15/06/2009

Comunicado sobre el proceso negociador

I.- ANÁLISIS DEL PROCESO NEGOCIADOR.

1.- Antecedentes.

Tras las reuniones celebradas entre las Asociaciones Judiciales y el MJU, es el momento de evaluar el proceso negociador en curso.

El lamentable estado de la Administración de Justicia y las penosas condiciones de trabajo que soporta la carrera judicial, fruto de años de abandono, provocó la convocatoria de la primera huelga de jueces el 18 de febrero de 2009.

No se trató de una rabieta pasajera. La enorme frustración colectiva acumulada durante décadas emergió imparable para poner de manifiesto a la opinión pública que la carrera judicial no puede soportar por más tiempo, ni la ciudadanía de un Estado Democrático se lo merece ni puede permitir, las enormes deficiencias de un sistema cuya solución no está en nuestras manos sino que corresponde al Gobierno y al Parlamento de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial y a los Gobiernos y Parlamentos Autonómicos de aquellas comunidades con las competencias transferidas.

Tras la huelga, acogimos con lógica alegría el cambio de equipo ministerial, porque la inacción del equipo cesante y el talante del Ministro Bermejo fueron causas esenciales de la situación a la que habíamos llegado.

Cuando el 18 de marzo de 2009 fuimos convocados por primera vez por el nuevo Ministro, apreciamos un notable cambio de actitud en el trato y en la disposición para afrontar las reivindicaciones que habíamos planteado. Se abría un nuevo proceso negociador con la esperanza de que el MJU mostrara, en efecto, capacidad para afrontar decididamente soluciones.

Se fijaron reuniones para los días 24 de marzo, 16 de abril, 5 y 21 de mayo y 8 de junio, se constituyeron mesas de trabajo para ir abordando las materias más urgentes que estaban aparcadas hacía tiempo sin causa justificada, muchas de las cuales eran de naturaleza corporativa (supresión de traslado por ascenso forzoso, vacaciones, permisos…), que posiblemente no fuesen las más importantes, pero que podrían indicarnos las verdaderas intenciones negociadoras del MJU y habían de resolverse de una vez por todas para mejorar la situación personal de muchos compañeros.

Seguidamente, se plantearon una serie de reivindicaciones de naturaleza económica, de carga de trabajo y derechos laborales.

2.- Respuesta del MJU.

La respuesta del MJU ha sido, hasta ahora, manifiestamente insuficiente, y frente a avances innegables, hay hechos que nos han causado extrema decepción:

A) La primera, la orden reguladora de las guardias de los juzgados de violencia contra la mujer, que incumpliendo la promesa del anterior equipo ministerial, sigue abonando por guardia idénticas cantidades a los jueces que a los funcionarios. Para compensar la injustificada situación se promete conceder unos complementos a los jueces de instrucción que no hacen sino reconocer que el MJU no está dispuesto a resolver a las claras una inexplicable e injusta situación por miedo a la reacción de otros colectivos.

B) La segunda, que se ha constituido la comisión de expertos para el estudio de la planta judicial sin presencia de las Asociaciones Judiciales. Estaremos pendiente de sus trabajos y conclusiones, que se ofrecerán en 6 meses, según manifestó el Secretario de Estado, y las combatiremos por todos los medios legales a nuestro alcance si no obedecen a la necesidad actual de los tribunales, pero creemos que se habría avanzado más y mejor en la creación de esa confianza que demanda en MJU si nos hubiese invitado a participar desde un primer momento a quienes tenemos interés directo en la materia y hemos demostrado voluntad de colaborar.

C) La tercera, que, aunque es cierto que la competencia para la creación de órganos judiciales no es exclusiva del MJU, no se ha aportado ni siquiera un plan a medio plazo para solucionar el grave déficit de juzgados y la desmesurada sobrecarga de trabajo que soportamos los jueces

Son tantas las reivindicaciones que la carrera judicial tiene pendientes y tantas los años dedicados a infructuosas negociaciones, que como en la mitología griega nos vemos reflejados en Sísifo porque parece que estamos abocados a subir la piedra de nuestras reivindicaciones en una rueda sin fin, o, en Tántalo, porque parece como si jamás fuésemos a conseguir saciarlas.

