17/04/2009

Informe que emite la asociación de jueces y magistrados

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE,

como alegaciones al

«Estudio de la medición de la carga de trabajo de

Los Juzgados Mixtos ».

Sumario

Parte I

Sobre los Principios básicos del sistema.

Jornada neta anual fijada en 1404 horas

Parte II

De la “finalidad” y “metodología” del Estudio realizado por el Servicio de Inspección

1. Finalidad

2. Metodología

Parte III

Sobre la baremación de los procedimientos

1. De la valoración en general de los distintos procesos

1.1. El supuesto soporte del subjetivismo de la valoración

1.2. Trabajo con los jueces y magistrados asesores externos

1.3. Proporción o «media» con asuntos que no terminan por sentencia

2. Las concretas puntuaciones de los procedimientos

2.1. Los parámetros de dedicación

2.2. El cronograma: ¿Qué cronograma?

2.3. Faltan definiciones

3. Baremación de los juzgados mixtos

Parte IV

Conclusiones

Parte I

Sobre los Principios básicos del sistema

Jornada neta anual fijada en 1404 horas

El estudio realizado por el servicio de inspección, parte de una premisa inaceptable, por inexacta: Fija la jornada anual neta del juez o magistrado en 1.404 horas. El cómputo no se ha hecho adecuadamente por el Servicio de Inspección, y así tenemos:

La duración máxima de la jornada de trabajo en la Administración de Justicia será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1625 horas anuales. A tal fin, el Servicio de Inspección ha tenido en cuenta la Resolución de 15 de julio de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo, en cómputo anual ,y las de las jornadas en régimen de dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia.

1. De dicha duración deberán descontarse:

1.a) 14 días festivos anuales x 7’5 horas/día = 105 horas.

2 días (24 y 31 de diciembre) x 7’5 horas/día = 15 horas.

Justificación: El artículo 182 de la LOPJ declara inhábiles a efectos procesales los días de fiesta nacional, los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma y localidad, así como los días 24 y 31 de diciembre.

1.b) 18 días de asuntos propios x 7’5 horas/día = 135 horas.

Justificación: El artículo 373.4 de la LOPJ prevé que los jueces y magistrados puedan disfrutar de 6 permisos en el año natural, de 3 días cada uno de ellos.

1.c) “Pausa diaria” de 30 minutos x 5 días (semana) x 47 semanas (año) = 117’5 horas.

Deducciones: 18 días de asuntos propios + 14 días festivos + 24 y 31 de diciembre = 34 días x 30 minutos = 17 horas.

TOTAL: 100 ,5horas.

Justificación: La disposición tercera, apartado 4, de la Resolución de 5 de diciembre de 1996 (RCL 19963051), (Instrucciones sobre jornada y horarios de los funcionarios de la Administración de Justicia), determina que «Se podrá disfrutar de una pausa diaria en la jornada de trabajo por un período de treinta minutos, computable como trabajo efectivo». La Resolución de 5/12/1996 solo fue derogada por la Resolución de 15 de julio de 2005 (RCL 20051670) en cuanto se opusiere a esta última Resolución. Y, en materia de pausa diaria no hay oposición alguna entre una y otra Resolución.

1.d) Jornada de verano (16 junio a 15 septiembre). Reducción de 5 horas semanales x 10 semanas = 55 horas.

Justificación: Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, la jornada laboral se reduce en 5 horas semanales (32’5 horas/semanales) para funcionarios y Secretarios judiciales (disposición 8ª de la Resolución de 17/07/2005). Se trata de medir la carga de trabajo que razonablemente puede asumir un órgano judicial y, por ende, habrá de tenerse en consideración la jornada reducida del personal del juzgado que, durante ese tiempo de ausencia, no podrá colaborar en absoluto en la tramitación de los asuntos.

Aunque la totalidad del período de jornada reducida de verano abarca 12 semanas (2 de junio, 4 de julio, 4 de agosto y 2 de septiembre), hemos considerado proporcionado tomar solo en consideración 10 semanas porque los jueces y magistrados disfrutan sus vacaciones mayoritariamente en el mes de agosto (julio o septiembre, en otro caso), pero no absolutamente todos lo pueden hacer precisamente en esas mensualidades. Entre las 12 semanas del período total y las 8 semanas que corresponderían excluyendo el mes de agosto, hemos optado por el cómputo prudencial de 10 semanas.

1.e) En algunas comunidades autónomas el horario de los funcionarios es de 35 horas semanales. Así se fija, por ejemplo, en Madrid, en Andalucía, por el artículo 4.2 de de la Orden de 31/10/2007 (Consejería de Justicia y Administración Pública) (BOJA 221/ 2007, de 9 de noviembre; rect. BOJA 240/2007, de 7 de diciembre [LAN2007489]).

En Semana Santa y Pascua también se fija jornada de horario reducido en las comunidades autónomas. Por ejemplo, la Resolución de 1 de abril de 2009, del Director General de Justicia y Menor (Comunidad Valenciana), acuerda que los días 14, 15, 16 y 17 de abril (de este año 2009) se reduce la jornada laboral, de obligado cumplimiento, a 5 horas diarias.

Además, durante las fiestas patronales de prácticamente todas las grandes ciudades, pequeñas capitales de provincias e incluso pueblos (Madrid, Sevilla, Tenerife, Zaragoza, León, por citar algunos casos conocidos), las correspondientes Consejerías de Justicia fijan una reducción de jornada de una hora diaria (o más) a los funcionarios. Todo ello debería tenerse igualmente presente para la determinación de la jornada anual neta, descontándose del cómputo hecho por el Servicio de Inspección.

