07/06/2010

Independencia, también económica, del Poder Judicial

A estas alturas resulta innecesario justificar que la independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho y una garantía para los ciudadanos; máxime en nuestro país, donde el contrapeso del Poder Judicial se hace indispensable ante la confusión de los otros dos poderes dominados por un mismo partido. Pero la independencia no se limita al momento de la decisión, sino que requiere toda una serie de condicionamientos para que sea realmente efectiva. Uno de esos contenidos instrumentales es la independencia económica, reconocida a nivel interno (Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 402) y por declaraciones internacionales (Carta Europea sobre el Estatuto del Juez, Recomendación R(94) 12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, etc.). Pues bien, hay dos aspectos de esta independencia sobre los que conviene reflexionar:

Primero, sobre el principio de estabilidad. Dicho en román paladino: la independencia exige que ni desde el ejecutivo ni desde el legislativo puedan dictarse normas confiscatorias de las retribuciones de los miembros del Poder Judicial. No se trata de «escurrir el bulto» ante el desastre al que nos ha llevado el despilfarro de un gobierno manirroto que improvisa diariamente, sino de mantener sin quiebras desproporcionadas uno de los pilares del Estado. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica (art. 3, sección 1.ª) no ofrece dudas al respecto: «Los jueces… recibirán por sus servicios una compensación que no podrá ser disminuida durante su permanencia en el cargo». Como contrapartida, el régimen de incompatibilidades y prohibiciones que afectan a los jueces es el más duro y estricto que se conoce. Bien distinto a las posibilidades de nuestros parlamentarios de simultanear su puesto en las cámaras con otras actividades profesionales.

Segundo, sobre lo extraordinariamente anómalo que resulta hoy en día que las retribuciones a los miembros del poder judicial estén en manos del Ministerio de Justicia. Actualmente el poder ejecutivo puede mediatizar e inquietar a otro de los poderes del Estado (el judicial) mediante su desestabilización económica, provocando un claro desequilibrio. Si se quiere progresar en las cotas de independencia y avanzar en el Estado de Derecho, ha de ser el Consejo General del Poder Judicial quien, con autonomía presupuestaria, se haga cargo de las retribuciones de jueces y magistrados. El Consejo Consultivo de Jueces Europeos lo tiene muy claro: «los tribunales no serán realmente independientes hasta que dispongan de un presupuesto propio y administrado por una instancia independiente del poder ejecutivo o legislativo, ya sea por un Consejo de la Justicia o por una agencia independiente» (§74, Informe 10/2007, Estrasburgo, 21-23 noviembre 2007).

Alfredo de Diego Díez es magistrado y vocal-secretario de la sección territorial en Andalucía del Foro Judicial Independiente.

FUENTE:Alfredo de Diego Díez. Artículo publicado en la Razón de Andalucía el 7 de junio de 2010