Desde luego, hasta el momento el resultado de las negociaciones no ha calmado nuestra sed y sabemos que deberemos seguir subiendo la piedra de nuestras reivindicaciones, pero también somos conscientes que es tanta la tarea por hacer que no podemos resolver en meses el abandono sufrido en décadas, que no sólo es consecuencia de una clase política que no parece apreciar la importancia que en un Estado Democrático y de Derecho tiene el eficaz funcionamiento de la administración de justicia sino que también la carrera judicial ha contribuido a ello. En primer lugar, las asociaciones judiciales que en épocas pasadas centraron sus esfuerzos en actividades que diferían de lo que debe ser consustancial a ellas, esto es, el eficaz funcionamiento de la justicia y la lucha por garantizar los derechos de los jueces, lo que provocó un importante rechazo del asociacionismo judicial; y, en segundo término, los jueces no asociados, desentendiéndose de esa lucha por comodidad, frustración o desengaño, como si ignorando la situación el problema no existiera o no les afectara. Aunque en la actualidad esta tendencia ha cambiado y hoy se advierte claramente que la carrera judicial, asociada o no, se implica decididamente en exigir el cambio de esta situación, como se comprobó el 18-2-09.

3.- El Consejo General del Poder Judicial y las CCAA.

Pero también hay que reseñar que para llegar a la penosa situación en que nos encontramos ha contribuido de forma relevante la política realizada por los sucesivos Consejos Generales del Poder Judicial, de espaldas a la carrera judicial, cuando no enfrentada.

Ningún cuerpo del Estado cuenta con una institución autónoma, con medios y presupuesto propios, para organizar y regir su profesión, como lo tiene la carrera judicial. Evidentemente la hemos desaprovechado y en el notorio desprestigio de la institución han colaborado muchos de los que, siendo miembros de la carrera judicial, han desempeñado el cargo de vocal.

La actuación del nuevo CGPJ desde el mes de octubre nos confirma la sospecha de que, de nuevo, primarán “otros” intereses en el quehacer de sus vocales, pues se repite el reparto pactado en la política de nombramientos y, hasta la fecha, ha incumplido sus promesas de aprobar el reglamento de asociaciones y de confeccionar un sistema de medición de las cargas de trabajo que razonablemente pudieran asumir juzgados y tribunales que permitan resolver uno de los primordiales problemas que aquejan a juzgados y tribunales. El inicial proyecto que nos fue remitido, y que se ha paralizado tras las numerosas alegaciones efectuadas, sigue desconociendo la naturaleza de nuestra función y que el colapso judicial no se puede solucionar exigiendo a los jueces que trabajemos a destajo si se quiere aspirar a una justicia de calidad que cumpla sus funciones constitucionales.

Pese a los difíciles trances que ha tenido que vivir la carrera judicial estos últimos meses, sólo hemos recibido veladas amenazas de la portavoz del CGPJ, que sigue en su puesto pese a haber vejado en varias ocasiones al colectivo judicial y pese a haber transmitido a los medios de comunicación una grosera tergiversación de lo acordado por el propio CGPJ en cuanto a la huelga de jueces y magistrados; hemos sufrido la flagrante inhibición del CGPJ en vez de reconocernos el derecho a la huelga, cuando muchos de sus vocales lo habían defendido públicamente antes de acceder a este órgano; hemos tenido que soportar que se filtren a la prensa los expedientes disciplinarios antes de que sean conocidos oficialmente por el interesado y, lo que es peor, facilitando públicamente los datos personales de los afectados (colaborando así a su linchamiento), sin que se hayan realizado la mínima investigación para descubrir a los autores.

En definitiva, en ninguna ocasión hemos sentido el respaldo de aquellos que están llamados a resolver los problemas de la carrera judicial y de la justicia. Parece como si, escondidos detrás de su parapeto institucional, estuviesen a la espera de que pase la tormenta, como si creyesen que los problemas que aquejan a la carrera no les afectan o no estén dispuestos a comprometerse intercediendo a favor de reivindicaciones que deberían preocupar y ocupar al Consejo, por ser de su competencia, como la falta de jueces, la extendida justicia sustituta (un 16% de las plazas), el colapso generalizado de los juzgados, las deficientes condiciones laborales impropias no sólo de quienes ejercemos un Poder del Estado, sino de cualquier trabajador por cuenta ajena o funcionario. De esta suerte, quien debería ser garante de nuestros derechos laborales, nuestro principal valedor ante los poderes legislativo y ejecutivo se convierte en el primer obstáculo que debemos sortear, más preocupado por satisfacer las expectativas políticas en él depositadas que en cumplir el mandato constitucional a que está obligado. El mismo Consejo que nos pide serenidad, cordura, sentido del deber, en lugar de aplicarse a si mismo esas pautas de comportamientos, sólo da ejemplo de una politización partidista que ha carcomido el prestigio de la carrera judicial ante la ciudadanía y provocado nuestra desmoralización.

En definitiva, creemos que ha llegado el momento de exigir también al Consejo que cumpla sus funciones y actúe en defensa de nuestras reivindicaciones, la mayoría de las cuales no son corporativas sino de mejora de la administración de justicia.

Asimismo, tampoco pueden ser ajenas a nuestra reclamaciones aquellas CCAA con competencias delegadas, porque sobre ellas recae el suministro de instalaciones, medios materiales y humanos. Ninguna reforma puede llevarse a cabo sin la efectiva implicación de estas CCAA. También a ellas debe exigirse que cumplan con sus obligaciones constitucionales y provean de medios humanos y materiales adecuados a la Administración de Justicia.

4.- Acuerdos alcanzados.

Como aspectos positivos del proceso negociador no podemos ignorar que se ha apostado por una justicia profesional, aumentando urgentemente el número de plazas en la última convocatoria de las oposiciones, se han alcanzado acuerdos sobre ascenso forzoso, vacaciones, jueces de adscripción territorial, que se ha anunciado un pacto entre los grandes partidos políticos que si llegan a plasmarse en el sentido previsto supondrían un gran avance para aliviar parte de los males que aquejan a la justicia, pues para disminuir la enorme e injustificada litigiosidad, se exigirá la constitución de un depósito reversible para recurrir.

Pero, entendemos que, además, debe dotarse de mayor autonomía presupuestaria al MJU, estableciéndose que todas aquellas cantidades que en concepto de multas, tasas, intereses de las cuentas de consignación… se recauda en justicia se reinvierta en justicia y sea gestionado por el MJU. FJI ha insistido desde hace años ante los sucesivos equipos ministeriales en esta línea de trabajo. Las noticias publicadas recientemente que hablaban de que el pacto se había extendido a este extremo no son ciertas.

II.- CONCLUSIONES.-

Pese a ello, necesitamos tiempo para conocer el alcance de estos pactos y si, sobre todo, existe un verdadero compromiso político, sincero y consciente de que sólo puede solventarse la situación de la justicia con un notable aumento presupuestario. No puede servir de excusa la gravísima crisis económica que afecta a la economía española, porque la ciudadanía no entendería que en el caso de una pandemia de efectos mortales no se adoptaran todas las medidas sanitarias posibles para evitar el caos social so pena de limitaciones presupuestarias y, además, parece desconocerse que el mal funcionamiento de la Justicia provoca gastos innecesarios; valga como ejemplo que el Estado gasta 7 millones de euros en salarios de tramitación, sin contar, claro está, el perjuicio que provoca a los agentes económicos. Si ese dinero se invirtiese racionalmente, se podrían crear 100 plazas de magistrados que evitarían tener que abonar esos salarios de tramitación, que se ocasionan, precisamente por la falta de jueces de lo social.

Por eso queremos comprobar si la clase política es verdaderamente consciente de la gravedad de la situación y de que la carrera judicial no se va a conformar con parches provisionales ni excusas recurrentes.

La carrera judicial ha dado un paso que no tiene retorno. No hemos convocado una huelga caprichosa para satisfacer móviles corporativos, sino para reivindicar el eficaz funcionamiento de la justicia y la dignidad de la carrera judicial, como miembros del poder judicial, y como garantes de los derechos de los ciudadanos.

El gobierno y el poder legislativo tienen que demostrar la firme voluntad de afrontar esta situación de crisis con una mayor dotación presupuestaria en los próximos Presupuestos Generales del Estado, que comenzarán a confeccionarse en breve. Sólo si comprobamos con realidades y no con palabras huecas, como hasta ahora, que son conscientes de la magnitud del problema, consideraríamos que ya no existen motivos para convocar una futura huelga.

No ha sido posible consensuar en el seno de la CIP una respuesta unitaria para mantener o sustituir el acuerdo alcanzado el 12 de enero de 2009 por las 4 asociaciones. La unidad asociativa alcanzada en ese acuerdo ha desaparecido desgraciadamente.

Asimismo, tampoco hemos apreciado, tras consulta urgente dirigida a los Presidentes de las secciones territoriales, que nuestros asociados demanden la convocatoria de la jornada de huelga para el 26 de junio.

En este estado de cosas, la Gestora Nacional de FJI considera, que aunque en estos cerca de 3 meses de negociaciones con el nuevo equipo ministerial hemos avanzado a un ritmo muy inferior al deseado y al que las urgentes necesidades de la administración de justicia demandan, existe un proceso negociador abierto, que, aunque ha arrojado resultados insuficientes hasta ahora, mantiene expectativas para resolver las reivindicaciones que justificaron la convocatoria de la huelga del 18 de febrero; así, se está tramitando con celeridad en el congreso una ley que puede acoger muchas de nuestras demandas de protección social al existir un pacto de los partidos políticos; en materias retributivas estamos pendientes de confeccionar una nueva ley de retribuciones y de recibir del MJU propuestas concretas, en especial tras la reunión con el MH; está convocada una reunión en el MJU para el 16 de junio en el que se abordará el Plan estratégico de modernización del MJU y otra para el 22 de septiembre; y se está confeccionando un informe para una nueva planta judicial.

