17/04/2009

Informe que emite la asociación de jueces y magistrados

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE,

como alegaciones al

«Estudio de la medición de la carga de trabajo de Juzgados y Tribunales de Menores».

Sumario

Parte I

Sobre los Principios básicos del sistema.

Jornada neta anual fijada en 1404 horas

Parte II

De la “finalidad” y “metodología” del Estudio realizado por el Servicio de Inspección

1. Finalidad

2. Metodología

Parte III

Sobre la baremación de los procedimientos

1. De la valoración en general de los distintos procesos

1.1. El supuesto soporte del subjetivismo de la valoración

1.2. Trabajo con los jueces y magistrados asesores externos

1.3. Proporción o «media» con asuntos que no terminan por sentencia

2. Las concretas puntuaciones de los procedimientos

2.1. Los parámetros de dedicación

2.2. El cronograma: ¿Qué cronograma?

2.3. Faltan definiciones

3. Baremación de los juzgados de menores

Parte IV

Conclusiones

Parte I

Sobre los Principios básicos del sistema

Jornada neta anual fijada en 1404 horas

El estudio realizado por el servicio de inspección, parte de una premisa inaceptable, por inexacta: Fija la jornada anual neta del juez o magistrado en 1.404 horas. El cómputo no se ha hecho adecuadamente por el Servicio de Inspección, y así tenemos:

La duración máxima de la jornada de trabajo en la Administración de Justicia será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1625 horas anuales. A tal fin, el Servicio de Inspección ha tenido en cuenta la Resolución de 15 de julio de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo, en cómputo anual, y las de las jornadas en régimen de dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia.

1. De dicha duración deberán descontarse:

1.a) 14 días festivos anuales x 7’5 horas/día = 105 horas.

2 días (24 y 31 de diciembre) x 7’5 horas/día = 15 horas.

Justificación: El artículo 182 de la LOPJ declara inhábiles a efectos procesales los días de fiesta nacional, los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma y localidad, así como los días 24 y 31 de diciembre.

1.b) 18 días de asuntos propios x 7’5 horas/día = 135 horas.

Justificación: El artículo 373.4 de la LOPJ prevé que los jueces y magistrados puedan disfrutar de 6 permisos en el año natural, de 3 días cada uno de ellos.

1.c) “Pausa diaria” de 30 minutos x 5 días (semana) x 47 semanas (año) = 117’5 horas.

Deducciones: 18 días de asuntos propios + 14 días festivos + 24 y 31 de diciembre = 34 días x 30 minutos = 17 horas.

TOTAL DESCUENTO: 100’5 horas.

Justificación: La disposición tercera, apartado 4, de la Resolución de 5 de diciembre de 1996 (RCL 19963051), (Instrucciones sobre jornada y horarios de los funcionarios de la Administración de Justicia), determina que «Se podrá disfrutar de una pausa diaria en la jornada de trabajo por un período de treinta minutos, computable como trabajo efectivo». La Resolución de 5/12/1996 solo fue derogada por la Resolución de 15 de julio de 2005 (RCL 20051670) en cuanto se opusiere a esta última Resolución. Y, en materia de pausa diaria no hay oposición alguna entre una y otra Resolución.

1.d) Jornada de verano (16 junio a 15 septiembre). Reducción de 5 horas semanales x 10 semanas = 55 horas.

Justificación: Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, la jornada laboral se reduce en 5 horas semanales (32’5 horas/semanales) para funcionarios y Secretarios judiciales (disposición 8.ª de la Resolución de 17/07/2005). Se trata de medir la carga de trabajo que razonablemente puede asumir un órgano judicial y, por ende, habrá de tenerse en consideración la jornada reducida del personal del juzgado que, durante ese tiempo de ausencia, no podrá colaborar en absoluto en la tramitación de los asuntos.

Aunque la totalidad del período de jornada reducida de verano abarca 12 semanas (2 de junio, 4 de julio, 4 de agosto y 2 de septiembre), hemos considerado proporcionado tomar solo en consideración 10 semanas porque los jueces y magistrados disfrutan sus vacaciones mayoritariamente en el mes de agosto (julio o septiembre, en otro caso), pero no absolutamente todos lo pueden hacer precisamente en esas mensualidades. Entre las 12 semanas del período total y las 8 semanas que corresponderían excluyendo el mes de agosto, hemos optado por el cómputo prudencial de 10 semanas.

1.e) En algunas comunidades autónomas el horario de los funcionarios es de 35 horas semanales. Así se fija, por ejemplo, en Andalucía, por el artículo 4.2 de la Orden de 31/10/2007 (Consejería de Justicia y Administración Pública) (BOJA 221/ 2007, de 9 de noviembre; rect. BOJA 240/2007, de 7 de diciembre

[LAN2007489]).

En Semana Santa y Pascua también se fija jornada de horario reducido en las comunidades autónomas. Por ejemplo, la Resolución de 1 de abril de 2009, del Director General de Justicia y Menor (Comunidad Valenciana), acuerda que los días 14, 15, 16 y 17 de abril (de este año 2009) se reduce la jornada laboral, de obligado cumplimiento, a 5 horas diarias.

Además, durante las fiestas patronales de prácticamente todas las grandes ciudades, pequeñas capitales de provincias e incluso pueblos (Madrid, Sevilla, Tenerife, Zaragoza, León, por citar algunos casos conocidos), las correspondientes Consejerías de Justicia fijan una reducción de jornada de una hora diaria (o más) a los funcionarios. Todo ello debería tenerse igualmente presente para la determinación de la jornada anual neta, descontándose del cómputo hecho por el Servicio de Inspección.

Tampoco se han tenido en consideración los días adicionales de permiso o vacaciones según el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril), o sobre conciliación de la vida laboral y familiar… etc. Por otra parte, habrían de tenerse en cuenta contingencias comunes, como son las enfermedades, intervenciones quirúrgicas, embarazos, tomas de posesión en cambios de destinos, así como otras contingencias que pudieran presentarse; y, en general, otros permisos y licencias susceptibles de concederse (véanse precedentes jurisprudenciales al respecto; vg., STS [Sala 3ª, Sección 7ª] de 18/04/2008 [RJ 20082461]). y otras anteriores y posteriores

Todo este conjunto de eventualidades y/o circunstancias, no pueden ignorarse por completo. Por contra, entendemos que deben tenerse también presentes para la determinación de la jornada anual neta, descontándose del cálculo que se contiene en el Estudio sometido a consideración. A nuestro criterio, ese descuento no puede ser inferior, prudencialmente, al 10% de la jornada máxima (1.625 x 10% = 162’5 horas).