Tampoco se han tenido en consideración los días adicionales de permiso o vacaciones según el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril), o sobre conciliación de la vida laboral y familiar… etc. Por otra parte, habrían de tenerse en cuenta contingencias comunes, como son las enfermedades, intervenciones quirúrgicas, embarazos, tomas de posesión en cambios de destinos, así como otras contingencias que pudieran presentarse; y, en general, otros permisos y licencias susceptibles de concederse (véanse precedentes jurisprudenciales al respecto; vg., STS [Sala 3ª, Sección 7ª] de 18/04/2008 [RJ 20082461]). y otras anteriores y posteriores

Todo este conjunto de eventualidades y/o circunstancias, no pueden ignorarse por completo. Por contra, entendemos que deben tenerse también presentes para la determinación de la jornada anual neta, descontándose del cálculo que se contiene en el Estudio sometido a consideración. A nuestro criterio, ese descuento no puede ser inferior, prudencialmente, al 10% de la jornada máxima (1.625 X 10% = 162’5 horas).

1.f) Asistencia a cursos, estudio y formación por medios propios. Incongruentemente, el Servicio de Inspección señala que debe restarse por estos conceptos un 10% de la jornada máxima en cómputo anual (equivalente a 1625 horas anuales) y, sin embargo, se limita a restar 153 horas, cuando el 10% de 1625 horas son 163 horas.

Los conceptos que el propio informe señala como comprensivos de esa reducción son exclusivamente tres, en una lista cerrada: asistencia a cursos, estudio y formación por medios propios (pág. 5 del Estudio).

Hay otros conceptos que no han sido tenidos en consideración: tiempo dedicado a la atención de los profesionales (abogados, procuradores) y a la de los propios justiciables, lectura de correos profesionales (ordinario y electrónico), BOE y sentencias novedosas.

El tiempo invertido en todas estas actividades (las señaladas por el Estudio más las añadidas en este Informe), no deben computarse en menos del 15% de la jornada máxima de cómputo anual (equivalente a 1625 horas); es decir, 244 horas.

RESUMEN:

Horas brutas Horas de descuento Jornada anual NETA

Trabajo efectivo cómputo anual 1.625

Festivos, más 24 y 31 de diciembre 120

Días asuntos propios 135

Pausa diaria 100,5

Jornada de verano 55

Eventualidades y/o circunstancias del apartado 1.e) 162’5

Formación, atención público, examen de BOE, correo… 244

TOTALES 1.625 816’5 808 horas

Parte II

De la “finalidad” y “metodología” del Estudio realizado por el Servicio de Inspección

Desde la asociación Foro Judicial Independiente, pensamos que la finalidad de estos módulos no es, ni mucho menos, la de «ajustar la carga de trabajo a unos niveles razonables que permitan, tanto el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, como la conciliación de la vida laboral y familiar» (como pomposamente se dice en la Introducción del Estudio). Tampoco damos crédito a la metodología que se dice empleada para fijar la medición de la carga de trabajo ―que desde este mismo momentos solicitamos que se tome por el CGPJ como carga MÁXIMA RAZONABLE (resaltamos el término “máxima”) ―.

1. Finalidad

La baremación que se ha hecho «persigue», a nuestro juicio, dar carta de naturaleza a las insuficiencias estructurales del sistema, ocultándolas de forma eufemística, bajo el expediente de presumir «normal» y de convertir en «ordinario» lo que han sido «rendimientos» extraordinarios de jueces y magistrados.

a) El planteamiento del Servicio de Inspección es similar, en su finalidad, a la enmienda 631 del Grupo Socialista para modificar la LOPJ en el año 2006:

Congreso 8 de junio de 2006. Serie A. Núm. 69-15

ENMIENDA NÚM. 631

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista del Congreso

De modificación al artículo octavo la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

De adición.

Se añade un nuevo apartado, con la numeración que corresponda, para introducir tres nuevos párrafos en el apartado 4 del artículo 403, que pasa a tener la siguiente redacción:

«4. Las retribuciones variables por objetivos estarán vinculadas al rendimiento individual acreditado por cada juez o magistrado en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y profesionales.

Todos los jueces y magistrados estarán obligados a alcanzar un objetivo normalizado, que no podrá ser inferior al rendimiento medio de los órganos unipersonales o, en su caso, colegiados en los que se integre, correspondiente a los cinco años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la presente ley, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial podrá determinar por vía reglamentaria los factores de corrección que puedan incidir individualmente en la consecución del objetivo antedicho, previo informe favorable del Ministerio de Justicia.

Si estas correcciones tuviesen repercusión presupuestaria, se requerirá informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.»

Lo que no se pudo introducir por aquella enmienda en sede parlamentaria ―entre otras razones, por la oposición frontal de todas la asociaciones judiciales― se pretende ahora implantar, bajo pretexto de estudio de medición de carga de trabajo, dentro del programa de modernización que preconiza el actual CGPJ.

b) Los jueces hemos vivido engañados y hemos sido utilizados, durante los pasados años.

Se nos dijo que la superación de los módulos era un esfuerzo al que debíamos colaborar, que era coyuntural. Una gran mayoría de la carrera judicial optó por trabajar a destajo por muy variadas razones, sacrificándose —estoicamente y por una miserable compensación económica— para suplir esas carencias estructurales. Y ahora se opta por hacer unas previsiones excesivas―por elevadas, en todos los ordenes jurisdiccionales, para evitar crear las unidades judiciales realmente necesarias; previsiones que se han basado en la productividad de los jueces en el año 2007, como si hubiéramos trabajado durante esa anualidad tan solo 37’5 horas semanales brutas.

