EL MUNDO. MARTES 1 DE JUNIO DE 2010 ANDALUCÍA

REFORMA DEL REGISTRO CIVIL / EUGENIO PRADILLA GORDILLO

De juzgado de guardia

TRIBUNA LIBRE

El Gobierno de España prepara, entre sus últimas hazañas legislativas, la reforma del Registro Civil que, precedida de múltiples adjetivos y propósitos, tiene como principal característica la desjudicialización, es decir, la sustracción al Poder Judicial de lo que desde hace 140 años ha llevado y dirigido bajo la supervisión del Ministerio de Justicia.

La reforma busca en teoría, entre otros objetivos, la unificación del Registro, la desaparición de las más de 8.000 oficinas existentes en España con el consiguiente ahorro, la modernidad mediante la informatización y el uso de los medios telemáticos, la adecuación de la legislación a los cambios producidos, el acercamiento al ciudadano facilitándole las actas del Registro sin moverse de casa o la creación de un registro individual, creando un Código Personal de Ciudadanía (CPC) y eliminando la división registral en basada en los hechos fundamentales del estado civil (nacimiento, matrimonio, defunción y tutelas).

Llama la atención que tal reforma se haya iniciado sin contar con la opinión de los jueces y en especial de los que nos venimos dedicando a esto con exclusividad. Como botón de muestra, cabe decir que los encargados de Registro Civil hemos accedido al texto del anteproyecto de la misma manera que éste se ha elaborado, es decir, a espaldas de todos y con nocturnidad.

También produce perplejidad el que, como justificación de la desjudicialización o expulsión de los jueces del sistema registral, se afirme que se les descarga de trabajo. Nada más lejos de la realidad. Sólo quedamos fuera, aunque no sin trabajo, los que nos dedicamos en exclusiva a esta digna función –un total de 27 establecidos en grandes capitales– y en muchos casos desde hace decenas de años. Los jueces y magistrados que comparten la jurisdicción con el Registro y que son una parte de la carrera judicial se verán tan descargados de trabajo al dejar el Registro Civil, como el buey que en su tarea de arar deja de soportar el peso de los pájaros que le acompañan. Seguirán igual de agobiados, dado que el volumen de asuntos jurisdiccionales es brutal y en proporción inversa a los medios que se nos suministran, por más que se empeñe la clase política y algún que otro compañero en culparnos de las disfunciones judiciales.

Volviendo al asunto de este artículo, es obligado exponer que los parámetros sobre los que se basa la reforma son inexistentes o se presentan sesgadamente. El Registro Civil nació y se basa en la persona y no sólo en hechos del estado civil. La introducción de un CPC suena a mundo feliz o a código de barras preceptivo de los ciudadanos que parece va a resolver y mostrar toda la vida de un ser humano, lo que desde luego no va a ser así, pues se acumulará en un solo asiento un conjunto de circunstancias que, protagonizadas por el individuo, pueden ser dispares entre sí y ocasionar confusión en su examen.

La modernidad es, desde luego, necesaria; pero, en materia de informatización, aún estamos dando los primeros pasos. Lo que se hizo, por ejemplo, en Andalucía, se inició con fondos europeos y es un trabajo que se ha realizado a medias y que no abarca todas las oficinas registrales existentes que, por vía informática, siguen desconectadas. Los ciudadanos acceden con más facilidad a un ordenador, pero se está lejos de alcanzar tal objetivo con plenitud. El legislador, basándose en la deformación de esa realidad, decide acabar con lo que llama «islas» suprimiendo las existentes en los pueblos y creando una oficina registral por comunidad autónoma y una más por cada 500.000 habitantes. Para Andalucía, ello supondría la creación de 17 grandes oficinas frente a las dos existentes (Málaga y Sevilla), lo que indudablemente supondría un desembolso económico que no es de lo más oportuno en el actual momento.

Con la informatización, el acceso a los datos del estado civil será facilísimo. ¿Qué Estado se resiste a dejar en manos imparciales tal caudal de información?

Ahora mismo, los jueces y secretarios de paz se hacen cargo de tal función por una remuneración muy escasa y los registros que llevan los jueces de carrera funcionan con el personal ya existente. Se atisba con el anteproyecto que el coste para los ciudadanos va también a aumentar con la introducción de tasas por actos (por ejemplo, las bodas civiles) cuya tramitación es ahora gratuita y que se quiere encomendar a los ayuntamientos.

Lo anterior desmonta también el objetivo, siempre loable, de acercar el Registro Civil al ciudadano. Los que carezcan de ordenador (que no son pocos), los que vivan a más de 50 o 100 kilómetros de las nuevas sedes que se creen (también son legión) y los que necesariamente deban ir al Registro (piénsese en las inscripciones de hijos no matrimoniales) acabarán desplazándose esas distancias, cuando actualmente tienen en sus pueblos o ciudades un Registro que les atiende y donde se encuentran depositados, en muchos casos, las inscripciones y datos propios. Algún compañero con un estudio serio ha llegado a la conclusión de que casi dos tercios de la población española se vería afectada por la reforma de la cercanía, que no será tal y que recuerda vagamente a lo que se hizo en tiempos pasados con la red de ferrocarriles.

Desde luego la necesidad de actualizar la legislación del Registro Civil para acomodarla a la Constitución –lo que no quiere decir que sea anticonstitucional– y a las sucesivas reformas que se han ido produciendo es imperiosa, pero entiendo que no sería necesario sustituirla por una nueva que, además, es técnicamente bastante defectuosa.

Había otras soluciones y de hecho se han transmitido a quienes podrían decir algo en fase legislativa, causando sorpresa que la oposición esté ajena a todo este proceso y, de momento, haya mostrado escaso interés. Claro está, y ello es opinión del que suscribe, que la clase política no puede resistirse a acumular todo el poder posible y cauce para ello es la información. Cuando el proceso de informatización esté finalizado, el acceso a los datos del estado civil de los ciudadanos será facilísimo cualquiera que sea el lugar donde se produzca. ¿Qué Estado se resiste a dejar en manos imparciales tal caudal de información?

La carrera judicial, gobernada por el Consejo General del Poder Judicial, podría dejar pasar, una vez más, otra oportunidad de transmitir a los ciudadanos que sus derechos fundamentales (mucho de lo que se baraja en los registros civiles está ligado a tales derechos) estarán mejor protegidos por un Poder, como el Judicial, sometido únicamente al imperio de la ley.

Hace unos días, y con motivo de la presentación de un libro cuyo título he tomado para este artículo, un invitado, con cargo en el Gobierno, se permitió calificar de pérdida de tiempo el trabajo que los jueces hacemos en el Registro Civil, debiendo dedicarnos a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Fue curioso que pocos jueces de los allí presentes se alteraran por lo que –dicho en una intervención pública– constituye un desprecio hacia nuestra labor y, por cierto, una contradicción con la actividad de dicho político, magistrado en excedencia, subido al coche oficial hace años y alejado de la realidad de juzgados y tribunales.

Es de esperar –la esperanza y el buen humor es lo último que se pierde– que el devenir político o la cordura se impongan y el anteproyecto de ley perpetrado caiga en el cajón ministerial de los olvidos y fracasos.

Eugenio Pradilla Gordillo es magistrado encargado del Registro Civil Exclusivo de Sevilla.

FUENTE: Eugenio Pradilla Gordillo. Artículo publicado en el Mundo de Andalucía el 1 de junio de 2010.