1.f) Asistencia a cursos, estudio y formación por medios propios. Incongruentemente, el Servicio de Inspección señala que debe restarse por estos conceptos un 10% de la jornada máxima en cómputo anual (equivalente a 1625 horas anuales) y, sin embargo, se limita a restar 153 horas, cuando el 10% de 1625 horas son 163 horas.

Los conceptos que el propio informe señala como comprensivos de esa reducción son exclusivamente tres, en una lista cerrada: asistencia a cursos, estudio y formación por medios propios (pág. 5 del Estudio).

Hay otros conceptos que no han sido tenidos en consideración: tiempo dedicado a la atención de los profesionales (abogados, procuradores) y a la de los propios justiciables, lectura de correos profesionales (ordinario y electrónico), BOE y sentencias novedosas.

El tiempo invertido en todas estas actividades (las señaladas por el Estudio más las añadidas en este Informe), no deben computarse en menos del 15% de la jornada máxima de cómputo anual (equivalente a 1625 horas); es decir, 244 horas.

RESUMEN:

Horas brutas Horas de descuento Jornada anual NETA

Trabajo efectivo cómputo anual 1.625

Festivos, más 24 y 31 de diciembre 120

Días asuntos propios 135

Pausa diaria 100,5

Jornada de verano 55

Eventualidades y/o circunstancias del apartado 1.e) 162’5

Formación, atención público, examen de BOE, correo… 244

TOTALES 1.625 817 808 horas

Parte II

De la “finalidad” y “metodología” del Estudio realizado por el Servicio de Inspección

Desde la asociación Foro Judicial Independiente, pensamos que la finalidad de estos módulos no es, ni mucho menos, la de «ajustar la carga de trabajo a unos niveles razonables que permitan, tanto el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, como la conciliación de la vida laboral y familiar» (como pomposamente se dice en la Introducción del Estudio). Tampoco damos crédito a la metodología que se dice empleada para fijar la medición de la carga de trabajo ―que desde este mismo momentos solicitamos que se tome por el CGPJ como carga MÁXIMA RAZONABLE (resaltamos el término “máxima”) ―.

1. Finalidad

La baremación que se ha hecho «persigue», a nuestro juicio, dar carta de naturaleza a las insuficiencias estructurales del sistema, ocultándolas de forma eufemística, bajo el expediente de presumir «normal» y de convertir en «ordinario» lo que han sido «rendimientos» extraordinarios de jueces y magistrados.

a) El planteamiento del Servicio de Inspección es similar, en su finalidad, a la enmienda 631 del Grupo Socialista para modificar la LOPJ en el año 2006:

Congreso 8 de junio de 2006. Serie A. Núm. 69-15

ENMIENDA NÚM. 631

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista del Congreso

De modificación al artículo octavo la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

De adición.

Se añade un nuevo apartado, con la numeración que corresponda, para introducir tres nuevos párrafos en el apartado 4 del artículo 403, que pasa a tener la siguiente redacción:

«4. Las retribuciones variables por objetivos estarán vinculadas al rendimiento individual acreditado por cada juez o magistrado en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y profesionales.

Todos los jueces y magistrados estarán obligados a alcanzar un objetivo normalizado, que no podrá ser inferior al rendimiento medio de los órganos unipersonales o, en su caso, colegiados en los que se integre, correspondiente a los cinco años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la presente ley, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial podrá determinar por vía reglamentaria los factores de corrección que puedan incidir individualmente en la consecución del objetivo antedicho, previo informe favorable del Ministerio de Justicia.

Si estas correcciones tuviesen repercusión presupuestaria, se requerirá informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.»

Lo que no se pudo introducir por aquella enmienda en sede parlamentaria ―entre otras razones, por la oposición frontal de todas las asociaciones judiciales― se pretende ahora implantar, bajo pretexto de estudio de medición de carga de trabajo, dentro del programa de modernización que preconiza el actual CGPJ.

b) Los jueces hemos vivido engañados y hemos sido utilizados, durante los pasados años.

Se nos dijo que la superación de los módulos era un esfuerzo al que debíamos colaborar, que era coyuntural. Una gran mayoría de la carrera judicial optó por trabajar a destajo por muy variadas razones, sacrificándose —estoicamente y por una miserable compensación económica— para suplir esas carencias estructurales. Y ahora se opta por hacer unas previsiones absurdas para evitar crear las unidades judiciales realmente necesarias; previsiones que se han basado en la productividad de los jueces en el año 2007 como si hubiéramos trabajado durante esa anualidad tan solo 37’5 horas semanales brutas.

Pues no. Precisamente en esa anualidad es en la que se hicieron los mayores esfuerzos por la carrera judicial, con horarios infrahumanos de más de 10 y 12 horas diarias, trabajando sábados y domingos, pidiendo días de asuntos propios para dictar sentencias, etc., etc. Ese sobreesfuerzo se agradece ahora convirtiéndolo en la «norma». Es inaceptable, máxime si se tiene en cuenta que, según los datos que se han obtenido, un alto porcentaje de magistrados y jueces superó durante el año 2007 el módulo establecido (41’05% durante el primer semestre y 38’23% el segundo semestre), con arreglo a la legalidad vigente (véase ley de retribuciones) en una opción legítima y legal. Ahora se promedia ese alto porcentaje para obtener la mediana estadística.

2. Metodología

La metodología seguida ha sido la de ir ajustando los números a un resultado prefijado: MEDIANA ESTADISTICA del año 2007, ajustado a la conveniencia, no de superar la carga irrazonable de trabajo que pesa sobre los órganos judiciales, sino de aminorar de cara a la galería el número de unidades judiciales verdaderamente necesarias.

Buena prueba de ello es que, en la memoria de los letrados de la Inspección del grupo de trabajo para todos los órdenes jurisdiccionales, en el memorándum del 9/02/2009 se partía de un total de 1.672 horas anuales para llegar, con los descuentos, a 1.404 horas netas. Tras darse cuenta la Inspección de que el total de horas anuales era menor, 1.625 horas (Resolución de 15 de julio de 2005), el número de horas netas, sin embargo, se ha mantenido en las mismas 1.404 horas anuales. ¿Cómo? Muy fácil: las reducciones que antes (el 9/02/2009) estaban perfectamente justificadas para el Servicio de Inspección, ahora se reducen para ajustar el resultado final. En concreto:

Horas totales/año Reducciones totales Horas netas/año

Memoria de 9/02/2009 1.672 268 horas 1.404

Estudio de marzo 2009 1.625 220’5 horas 1.404’5

No existe ninguna razón objetiva para que en febrero se tenga por correcto reducir un total de 268 horas al año y un mes después, la reducción quede disminuida a 220’5 horas. La única razón es que el resultado final tenía que encajar fuera como fuese.