Pues no. Precisamente en esa anualidad es en la que se hicieron los mayores esfuerzos por la carrera judicial, con horarios infrahumanos de más de 10 y 12 horas diarias, trabajando sábados y domingos, pidiendo días de asuntos propios para dictar sentencias, etc., etc. Ese sobreesfuerzo se agradece ahora convirtiéndolo en la «norma». Es inaceptable, máxime si se tiene en cuenta que, según los datos que se han obtenido, un alto porcentaje de magistrados y jueces superó durante el año 2007 el módulo establecido (41’05% durante el primer semestre y 38’23% el segundo semestre), con arreglo a la legalidad vigente, véase ley de retribuciones, en una opción legítima y legal. Ahora se promedia ese alto porcentaje para obtener la mediana estadística.

2. Metodología

La metodología seguida ha sido la de ir ajustando los números a un resultado prefijado: MEDIANA ESTADISTICA del año 2007, ajustado a la conveniencia, no de superar la carga irrazonable de trabajo que pesa sobre los órganos judiciales, sino de aminorar de cara a la galería el número de unidades judiciales verdaderamente necesarias.

Buena prueba de ello es que, en la memoria de los letrados de la Inspección del grupo de trabajo para todos los órdenes jurisdiccionales, en el memorándum del 9/02/2009 se partía de un total de 1.672 horas anuales para llegar, con los descuentos, a 1.404 horas netas. Tras darse cuenta la Inspección de que el total de horas anuales era menor, 1.625 horas (Resolución de 15 de julio de 2005), el número de horas netas, sin embargo, se ha mantenido en las mismas 1.404 horas anuales. ¿Cómo? Muy fácil: las reducciones que antes (el 9/02/2009) estaban perfectamente justificadas para el Servicio de Inspección, ahora se reducen para ajustar el resultado final. En concreto:

Horas totales/año Reducciones totales Horas netas/año

Memoria de 9/02/2009 1.672 268 horas 1.404

Estudio de marzo 2009 1.625 220’5 horas 1.404’5

No existe ninguna razón objetiva para que en febrero se tenga por correcto reducir un total de 268 horas al año y un mes después, la reducción quede disminuida a 220’5 horas. La única razón es que el resultado final tenía que encajar fuera como fuese.

Llama también poderosamente la atención que, habiéndose encargado por el CGPJ un costoso informe (varios cientos de miles de euros) a una empresa externa y profesional (“Steria Norman & Broders”), sobre valoración del desempeño de jueces y magistrados, fechado en febrero de 2004, no se haya tenido en absoluto en consideración. Quizás se deba a que se ajustaban demasiado a la realidad, en vez de a los criterios estajanovistas que ahora nos presentan.

Parte III

Sobre la baremación de los procedimientos

1. De la valoración en general de los distintos procesos

Donde el Estudio se antoja más censurable, a nuestro entender, es en la baremación por clases de asuntos y materias, que actúa —según se dice— como verdadero soporte del sistema. Se reconoce en el Estudio la gran carga subjetiva que comporta esta valoración y, seguidamente, para justificar el resultado, se afirma que se trata de “subjetivismo debidamente sustentado en el conocimiento directo de la labor y experiencia profesional”. De nuevo hemos de poner en cuestión estas afirmaciones del Servicio de Inspección. Vemos por qué razón.

1.1. El supuesto soporte del subjetivismo de la valoración

Según el Servicio de Inspección, el supuesto “sustento” de la valoración hecha en su Estudio radica en «haber recurrido a asesores externos, intentando que resultaran representadas la máxima variedad de situaciones en función de cada tipo de órgano». La supuesta colaboración de estos asesores externos se explica en el Estudio del siguiente modo:

Haber enviado a estos asesores externos un cuestionario en el que se sometían a su consideración múltiples aspectos de interés para la baremación.

Se les solicitó una valoración porcentual de la mayor parte de las categorías de procedimientos que tienen entrada en el órgano, lo que se combinó con la cumplimentación de un cronograma, cuya finalidad era conocer su opinión sobre la distribución de la jornada de trabajo semanal entre cada una de las tareas cotidianas que realiza un Juez o Magistrado.

Finalmente «… reunido el grupo de trabajo con los asesores, se hizo una puesta en común de los cuestionarios cumplimentados, contrastando y analizando sus diferencias de criterio y las explicaciones dadas por cada uno. Para realizar una comparación lo más coherente posible se partió de un procedimiento estándar que pudiera servir de referencia para la medición de la carga de los demás asuntos. Primero se obtuvo una ponderación comparativa de todas las clases de asuntos (en abstracto, de 0 a 100) y después, para disponer de una escala de conversión a unidades de tiempo de los valores resultantes, se elaboró un cronograma del procedimiento estándar consistente en la medición temporal de cada una de las fases o etapas procesales que conforman su trámite, pero siempre de trabajo efectivo, lo que diferencia esta forma de cálculo de la propia de los tiempos de respuesta. Se procuró el acercamiento a duraciones promediadas, que pudieran dar cabida a las situaciones más comunes y, a la vez, compensar entre sí las extremas y descartar las anecdóticas…».

Añadiéndose que «… asimismo, se han tenido en cuenta para fijar las puntuaciones la proporción de asuntos que no terminan por sentencia, para obtener una media que refleje lo más fielmente posible la carga de trabajo del juzgador, por lo que la puntuación no pretende valorar el tiempo de dedicación de éste a un asunto concreto, sino el promedio que resulta de computar, dentro de la clase puntuada, aquellos asuntos que se sobreseen, son desistidos, etc., junto con los que efectivamente llegan a ser conocidos por el Juez o Magistrado en toda su extensión, incluyendo vistas, atención a profesionales y a los justiciables y resoluciones …».

