08/05/2009

¿QUO VADIS…, JUSTICIA ESPAÑOLA?

ANGEL DOLADO PEREZ.

MAGISTRADO DECANO DE LOS JUECES DE ZARAGOZA.

SUMARIO.

I. INTRODUCCIÓN.

II. DESCRIPCIÓN DEL MOMENTO ACTUAL DE CONFLICTO ENTRE LO POLÍTICO Y LO JUDICIAL.

III. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

IV. CONCLUSIÓN.

I. INTRODUCCIÓN.

En función de la elección del título de la conferencia, la primera cuestión que nos debemos plantear es cómo y por dónde empezamos a realizar un análisis del funcionamiento de la administración de justicia española en la actualidad.

Repasando los numerosos documentos que solemos guardar en casa y en el despacho, al igual que los expedientes judiciales, sin escanearlos ni estructurarlos en páginas excel, sino con el mero acopio de folios por fechas, sin organización ni sistematización alguna releo el PACTO PARA LA REFORMA DE LA JUSTICIA DE 28 DE MAYO DE 2001 y la valoración que di en una revista notarial de la época a finales de dicho año. Así, consideré que “… el principal elogio del Pacto viene constituido por la manifestación escrita de las principales fuerzas políticas parlamentarias que toman conciencia del deficiente estado de la administración de justicia que tenemos y elaboran un catálogo concreto de medidas a adoptar en un futuro mediato y aunque mi opinión del Pacto como idea programática de diagnóstico y soluciones propuestas es positiva, sin embargo, desconfío de que exista voluntad real de acometer las reformas derivadas con los correspondientes planes de inversión económica que se precisan”.

En el Pacto se analizaban 22 PROPUESTAS:

Se proponía las reformas competenciales en el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior de Justicia.

Se diseñaría un nuevo mapa judicial.

Se elaboraría un Estatuto del Juez y de la Carrera Judicial.

Se establecería un sistema de retribuciones adecuados de la Carrera Judicial y Fiscal.

Se redefinirían las funciones y responsabilidades laborales de los secretarios judiciales y funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

Se reformaría en profundidad la nueva Oficina judicial, se le dotaría de medios materiales y personales para conseguir la agilización y rapidez de la justicia.

Se elaboraría un Plan estratégico de las Nuevas tecnologías y de infraestructuras adecuadas para los edificios judiciales.

Se elaboraría un PLAN FINANCIERO RIGUROSO.

Por último, se constituiría una Comisión de seguimiento, concluyendo con un bonito y esperanzador final: “El espíritu de diálogo que preside este Pacto de Estado hace que sus principios y líneas fundamentales estén asentadas en aportaciones recibidas, tras un largo y amplio proceso de diálogo mantenidos… con todos los responsables políticos, órganos constitucionales, comunidades autónomas, asociaciones, sindicatos y organizaciones de quienes, desde un ámbito u otro, ejercen responsabilidades en el marco de la justicia.”

Sin embargo, con esta bonita música y durante ocho años (dos legislaturas con mayorías parlamentarias de distinto color político), hemos ejecutado un pésimo concierto, dirigido por la falta de acción legislativa y ejecutiva.

Es un lugar común, que la situación de la administración de justicia es gravemente crítica, por la acumulación progresiva de diversos factores. En consecuencia, la pregunta clave es por qué hemos llegado a esta situación?

Los FACTORES CONCURRENTES son los siguientes:

No ha existido una voluntad política real de apostar por la modernización de la justicia. Así, en España hemos avanzado muchos en los últimos 15 años en infraestructuras, bienestar y asistencia social, educación, sanidad, desarrollo de las administraciones autonómicas y municipales, pero justicia ha sido la “cenicienta” y la gran olvidada. La inversión en justicia ha sido del 1% de los Presupuestos Generales del Estado y la media europea está en el 3´5 %.

En expresión de Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española: “la justicia no da votos”.