Llama también poderosamente la atención que, habiéndose encargado por el CGPJ un costoso informe (varios cientos de miles de euros) a una empresa externa y profesional (“Steria Norman Broadbent”), sobre valoración del desempeño de jueces y magistrados, fechado en febrero de 2004, no se haya tenido en absoluto en consideración. Quizás se deba a que se ajustaban demasiado a la realidad, en vez de a los criterios que ahora nos presentan.

Parte III

Sobre la baremación de los procedimientos

1. De la valoración en general de los distintos procesos

Donde el Estudio se antoja más censurable, a nuestro entender, es en la baremación por clases de asuntos y materias, que actúa —según se dice— como verdadero soporte del sistema. Se reconoce en el Estudio la gran carga subjetiva que comporta esta valoración y, seguidamente, para justificar el resultado, se afirma que se trata de “subjetivismo debidamente sustentado en el conocimiento directo de la labor y experiencia profesional”. De nuevo hemos de poner en cuestión estas afirmaciones del Servicio de Inspección. Vemos por qué razón.

1.1. El supuesto soporte del subjetivismo de la valoración

Según el Servicio de Inspección, el supuesto “sustento” de la valoración hecha en su Estudio radica en «haber recurrido a asesores externos, intentando que resultaran representadas la máxima variedad de situaciones en función de cada tipo de órgano». La supuesta colaboración de estos asesores externos se explica en el Estudio del siguiente modo:

Haber enviado a estos asesores externos un cuestionario en el que se sometían a su consideración múltiples aspectos de interés para la baremación.

Se les solicitó una valoración porcentual de la mayor parte de las categorías de procedimientos que tienen entrada en el órgano, lo que se combinó con la cumplimentación de un cronograma, cuya finalidad era conocer su opinión sobre la distribución de la jornada de trabajo semanal entre cada una de las tareas cotidianas que realiza un Juez o Magistrado.

Finalmente «… reunido el grupo de trabajo con los asesores, se hizo una puesta en común de los cuestionarios cumplimentados, contrastando y analizando sus diferencias de criterio y las explicaciones dadas por cada uno. Para realizar una comparación lo más coherente posible se partió de un procedimiento estándar que pudiera servir de referencia para la medición de la carga de los demás asuntos. Primero se obtuvo una ponderación comparativa de todas las clases de asuntos (en abstracto, de 0 a 100) y después, para disponer de una escala de conversión a unidades de tiempo de los valores resultantes, se elaboró un cronograma del procedimiento estándar consistente en la medición temporal de cada una de las fases o etapas procesales que conforman su trámite, pero siempre de trabajo efectivo, lo que diferencia esta forma de cálculo de la propia de los tiempos de respuesta. Se procuró el acercamiento a duraciones promediadas, que pudieran dar cabida a las situaciones más comunes y, a la vez, compensar entre sí las extremas y descartar las anecdóticas …».

Añadiéndose que «… asimismo, se han tenido en cuenta para fijar las puntuaciones la proporción de asuntos que no terminan por sentencia, para obtener una media que refleje lo más fielmente posible la carga de trabajo del juzgador, por lo que la puntuación no pretende valorar el tiempo de dedicación de éste a un asunto concreto, sino el promedio que resulta de computar, dentro de la clase puntuada, aquellos asuntos que se sobreseen, son desistidos, etc., junto con los que efectivamente llegan a ser conocidos por el Juez o Magistrado en toda su extensión, incluyendo vistas, atención a profesionales y a los justiciables y resoluciones …».

1.2. Trabajo con los jueces y magistrados asesores externos

En el caso de todos los órdenes jurisdiccionales, unipersonales y colegiados. la supuesta puesta en común y acercamiento del trabajo de la Inspección con los magistrados , ha sido una falacia. Los módulos que ahora se nos presentan nada tienen que ver con los que se habían consensuado con los magistrados asesores externos de los distintos órdenes jurisdiccionales, que en una primera reunión consensuaron determinados parámetros y en una segunda reunión asistieron a la modificación del valor a la baja sin justificación alguna, por parte de la inspección de los parámetros ya establecidos, y por tanto, los criterios expuestos por los magistrados, han sido completamente omitidos y no se han tenido en consideración.

Y especialmente significativo es el caso de la jurisdicción de Menores y, dentro de ella, la fase de ejecución donde, como luego se insistirá, se evidencia un absoluto desconocimiento de la labor realizada por el Juzgado en general y por el Juez en particular, en una fase que, el propio informe califica de fundamental dentro de esta jurisdicción. No es posible que en esa “puesta en común” con los magistrados asesores no se hayan puesto de manifiesto las profundas contradicciones entre las conclusiones de los módulos y la realidad del trabajo en un Juzgado de Menores.

La nitidez de lo expuesto excusa de cualquier argumento sobre la inexistencia de la menor voluntad de llegar a ningún consenso ni acercamiento. Sencilla y llanamente se ha ignorado por completo a los “asesores” externos y se ha impuesto un criterio productivista, CONSISTENTE, COMO YA SE HA DICHO, EN LA MEDIANA ESTATIDISTICA DEL AÑO 2007.

Por lo demás, no sabemos —pues el Estudio no lo explica—, qué pueda ser un procedimiento estándar para servir de referencia al objeto de medir la carga de los demás asuntos. Tampoco se explica, en absoluto, lo relativo al cronograma de ese procedimiento estándar, consistente en medición temporal de cada una de las fases o etapas procesales que conforman su trámite, pero siempre de trabajo efectivo.

1.3. Proporción o «media» con asuntos que no terminan por sentencia

Otro de los criterios tenidos en consideración por la Inspección para puntuar los procedimientos ha sido no distinguir entre los modos de finalización de los mismos, de manera que TODOS los de una misma categoría o clase, acaben por auto o por sentencia, se computan igual.

En efecto, se dice textualmente en el Estudio que “se han tenido en cuenta para fijar las puntuaciones la proporción de asuntos que no terminan por sentencia, para obtener una media que refleje lo más fielmente posible la carga de trabajo del Juzgador, por lo que la puntuación no pretende valorar el tiempo de dedicación de éste a un asunto concreto, sino el promedio que resulta de computar, dentro de la clase puntuada, aquellos asuntos que se sobreseen, son desistidos, etc., junto con los que efectivamente llegan a ser conocidos por el juez o magistrado en toda su extensión”. Sin embargo, ello no se ha hecho así en este orden jurisdiccional.