1.2. Trabajo con los jueces y magistrados asesores externos

En el caso de todos los órdenes jurisdiccionales, unipersonales y colegiados. la supuesta puesta en común y acercamiento del trabajo de la Inspección con los magistrados , ha sido una falacia. Los módulos que ahora se nos presentan nada tienen que ver con los que se habían consensuado con los magistrados asesores externos de los distintos órdenes jurisdiccionales, que en una primera reunión consensuaron determinados parámetros y en una segunda reunión asistieron a la modificación del valor a la baja sin justificación alguna, por parte de la inspección de los parámetros ya establecidos, y por tanto, los criterios expuestos por los magistrados ,han sido completamente omitidos y no se han tenido en consideración

La nitidez de lo expuesto excusa de cualquier argumento sobre la inexistencia de la menor voluntad de llegar a ningún consenso ni acercamiento. Sencilla y llanamente se ha ignorado por completo a los “asesores” externos y se ha impuesto un criterio productivista, CONSISTENTE, COMO YA SE HA DICHO, EN LA MEDIANA ESTATIDISTICA DEL AÑO 2007.

Por lo demás, no sabemos, porque el Estudio no lo explica, qué pueda ser un procedimiento estándar, para servir de referencia para medición de la carga de los demás asuntos. Tampoco se explica, en absoluto, lo relativo al cronograma de ese procedimiento estándar, consistente en medición temporal de cada una de las fases o etapas procesales que conforman su trámite, pero siempre de trabajo efectivo.

1.3. Proporción o «media» con asuntos que no terminan por sentencia

Otro de los criterios tenidos en consideración por la Inspección para puntuar los procedimientos ha sido no distinguir entre los modos de finalización de los mismos, de manera que TODOS los de una misma categoría o clase, acaben por auto o por sentencia, se computan igual.

El criterio nos parece acertado, si es que se han tenido en consideración, pero no lo es tanto la “media” o «promedio» que se ha establecido en el orden contencioso-administrativo y, en otro caso, deben valorarse todas las actuaciones judiciales, que finalicen por autos..

En efecto, se dice textualmente en el Estudio que “se han tenido en cuenta para fijar las puntuaciones la proporción de asuntos que no terminan por sentencia, para obtener una media que refleje lo más fielmente posible la carga de trabajo del Juzgador, por lo que la puntuación no pretende valorar el tiempo de dedicación de éste a un asunto concreto, sino el promedio que resulta de computar, dentro de la clase puntuada, aquellos asuntos que se sobreseen, son desistidos, etc., junto con los que efectivamente llegan a ser conocidos por el Juez o Magistrado en toda su extensión”. -.

2. Las concretas puntuaciones de los procedimientos

Sentado lo anterior, consideramos que las concretas puntuaciones atribuidas por el Estudio a los distintos procedimientos son fruto del más puro voluntarismo, y en ocasiones, de la arbitrariedad.

Ello nos hace, una vez mas, rechazar el sistema, por arbitrario; y nos ratifica en que, lo que se ha tenido en cuenta, y lo que interesa es cuadrarlo con los datos estadísticos del año 2007. De ahí que, a mayor peso específico de una materia, se atribuya por el Servicio de Inspección una menor puntuación de dedicación, porque de otra manera, los datos estadísticos no les cuadrarían, resultando una puntuación algo más acorde, en aquellos asuntos que pueden denominarse marginales, por la ausencia significativa y peso específico de los mismos.

2.2. El cronograma: ¿Qué cronograma?

Tampoco sabemos con qué clase de «cronograma» se ha llegado a la «brillantísima» conclusión de que un asunto se puede puntuar por razón de tal equivalencia hora-punto cuando en realidad se omiten necesarias actividades que conlleva la tramitación de ese asunto, o incluso se omiten asuntos propios del funcionamiento ordinario de un Juzgado Mixto como son exhortos penales y civiles, diligencias urgentes inhibidas al Juzgado de violencia domestica en materia penal o impugnación de tasaciones de costas en civil por poner un ejemplo.

Para dictar la sentencia, el magistrado, tendrá que leerse detenidamente el expediente administrativo (en muchas ocasiones compuesto de varios tomos de informes ), sacar sus anotaciones; luego toca examinar los autos, releer o visionar los discos de las grabaciones (por el tiempo transcurrido) las declaraciones de los testigos, las ratificaciones y aclaraciones de peritos, consultar jurisprudencia y, por último, redactar la sentencia (lo que significa minutarla por escrito o transcribirla directamente al ordenador). Y todo eso, en las horas de media que se expresa en el estudio es un verdadero dislate.

Lo mismo cabe decir de todos los procedimientos que requieran vista pública.. En el acto de la vista (que aunque sea el acto nuclear del procedimiento, no es el único) comparecen varias partes (actor, parte demandada, en su caso aseguradora demandada o codemandada, contratista o concesionario demandado o codemandado), cada una con su letrado y turno de palabra o intervención, práctica de pruebas e informes orales, iniciales y finales. El dictado de la sentencia, en estos procesos, no lleva menos trabajo que el invertido en el ordinario. A ello hay que añadir el tiempo «invertido» en tramitar (que no solo consiste en señalar el juicio, sino en resolver recursos de súplica nada infrecuentes). ¿Todo esto solo merece, cada asunto el tiempo necesario, siendo prácticamente imposible promediar realmente las horas. Nos parece increíble tal despropósito.

Lo expuesto es sólo un botón de muestra. Desde luego que si el sistema de medición prospera, los jueces nos veremos obligados a hacerlo público, para que la ciudadanía conozca que se nos «obliga» a tramitar y resolver sus asuntos dentro de unos tiempos medios imposibles, verdaderamente kafkianos, y que, esta medición “a la baja” será la cobertura perfecta de cara a la ciudadanía para no incrementar la planta de órganos judiciales, ni tampoco el número de jueces (porque a nadie se le escapa que se intentará de nuevo establecer un módulo de salida, y que tomará como base el confeccionado para la entrada).

