28/01/2010

La APM ha vuelto a difundir el día 26 de enero de 2.010 entre toda la carrera un comunicado que ya previamente había dado a conocer el día 4 de diciembre de 2.009 y en el que literalmente, entre otros extremos, se dice:

“Por último, queremos dejar constancia que ante la propuesta realizada por los representantes de las demás asociaciones, que interesaba la liberación de funciones jurisdiccionales a jueces y magistrados que desempeñen funciones directivas en los órganos de gobierno de las asociaciones judiciales, la APM muestra su más absoluto rechazo a la misma. En la situación actual, donde nuestros compañeros de carrera aparecen desbordados por la excesiva carga de trabajo, resultaría insolidario por nuestra parte pretender algo así. Así mismo, entendemos que las funciones directivas de los órganos de gobierno de las asociaciones tienen un carácter voluntario y de servicio a nuestros asociados y nos oponemos a la profesionalización de la actuación asociativa.”

Aunque en un primer momento no nos pareció necesario responder a tales manifestaciones y preferimos guardar silencio en aras de la concordia de las cuatro asociaciones, vital para conseguir resultados, ante la reiteración de las mismas, entendemos que los asociados del Foro deben conocer con exactitud lo ocurrido, para que puedan tener una opinión fundada sobre la cuestión. Al respecto queremos decir lo siguiente:

1.- Está en proceso de negociación un borrador de Reglamento de Asociaciones que trata de crear unas condiciones que permitan la integración en las asociaciones de la mayoría de la carrera judicial, facilitando si fuera preciso la creación de nuevas asociaciones. La asociación es el único instrumento que tienen los Jueces para la defensa de su independencia y sus derechos, y en España constituye un grave problema que disminuye de forma importante su eficacia el que casi la mitad de la carrera judicial está sin afiliar a ninguna asociación. A ello sin duda alguna contribuye el que el derecho constitucional de asociación es el único aspecto estatutario de los Jueces que no ha sido objeto de desarrollo reglamentario a pesar de haber transcurrido más de 30 años de democracia. Por eso nos parece importante la promulgación de un Reglamento de Asociaciones que establezca unas bases estables que ayuden a superar una situación que claramente nos perjudica a todos.

2.- El borrador de Reglamento de Asociaciones fue consensuado por las cuatro asociaciones en el año 2.004 y presentado al anterior CGPJ, donde tenían mayoría los vocales designados por la APM, permaneciendo encerrado en un cajón desde entonces sin que nunca se diera una explicación satisfactoria de por qué no se tramitaba.

3.- El nuevo CGPJ ha retomado la tramitación de dicho Reglamento y con ese objeto ha habido ya tres reuniones de las asociaciones con distintos vocales y dos más de las asociaciones, a fin de poner al día y mejorar el texto inicial. Fruto de esas reuniones es la redacción del artículo 26 del borrador, dentro del capítulo quinto, titulado “Régimen de licencias y permisos de los representantes de las Asociaciones Profesionales de Jueces y Magistrados”, artículo consensuado por las cuatro asociaciones, según consta en el acta de la reunión de 30 de noviembre de 2.009 levantada por el Consejo, y cuyo contenido exacto es el siguiente:

Artículo 26.- Licencias y permisos vinculados a la actividad asociativa.

Los órganos de representación de las Asociaciones Judiciales y de sus Secciones Territoriales dispondrán de las correspondientes licencias extraordinarias para abordar actividades asociativas en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sin perjuicio de la necesaria comunicación al órgano correspondiente el afectado, con carácter excepcional, podrá dirigirse directamente a la persona que le haya de sustituir al objeto de que cubra la licencia extraordinaria cuando por razones de urgencia no sea posible que dicho llamamiento lo realice el Decano o Presidente del órgano competente. Podrán utilizarse medios telemáticos o informáticos de comunicación para efectuar estos llamamientos.

El Consejo General del Poder Judicial podrá autorizar que el Presidente, Portavoz o Representante Legal y un miembro de los órganos de representación de una Asociación puedan liberarse de hasta un 50% de la carga de trabajo de su órgano jurisdiccional durante un plazo máximo de seis meses atendiendo a razones de carácter extraordinario y debidamente justificadas, articulándose como consecuencia de ello los correspondientes mecanismos de sustitución

En ningún caso se autorizarán más de dos situaciones de esta índole por Asociación y año y en ningún caso podrá disfrutar una misma persona de estas situaciones excepcionales más de una vez en un mismo año.

4.- Por tanto:

a) Es falso que ello fuera una propuesta de “los representantes de las demás asociaciones”. La APM puede, si quiere, cambiar de opinión, pero el citado artículo estaba desde el principio en el borrador acordado por todas las asociaciones y su redacción actual fue una propuesta de las cuatro asociaciones y al acta de la sesión nos remitimos.

b) Es falso que dicho precepto sea insolidario. Por el contrario, es solidario porque lo que pretende es que todos los Jueces puedan participar plenamente de la actividad asociativa y no que esta quede reservada a aquéllos que pueden permitirse un ritmo trabajo asumible o incluso escaso, lo que hoy por hoy es un privilegio en la situación en la que se encuentra la justicia española. El estar desbordado por la carga de trabajo no debe ser un obstáculo insalvable para poder acceder a los órganos de representación de las asociaciones. Por lo demás no se trata de cargar a los compañeros con más trabajo puesto que se supedita la reducción de carga de trabajo a la activación de los mecanismos de sustitución, mecanismos que las asociaciones estamos defendiendo que sean adecuadamente retribuidos y que en ningún caso supongan obligar a un Juez a realizar un sobreesfuerzo, promoviendo para ello la figura del Juez de adscripción territorial.

c) Indudablemente las funciones directivas tienen carácter voluntario y de servicio a los asociados, pero si no se permite reducir la carga de trabajo difícilmente se podrán llevar a cabo adecuadamente sin que sufra la vida personal y familiar. Insistimos, sin la reducción de la carga de trabajo, representar a una asociación quedará reservado a un grupo de privilegiados.

d) Es falso que ese precepto “profesionalice” la actuación asociativa. El precepto es sumamente moderado, reduce el beneficio a un máximo de dos personas por asociación, a seis meses de extensión temporal una vez al año, a situaciones de carácter extraordinario y al 50% de la carga de trabajo. Es simplemente un ejercicio de demagogia hablar de “profesionalización” en tales condiciones. Tener dos personas con mayor disponibilidad de tiempo para poder preparar y atender adecuadamente la discusión de problemas de tanta entidad como módulos, retribuciones o prevención de riesgos, cuya tramitación, por ejemplo, se acumuló en el tiempo durante el año pasado, no puede considerarse bajo ningún prisma una “profesionalización” de la actividad asociativa.

Madrid, a 28 de enero de 2.010.

LA COMISIÓN GESTORA NACIONAL