El criterio es correcto, al menos en lo que se refiere a expedientes de reforma, ya que es evidente que, mientras que algunos dan lugar a juicio (audiencia) y correspondiente sentencia, otros se archivan por diversas causas. También es cierto que dentro de los archivos que dentro de los archivos hay algunos que presentan mayor complejidad que otros, pero, en cualquier caso, como se ha dicho, se estima correcto establecer una media ponderada que tenga en cuenta la circunstancia de que no todos los asuntos terminan por sentencia.

El problema, sin embargo, es que en relación a los Juzgados de Menores, no se expresa cuál ha sido esa media o ese porcentaje de asuntos que terminan por sentencia o por auto. El examen de la estadística correspondiente al año 2007 expresa una gran disparidad entre los Juzgados de Menores en relación a los asuntos registrados que terminan por sentencia y los que terminan por auto. No hay ni siquiera ninguna cifra referida a los Juzgados de Menores con competencia en ejecuciones (es decir, todos los de España menos los de Madrid), que exprese el porcentaje de asuntos que se resuelven por sentencia o que no llegan al trámite de audiencia. El informe del CGPJ, se limita a decir que “en esta clase de órganos, dada la disparidad de datos estadísticos entre los diversos órganos, se acude a la media”, pero ni se alude a esos datos estadísticos, ni se exponen los extremos utilizados para llegar a esa media.

2. Las concretas puntuaciones de los procedimientos

2.1. Los parámetros de dedicación

Sentado lo anterior, consideramos que las concretas puntuaciones atribuidas por el Estudio a los distintos procedimientos son fruto del más puro voluntarismo, y en ocasiones, de la arbitrariedad, poniendo de manifiesto que lo que se ha tenido en cuenta, y lo que interesa es cuadrarlo con los datos estadísticos del año 2007. De ahí que, a mayor peso específico de una materia, se atribuya por el Servicio de Inspección una menor puntuación de dedicación, porque de otra manera, los datos estadísticos no les cuadrarían, resultando una puntuación algo más acorde, en aquellos asuntos que pueden denominarse marginales, por la ausencia significativa y peso específico de los mismos.

Así ocurre, por ejemplo, con la ejecución civil que, según el propio estudio, supone el 2,40 % del trabajo de un Juzgado de Menores, y que se valora con 0,75 puntos, mientras que la ejecución penal de complejidad media –que según el propio informe representa casi el 24 % de ese trabajo- se valora con 0,8 puntos, por lo que es evidente que existe una absoluta descompensación, pues no es posible que lo que supone un esfuerzo menor (la ejecución civil) se puntúe comparativamente más alto que aquello que representa un alto porcentaje de la actuación de un Juez de Menores y tiene objetivamente una mayor dificultad (la ejecución de una medida, por ejemplo, de libertad vigilada).

En el mismo sentido, no tiene lógica alguna que se otorgue una puntuación de 0,5, es decir, de 30 minutos, a una entrevista con un menor, y la ya mencionada puntuación de 0,8, es decir, 48 minutos anuales, a la ejecución total de una medida de libertad vigilada. La explicación no puede ser otra que la anteriormente expresada: infravalorar aquellas actuaciones que constituyen el núcleo esencial de la actividad del Juzgado, a favor de otras que son menos frecuentes.

2.2. El cronograma: ¿Qué cronograma?

Tampoco sabemos con qué clase de «cronograma» se ha podido llegar a las conclusiones expresadas en el estudio respecto a los Juzgados de Menores. Y, si bien en cuanto a los expedientes de reforma siempre se puede alegar esa compensación entre expedientes que terminan por sentencia y expedientes que terminan por archivo, no ocurre lo mismo con las ejecuciones, especialmente las que se califican de complejidad media o alta. No se alcanza a comprender qué cronograma ha podido determinar que una medida de internamiento supone para el Juzgado de Menores una hora de trabajo anual. Como se ha dicho, en este caso no hay compensaciones posibles: una medida de internamiento es lo que es y en ella siempre se van a dar estas actuaciones: la aprobación del programa individualizado de ejecución, la supervisión de los informes de seguimiento, la aprobación de los permisos o salidas programadas, la decisión sobre la libertad vigilada posterior al internamiento, y ello sin perjuicio de otras actuaciones muy frecuentes como recursos contra sanciones disciplinarias, posible modificación del régimen de internamiento, cese anticipado, cuando no refundición de medidas. Es imposible atender a estas tareas durante una hora al año, ni siquiera aunque se pretenda que la labor del Juez de Menores se limite al dictado automático de resoluciones-tipo sin examinar la situación concreta del menor, lo cual el propio informe del CGPJ parece excluir al citar como principio fundamental de la ejecución, en esta jurisdicción, “una justicia personalizada” (folio 131).

Y lo mismo cabe decir de la libertad vigilada, considerada como ejecución de complejidad media y a la que se ha concluido que basta con una dedicación anual de ¡48 minutos!. Es dudoso que en ese tiempo el Juez pueda leer, siquiera por encima el programa de ejecución individualizado para ver si se ajusta o no a lo acordado en sentencia o a la situación del menor; pero es que, además, en esta medida son posibles incumplimientos que pueden dar lugar a una medida de internamiento, ceses anticipados, modificaciones y, en cualquier caso, informes de seguimiento que debieran (y de hecho lo son) examinados por los Jueces de Menores para realizar un adecuado seguimiento del menor.

2.3. Faltan definiciones y explicaciones de las categorías que se establecen

Desde otra óptica, faltan definiciones cumplidas de las categorías que se barajan para la baremación y alguna explicación de la razón por la que ciertas actuaciones se incluyen en una categoría y no en otra.

Así, en cuanto a los expedientes de reforma, se clasifican en asuntos de alta, media y baja complejidad atendiendo a la entidad del delito, cuando hubiera sido más razonable una clasificación atendiendo al número de menores implicados o, incluso, asignando una mismo puntuación a todos los expedientes de reforma, y ello porque, en realidad, la gravedad de la infracción penal no significa necesariamente una mayor complejidad del procedimiento, ni siquiera una mayor complicación en cuanto a la ejecución de la medida a imponer. Así, por ejemplo, una medida de internamiento puede ser impuesta por un delito de homicidio, pero también por un delito de hurto cometidos por varios menores reincidentes actuando en grupo, y estas infracciones están encuadradas en distintas categorías; incluso, si el homicidio lo ha cometido un solo menor, la tramitación del expediente puede ser más sencilla que la del hurto.

Tampoco se entiende (y no se explica) la razón por la que se engloban en una misma categoría (ejecuciones de complejidad media) la libertad vigilada –con toda la problemática que conlleva y a la que antes se ha hecho referencia- y, por ejemplo, la prohibición de aproximación y comunicación, que no plantea ningún problema en cuanto a su ejecución.

3. Baremación de los juzgados de menores

3.1.- Asuntos (expedientes de reforma).