2.3. Faltan definiciones

Desde otra óptica, faltan definiciones cumplidas de las categorías que se barajan para la baremación.

Tendrá que puntualizarse o precisarse mucho a este respecto. Y alguien tendrá que valorar la clase de asunto para su categorización de cara al sistema de medición que se pretende implantar (nos oponemos a que por ejemplo, deba ser el secretario judicial el que «decida» qué asuntos son o no «repetitivos», por poner un ejemplo, porque es el juez el que los resuelve y el que de verdad sabe si hay particularidades del caso que excluyan o no esa calificación).

Se trata de una cuestión jurisdiccional, y así se ha puesto de manifiesto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en varias Sentencias que se aportarán en el momento oportuno.

Y cuando llegue la hora de elaborar la “estadística de entrada anual”, se obtendrán resultados diferidos (del año anterior) y habrá que realizar un auténtico esfuerzo (que tampoco se valorará) para discriminar asuntos por categorías.

Asuntos repetitivos

Tampoco es aceptable que los «asuntos repetitivos» se valoren con el 20% del asunto de que se trate. No deben merecer menos de 1’5 puntos, sea cual sea la naturaleza de la materia. El tiempo de tramitación del procedimiento y los problemas interlocutorios que en ellos puedan plantearse no son menores que en los no repetitivos. Y, el redactado de la sentencia, valorando si el supuesto se asimila a otro precedente, con el cuidado necesario sobre las particularidades del caso, requiere de ese tiempo de trabajo como mínimo.

Todo ello sin olvidar que la declaración de la naturaleza de repetitivo es, como ya dijimos, exclusivamente jurisdiccional, por lo que no puede quedar en manos del Decanato ni del Secretario judicial., reiterando doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que, en su momento, se citará.

3. VALORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Según resulta del Informe del Consejo General de Poder Judicial, no puede dejarse de lado que los Juzgados Mixtos presentan una serie de características que los singularizan con respecto a los órganos especializados, haciendo más costoso el desempeño de la función. Entre todas las posibles sobresalen las siguientes dificultades: dificultad organizativa por la compatibilización de las áreas civil y penal, habitual precariedad en la dotación de medios (menor disponibilidad de salas de vistas, alejamiento de la Fiscalía, escasez o ausencia de equipos psico-sociales), plantillas de funcionarios más cortas, menos estables y con mayor porcentaje de interinidad, experiencia del Juez o Magistrado normalmente menos dilatada, índice de rotación de titulares más alto, ausencia ocasional de servicios comunes, etc. Como quiera que la metodología empleada en la creación del nuevo sistema de medición gira entorno a la disponibilidad máxima del tiempo por el titular para desarrollar su potencial tramitador, organizativo y resolutivo, entre las circunstancias mencionadas adquiere especial trascendencia el bagaje de experiencia del Juez o Magistrado y la consiguiente desventaja técnica que suele padecer con respecto a los destinados en órganos especializados. Esta realidad aconseja elevar levemente la baremación de los asuntos tramitados por Juzgados Mixtos en relación con los sustanciados ante órganos especializados, pero no de forma indiscriminada, sino selectivamente, esto es, limitando la compensación al alza a los de superior complejidad técnico-jurídica y mayor grado de intervención del titular en relación con la oficina.

La elevación de la baremación con respecto a los órganos especializados comprende los siguientes procedimientos:

-Primera Instancia: ordinarios, verbales, divisiones de patrimonios y medidas cautelares.

-Familia: asuntos contenciosos (nulidad, divorcio, separación, guarda y alimentos y modificación de medidas), y liquidaciones de régimen económico matrimonial.

-Mercantil: concursos, incidentes concursales, expedientes laborales, ordinarios y verbales.

-Instrucción y Violencia sobre la Mujer: sumarios, jurados, diligencias previas sobreseídas con acusación personada, procedimientos abreviados que tienen por objeto delitos de instrucción compleja y media.

Quedan excluidas las siguientes clases de asuntos, cuya ponderación es la misma que en los Juzgados especializados:

-Primera Instancia: juicios monitorios, cambiarios, sobre capacidad de las personas, internamientos, jurisdicción voluntaria, y ejecución.

-Familia: asuntos consensuados (divorcio, separación, modificación de medidas, guarda y alimentos), jurisdicción voluntaria y ejecución (personal y patrimonial).

-Mercantil: monitorios, diligencias preliminares, medidas cautelares, ejecución y jurisdicción voluntaria.

-Instrucción y Violencia sobre la Mujer: procedimientos abreviados con delitos de instrucción sencilla, juicios de faltas ordinarios, ejecutorias y todos los asuntos característicos del servicio de guardia (procedimientos de extranjería, diligencias urgentes, juicios inmediatos de faltas y órdenes de protección).

-Registro Civil: todos los expedientes, calificaciones y actos formales.

3.1 Orden Civil.

Según el informe del Consejo se eleva la baremación con respecto a los órganos especializados en relación a los procedimientos siguientes:

3.1.1 Primera Instancia: ordinarios de 4,5 puntos se eleva a 7, verbales de 2,5 puntos se eleva a 3, divisiones de patrimonios de 4,25 puntos se eleva a 7, y medidas cautelares de 2 puntos a 2 puntos. NO SE ELEVA.