Endémica tendencia, según el Magistrado del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibáñez, a potenciar el socorrido recurso de ampliar la respuesta judicial con un mero “tirar del BOE”, a lo que se sumarán las secuelas de conflictividad producto de la crisis.

Incapacidad para promover con eficacia reformas procesales urgentes como la NLECR, mientras el Código Penal sufre un convulsivo reformismo de oportunidad marcado por la improvisación y la desatención a las consecuencias. Asimismo, más de 20 leyes procesales no han visto la luz en la legislatura pasada (reforma LEC, oficina judicial, jurisdicción voluntaria, etc.)

La crónica ineficacia de la gestión ministerial, de la que es buena muestra una oficina judicial en la que toda disfunción tiene su asiento, con su decimonónica definición de roles y elevadísimos índices de interinidad del personal.

La escandalosa incapacidad de las fuerzas políticas para pactar en serio medidas legales imprescindibles, que demandan acuerdos solventes cuyo desarrollo, que no cabe en una legislatura, tendría que ser inmune a la odiosa sinrazón del electoralismo.

Las reformas legales emprendidas como la creación de los juzgados especializados de lo Mercantil, con las materias jurídicas más difíciles no han ido acompañadas de incentivos económicos y profesionales para Jueces y funcionarios, con lo cual se están produciendo “fugas de cerebros” de lo público a lo privado y al final, se cubren por orden de escalafón, es decir, sin especialidad real alguna.

El marco judicial está asolado, desde hace más de 20 años, por la patética deriva, parálisis a veces del Consejo General del Poder Judicial que ha producido efectos perversos en todo el entorno de la justicia.

La incompatibilidad de los sistemas informáticos implantados en juzgados y tribunales de comunidades autónomas con o sin transferencia de competencias en materia de administración de justicia. Con lo cual la incompetencia ha derivado en despilfarro ineficiente.

Excesiva interinidad en los funcionarios y en la proliferación de jueces sustitutos porque el desarrollo de la ratio de jueces por número de habitantes es de 10 por cada cien mil habitantes, en lugar de 19´8 que debería ser según la estadística del informe CEPEC 2008 del Consejo de Europa. En íntima relación con esto, tenemos que exigir la formación esencial básica y adecuada de todo el personal al servicio de la administración de justicia, así como asegurar la inmediata cobertura de vacantes mediante personal titular.

Revisión en profundidad de la actual planta judicial dirigida a la creación y/o supresión de cuantos órganos judiciales fueren precisos a fin de llevar a cabo una distribución realmente equitativa del trabajo y acomodar la planta judicial a la carga real de trabajo de cada partido en función de la entrada de asuntos.

Crisis de identidad de los jueces.

En estas circunstancias, aunque la gran mayoría de los jueces son grandes y eficientes profesionales, la política de promoción en la carrera judicial se ha guiado por criterios de amiguismo político y oscuras influencias y no por criterios de objetividad baremable en el ejercicio y desempeño de la jurisdicción. Ahora nos debatimos entre reivindicar mejoras laborales y sociales como servidores de la función pública o exigir la equiparación “de facto” constitucional, a todos los efectos, con los otros dos poderes del Estado. Personalmente, como los jueces portugueses soy partidario de la primera propuesta, pero entretanto eso no se consiga lo que no podemos aceptar es tener menos derechos sociales que los funcionarios de justicia.

II. DESCRIPCIÓN DEL MOMENTO ACTUAL DE CONFLICTO ENTRE LO POLÍTICO Y LO JUDICIAL.

Con la descripción del panorama expuesto que se remonta a todo el periodo democrático, es decir, los últimos 30 años, si bien con algunas mejoras en justicia a todas luces insuficientes surge la MÁXIMA TENSIÓN entre el GOBIERNO Y LOS JUECES por el mal denominado “CASO TIRADO” (ya no es el caso “Mary Luz” o “Santiago del Valle”) y la INSTRUMENTALIZACIÓN MEDIÁTICA del mismo.