El informe distingue (folio 129) entre asuntos de complejidad alta (homicidios, asesinatos, agresión, acoso y abuso sexual, lesiones de los arts. 149 y 150), media (resto de delitos y faltas de lesiones dolosas) y mínima (resto de faltas y medidas cautelares). La puntuación que se asigna a cada asunto es de 10, 3 y 1 punto, entendiendo el punto como una hora, según el folio 6, que dice que “para la comprensión del sistema debe tenerse en cuenta que las horas se equiparan a puntos, estableciendo una equivalencia de una hora = un punto”.

La puntuación pretende establecer una media aplicable a todos los procedimientos, ya que habrá unos que terminen por sentencia y otros que lo hagan mucho antes. Por eso, se dice (folio 6) que “la puntuación no pretende valorar el tiempo de dedicación de éste –el Juzgador- a un asunto concreto, sino el promedio que resulta de computar, dentro de la clase puntuada, aquellos asuntos que se sobreseen, son desistidos, etc, junto con los que efectivamente llegan a ser conocidos por el Juez o Magistrado en toda su extensión, incluyendo vistas, atención a profesionales y a los justiciables y resoluciones”.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el folio 136 se contempla que el Juzgado de Menores Tipo tenga una entrada de 417 asuntos, es decir, expedientes de reforma, a razón de 23 de complejidad alta, 293 de complejidad media y 101 de complejidad mínima (23 + 293 + 101 = 417). La puntuación que se asigna a estos expedientes, es decir, el tiempo que se estima razonable deben ocupar estos expedientes es de 1200 horas (230+879+101=1200). O sea, se prevé que a cada expediente de reforma se le dediquen casi tres horas (1200 horas/417 asuntos = 2 horas, 52 minutos).

A efectos ilustrativos, se expone a continuación la tabla de Juzgados que en el año 2007 tuvieron una tasa de resolución entre 0,9 y 1,10, ordenados por volumen de asuntos, a partir de los datos de la estadística del Consejo. La tabla se ha confeccionado a partir de los datos que figuran en la Web del CGPJ, dentro del apartado “Estadística”. De acuerdo con estos datos, en total, (y excluyendo siempre a Madrid) fueron 33 Juzgados de Menores los que estuvieron entre esos márgenes:

JUZGADOS DE MENORES CON TASA DE RESOLUCIÓN ENTRE 0,9 Y 1,1 EN EL AÑO 2007

Nº orden Juzgado Nº as.registr. Nº as. Resl. Tasa resoluc.

1 CÓRDOBA 753 764 0.98

2 BARCELONA 5 644 674 0.95

3 PALMA 1 598 606 0.99

4 PONTEVEDRA 569 550 1.03

5 CIUDAD REAL 561 575 0.97

6 GRANADA 2 556 598 0.93

7 ALICANTE 2 544 523 1.04

8 BADAJOZ 527 497 1.06

9 OVIEDO 520 488 1.06

10 ALICANTE 1 504 466 1.08

11 DONOSTIA 500 500 1

12 VALENCIA 1 488 499 1.02

13 CADIZ 3 485 457 1.06

14 VALENCIA 3 460 466 0.99

15 CADIZ 2 415 387 1.07

16 LEÓN 415 382 1.09

17 MÁLAGA 1 401 404 0.99

18 MÁLAGA 2 382 387 0.99

19 MÁLAGA 3 374 348 0.99

20 ZARAGOZA 2 373 387 0.96

21 VALLADOLID 363 343 1.06

22 BILBAO 2 353 369 0.96

23 ALBACETE 332 348 0.95

24 LLEIDA 315 329 0.96

25 LOGROÑO 227 223 1.02

26 CEUTA 197 191 1.03

27 MELILLA 195 208 0.94

28 ÁVILA 132 123 1.07

29 HUESCA 109 108 1.01

30 CUENCA 98 90 1.09

31 GUADALAJARA 96 95 1.01

32 ZAMORA 77 75 1.03

33 LUGO 73 74 0.99

De acuerdo con lo anterior, el Juzgado que ocupa la posición media dentro de la tabla, es el Juzgado de Menores nº 1 de Málaga y, si se comprueban los datos que obran en la estadística del Consejo de dicho Juzgado en el año 2007 y los datos del Juzgado Tipo fijado en los módulos (folio 136), lo cierto es son muy similares. A continuación se exponen los datos principales del Juzgado Tipo y del Juzgado de Menores nº 1 de Málaga, agrupando los asuntos registrados y las ejecutorias, es decir, sin distinguir entre complejidad máxima, media o mínima

As. Registr. Ejecut.penal Cautelares Total

Málaga 1 401 300 77 778

Juzgado tipo 417 313 41 771

Así pues, puede decirse que el Juzgado Tipo que determina el Consejo para el cálculo de los módulos viene a coincidir con el Juzgado de Menores nº 1 de Málaga, ya que en él coincide una tasa de resolución muy próxima a 1 (0,99), es decir, que resolvió algo más de lo que registró y además tiene un volumen de asuntos que está en la mitad de los Juzgados que tienen tasas de resolución semejantes. Y se hace esta determinación porque considero que, más que partir de los datos teóricos del Juzgado Tipo, sería mejor partir de los datos concretos del Juzgado de Menores nº 1 de Málaga, para ver si la baremación efectuada en el informe del Consejo se ajusta o no a la realidad.

Dicho esto, los datos del Juzgado nº 1 de Málaga en el año 2007 fueron, según la estadística del Consejo:

asun.registr. asun.resuelt. Sentencias Sent.conden. Ejec.registr. Ejec.resuelt. Cautelares Autos ejec.

401 403 255 231 300 542 77 273

Para valorar si esta puntuación es correcta, acudimos a los datos del Juzgado de Menores nº 1 de Málaga y resulta que, de los 403 asuntos resueltos en el año 2007, 255 lo fueron por sentencia, es decir, el 63,11 %. El resto de expedientes resueltos terminaron por otras causas. Este porcentaje entre asuntos resueltos y asuntos terminados por sentencia viene a ser el medio en los Juzgados de Menores, aunque lo cierto es hay importantes diferencias entre ellos.

De este modo, la baremación en relación a los expedientes de reforma parece ajustarse bastante a la realidad, siempre que se mantenga ese porcentaje (en torno al 60 %), si tenemos en cuenta que habrá asuntos a los que se dediquen más de 2 horas y 52 minutos (habrá audiencias que por sí solas duren más que eso), pero otros se resolverán con un simple auto “de modelo”. Tampoco cabe plantearse una reducción en la baremación porque la tramitación del expediente de reforma puede tener (y frecuentemente tiene) múltiples vicisitudes tales como solicitud de diligencias de prueba denegadas por el Ministerio Fiscal, solicitud de diligencias restrictivas de derechos, recursos de reforma, personaciones, examen de pruebas para el acto de la audiencia, etc, etc. El caso es que, considerados globalmente los expedientes de reforma, el tiempo en que se ha valorado una resolución razonable puede considerarse correcto, siempre y cuando, como se ha dicho, el porcentaje –desconocido- de asuntos que llegan a sentencia dentro del total registrados esté en torno al 60 %.