En la primera comparativa se observa, por tanto, que ni se eleva todo lo que se dice que se eleva ni lo que se eleva se eleva como debiera. Según el propio informe, el Juez del Juzgado Mixto hace de todo, si es necesario, hasta pinta y colorea los calendarios de guardias, especialmente si es el Decano. Y según ese propio informe, que no deja indiferente a nadie, un Juzgado Mixto TIPO sin violencia sobre la mujer ni registro civil, tiene una mediana de ingreso de procedimientos ordinarios de 58, cuando lo cierto es que ni define el TIPO de Juzgado Mixto, ni las bases de su determinación, máxime si se tiene presente que en un solo semestre un Juzgado Mixto (Tipo o no), puede llegar a ingresar una mediana de 47 procedimientos ordinarios, así como 83 procedimientos verbales frente a los 72 de media que establece el Consejo en su informe para el referido Juzgado Mixto TIPO. Por otra parte, y como se ha puesto de manifiesto, se dice que se eleva la baremación de los procedimientos de medidas cautelares cuando tal elevación no es tal sino que se mantiene en dos puntos, sin tener en cuenta la necesidad de celebrar vistas en la mayoría de asuntos sobre medidas vista la excepción contenida en la LEC sobre medidas cautelares sin audiencia del demandado. Dos puntos para las medidas cautelares es absolutamente insuficiente. La vista y resolución llevan bastante más. Debe resolverse, de manera provisional y sin tener todavía todos los datos en la mano, en un plazo muy perentorio, una medida que afectará provisionalmente a los bienes e intereses de quien aún no ha sido condenado. La puntuación debería duplicarse alcanzando los 4 puntos.

Igualmente se considera insuficiente la baremación que se da a la ejecución, salvo que se esté pensando en el modelo futuro, de muy limitada intervención judicial. Desde luego calcular que las ejecuciones personales de familia ocupan sólo dos horas de trabajo del Juzgado es irreal. Hay parejas que desde que se separan o divorcian hasta que el hijo alcanza la mayoría de edad están constantemente en el Juzgado, en los Puntos de Encuentro, con informes, supervisiones, hay que oír a todas las partes, recabar informe del Fiscal, y finalmente resolver teniendo muy en cuenta lo delicado de este tipo de asuntos.

Se entiende que las divisiones judiciales de patrimonio, considerando sus diferentes incidentes, las vistas y las resoluciones que a cada paso hay que realizar, merecen 10 puntos, por cuanto el tiempo que se tarda es muy superior al que se propone.

A tal efecto debe tenerse presente el tiempo dedicado a la celebración de vistas. Vistas civiles tres días a la semana. Con carácter general en todo Juzgado Mixto son tres los días en los que se señalan vistas civiles con un horario aproximado de 9,30 horas a 13,30 horas. Por lo tanto, son cuatro horas diarias, doce horas semanales, por tres semanas como mínimo si sólo se tiene una semana de guardia al mes, que no lo es en todos los casos, vista la diferencia numérica de Juzgados Mixtos en función del Partido Judicial de que se trate, nos da un total de 396 horas anuales. Cabe tener presente que hay Partidos Judiciales únicos que están en guardia a diario, Partidos Judiciales con dos, tres y hasta cinco Juzgados. Si queremos partir del mínimo y fijamos una sola semana al mes serían 132 horas anuales. En cualquier caso, se excluye el mes de agosto, por ser inhábil.

3.1.2 Familia: asuntos contenciosos (nulidad, divorcio, separación, guarda y alimentos y modificación de medidas), y liquidación de régimen económico matrimonial. Se le aplican 3,25 puntos. No sólo no se eleva la baremación sino que se engloba la nulidad dentro del grupo. Esto es, anteriormente se puntuaba la nulidad con 6 puntos, y el resto con 3,25, y ahora todo se equipara a efectos de puntuación, puntuación que en cualquier caso debe entenderse insuficiente si tenemos en cuenta la complejidad de algunos asuntos, así como actividades inherentes a los procedimientos contenciosos de familia, e incluso de mutuo acuerdo, como son la exploración de menores. Si se tiene presente dicha actuación que lleva a cabo el propio Juez y que puede fijarse prudencialmente en dos horas mensuales, resulta un total de 22 horas anuales.

3.1.3 Mercantil: concursos 10 puntos, incidentes concursales 2,5 puntos, expedientes laborales 2,5 puntos y procedimientos ordinarios de mercantil 8 puntos. Si tenemos en cuenta que anteriormente se puntuaban las quiebras y las suspensiones de pagos quita y espera con 12 puntos cada una mal puede entenderse que se haya procedido a elevar la baremación si se tiene presente que lo que queda de procedimientos anteriores conlleva unas horas de estudio añadidas que deberían necesariamente computarse visto el volumen que suelen tener tales procedimientos que han pasado por distintos Jueces.

3.1.4 Reconocimiento de incapaces en los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Aún cuando es cierto que se incluye a efectos del cómputo la jurisdicción voluntaria, distinguiendo entre familia, capacidad y legislación hipotecaria con un punto, y resto de expedientes con 0,5 puntos, si se tienen presente actuaciones tales como el reconocimiento de incapaces, computando como mínimo dos hora al mes para la realización de tal actividad, resulta que por once meses nos da un total de 22 horas anuales. Actuaciones que necesariamente debe realizar el Juez, con señalamiento previsto en la agenda y que en muchos casos conlleva la necesidad de desplazarse al lugar donde se encuentra la persona que debe ser reconocida.

Finalmente no puede obviarse que todo proceso civil, y en general todo proceso de instancia, sea civil, familia, mercantil o jurisdicción voluntaria, conlleva unas horas de consulta diaria con la oficina judicial, de al menos una media hora al día, con más media hora al día de firma de expedientes. En total una hora para dichas actividades, que daría un total de 220 horas anuales que deberían computarse.

