12/10/2009

Tras la huelga del día 8 de octubre, la Gestora Nacional de Foro Judicial Independiente realiza las siguientes consideraciones:

1.- Resulta innegable que ni en la carrera judicial ni en la sociedad se cuestiona hoy que los jueces y magistrados tenemos derecho a la huelga y que ésta es una herramienta válida y necesaria para la defensa de nuestros derechos profesionales. No es un logro menor si tenemos en cuenta que hace sólo un año muchos negaban este derecho no sólo fuera de la carrera judicial sino incluso dentro de la misma; sin embargo, se han celebrado ya dos huelgas con absoluta normalidad.

2.- Sólo desde la unidad de acción se pueden defender eficazmente los derechos de la carrera judicial y obtener respuestas satisfactorias a nuestras reivindicaciones. La desunión sólo provoca desánimo en la carrera judicial y debilidad en nuestra posición negociadora frente a los responsables de la lamentable situación en que se encuentra la Administración de Justicia y la Carrera Judicial, que, no lo olvidemos, no es únicamente el Misterio de Justicia, sino también el Consejo General del Poder Judicial, que ha demostrado pasividad e ineficacia ante los numerosos problemas que sufrimos, y las CCAA con competencias transferidas, que tampoco asumen las responsabilidades que les impone la ley.

3.- Para hablar y actuar en nombre de la carrera judicial se debe contar con el respaldo de la mayor parte de sus integrantes si se quiere que esas actuaciones sean representativas y eficaces; lo que sólo se puede conseguir si la decisión de hacerlo surge de la respuesta mayoritaria de la carrera judicial recabada a través de los mecanismos democráticos con que contamos en las asociaciones judiciales y en las asambleas de jueces y magistrados. De este modo la decisión contaría con una innegable legitimidad en tanto adoptada por la mayoría de la carrera judicial democráticamente expresada.

4.- Creemos que la carrera demanda y necesita la unidad de acción para la defensa de nuestras reivindicaciones y para la convocatoria de los sucesivos actos de protesta que puedan ser necesarios, y pensamos que, para ello, debería reactivarse, no sólo aparentemente sino de modo efectivo y con el impulso sincero de todas las asociaciones, el funcionamiento de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) como mecanismo de coordinación de propuestas, de iniciativas y de actuaciones, lo que debería además extenderse a la constitución de CIP autonómicas en aquellos territorios en los que las CCAA tengan transferidas competencias en Justicia.

La Comisión Gestora Nacional, a 12 de octubre de 2009.