Y todo ello sin perjuicio de que, como se dijo anteriormente, se considera preferente la modificación de las categorías atendiendo al número de menores implicados en cada procedimiento o incluso la puntuación única para todos los expedientes de reforma, en una cifra prudencial de 4 puntos.

3.2.- Ejecutorias

No puede ocurrir lo mismo, sin embargo, con las ejecutorias. Llama poderosamente la atención que el informe proclame (folio 131) “que la ejecución es la clave de la Justicia de Menores”, que el interés del menor “en la ejecución cobra su mayor dimensión, pues es el que va a determinar el contenido concreto de la intervención educativa” y que “la Jurisdicción de Menores es una Justicia personalizada, debiendo atenderse a todas las circunstancias personales, sociales y familiares del menor y éstas marcan todas las vicisitudes de la ejecución, siendo necesario su adaptación constante a través de la sustitución de medidas”.

Es más, continúa el informe diciendo: “La importancia de esta tarea judicial (…) no encontraban su reflejo en la carga de trabajo del órgano”, a lo que podría añadirse, “ni ahora tampoco”, y es que distingue el informe también entre la complejidad de las medidas y asigna la siguiente puntuación:

1.- Asuntos de complejidad alta: internamientos y convivencia con grupo educativo o familia, 1 punto, es decir, 1 hora.

2.- Complejidad media: todas las que no se comprenden en los otros dos apartados: 0,8 puntos, es decir, 48 minutos.

3.- Complejidad baja: privación del permiso de conducir y/u otras licencias y amonestaciones, 0,15 puntos, es decir, 9 minutos.

Evidentemente, sólo puede considerarse ajustada la baremación para la amonestación, que incluso puede considerarse “sobrevalorada”; pero, aun así, ello no compensa la absoluta desproporción que se establece respecto a las otras medidas. Lo más llamativo, como se acaba de decir, es que el propio informe reconoce la importancia de la ejecución, no sólo a nivel teórico (para cumplir el fin último de nuestra jurisdicción, etc., etc.), sino a nivel de trabajo del Juzgado y del Juez. Es decir, como todos sabemos (y el propio informe empieza admitiendo), la ejecución “normal” de una medida exige tiempo y un número importante de resoluciones. Pensar que una hora es el tiempo razonable de dedicación a la ejecución de una medida de internamiento es, o bien desconocer absolutamente en qué consiste dicha ejecución y lo que puede suceder en ella (que parece que no es el caso, pues el propio informe del Consejo admite su complejidad), o bien pretender que esa ejecución se limite a una sucesión de resoluciones “automáticas”, sin detenerse mucho (lo que tampoco parece querer el propio informe, que –como se dijo antes- habla de una “Justicia personalizada” –folio 131).

Y lo anterior es todavía más patente en el caso de la libertad vigilada, para cuya ejecución se ha previsto “un tiempo razonable anual” de 48 minutos. En dicho tiempo hay que leerse el Programa Individualizado de Ejecución, los informes que vayan llegando, resolver ante posibles incumplimientos, acordar un posible internamiento, cesar anticipadamente, etc., etc.

Además de ello, y a diferencia de lo que ocurría con los expedientes de reforma, en que unos podían complicarse y otros archivarse desde el inicio, en las ejecutorias de complejidad máxima o media no hay extremos que se puedan compensar. En una ejecutoria de internamiento o libertad vigilada, como mínimo, hay que leerse (aunque sea por encima) el correspondiente Programa y los informes que se vayan remitiendo y analizar si los objetivos propuestos se van cumpliendo a efectos, por ejemplo, de un cese anticipado. Con estas actuaciones ya se excede, sin duda alguna, de esos tiempos de 1 hora (para los internamientos) y 48 minutos (para la libertad vigilada). Si además se producen esas otras incidencias “normales” como incumplimientos, sustituciones, suspensiones, recursos contra sanciones en centros, refundiciones, etc., sólo puede concluirse que esa puntuación es, como se ha dicho, absolutamente irreal.

También se llega a la misma conclusión si, como hicimos respecto a los expedientes de reforma, tenemos en cuenta el global de las ejecutorias. Así, si el informe del Consejo prevé que 417 expedientes de reforma se resuelvan en 1200 horas, en cuanto a las ejecutorias, contempla que 313 se resuelvan en 189,95 horas, es decir, a razón de 37 minutos anuales por ejecutoria (189,95 horas/ 313 ejecutorias).

Finalmente, y para ilustrar aún más este aspecto, si acudimos a nuestro Juzgado Tipo real, es decir, al Juzgado nº 1 de Málaga, resulta que en el año 2007 dictó, según la estadística del propio Consejo (recogida en la Web), 273 autos de modificación, sustitución o cese anticipado, 121 autos en materia de régimen disciplinario y 411 autos al amparo del artículo 44.2 de la LORPM. Aunque no consideremos estos últimos (pues muchos de ellos serán de aprobación del P.I.E., aunque al menos habrá que comprobar que se ajustan a lo dispuesto en la sentencia), el tiempo considerado “razonable” para cada una de las otras resoluciones sería de 29 minutos (189,95 horas/394 asuntos), sin contar ninguna otra actividad de ejecución, más que esos autos.

La conclusión por tanto, es que las ejecuciones están valoradas muy por debajo de su duración real, y de ahí la propuesta que va a hacerse posteriormente.

3.3.- Resto de actuaciones.

Barema también el informe las medidas cautelares, entrevistas con menores y visitas a centros de menores y grupos educativos. Las puntuaciones que se asignan no merecen especial comentario, al margen de las consideraciones generales sobre la infravaloración de las actuaciones más frecuentes. Así, es llamativo que se puntúe cuatro veces más una visita a un centro de internamiento que una entrevista con un menor interno, pues esta última sin duda tiene mayor trascendencia. La única explicación posible es que mientras que las visitas a centros sólo suponen el 1,37 % de la actividad del Juzgado, las entrevistas a menores constituyen el 8,11 %, lo que, siguiendo el “criterio general” ya hace merecedora a esta actuación de una puntuación menor.