3.1.5 Procedimientos omitidos. Sin perjuicio de lo que antecede, respecto al Juzgado de Primera Instancia también hay otras actividades que se ignoran, a pesar de ser también carga de trabajo añadida. Es obvio que son asuntos llevan su tiempo, como mínimo, el de registro y resolución. Todos ellos en la Estadística, en el programa Libra y en los módulos de salida precedentes tienen un registro y reconocimiento específico porque suponen más carga de trabajo del juzgado. Si no se incluyen, no se está midiendo de verdad lo que entra en el Juzgado.

A continuación se señalan algunas de las omisiones con la puntuación propuesta, tomándose como referencia los módulos de salida del año 2005 y en su caso la valoración que a actividades análogas se le da en el estudio de 2009:

1.- Apelaciones de verbales de Juzgados de paz (AVB) 1

2.- Cuenta de. Abogado (CUA) 1

3.- Cuenta del Procurador (CUP) 1

4.- Diligencias Preliminares (DPR) 1

5.- Exacción de multa (EMU) 1

6.- Expedientes gubernativos (GUB) 1

7.- Impugnación resoluciones justicia gratuita (IRJ) 1,5

8.- Impugnación de tasación de costas (ITC) 1,5

9.- Juicio de equidad de la LPH 1

10.- Oposición a medidas sobre menores (OMM) 1

11.- Ejecuciones provisionales (PEP) 0,75

12.- Oposiciones a la ejecución (POJ) 1,5

13.- Prueba anticipada (PRA) 0,75

14.- Tercerías (TCD y TMH) 1,5

15.- Procedimiento del art. 712 de la LEC (712) 1,5

16.- Exhortos civiles (EXH) 0,75

17.- Participación en Junta 2

3.2 Orden Penal.

3.2.1 Instrucción y Violencia sobre la Mujer: sumarios, jurados, diligencias previas sobreseídas con acusación personada, procedimientos abreviados que tienen por objeto delitos de instrucción compleja o media. Según el informe del Consejo la elevación de la baremación con respecto a los órganos especializados comprende los referidos procedimientos en el orden penal. A los sumarios se les atribuye 7 puntos frente a los 12 anteriores, a los jurados se les 10 puntos frente a los 18 anteriores, a los procedimientos abreviados de instrucción compleja 6,5 puntos y a los de instrucción media 4 puntos. Anteriormente se puntuaban los abreviados en 3,15 puntos.

Ahora se puntúa, con 10 puntos, las diligencias previas sobreseídas, iniciadas a instancia del Fiscal, por querella o denuncia con acusación personada. Lo cierto es que todas ellas, todas las diligencias previas, se archiven, se acumulen o se inhiban a favor de otro Juzgado, consumen tiempo del Juzgado. Hasta lo más sencillo, como un parte médico que se archiva nada más recibirse, implica un trabajo de minuta, registro, elaboración de la resolución, firma y notificación que es tiempo de trabajo del Juzgado y sus funcionarios.

En los tipos de delitos para estimar su mayor o menor complejidad, se observa que hay una infravaloración del tipo de procedimiento quizá más usual entre los de complejidad máxima. Serían determinados delitos contra la salud pública. No puede valorarse igual un delito de tráfico de drogas que puede ser de instrucción reducida a interrogatorio de imputado, pesaje, análisis y valoración de sustancia, que las grandes operaciones contra el narcotráfico que tienen meses de escuchas telefónicas, posteriores entradas y registros, diversos imputados que forman una red, autos de prisión provisional, etc. Y a pesar de su máxima complejidad, puede perfectamente seguir siendo un Procedimiento Abreviado y no un Sumario. Deberían ser estimados como delitos de complejidad máxima. Como en la mayor parte de tales casos la competencia corresponde a la Audiencia Provincial, un criterio relativamente fácil para separarlos o reconocerlos es que esos procedimientos abreviados se eleven a la Audiencia provincial.

3.2.2 Tampoco se efectúa distinción, por razones de complejidad, en los procedimientos de faltas, pues aún cuando es cierto que carecen de instrucción propiamente dicha, no es lo mismo un juicio de faltas por injurias que un juicio de faltas por lesiones imprudentes en tráfico. Con carácter general podría establecerse, descontando los juicios de la semana de guardia, el señalamiento de juicios de faltas un día a la semana cada quince días. Si descontamos la semana de guardia y lo dividimos entre tres semanas, daría un total de dos días al mes. Contando cuatro horas por cada día, aproximadamente, da un total de 88 horas anuales. En tal sentido cabe tener en cuenta que si anteriormente los juicios de faltas con sentencias se puntuaban en 1,84, y los juicios de faltas inmediatos con sentencia en 2, según el nuevo informe, deben puntuarse en 0,75 las faltas inmediatas, y en 1 punto los juicios de faltas con primera vista señalada. Según el mismo informe, que como digo no deja indiferente a nadie, un Juzgado Mixto TIPO ingresa 155 juicios de faltas al año, cuando según datos objetivos en un semestre pueden llegarse a celebrar con sentencia 97.

3.2.3 Asimismo, con carácter general, puede dejarse sentado que en este tipo de Juzgados se deja un día a la semana para la realización de actividades propiamente instructoras de causas penales, principalmente recibir declaración de imputados (propios y exhortados), testigos (propios y exhortados), e incluso práctica de ruedas de reconocimiento respecto de determinadas causas, sin perjuicio del estudio propio de cada causa que determina el seguimiento de la misma dando oportunas instrucciones a la oficina, el sobreseimiento libre o provisional (SP1 y SP2) y que no se computa y debería computarse como acontece con los fiscales. No deberiamos partir de los módulos de los fiscales en el area de instrucción y elevarlos, no debería valorarse el doble que a ellos todo lo que hagamos pues es más complejo decidir que pedir. Porque no se computan los juicios rápidos que acaban en SP?