En palabras del Magistrado Perfecto Andrés Ibáñez, “…un contexto tan atormentado por la superposición de elementos inductores de caos, es el caldo de cultivo ideal de intolerables faltas de profesionalidad, que las hay y no siempre encuentran sanción eficaz. Pero es también el increíble espacio donde gran número de jueces honestos derrocha esfuerzos no retribuidos e incontables horas de vida privada. Sin más razón que su respeto por los valores en juego y un grado de autoexigencia que, en muchísimas ocasiones, carecerá de apreciación en la política de nombramientos; tan permeable, en cambio, al juego de oscuras influencias.”

En estas circunstancias, con un renovado y consensuado políticamente Consejo General del Poder Judicial (28 de Septiembre de 2008), el domingo 5 de Octubre de 2008, EL PAIS entrevista a la Vicepresidenta del Gobierno y ésta, en relación al expediente disciplinario que tiene que conocer el Pleno del nuevo CGPJ, declara probados los hechos, los tipifica y determina la sanción punitiva con tres años de suspensión de la carrera judicial del Magistrado Rafael Tirado. En idénticos o similares términos se venía pronunciando el Ministro de Justicia, en una clara injerencia en las facultades del CGPJ y no meramente basándose en un principio de crítica y libertad de expresión a las decisiones de un órgano gubernativo, como se venía insistiendo. El Ministerio Fiscal en su recurso a la primera sanción del anterior CGPJ recoge íntegramente las tesis jurídicas de ambos miembros del ejecutivo.

Entre el 6 y 8 de Octubre de 2008 se celebran unas jornadas de Decanos de toda España en Cádiz y surge el primer correo electrónico en la extranet del CGPJ de un juez de pueblo andaluz indicando que en lugar de quejarnos de lo que está pasando en las tertulias de nuestros cafés, se plantea si no será el momento de “decir basta ya” y en horas, dicho correo se ve inundado con más de 2000 correos electrónicos de todos los jueces de España expresando el HARTAZGO al que habíamos llegado. Los Decanos acuerdan convocar Juntas Generales de Jueces, en todo el país para el 21 de Octubre de 2008, aprovechando la fecha de convocatoria de paro de los Secretarios judiciales para esa misma fecha y causando el mejor perjuicio posible a los ciudadanos, ya que los Secretarios paraban tres horas (10 a 13 horas) y los juicios tenían que suspenderse porque su presencia en juicio es necesaria, al amparo de la fe pública judicial y la nulidad de actuaciones que conlleva su falta de presencia en las vistas.

Entre el 21 de Octubre de 2008 al 21 de Enero de 2009 surgen dos corrientes en el movimiento de protesta de los jueces. Así, los jueces de Extremadura, Murcia y el “Movimiento 28 de Octubre” (jueces que a título personal en la web del CGPJ se muestran partidarios de la huelga inmediata) plantean una convocatoria de huelga para el 18 de febrero de 2009 si no se atienden las reivindicaciones de la carrera judicial.

Por otro lado, la CIP (Comisión Interasociativa Permanente), formada por un miembro de cada una de las 4 asociaciones judiciales mayoritarias y que actúan por criterios de unanimidad y las propias asociaciones judiciales en fecha 12 de Enero de 2009 acuerdan una HOJA DE RUTA para negociar con el Ministerio de Justicia y se pronuncian por una posible convocatoria de huelga para el 26 de junio de 2009 si el proceso negociador fracasa.

Las Juntas de Jueces del 21 de Enero de 2009 (Madrid, Barcelona, Sevilla, Murcia, Extremadura y Zamora, entre otras) deciden no esperar a la reunión con el Ministro de Justicia de 26 de Enero y votan por la convocatoria de huelga directa para el 18 de febrero de 2009. Por el contrario, otras muchas ciudades y partidos judiciales apoyan los Acuerdos de CIP-Asociaciones judiciales.

Sin embargo, la reunión del 26 de Enero entre Asociaciones judiciales y Ministerio de Justicia resultó tan frustrante por la falta de compromisos concretos y plazos de ejecución de la nueva planta judicial, carga de trabajo y entrada en funcionamiento de la oficina judicial que de forma inmediata se convocan nuevas Juntas (Valencia, Teruel, Huesca, Zaragoza, etc.) y se pronuncian por la huelga del 18 de febrero.