Otro factor a tener en cuenta es la distancia entre el Juzgado de Menores y los centros de internamiento, dándose la paradójica circunstancia de que las comunidades autónomas más extensas suelen ser las menos pobladas y, por tanto, las que cuentan con menos centros de menores, lo que obliga a desplazamientos largos y, en consecuencia, en los que se emplea mucho tiempo (por ejemplo, Castilla y León o Castilla-La Mancha, pudiendo también incluir Andalucía donde, a pesar de tener más centros, las distancias son también considerables).

Parte IV

Conclusiones

De acuerdo con lo expresado anteriormente, se realizan las siguientes conclusiones:

Primera.

Rechazamos, de plano, el cálculo que se ha realizado con relación a las horas netas, por los motivos expuestos.

Entendemos que lo que se pretende es cuadrar las estadísticas del año 2007 con la planta actual, para justificar engañosamente la innecesaria creación de juzgados o de unidades judiciales. No podemos olvidar que, según los datos de que disponemos, en la anualidad del 2007, nada más y nada menos que un total del 41’05 % de jueces y magistrados, superaron los módulos (anulados por el TS) durante el primer semestre y el 38’23% lo hizo el segundo semestre (una media del 39’65% de jueces y magistrados durante toda la anualidad 2007). Los jueces demostraron entonces su capacidad de sacrificio en aras de una situación coyuntural que ahora pretende perpetuarse.

Ese exceso de productividad sobre el 100% debe descontarse del denominado índice resolutivo. Tal exceso de productividad (opción legítima de algunos jueces y magistrados compensada con una miserable retribución) no puede promediarse para fijar ahora el módulo de carga de trabajo máxima razonable de juzgados y tribunales. No tenemos los datos exactos, pero, según las informaciones publicadas en la prensa, suministradas por el CGPJ, el número de asuntos resueltos en el año 2007 se elevo a la cantidad de 8.260.000.

En suma, los resultados obtenidos durante el año 2007 deben analizarse sin el efecto multiplicador de la productividad, descontando ese 39,65 % (exceso de productividad) de los resultados de dicho año. El índice resolutivo debe minorarse teniendo en cuenta dichos datos, sin que pueda pretenderse que los efectos extraordinarios y excepcionales de la productividad, puedan pasar a considerarse lo normal a resolver por el número de jueces y magistrados sentenciadores.

Segunda.

Se desconoce la metodología empleada.

Este dato es imprescindible y debe figurar en cualquier estudio riguroso, y el que ahora se somete a informe debería serlo ya que se trata de cuantificar la medición del tiempo de trabajo fijado en 37,5 horas/semanales para todos los jueces y magistrados del Reino de España. Todas estas cuestiones deberían figurar en un estudio del calado del que nos ocupa. Sin subjetividad, con rigor, utilizando la técnica estadística y ficha técnica, conforme a la metodología aplicable a las ciencias sociales. Nada de esto aparece o se vislumbra en el Estudio de la Inspección.

Entendemos que la realización seria y rigurosa del Estudio objeto de este informe debería haber contado con una ficha técnica, con una muestra de la población a analizar (esto es, juzgados y tribunales), con el sistema estadístico predeterminado, de, al menos, el 7%, como mínimo o, en todo caso, del 5 %, que fue lo que hizo en su trabajo profesional y objetivo la empresa Steria, Norman & Broders, con estratificación de la muestra dentro de los distintos órganos jurisdiccionales, con órganos de distintas poblaciones. Todo ello con objeto de examinar la diversidad de problemas que se presentan dentro de cada jurisdicción, de conformidad con el territorio. Así, por ejemplo, no son los mismos problemas los que se plantean en las grandes ciudades, que en el resto.

No entenderlo así, supondría, de facto, una nueva disfunción y, en su caso, un empeoramiento sobre las condiciones de trabajo. Este extremo ya se puso de manifiesto en las Juntas de Jueces celebradas en todo el Reino de España en fechas recientes, en un concreto apartado en el que se expresaba que la carga de trabajo debía ajustarse a lo que estableció la sentencia del Tribunal Supremo, mediante un análisis individualizado caso por caso, sin que los nuevos módulos pudieran ser más gravosos que los anteriores.

Se deben analizar las materias de forma individualizada. Ni tan siquiera sirve, a tenor de lo establecido por Tribunal Supremo, el análisis más genérico por materias, sino que debe ponderarse, dentro de cada materia, las especificidades propias. Así, por ejemplo, en el procedimiento sancionador, no es lo mismo una sanción de tráfico, que una de consumidores y usuarios, que una de seguridad social, que una de urbanismo, que una de caza, de tenencia de armas, de tenencia de animales potencialmente peligrosos, de transportes, con un elenco elevadísimo de tipos, etc. Todo ello en aras del cumplimiento de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con objeto de satisfacer la tutela judicial efectiva, como valor superior de la vigente Constitución Española de 1978.

Con la elaboración de las cargas de trabajo, lo que no puede pretenderse es que se acabe con la pendencia, ya que si se tienen en cuenta los datos de la memoria del CGPJ, el número de asuntos desde el año 2005 al 2008 ha pasado de 6.200.000 a 8.900.000 en números aproximados un incremento de unos 3.000.000 de asuntos. Si se tienen en cuenta los datos ofrecidos recientemente por el Presidente del Consejo del Poder Judicial en el Parlamento, el número de asuntos ingresados se elevó a 9.094.000, permaneciendo igual el número de jueces sentenciadores.

No se trata de cuadrar las estadísticas del año 2007, en relación con el número de jueces y magistrados existentes en la actualidad (que es lo que infiere del Estudio objeto de este informe). De lo que se trata es de atribuir a los juzgados y tribunales una carga de trabajo razonable y máximo; y si, para ello, se quiere tomar como parámetro la jornada que se realiza en el sector público, deberán de valorarse de forma individualizada todas las tareas que se realizan desde que entra un asunto en un juzgado o tribunal, hasta que se archiva, rechazando por tanto, la forma de cálculo que se realiza en el estudio que es objeto del informe.

Tercera.

Se desconoce el entorno en relación con el número de jueces, así como las resoluciones de los organismos internacionales en la materia.

Debe de tenerse en cuenta, el dictamen del Consejo de Europa para 2007, en el que se expresa que, la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes es, en el Reino de España, de 10,1 ―en algunos casos como Madrid, no llega―, mientras que en Europa la media es de 19,8 por cada cien mil habitantes. El informe del Consejo de Europa del año 2008 (Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia), con referencia a datos del año 2006, nos sitúa en el puesto número 38, sobre 47 países, en relación con el número de jueces por cada cien mil habitantes.

