó, que la actividad judicial es incompatible con el concepto de productividad, por cuanto que, en esencia, no es mejor Juez el que pone más sentencias, sino el que pone mejores sentencias y porque administrar justicia requiere sosiego y reflexión, lo que es contradictorio con sistemas que premian exclusivamente la cantidad y el trabajo a destajo.

Por tanto lo que hemos sostenido siempre, y seguiremos sosteniendo hasta conseguirlo, es la supresión de cualquier clase de productivismo en las retribuciones de los jueces. El control de la actividad judicial debe realizarse exclusivamente a través de un sistema de inspección eficaz y justo que controle que los jueces dedican el tiempo exigible a la resolución de asuntos y que ello se hace con la calidad necesaria. Las cantidades que ahora se dedican a fomentar el productivismo de los jueces, deben destinarse a retribuir las rigurosas y especiales incompatibilidades que afectan a su actividad.

Ello requiere sin embargo una reforma de la LOPJ y de la Ley de Retribuciones que, de momento, el Ministerio no está dispuesto a promover, básicamente debido a la situación de crisis económica. Mientras tanto se plantea el problema practico de que existe una cantidad de dinero, que en el año 2.009 asciende a la cifra de 6.979.113,82 €, que debe distribuirse entre los Jueces, sin que existan criterios legales claros una vez que los recursos de las asociaciones judiciales consiguieron derogar el sistema de módulos a efectos económicos.

FJI se ha opuesto siempre a prolongar por vías de hecho el derogado sistema de módulos. Sólo firmó un acuerdo con carácter provisional para la productividad del año 2.007, para liquidar definitivamente el pago conforme a módulos, con la condición de que fuera el último año y a cambio de concesiones en materia de equiparación de la paga extra a la ordinaria. Las distintas Gestoras, con el apoyo de la asamblea, hemos considerado mejor renunciar a ese dinero antes que defraudar la sentencia que derogó el sistema de módulos a efectos económicos.

Con posterioridad al año 2.007, por FJI sólo se aceptaba el reparto provisional de ese dinero, en tanto se producen las necesarias reformas legislativas, siempre que el mismo fuera repartido de forma lineal, de manera que no supusiera un incentivo para la productividad a destajo. Para el año 2.008 el Ministerio accedió a pagar a los Jueces que hubieran cumplido el 100% del módulo, aunque estableciendo distintos tramos. FJI rechazó este acuerdo porque, a pesar de la ampliación del número de Jueces que iban a cobrarlo, seguía teniendo como finalidad esencial el fomentar al aumento de la cantidad del número de sentencias, sin control alguno de la calidad, quedando excluidos injustamente, dada la arbitrariedad de los módulos, un buen número de jueces. Por ello ha presentado recurso administrativo contra ese reparto, pendiente de resolución por el CGPJ, y presentará en su caso recurso contencioso administrativo, no porque se haya pagado a algunos Jueces, sino porque del acuerdo de reparto quedaron excluidos muchos Jueces sin base legal alguna.

La propuesta presentada por el Ministerio para el reparto de la productividad del año 2.009 presenta novedades sustanciales e importantes sobre anteriores propuestas. En primer lugar, se acepta la inclusión de prácticamente todos los Jueces, cualquiera que sea el número de sentencias que hayan dictado. Hay muy pocas excepciones y son completamente razonables. Por tanto no se exige un número de sentencias mínimo para participar en la retribución variable.

En segundo lugar, lo que exige el Ministerio es una lista en la que los Jueces estén ordenados por número de resoluciones, dejando libertad al CGPJ para elaborar esa lista. No se basa por tanto en los módulos. Con base a la lista establece tres tramos, pero las diferencias entre tramos, dado lo pequeño de la retribución, no es lo suficientemente significativa como para entender que incentiva la producción a destajo.

Finalmente el propio Ministerio insiste y reitera en el carácter provisional y excepcional de la solución, lo que implica que ambas partes, Ministerio y asociaciones, no se comprometen con su firma a tener que mantenerlo para el futuro. Ha de recordarse que en el año 2.007 sólo FJI otorgó al acuerdo carácter provisional y anunció su negativa a prorrogar ese acuerdo en el futuro.

Por tanto puede afirmarse que estamos ante un reparto prácticamente lineal, que se aleja del concepto de productividad y sin vocación de permanencia.

A ello debe añadirse que tras una importante reducción salarial, se hace más duro aún rechazar una cantidad que, aunque en pequeña medida, pueda compensar algo la disminución de ingresos de este año, cuando el Ministerio ha cedido a buena parte de nuestras peticiones con respecto a la linealidad del reparto.

Es por ello por lo que hemos decidido firmar el acuerdo, bien entendido que no significa que lo consideramos plenamente satisfactorio y con la reserva necesaria en relación con la forma en que el Consejo fije la tipología de órganos y el numero de resoluciones por las que se establecerán los tramos, por cuanto que no conocemos los criterios, y los recurriremos si se usan para favorecer a determinados órganos en contra de otros. Debemos evitar que esta solución provisional sea un pernicioso precedente para dividir a la carrera. A corto plazo continuaremos luchando porque la cantidad alcance el 5% que establece la Ley de Retribuciones (actualmente no llega ni a la mitad) y por seguir profundizando en la linealidad del reparto. A medio y largo plazo, por una reforma en profundidad de la Ley de Retribuciones en la que desaparezca cualquier atisbo de productividad y se garantice realmente la independencia económica de los Jueces, lo que requiere traspaso de competencias al CGPJ, una nueva estructura de los conceptos salariales y que se alcance el aumento salarial acorde con la responsabilidad que se atribuye a los Jueces y que resultó frustrado en el año 2.003.

Madrid, 20 de julio de 2.010.

La Comisión Gestora Nacional