19/02/2010

ACUERDO ADOPTADO POR LAS ASOCIACIONES FRANCISCO DE VITORIA Y FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE EN RELACIÓN CON EL CONVENIO FIRMADO EL 18 DE FEBRERO ENTRE EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA.

Las asociaciones de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, del convenio firmado el 18 de febrero entre el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. Sr. D. Carlos Dívar y el presidente del Consejo General de la Abogacía, Excmo. Sr. D. Carlos Carnicer, en virtud del cual los abogados tendrán intervención en la designación de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales.

La designación de los cargos judiciales de naturaleza discrecional, su adecuación a los principios constitucionales y legales, su correcta motivación y la adecuación del procedimiento a seguir incide directamente en los intereses profesionales que defienden ambas Asociaciones. Es por ello que, a medio del presente escrito, solicitamos formalmente se nos facilite copia literal del mencionado Convenio, así como del acuerdo o acuerdos de ese Consejo en que se haya aprobado.

Sin perjuicio de las acciones que procedan una vez conocido su contenido, queremos adelantar lo siguiente:

PRIMERO.- Una vez superado el estupor que nos produce el contenido de la noticia y comprender que se refería a los Jueces españoles, manifestar nuestra más absoluta sorpresa ante el hecho de que los Colegios de Abogados puedan intervenir en la designación de Cargos Judiciales y no se dé igual oportunidad a los propios Jueces o las Asociaciones que los representan.

SEGUNDO.- Mostramos nuestro desconcierto y confusión porque no se dé igual intervención a otros profesionales como pueden ser los Procuradores, Abogados del Estado, Letrados de la CCAA y de la Seguridad Social, Graduados sociales, Sindicatos de funcionarios de la Administración de Justicia e, incluso, asociaciones de usuarios de la Justicia.

TERCERO.- El órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, tiene como principal misión velar por la independencia de los Jueces y Magistrados que integran el Poder Judicial y, por ende, de los cargos judiciales. El informe de los Colegios de Abogados resulta extraño a tal exigencia constitucional por cuanto tales profesionales tienen encomendado la defensa legítima de intereses particulares no siempre coincidentes con la imparcialidad que debe presidir el ejercicio de la función jurisdiccional de los Jueces y Magistrados.

CUARTO.- Al parecer, en ese convenio se resucita la delación secreta y la denuncia anónima, por cuanto se establecen mecanismos para que los Colegios de Abogados puedan -como corporación- denunciar a los miembros de la Carrera Judicial sin que necesariamente se identifique al denunciante. Dicha posibilidad provoca consternación a cualquier ciudadano que crea en los valores democráticos básicos, por ser constitutiva de una posible indefensión.

QUINTO.- A pesar de la confianza que nuestro órgano de gobierno parece depositar en tales profesionales, no ha reclamado la intervención del Consejo o de otros Órganos Judiciales en la designación de decanos de los abogados y demás cargos colegiales, quienes por cierto son directamente elegidos por los propios colegiados.

En Madrid, a 19 de febrero de 2010.

ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE.