30/10/2009

CONCLUSIONES DEL VI CONGRESO

1.- La independencia judicial en España como valor constitucional esencial para la existencia de un Estado Democrático de Derecho se encuentra seriamente amenazada. Sin ella no cabe garantizar la imparcialidad de los Jueces, ni que por tanto puedan desempeñar su función de garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente frente a los posibles abusos de poder. Existe un empeño de la clase política en eliminarla u otorgarle un carácter meramente testimonial.

Son hitos de esta reducción progresiva de la independencia judicial:

a) El control por parte de los partidos políticos parlamentarios del nombramiento de la totalidad de los vocales del CGPJ, con posterior designación por éste de los más altos cargos judiciales y órganos de gobierno interno del Poder Judicial. La participación de los jueces ha quedado reducida a una farsa que no puede ocultar la realidad de que los partidos políticos en función de su representatividad parlamentaria escogen a los vocales en razón de su sensibilidad a sus intereses partidistas. De esta forma, amparada por una doctrina del Tribunal Constitucional, que ha de calificarse como mínimo de ingenua y que hace una interpretación tan amplia de la Constitución que prácticamente la vacía de contenido, la garantía de que el gobierno de los jueces la ejerza un órgano con capacidad para resistir presiones políticas y actuar imparcialmente en cuestiones tales como nombramientos o sanciones disciplinarias es mera ilusión. Hoy por hoy es inoperante una de las principales garantías de la independencia judicial. Como consecuencia de ello el CGPJ sigue teniendo una política de nombramientos alejada de los principios de mérito y capacidad, basada en el reparto por cuotas de afinidad política, y unas actuaciones disciplinarias cuya imparcialidad con respecto a lo que interesa al poder ejecutivo en muchas ocasiones es más que dudosa. El nuevo CGPJ, en su escaso año de funcionamiento, ya ha dado un penoso ejemplo de ello, consagrando el reparto por cuotas, a la que ya no es ajeno ningún vocal.

b) El poder ejecutivo, central o autonómico, controla las retribuciones de los Jueces y los medios personales y materiales que han de auxiliarlos, sin los cuales materialmente les es imposible desarrollar su labor. El poder judicial carece de autoridad sobre los funcionarios que teóricamente están a su servicio y no tiene medios de obligar al poder ejecutivo, central o autonómico, para que cumpla con su obligación de dotar a la Justicia de medios materiales adecuados. Se ha privado a los jueces hasta del gobierno de los edificios en los que trabajamos. No sólo no se ha logrado el objetivo de que el gobierno de la justicia incluya la gestión de los medios auxiliares como garantía de su plena independencia, sino que se ha incrementado el control del poder ejecutivo sobre ellos hasta llegar a ser absoluto. Todo ello producto de la nefasta doctrina de un complaciente (con el poder ejecutivo) Tribunal Constitucional, conocida como la de la “administración de la administración de justicia”, la cual considera ajena al ámbito jurisdiccional las decisiones sobre los medios auxiliares de la justicia. El sostener que el control de los medios personales y materiales no implica control del poder judicial ni reducción de su independencia va contra el más elemental sentido común, y así lo ha puesto en evidencia la práctica diaria.

c) Especialmente preocupante es la situación en el ámbito penal, donde buena parte de las decisiones se dejan en manos de una Fiscalía que depende por completo del poder ejecutivo y que no tiene garantizada su independencia funcional, sin que por otra parte ni esta ni los Jueces tengan el menor control sobre la policía que debe auxiliarles en su labor investigadora, la cual está por completo sometida al poder ejecutivo. En este sentido, resulta inquietante la pretensión de atribuir al Ministerio Fiscal la instrucción del proceso penal sin contemplar previamente una modificación de su estatuto orgánico que asegure su independencia e imparcialidad respecto del ejecutivo. El Foro Judicial Independiente estará atento a las decisiones que se adopten al respecto por los comités consultivos de jueces y fiscales del Consejo de Europa.

d) La nueva oficina judicial y las reformas procesales para implantarla, so pretexto de su modernización y de “descargar” al Juez de trabajo, en realidad le despoja de competencias jurisdiccionales que traslada a los secretarios judiciales, funcionarios que dependen directamente del Ministerio de Justicia, es decir, del Poder Ejecutivo, sin que el Juez tenga un control real de esas competencias. Se pretende en definitiva construir con estos funcionarios del poder ejecutivo una especie de “poder judicial paralelo” que aumente las posibilidades del ejecutivo de controlar a los jueces. Al mismo tiempo se consagra el principio de la total y completa pérdida de autoridad de los jueces sobre los funcionarios que han de auxiliarles, y, consecuentemente el control sobre el tiempo y forma de tramitación y ejecución de las decisiones judiciales, que queda en manos del poder ejecutivo.

e) Finalmente hay un empeño interesado en concebir la Justicia como un “servicio público”, en lugar de un Poder del Estado. El Poder Judicial tiene una faceta de servicio público, como ciertos aspectos de la actividad administrativa, pero ante todo y sobre todo es lo que la propia Constitución establece: un poder del estado que es el contrapeso de los otros dos, imprescindible para la existencia el Estado democrático de derecho, que pueda garantizar eficazmente a los ciudadanos sus derechos y el que sólo puedan ser restringidos o alterados mediante la modificación de la Constitución, por las vías en ella establecidas, y por el cambio de las leyes que los regulan.

2) Esta situación no es exclusiva de España. En las conclusiones del IV Congreso del Foro, aprobadas en Barcelona el 10 de noviembre de 2.007, ya se decía que hay una creciente intromisión de los poderes políticos en la independencia del poder judicial en toda Europa. Desde esa fecha hasta hoy la situación no ha hecho más que empeorar. Baste recordar las agresiones que la independencia judicial sufre en Italia, donde el poder ejecutivo ha intentado nada menos que su inmunidad judicial; Francia, donde se pretende dar la instrucción a una procuraduría (Fiscalía) dependiente por completo del poder ejecutivo como reacción a los procesos sobre corrupción política; o Portugal, donde se pretende cada vez más restringir las posibilidades de actuación de los jueces cuando se ven afectados intereses políticos.

3) Frente a esta situación los jueces tenemos el deber ético de defender nuestra independencia en todos sus aspectos, no sólo el relativo a la capacidad de adoptar decisiones sino también el de controlar su tramitación y ejecución y el que podamos desarrollar nuestra función en unas condiciones retributivas y materiales dignas. Esta obligación es consecuencia de la que tenemos de garantizar los derechos de los ciudadanos y de sostener, en definitiva, el Estado Democrático de Derecho, lo que nunca podremos hacer si no tenemos las condiciones precisas para ello.

4) El instrumento real y efectivo más importante con el que contamos los Jueces para defender nuestra independencia es la asociación judicial. La fuerza de este instrumento dependerá de la capacidad de los jueces para actuar de forma unida y conjunta. Es precisa, pues, la unidad judicial, pero la misma no puede ser el resultado de la victoria de unas asociaciones sobre las otras. La unidad judicial sólo tendrá sentido si somos capaces de crear un nuevo modelo de asociación, donde tengan cabida las distintas sensibilidades y opiniones de los jueces, cuya pluralidad, reflejo de la de la sociedad a la que pertenecen, no sólo no es negativa sino que es muy positiva en cuanto que enriquecedora. Una asociación que sea, además, capaz de acabar con la pasividad de buena parte de la carrera judicial. Este es el proyecto por el que surgió el Foro y en el que debe perseverar. Proyecto que no tiene nada que ver con ser absorbido o integrado en otra asociación judicial, volviendo a la situación que existía antes de surgir el Foro y contra la que éste constituía una sana reacción. La realidad es que, desgraciadamente, este proyecto de unidad asociativa hoy por hoy lo defienden muy pocos. Pero ello no nos tiene que desanimar, se debe hacer y se puede hacer. Se ha conseguido mucho en estos siete años y aunque todavía queda mucho por hacer, podemos y debemos hacerlo, o, al menos, intentarlo.

5) En este camino de unidad tenemos que ser ambiciosos. Debemos dejar de pensar en términos nacionales. La verdadera fuerza de la asociación judicial vendrá de la capacidad de actuar conjuntamente los jueces europeos, de apoyarnos unos a otros en los problemas similares que se dan en todos los países, impulsando la progresiva aplicación en el ámbito de la Unión Europea de la doctrina del Consejo de Europa, potenciando el concepto de Poder Judicial Europeo. Éste debe ser un objetivo prioritario y el modelo para empezar a actuar debe ser el I Congreso Ibérico de Jueces, debiendo potenciarse este tipo de iniciativas.

Por todo ello, FJI quiere poner de manifiesto ante la opinión pública el muy preocupante estado en que se encuentra actualmente la INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL en nuestro país como consecuencia del proceso de contaminación política y ocupación progresiva del espacio judicial que desde 1985 inició el poder político dominante y que aun no ha se ha detenido ni alcanzado sus últimos objetivos. Honda preocupación que ha determinado a esta asociación elevar la queja correspondiente al CONSEJO CONSULTIVO DE JUECES DEL CONSEJO DE EUROPA por entender que lo que está en juego es nuestro propio régimen democrático y el sistema de división de poderes diseñado en nuestra Constitución.

San Bartolomé de Tirajana, a 30 de octubre de 2.009.