22/04/2009

PROPUESTA DE FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE PARA EL REPARTO DE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS COMO RETRIBUCIÓN VARIABLE POR OBJETIVO DE LOS AÑOS 2008 Y 2009.

I.- ANTECEDENTES.-

La iniciativa de crear un sistema que midiera la carga de trabajo que debía asumir un juez era una vieja aspiración de muchos jueces, ya que era la única forma de conocer objetivamente cuando era necesaria la creación de nuevos órganos judiciales y el volumen de trabajo que un juez debía soportar quedando a salvo de las responsabilidades que pudieran devenir a resultas de la caótica situación de muchos juzgados y tribunales debido al excesivo número de asuntos pendientes de resolución en los mismos.

Por eso, cuando en el año 2000 el Consejo redactó, por primera vez, unos módulos de medición de actividad, que fijaba el número máximo de asuntos de entrada para cada órgano judicial, creímos que se avanzaba en el camino correcto para racionalizar la justicia, pero pronto advertimos que no era esa la intención.

Ya antes del año 2003 se constataban las graves carencias y deficiencias estructurales de la administración de justicia, y se podía acreditar numéricamente el colapso de muchos juzgados y tribunales, por lo que resultaba absolutamente necesaria una política judicial que acometiese, de forma inminente, la creación de un número elevado de órganos jurisdiccionales para paliar la caótica situación.

A ello habían contribuido la tradicional cicatera política de creación de órganos judiciales y una política legislativa que incrementaba notoriamente la intervención de la justicia en determinadas áreas o conflictos sociales (creación de los juzgados de lo contencioso, tipificación de los delitos de violencia doméstica), que no llevó aparejada la correlativa creación de juzgados en proporción adecuada a las necesidades subsistentes.

II.- LA LEY 15/2003, DE 26 DE MAYO, REGULADORA DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE LAS CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL.

La Ley de Retribuciones (LR), que fue la plasmación de una larga aspiración del colectivo judicial, estableció en sus artículos 7 a 10 un nuevo concepto retributivo: la retribución variable por objetivos.

A la carrera judicial se le vendió la retribución variable como parte de la merecida subida salarial de 2003, en concreto, como un 5% de incremento salarial- que no fue tal- de las retribuciones básicas.

Pero, en realidad, con ello se instauraba un sistema productivista de incentivos (barato) para suplir las deficiencias de la administración de justicia. La mayoría de los jueces ya realizaba un sobreesfuerzo notable sin necesidad de retribución suplementaria alguna que reconociera esa dedicación. El único incentivo que motivaba nuestro desmedido esfuerzo era la responsabilidad profesional y el espíritu de servicio público.

Por ello, cuando en el segundo semestre de 2003 se realizaron, por primera vez, declaraciones voluntarias de rendimiento, muchos comprobaron la excesiva dedicación que realizaban, al superar ampliamente el 100% del módulo máximo de dedicación.

Foro Judicial Independiente advirtió desde un primer momento la perversión del sistema, porque entendimos que chocaba frontalmente con la función judicial que preconiza la CE de 1978 y porque sólo podía causar perjuicios para la justicia, devaluando nuestra función, y, además, aumentaba nuestro riesgo profesional, porque no es posible superar los máximos previstos para cualquier actividad manteniendo la calidad y el control del trabajo con eficacia. Por ello se recurrió el Reglamento 2/03 del Consejo General del Poder Judicial y en el Congreso de Zaragoza, celebrado en junio 2004, se aprobó una conclusión en la que se recomendaba a los asociados que no superasen el 100% del módulo. No era una llamada para no trabajar sino para cumplir nuestras obligaciones dignamente aun a costa de ganar menos dinero.

Las razones que justificaban nuestra oposición eran claras, además de los errores del sistema, que se basaba en cálculos y cifras que, como mínimo, debían calificarse de poco objetivos, cuando no arbitrarios, la filosofía en que se basaban era errónea, distorsionando claramente el ejercicio de la función judicial, al anudar mejoras retributivas con número de resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales, sin tener en cuenta la calidad de esas resoluciones ni los efectos negativos que para la Administración de Justicia podía generar incentivar un método de trabajo tan pernicioso. Para los propios jueces conlleva un sobreesfuerzo desmedido e inasumible a medio y largo plazo. Adjuntamos un informe elaborado por un profesor universitario, que pone de relieve con datos claros estos efectos perjudiciales que el Foro ha venido anunciando desde la instauración del sistema.

La carrera judicial se adentró por una peligrosa senda de un sistema productivista que alentaba poner un elevado número de resoluciones. De este modo se consiguió que se incrementase notablemente el número de resoluciones, hasta el punto de que en el primer semestre del año 2004, fueron 1.533 jueces los que llegaron a superar el 120% del módulo máximo y 1.427 en el segundo; y en el año 2005 fueron 1.734 y 1.640, en el primer y segundo semestre, respectivamente.