El artículo 1.6 de la Carta Europea de los jueces (1998) establece que los gobiernos deben dotar a los jueces de medios para poder dar respuesta en plazo razonable. Con nuestra ratio (puesto 38 sobre 47 países, según informe del año 2008), resulta imposible dar una respuesta en tiempo razonable. Desde luego, lo que no puede pretenderse es cuadrar los números mediante el establecimiento de una carga de trabajo inasumible, realizando las medianas estadísticas del año 2007, ya que suponen un agravamiento en el carga de trabajo, incluso en relación con el módulo del año 2003, que fue anulado por el Tribunal Supremo.

Igualmente debe destacarse la declaración de SINGHVI en su artículo 33 que expresa que el Estado deberá proveer de recursos adecuados con objeto de permitir que la Justicia se administre en debida forma, con incremento de medios materiales adecuados para el mantenimiento de la independencia Judicial y de la eficacia, así como presupuestos para su funcionamiento.

Cuarta.

El modelo adolece de indefinición que genera indefensión.

El modelo que se nos presenta adolece de una indefinición de carácter general, que genera indefensión a los jueces y magistrados, ya que resulta imposible determinar con carácter general en cualquier orden jurisdiccional, el número de asuntos máximo que debe entrar en un año para superar la carga de trabajo máxima razonable. Este es un dato de vital importancia a la hora de poder planificar la planta judicial; dato absolutamente necesario para limitar el número de asuntos que, con carácter general, deben ingresar en un juzgado o tribunal. A partir de dicho número, que sí se encontraba cuantificado en el módulo del año 2003 y en el estudio de la empresa Steria Norman & Broadbent, por los órganos competentes, en esto caso el Ministerio de Justicia, se debe proceder a la creación de nuevos órganos jurisdiccionales.

Con este estudio que se nos presenta para informe, resulta imposible determinar el número de asuntos de entrada necesarios para la realización de esas hipotéticas 1.404 horas anuales netas, ya que se trata, ni más ni menos, que de las variaciones de X elementos tomados dos a dos, y la resultante puede ser elevadísima, ya que, en cada orden jurisdiccional existen no menos de diez o doce grupos distintos de materias. De ahí que la variación de uno solo de los elementos que se expresan en el Estudio de ese “hipotético” e irreal juzgado o tribunal, haga que se descompense todo el sistema y por tanto, se desconozca qué número de asuntos debe resolverse y qué número de asuntos debe ingresar cada juzgado. Así resulta completamente imposible realizar una programación y un cómputo que se ajuste a lo pretendido por el Estudio, porque, dependiendo de múltiples variables, los resultados serán distintos, incluso dentro del mismo orden jurisdiccional.

Rechazamos por tanto, el estudio realizado, en tanto que genera indefensión, imposibilitando conocer de antemano la posibilidad de incremento de planta judicial, el número de asuntos que deben ingresar en cada juzgado y, por ende, el número de señalamientos que deben realizarse con carácter anual, dato éste que con el estudio, se conocerá una vez finalizado el año en curso.

Quinta.

Lo que deberían ser los módulos de entrada o la carga máxima de trabajo razonable anual de los Juzgados de Menores. Propuestas concretas.

a.- La conveniencia de modificar el contenido de las categorías de asuntos o expedientes de reforma, atendiendo no tanto a la gravedad del delito como al número de menores implicados.

b.- La necesidad de sustituir la baremación de las ejecutorias de alta y media complejidad, sustituyendo la actual baremación de 1 y 0,8 puntos por 3 y 2 puntos, respectivamente.

c.- La posibilidad de contemplar de alguna manera la realidad de los largos desplazamientos para realizar las entrevistas con los menores y las visitas a los centros de internamiento.

De acuerdo con las propuestas anteriores, se ofrece el siguiente cuadro, en sustitución del incorporado al estudio del CGPJ, modificando tanto las horas de la jornada neta anual como la puntuación de las ejecutorias, y todo ello sin perjuicio de las consideraciones generales que se han realizado en las conclusiones anteriores, relativas tanto a la errónea determinación de la jornada neta anual, como a la puntuación asignada a cada actividad, como a la falta de explicación de determinadas conclusiones.

JUZGADO TIPO A 1402 PUNTOS (propuesta)

PROCEDIMIENTO Nº ASUNTOS % CU CT TOTAL PUNTOS HORAS JDO. IDEAL ASUNTOS JDO. IDEAL REDONDEO

ASUNTOS COMPLEJIDAD ALTA 23 2,63 10 230 170.16 17.01 17,00

ASUNTOS COMPLEJIDAD MEDIA 293 33,49 3 879 650.43 216.81 217,00

ASUNTOS COMPLEJIDAD BAJA 101 11,54 1 101 74.73 74.73 75,00

M. CAUTELARES 41 4,69 1 41 30.33 30.33 30,00

EJEC. PENAL COMP. ALTA 48 5,49 3 144 106.53 35.51 36,00

EJEC. PENAL COMP. MEDIA 208 23,77 2 416 307.81 153.9 154,00

EJEC. PENAL COMP. BAJA 57 6,51 0,15 8,55 6.32 42.13 42,00

EJECUCION CIVIL 21 2,40 0,75 15,75 11.65 15.53 16,00

ENTREVISTAS MENORES 71 8,11 0,5 35,5 26.27 52.54 53,00

VISITAS C. INTER. GR. EDUCATIVO/FAMILIA 12 1,37 2 24 17.76 8.88 9,00

TOTAL 875 100 1894.8 1401,99 647.37 649

De acuerdo con esta propuesta, un Juzgado de Menores con una carga razonable es el que registrase, anualmente, 309 expedientes de reforma (17+217+75) y 232 ejecuciones penales (36+154+52), es decir, en total, sumando el resto de actuaciones, 649 asuntos, (en vez de los 794 que se recogen en el informe del CGPJ). En todo caso, debe tenerse en cuenta que estos números no tienen por qué coincidir con los asuntos pendientes sino con los registrados, es decir, normalmente el número de ejecutorias “vivas” en el Juzgado será mayor porque las hay de duración superior al año.

Bastaría la reforma en los términos propuestos, es decir, simplemente aumentar la valoración de las ejecuciones de máxima y media complejidad para establecer un módulo máximo razonable de carga de trabajo, que pueda, como dice el informe, orientar futuras decisiones en materia de planta judicial, de modo que:

1.- Cuando un Juzgado de Menores exceda de 541 asuntos registrados (entre expedientes de reforma y ejecuciones), se considere que está asumiendo una carga de trabajo superior a la razonable.

2.- Cuando un Juzgado de Menores o el conjunto de los Juzgados de una población estén próximos a los 1000 asuntos registrados (entre expedientes de reforma y ejecuciones), se acometa con carácter urgente la creación de un nuevo Juzgado.

Madrid, 17 de abril del año 2009

ASOCIACION FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE