26/01/2010

JUZGUEN USTEDES

No sé si es fruto de mi carácter o mera deformación profesional. Lo cierto es que no tengo propensión alguna a extraer conclusiones precipitadas, ni a establecer valoraciones definitivas sin más herramienta que la visceralidad.

Tampoco se encuentran entre mis pretensiones lograr que mis conciudadanos alcancen juicios de valor en un sentido acorde a mis planteamientos. Pero convendrán conmigo que la trascendental labor de formar opinión no consiste precisamente en suplantar la propia de cada ciudadano por la oficial,- sea la que sea-. Antes al contrario, consistirá en facilitar aquellos datos objetivos y contrastados que permitan a cada uno extraer sus propias convicciones fruto de un proceso valorativo con vocación de rigurosidad.

Hace apenas unos días un significado colega se despachaba en un foro de opinión,- del que además se hacía eco una publicación escrita y una agencia de noticias-, afirmando que uno de los males endémicos que asolan la administración de justicia es lo poco que se trabaja. Concretamente lo poco que trabajan los jueces.

No seré yo quien cuestione la libertad de opinión de mi insigne colega. Importantes sectores de la judicatura venimos defendiendo que el juez, en cuanto ciudadano, es titular de tal libertad, y del derecho a la libre expresión de sus ideas, sin más límites que el insulto o la descalificación, o que tal manifestación se centre en materia de la que esté conociendo el opinante desde su vertiente profesional.

La administración de justicia como fenómeno visto en su acepción más extensa, no permite un examen simplista. Son demasiados los factores tanto humanos como materiales, institucionales o sociales, que confluyen, como para atribuir en exclusiva las razones del éxito o del fracaso a los jueces. Entiendo por tanto que sólo desde el examen riguroso de los datos objetivos y contrastados podremos extraer conclusiones mínimamente solventes acerca de la cuota que un concreto colectivo ostenta en el éxito o fracaso de determinada empresa. Pero vaya por delante que alcanzar conclusiones generales huérfanas de todo rigor sobre un colectivo integrado por más de cuatro mil profesionales es, cuanto menos, frívolo.

Un somero paseo por la estadística judicial que cada año elabora el Consejo General del Poder Judicial permite alcanzar a mi juicio una conclusión incuestionable: la justicia en nuestro país se sostiene por el esfuerzo de los jueces y magistrados. Todos los años aumenta el número de asuntos ingresados en los juzgados, los cuales ya conforman el índice de litigiosidad más alto de Europa en proporción al número de habitantes. Según la estadística judicial proporcionada por el Consejo General del Poder Judicial correspondiente al año 2008, el número de asuntos ingresados por cada 1000 habitantes en España alcanza los ciento noventa y seis , mientras que en el informe elaborado por el abogado y doctor en Derecho Procesal, Gilberto Pérez del Blanco (que recoge la publicación oficial del Consejo General de la Abogacía Española), se apunta que en Francia esta tasa está en torno a los ciento veinte asuntos, en Italia cien, en Alemania setenta y cinco y en Reino Unido cincuenta. España es por tanto, uno de los países del mundo con mayor tasa de litigiosidad. En el ejercicio de 2008 se produjo un importante aumento de la misma que rompe las tasas anteriores, de manera que el número de asuntos totales ha sufrido un incremento del 8,20%, distribuido de la siguiente forma: un 17,80% en la jurisdicción civil, un 4,80% en la jurisdicción penal, un 15,48% en la jurisdicción contencioso administrativa y un 24,70% de la jurisdicción social.

Sin embargo, el número de jueces y magistrados en nuestro país es muy inferior al de los países de nuestro entorno, y crece muy lentamente. Según fuentes del Consejo General del Poder Judicial la plantilla de jueces y magistrados en los órganos judiciales a 1 de enero de 2008 era de 4674, lo que representa 9,80 magistrados y jueces por cada 100.000 habitantes, muy lejos de la media europea que está alrededor de 19 por cada 100.000 habitantes. A ello añádanle ustedes tres circunstancias: que no todos los jueces están en servicio activo; que la aludida proporción viene referida a población de derecho, ya que si se valorase la población de hecho fruto del fenómeno migratorio, las carencias serían más clamorosas; y si finalmente se atendiera al incuestionable dato de que nuestro país en general y nuestra Comunidad Autónoma en particular constituyen el destino de millones de turistas cada año,- generadores de ingresos pero también de múltiples actuaciones judiciales-, la exigüedad de efectivos judiciales rozaría la indigencia.

Estos datos nos demuestran que nuestra plantilla de jueces y magistrados es muy inferior a la media europea y que el índice de litigiosidad resulta sin embargo muy superior, aumentando de manera considerable cada año. A ello añádanle que cada año se incrementa el número de asuntos resueltos, que hace sostenible el sistema gracias al esfuerzo de jueces y magistrados “ociosos”. Concretamente en 2008 el incremento de asuntos resueltos fue del 9,56% respecto del ejercicio anterior, uno de los más altos de los últimos años. En términos absolutos en el año 2008 se resolvieron 8.649.763 asuntos, lo que supone 755.422 más que en el ejercicio 2007, resultando una media de asuntos resueltos por cada juez de 1850.

Estos datos por sí solos son objetivamente significativos del trabajo y esfuerzo de los miembros de la carrera judicial y demuestran su dedicación más allá incluso de lo soportable, a costa en ocasiones de su salud y en detrimento de su vida familiar. La mayoría de jueces y magistrados de nuestro país desempeñan su labor muy por encima de las cargas de trabajo que se estimaban adecuadas por el propio órgano que nos gobierna, lo que se explica desde una perspectiva social no siempre comprendida: el núcleo esencial de la labor judicial empieza precisamente en el momento en el que el ciudadano que asiste a un juicio cree que ha concluido.

Apenas concluida la anualidad de 2009, y pendientes de elaboración las correspondientes Memorias, los presagios no son precisamente halagüeños. Todos los estamentos que guardan relación con la administración de justicia son plenamente conscientes de ello. Al igual que los jueces de Palma son conscientes de otra verdad incuestionable: durante el año que acaba de vencer el Ministerio de Justicia no ha creado ni una sola plaza en nuestro partido judicial.

Tampoco se trata de aburrir con nuevos datos, ni de marear con el vértigo de las cifras. Pero al fin y al cabo, los números ofrecen una dimensión cuantitativa, objetiva y aséptica de la realidad judicial. Tómenlos si les parece, contrástenlos con otras fuentes, y extraigan con rigor sus propias conclusiones. Y entonces sí, juzguen ustedes.

Palma a 26 de enero de 2010.

Francisco Martínez Espinosa, vecino de Palma.

FUENTE: Francisco Martínez Espinosa, artículo publicado en el diario Última Hora de Baleares