En fecha 6 de febrero de 2008, las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria y Foro Judicial independiente realizan el preaviso de huelga ante el CGPJ y el Ministerio de Justicia. Por Acuerdo del CGPJ de 9 de febrero se tiene por no anunciada la convocatoria de huelga y no se fijan los servicios mínimos. En reunión del Comité de Huelga Nacional, con representantes de los comités de coordinación y algunos jueces Decanos, en fecha 14 de febrero se autorregulan los servicios mínimos y cada juez en huelga cubre los servicios mínimos en su propio juzgado. En un día histórico, el 18 de febrero de 2009 se materializa la primera huelga nacional de jueces españoles con un seguimiento mayoritario de 2190 jueces en huelga (60%) sobre un total de 3700 jueces en servicio activo, según fuentes del Comité de Nacional de Huelga y de 1621 según en CGPJ (35,47%).

III. PROPUESTAS DE SOLUCION.

Ante el panorama que he descrito, no creo equivocarme si digo que existirá un antes y un después al momento que estamos viviendo. Se han roto muchas vocaciones, voluntarismos, sacerdocios civiles mal entendidos, sacrificios sin recompensa e incluso, falta de respeto institucional recíproco de muchos de los intervinientes en este conflicto.

Sin embargo soy optimista porque los jueces, los políticos y los ciudadanos tienen que ser conscientes que el futuro de la administración de justicia, necesariamente ha de mejorar. Tenemos el capital humano, necesitamos reformas legales lógicas y hemos de creer en la voluntad política de apostar definitivamente por LA O LAS LEGISLATURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

En primer lugar, hemos de tender lazos para conseguir un clima adecuado de diálogo entre los jueces, el CGPJ, el Ministerio Fiscal, Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas, representantes sindicales de secretarios judiciales y funcionarios, así como con la colaboración técnico-científica de abogados y procuradores. Se han de fijar calendarios de negociación y conseguir compromisos públicos de actuación conjunta.

Como medidas más urgentes destacaría las siguientes:

Efectiva y urgente instauración de la nueva oficina judicial, que los Decanos de los principales juzgados de España han fijado en 1-1-2010. Es necesario una delimitación precisa de las funciones y las responsabilidades dentro del ámbito de la Administración de Justicia. En ningún caso la organización de la oficina judicial debe restringir la real y efectiva independencia judicial, conservando los jueces la facultad de señalar los juicios y vistas.

Plena incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías: en la actualidad los sistemas informáticos no están desarrollado en todos los juzgados y en los que existen son meros procesadores de texto . Es precisa la interconexión de las bases de datos judiciales, urgente solución de la compatibilidad informática entre los juzgados de distintas comunidades autónomas, que actualmente no son compatibles; establecimiento de un sistema de alerta en materias especialmente sensibles; digitalización documental, información compartida entre los tribunales y acceso a través del punto neutro judicial a los archivos de instituciones públicas que contengan datos relevantes para nuestro trabajo, registro informático común, gestión procesal con intercambio de documentos, firma electrónica, transmisión telemática de procedimientos, notificaciones, peticiones de auxilio judicial, etc.

Formación adecuada de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia. Asegurar la inmediata cobertura de vacantes mediante personal titular. Exigencia de una formación esencial básica para todos aquellos que pretendan acceder a funciones relaciones con la misma de carácter interino.

El CGPJ ha de establecer la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial, que en ningún caso debe ir unido al establecimiento de sistemas productivistas o estajanovistas para la retribución de la actividad judicial.

Revisión en profundidad de la actual planta judicial, dirigida a la creación y/o supresión de cuantos órganos judiciales fueren precisos a fin de llevar a cabo una distribución realmente equitativa del trabajo y acomodar la planta judicial a la carga real de trabajo de cada partido judicial en función de la entrada de asuntos. El éxito de todo esto se complementaria con la radical reforma de la oficina judicial, que no supone necesariamente incrementar el número de órganos judiciales, sino tan solo el número de jueces en cada demarcación, con el mismo número de funcionarios, a través de una organización correcta, buenos servicios y medios informáticos adecuados.

Reformas legislativas adecuadas.

Así es necesario limitar las apelaciones en asuntos bagatela o de escasa cuantía económica en lo civil, desjudicializar el Registro Civil, disminuir el catálogo de faltas o incluso su eliminación como ilícitos penales.

SUSTITUCIÓN DE JUECES. Arbitrar un sistema adecuado y eficaz de sustituciones judiciales mediante jueces titulares volantes.

INCREMENTAR LA RATIO DE JUECES POR HABITANTE.

Es necesario que se aumenten plazas de oposiciones libres y establecer un sistema de acceso que sirva para aprovechar la experiencia de jueces sustitutos que tengan una reconocida valía por el tiempo de trabajo y la calidad del mismo.

Medidas necesarias para asegurar una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar: con supresión del traslado forzoso por ascenso y supresión de determinados requisitos de preferencia y permanencia en los concursos para acceder a determinadas plazas; equiparación en derechos y beneficios sociales entre los jueces y magistrados y los restantes integrantes de la función pública; elaboración del plan de prevención de riesgos laborales y contingencias profesionales y mejora de las condiciones de jubilación, equivalentes a la de los miembros de las cámaras legislativas y del gobierno.

10.- APOYO DE ABOGADOS, PROCURADORES, FISCALES, SECRETARIOS Y FUNCIONARIOS en todo el número de propuestas que estoy realizando. Recuerdo lo importante que fue la creación del FORO POR LA JUSTICIA DE CARLOS CARNICER(2004) y el escaso eco de las propuestas realizadas por dicho grupo de trabajo ante los dos últimos Ministros de Justicia. Sería preciso que el esfuerzos de profesionales tan cualificados, que han formado parte de los grupos de trabajo fueran aprovechados por las cámaras legislativas en las reformas procesales que se nos avecinan y que están recibiendo duras críticas de inconstitucionales por parte de una nutridos grupo de catedráticos y profesores de Derecho procesal de todo el país.

V. CONCLUSIÓN.

Como indicaba la ex – Decana de los Juzgados de Barcelona en fecha 17-5-2007 María Sanahuja “Aunque el panorama descrito no es alentador, no deberíamos caer en el desánimo porque todos los problemas enunciados van acompañados de posibles soluciones que pasan por un denominador común: una organización humana compleja, como es la nuestra, no puede ser eficaz si se pretender organizar en base a la desconfianza en relación a los miembros del propio grupo profesional, y mucha más en relación a los otros grupos –secretarios judiciales, fiscales, funcionarios, abogados, procuradores, graduados sociales, técnicos que asesoran…. Y la desconfianza puede reducirse drásticamente con transparencia, con datos fiables al alcance de todos, que en la era de la informática sólo requiere de una gran inversión inicial. Porque si tengo una absoluta certeza de algo, es de que si con esta desorganización, se resuelven con dignidad los miles y miles de asuntos cada año, es por la gran calidad humana y profesional de la mayor parte de las personas que integramos los diferentes colectivos”.

Concluiré con dos citas que he escuchado recientemente:

1.- Sin amor la justicia no progresa.

2.- El poder judicial debe estar bien dotado económicamente (Hamilton).

Por tanto, lo que los jueces y la administración de justicia necesitan es AMOR de los poderes legislativos y ejecutivos (nacionales y autonómicos) y AUTONOMIA PRESUPUESTARIA para que el poder judicial tenga realmente el mismo rango constitucional que los otros dos poderes del Estado, con una dotación económica para justicia EQUIVALENTE a la de las Agencias Tributarias nacionales y autonómicas.

ANGEL DOLADO PEREZ

DECANO DE LOS JUECES DE ZARAGOZA.