Todo ello, y con las prevenciones antes reseñadas, nos permite concluir a la Gestora Nacional de FJI que debemos esperar al 22 de septiembre para evaluar el resultado que arroja el proceso negociador y así poder someter a los asociados una nueva consulta sobre las medidas a adoptar, incluida la convocatoria de otra jornada de huelga, que advertimos inevitable si el proceso negociador se estanca. Habrán transcurrido en esa fecha más de 6 meses desde que se iniciaron las negociaciones con este equipo ministerial, plazo más que suficiente para que el MJU no pueda achacarnos falta de paciencia ni ausencia de talante negociador, que sinceramente, creemos hemos demostrado tener más que sobradamente, incluso a riesgo de parecer excesivamente complacientes.

La gravísima situación que padece la Administración de Justicia nos demanda esa paciencia, pero con más razón justifica que seamos firmes e intransigentes en nuestras reivindicaciones, que tienen como finalidad la mejora de un servicio público esencial para que los ciudadanos tengan protegidos sus derechos en un Estado Democrático de Derecho.

III.- RECLAMACIONES EN VÍA JUDICIAL.

Sin embargo, el que nos hallemos en un proceso negociador no justifica que paralicemos nuestra actividad asociativa en reclamación de nuestros derechos cuando estos se nos niegan sin causa justificada. Por ello, FJI reclamará en vía judicial aquellos derechos que consideramos se están conculcando.

1. Como primera actuación hemos decidido ofrecer a nuestros asociados, y a todos los miembros de la carrera judicial que lo deseen, un documento para reclamar el gasto de adquisición de las togas, que si bien reconocemos que no es una reclamación preferente a la vista de las numerosas reivindicaciones de mayor entidad que tenemos planteadas en el MJU, entendemos que es muy simbólica porque ni siquiera se nos provee de las herramientas de trabajo obligatorias, como se hace con abogados del estado, letrados de la Seguridad Social y con cuantos tienen que actuar ante los juzgados y tribunales. A veces las guerras se empiezan a ganar con pequeñas escaramuzas y aunque a muchos compañeros les parece ridículo reclamar este gasto, entendemos que, precisamente, debe desaparecer nuestro tradicional pudor para demandar nuestros derechos.

2. Asimismo, la Gestora Nacional del FJI es partidaria, si el MJU no obtiene una respuesta favorable del Mº de Hacienda, de recurrir la aplicación de las órdenes que regulan el régimen de retribuciones de las guardias, que consideramos injustas, con la finalidad de intentar conseguir lo que es otro hecho simbólico ignorado: que nuestras retribuciones por guardias deben ser superiores a las que reciban los funcionarios de los juzgados, en correspondencia lógica a la mayor responsabilidad de nuestra función.

Con la finalidad de actuar conjuntamente, hemos expuesto la iniciativa a las demás asociaciones, que la han acogido con interés, acordando que tras estudiar individualmente la viabilidad del recurso, tomaríamos una decisión.

Por último, FJI reitera su llamamiento a la responsabilidad de la carrera para que no se supere el máximo de los módulos de trabajo establecidos por el CGPJ. Entendemos que no debemos colaborar manteniendo ficticiamente a flote los juzgados y tribunales con nuestro exclusivo esfuerzo, que sólo aumenta nuestro riesgo profesional, afecta a nuestra vida familiar y permite justificar al Consejo y al MJU que no sea necesario crear nuevas plazas judiciales.

FJI cree que, con independencia de que nuestras reivindicaciones se defiendan a través de la convocatoria de una futura huelga, debemos mantener el espíritu reivindicativo, porque la mejora de la administración de justicia y de la condiciones de trabajo de la carrera judicial sólo se obtendrán si existe una concienciación generalizada de los jueces y si mantenemos una constante rebeldía responsable.

Porque, sólo si la carrera judicial tiene claro su papel constitucional y que su actitud reivindicativa es imprescindible para recuperar la dignidad de la administración de justicia y de la carrera judicial, conseguiremos mantener la ilusión para el ejercicio de nuestra profesión y para cumplir nuestra obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos.

Madrid, a 15 de junio de 2009.

La Gestora Nacional de Foro Judicial Independiente