Posteriormente, la carrera advirtió que era imposible mantener ese desmedido ritmo de trabajo, que el módulo no servía como referencia para crear inmediatamente nuevos órganos judiciales allí donde se superaba el módulo y que, para colmo, las cantidades abonadas en concepto de retribuciones variables eran ridículas (unos 300 € brutos al mes por superar más del 120%), y ello porque siempre se abonó sólo el mínimo legalmente previsto (5% de las retribuciones fijas) pese a que la LR permitía hasta el 10%. De este modo la cuantía total abonada por este concepto en el año 2004 alcanzó los 4.814.000 € y en el año 2005 llegó a los 5.474.000 €, cifras que no superaban el 2% del total de las retribuciones fijas de la carrera judicial (en 2004 alcanzaron los 270 millones de euros), cuando la ley permitía que llegase hasta el 5% (unos 13 millones de euros). Jamás el MJU explicó el porqué de aplicar siempre el tramo mínimo.

El sobreesfuerzo realizado por la carera judicial, que ahorraba millones de euros al gobierno de turno, no merecía recompensa. Son cifras las que demuestran nuestras afirmaciones.

Así, cuando concurre la circunstancia de que cinco jueces superan el 120% del módulo, de ello se infiere, necesariamente, que se ahorra una plaza de juez a cambio de abonar unos 1.500 € mensuales, a dividir entre los cinco. De este modo, esos 800 jueces virtuales (suma real de los que en 2004 superaban el 100% del módulo) han tenido un coste para el MJU de unos 5 millones de euros (suma aproximada total abonada en concepto de retribuciones variables) cuando el sueldo real de todos esos “jueces virtuales” si fuesen reales, es decir, si existiesen dichas plazas, rondaría los 50 millones de €.

Cuando la carrera judicial comenzó a concienciarse frente a un sistema tan fraudulento, fue disminuyendo paulatinamente su frenética actividad. Así, en el año 2006 sobre un colectivo de unos 5.000 jueces, fueron 1.180 y 1.015 los que superaron el 120% en ambos semestres y en 2007 fueron 1.429 y 1.314. Resulta reseñable que la menor productividad se produjo en 2006 coincidiendo con la sentencia del TS que anuló el Reglamento del CGPJ que regulaban los módulos.

III.- ANULACIÓN DEL REGLAMENTO 2/03.

El sistema regulado en la LR y en el Reglamento 2/03 del CGJP que la desarrollaba se aplicó los semestres correspondientes a los años 2004 y 2005, hasta que este último Reglamento fue anulado por sentencia del TS de 3 de marzo de 2006.

Una vez anulados en el primer semestre del año 2006 los artículos del Reglamento que daban base a ese sistema de retribuciones variables, Foro Judicial Independiente consideró que debían abonarse las correspondientes al segundo semestre del año 2.005 conforme a ese sistema anulado, puesto que durante el mismo estaba vigente el sistema. Respecto de las cantidades correspondientes a los años sucesivos, entendimos que las cantidades de los años sucesivos debían repartirse con nuevos criterios, alejados del sistema productivista anulado, para lo que el CGPJ tenía que aprobar un nuevo reglamento y se debía modificar la LR para instaurar la retribución variable en base a otros conceptos.

El CGPJ había encargado con anterioridad a una empresa privada, Steria, la realización de unos módulos para medir la actividad judicial, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8-1 de la LR. En la fecha en que se anuló el reglamento 2/03 la empresa ya había concluido su trabajo, que reducía en líneas generales el volumen de resoluciones exigibles a los jueces tras constatar el desmesurado rendimiento de la mayoría de la carrera judicial.

El CGPJ aprobó la propuesta, que remitió al MJU, para recabar el informe favorable preceptivo, regulado en el artículo 8-1º de la LR. El MJU rechazó la propuesta simplemente porque suponía un incremento en el número de jueces que tendrían derecho a percibir retribuciones variables y porque evidenciaba la urgente necesidad de crear muchos órganos judiciales. Esa infundad decisión tiraba por tierra años de trabajo y la cuantiosa inversión económica que se había realizado para el pago del estudio de la empresa Steria.

De este modo, se originó el problema de cómo distribuir las cantidades presupuestadas en concepto de retribución variable por objetivos por las leyes de presupuestos para los años 2006 y 2007.

FJI era y es partidario del reparto lineal de esas cantidades entre toda la carrera judicial, sistema que nos parece más equitativo y acorde a nuestros principios asociativos y que, de hecho, daba por superado un sistema cuyo desarrollo reglamentario había sido declarado ilegal y tan nefastas consecuencias había causado a la carrera judicial y a la administración de justicia.

El MJU y el CGPJ se negaron a aprobar esa solución. Tras sucesivas propuestas de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP), que se constituyó en 2007, y contrapropuestas del MJU, en noviembre del año 2.007 el Ministerio de Justicia propuso a las asociaciones que consintieran la prórroga del sistema para los años 2006 y 2007 con la variante, exigida por la CIP, de que también debían cobrar todos aquellos que superasen el 100% del módulo, como forma de mitigar el sentido productivista del reparto.

La Gestora de FJI era consciente que debía darse definitiva solución a este problema para afrontar otros que eran también muy importantes para la carrera judicial. FJI firmó el 27 de noviembre de 2007 el acuerdo (por el que se abonaría en concepto de retribución variable el 5% a los que superasen el 120% y un 3% a los que superasen el 100% del módulo) en aras de no romper la unidad de la CIP y porque entendíamos que la carrera judicial obtenía contrapartidas: el MJU se había comprometido a conceder de inmediato la equiparación de las pagas extras a las ordinarias y reconocía la urgencia de reformar el sistema de retribución variable, que se realizaría en la próxima revisión de la ley de retribuciones prevista para mayo de 2008 bajo los principios que la CIP proponía y el MJU aceptaba, todo lo cual suponía eliminar cualquier sentido productivista y enfocarlo desde el punto de vista de penosidad o complejidad del destino.

Con ello dábamos por cerrado este pernicioso sistema y así lo hicimos saber al MJU y a las demás asociaciones, advirtiendo que no colaboraríamos en el futuro para prolongarlo más allá del año 2.007.

IV.- SITUACIÓN ACTUAL.-

Estamos en abril del año 2.009, el sistema no ha sido reformado ni tiene fecha de reforma, y el Ministerio pretende su prórroga para el año 2.008 y, mucho nos tememos, que para el año 2.009, y exige, como condición imprescindible, que firmemos todas las asociaciones. No entendemos por qué se nos quiere obligar a FJI a firmar un acuerdo a toda costa ni por qué se condiciona la legalidad del mismo a que firmemos todas las asociaciones, cuando este criterio carece de cualquier consistencia jurídica.

FJI se ha negado por las razones que hemos expuesto. Como alternativa nuevamente hemos propuesto, junto a las demás asociaciones en el seno de la CIP, el reparto lineal entre toda la carrera.

El MJU ha rechazado está petición basándose en un informe de la Abogacía del Estado, que no compartimos, porque rechaza la propuesta de la CIP al considerar que no se tiene en cuenta el rendimiento de los jueces y porque parece justificar la legalidad de la propuesta del MJU en que el acuerdo de noviembre de 2007 fue aceptado por las 4 asociaciones.

A ellos respondemos que, por una parte, el hecho de que el sistema sea aceptado por todos no lo hace más o menos ajustado a la legalidad y, por otra, en que debe tenerse presente que el MJU no ha distribuido las cantidades consignadas para los años 2006 y 2007 por el concepto de retribución variable por objetivos de los artículos 7 a 10 de la Ley de Retribuciones sino que se están abonando como Programas de actuación por objetivos, reguladas en el artículo 11 de la LR, que no está anudado a un rendimiento determinado personal del juez y que sólo precisan un programa de actuación por objetivos y “autorización del Ministerio de Justicia, previa constatación de la existencia de recursos presupuestarios suficientes para atender a su financiación”, presupuestos que FJI entiende cumple la propuesta realizada por la CIP; por lo que entendemos que ninguna objeción puede realizarse al nuevo sistema que no sea esgrimible respecto del anterior.

El MJU ha solicitado a Foro Judicial Independiente una propuesta en firme para solventar este problema.

Sí queremos dejar muy claro que FJI no pretende ni va a consentir que se devuelvan las cantidades presupuestadas en concepto de retribuciones variables. Esas cantidades, que se corresponden con porcentajes de la masa salarial, pertenecen a la carrera judicial, están recogidos en los Presupuestos Generales del Estado y debe estarlo anualmente en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9-3º de la LR. FJI anuncia públicamente que recurrirá cualquier decisión que así lo acuerde y exigirá responsabilidades a quien, incumpliendo sus competencias, lo permita. FJI pretende que su abono se acomode a la legalidad vigente y que beneficie a la mayor parte de la carrera, y que, por tanto, se elimine definitivamente el criterio productivista por el que se ha regido hasta ahora, que ha provocado graves perjuicios al funcionamiento de la justicia y ha aumentado considerablemente el riesgo profesional de los jueces.

Seríamos irresponsables si permitiéramos que subsistiera, prorrogando indefinidamente, el sistema productivista en lugar de fomentar el ejercicio responsable de la jurisdicción, que sólo pretende que los jueces procedamos a suplir y resolver, de cualquier forma, las graves carencias y deficiencias que tiene la administración de justicia de las que, en modo alguno, somos responsables.

Afirmar que estamos perjudicando a algunos compañeros o que ponemos en peligro la partida presupuestaria no se corresponde con la realidad. Perjudicaríamos a un número mayor de compañeros (la productividad sólo la cobran el 40% aproximadamente de los 5.000 jueces), a nuestra independencia y a nuestra propia función jurisdiccional si no plantáramos cara a la injusta situación derivada de un reparto arbitrario de las retribuciones variables. Por encima de esas retribuciones, de cuantía individual poco significativa, por otro lado, está la dignidad de la carrera y la responsabilidad con la que debemos ejercer nuestra función.

Por ello, reclamamos que el sistema de retribución variable por objetivos debe reformarse inmediatamente, debiéndose primar la complejidad, conflictividad y penosidad del destino, para lo que se tendrá en cuenta el volumen de carga de trabajo que soporte el órgano judicial, la materia y la especialidad, entre otros criterios. Así solicitamos todas las asociaciones y fue aceptado por el MJU y por la comisión que se conformó en mayo de 2008 en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera, apartado 3º de la Ley de Retribuciones.

Somos conscientes que este sistema que proponemos aún no está en vigor y que, por tanto, de alguna manera debe tenerse en cuenta la normativa vigente, que está contemplada en los artículos 7 a 10 de la LR, que, por mucho que nos pese, mantiene una relación entre la retribución variable y el logro de determinados objetivos por cada juez.

Pero también debe tenerse presente que:

– desde que se anuló el Reglamento 2/03 no existe ninguna norma en vigor que establezca cómo deben medirse esos rendimientos individuales de cada juez y, por tanto, no puede aplicarse sus criterios ni exigir declaración voluntaria de rendimiento a los jueces,

– aunque si es posible conocer la carga máxima que como máximo puede asumir cada órgano judicial, porque el CGPJ fijó en su momento un módulo de entrada para cada órgano judicial.

– la LR fija unos parámetros para medir la actividad judicial: el 80% como cota mínima, y el 120% como inicio de un tramo extraordinario

V.- PROPUESTA DE FJI.

Conjugando ambos principios, progresión y carga de trabajo desvinculada del productivismo y asimilada a la penosidad en el destino, se propone el reparto de las retribuciones variables por objetivos de cada uno de los dos semestres de los años 2008 y 2009 en la siguiente proporción:

– 5% de sus retribuciones fijas a todos aquellos jueces y magistrados titulares destinados en juzgados o tribunales que registraron un número de asuntos igual o superior al 120% del módulo de entrada que como máximo puede asumir cada órgano judicial.

– 4% de sus retribuciones fijas a todos aquellos jueces y magistrados titulares destinados en juzgados o tribunales que registraron un número de asuntos igual o superior al 100% e inferior al 120% del módulo de entrada que como máximo puede asumir cada órgano judicial.

– 3% de sus retribuciones fijas a todos aquellos jueces y magistrados titulares destinados en juzgados o tribunales que registraron un número de asuntos igual o superior al 80% e inferior al 100 % del módulo de entrada que como máximo puede asumir cada órgano judicial.

La superación de esos parámetros se acreditará mediante certificación expedida por el Consejo General del Poder Judicial.

La aceptación de FJI de ese acuerdo está condicionado a que el MJU se comprometa por escrito a:

1.- que el mismo sólo se aplicará a las retribuciones a los años 2008 y 2009, sin posibilidad de prórroga y que para el año 2010 se aplicará necesariamente el nuevo sistema.

2.- la inmediata modificación antes de fin de año de los artículos 7 a 10 de la Ley de Retribuciones para que la retribución variable no se abone en función del número de resoluciones de cada juez sino de la complejidad, conflictividad y penosidad del destino, para lo que se tendrá en cuenta el volumen de carga de trabajo que soporte el órgano judicial, la materia y la especialidad, entre otros criterios.

Sólo si el MJU acepta esta propuesta, que consideramos la más ajustada a la normativa vigente a la vez que la forma más efectiva de dar por extinguido el sistema de retribución variable por objetivos y beneficia a un mayor número de jueces, Foro Judicial Independiente estará en disposición de firmar el acuerdo sobre distribución de las retribuciones variable pendientes.

Confiamos en la flexibilidad del nuevo equipo ministerial para resolver un problema que, no olvidemos, no lo hemos generado nosotros sino la incomprensible y injustificada decisión, adoptada por el MJU en 2006, de no informar favorablemente el nuevo sistema de medición de la carga de trabajo de los jueces y magistrados que había realizado el CGPJ tras años de estudio e importante inversión económica.

A 22 de abril de 2009

La Comisión Gestora de Foro Judicial Independiente