Si se sienta como base unas cuatro horas semanales a dicha actividad, por tres semanas si contamos una de guardia, como en el tema de asuntos civiles, daría un total de 132 horas anuales.

3.2.4 Debe englobarse igualmente en el orden penal, el tiempo referente a despacho con la oficina judicial.

3.2.5 Internamientos. Existen Juzgados Mixtos en cuyos Partidos Judiciales tienen Hospitales propios de esta materia y que determinan la necesidad de acudir al centro periódicamente. Podría fijarse una hora cada quince días. Por lo tanto dos horas al mes, que multiplicado por once meses daría un total de 22 horas anuales.

3.2.6 Guardias. Cada Juzgado Mixto, y en función del número de Juzgados que tenga el correspondiente Partido Judicial, tiene una semana de guardia integrada por 7 días más un octavo de juicios rápidos. En total son siete días por 24 horas que tiene el día. Lo que da 168 horas por guardia en las que el titular tiene que estar disponible, más un octavo día de juicios. Según el informe del Consejo se puntúa en 1,5 las diligencias urgentes elevadas y conformadas. Obviamente el trabajo que requieren unas y otras no es el mismo, ni que decir tiene que no se puntúa ni la resolución de órdenes de protección (2 puntos en el sistema anterior), ni los sobreseimientos de tales diligencias urgentes.

No deja de ser curiosa la rebaja en la baremación de las guardias de disponibilidad, si se puntuaban en 100 y se contemplaba el procedimiento de habeas corpus como independiente con un punto, según el informe del Consejo el “resto de la guardia” se barema en 98 puntos.

Hay una incongruencia en la pág. 92, pues al principio se dice que el servicio de guardia “siempre se presta semanalmente” cuando a continuación, unos renglones más abajo, se reconoce que hay “Juzgados mixtos únicos, en situación permanente de guardia”.

La valoración del servicio de guardia en 98 puntos genéricos es una reducción no justificada respecto a los 100 anteriores. El tratamiento de este servicio es preocupante.

Se ignora la carga de trabajo de la guardia. Si se valora conjuntamente todo el trabajo realizado dentro del servicio de guardia, partiendo de la teórica dedicación horaria, en realidad no tendría nada que calcular, sino señalar como horas el horario establecido, al menos en las guardias de 24 horas y, en las de permanencia mañana y tarde, las 52 horas de presencia en el Juzgado. Si un titular de un Juzgado Mixto tiene que hacer 52 horas de guardia, esas son las que deben incluirse a los efectos de los “puntos”, las “horas” o las “horas/punto”. En las que no se exige permanencia en el Juzgado fuera del horario normal, como ocurre en los Juzgados Únicos, ahí sí es adecuado medir cada actuación concreta y valorar de alguna manera las horas extra de cuando esa disponibilidad se concreta en presencia efectiva fuera de las horas normales en el juzgado.

Lo que hace la guardia desde 2003 (juicios rápidos más órdenes de protección) es simplemente paralizar todo el resto de la actividad del juzgado. Los asuntos que entran se tramitan aceleradamente en un tiempo límite, que no existe, por ejemplo en las diligencias previas, lo que obliga a emplear mucho tiempo en comprobar una y otra vez si está hecha esta o aquella diligencia (si ha venido el informe pericial, si la Policía ha conseguido citar a ese perjudicado que no ha venido, si la señora denunciante ha aparecido ya o no). Antes de 2003 se podían señalar vistas u otros trámites civiles o penales en el período de guardia, ahora ya no.

Parece que todo el esfuerzo que supone la guardia no se mide para evitar duplicidades de baremación mediante el expediente de ser mezquinos con el trabajo efectivamente prestado. Y un ejemplo es el tema de las diligencias urgentes: para evitar duplicidades, se prefiere ignorar totalmente las diligencias urgentes que acaban sobreseídas el 8.º día de la guardia, algo que no es tan infrecuente como se dice, como puede verse en los Juzgados Mixtos con competencias en materia de Violencia sobre la Mujer. Y se hace a pesar de que existe una alternativa perfectamente razonable como es computar la totalidad de las diligencias urgentes, pero excluyendo de los procedimientos abreviados los que comenzaron por dicha vía, cuyo único problema no es de fiabilidad o de exactitud a la hora de medir la carga de trabajo, sino meramente “el rastreo estadístico”, a pesar de que es un dato que puede obtenerse a través del programa informático y los libros de registro. Y un ejemplo claro es lo que ocurre en civil en cuanto a la forma de terminar los monitorios.

3.2.7 Procedimientos omitidos. Hay actividades del Juzgado de Instrucción que consumen medios materiales y personales, fáciles de medir y que, sin embargo, se ignoran.

1.- Diligencias Urgentes inhibidas a los JVM.

No se miden en modo alguno las diligencias urgentes que se remiten al JVM. Precisamente lo más laborioso en la guardia actual son las Diligencias Urgentes por Violencia Doméstica (no forzosamente sobre la mujer que es o ha sido pareja), que suelen llevar aparejada orden de protección. Como se suscita fuera de las franjas horarias del JVM, se encarga el Juzgado de Guardia, pero son precisamente los que consumen más horas de trabajo del Juzgado, mucha más que una alcoholemia o una conducción sin carné. Y no se contabilizan en absoluto a pesar de que exige, al menos, interrogatorio de la denunciante, del denunciado, a veces asistencia por el médico forense, y celebración de comparecencia y resolución de orden de protección, razonando con la debida extensión y detenimiento que se está afectando a un derecho fundamental del imputado o que no se aprecia una situación objetiva de riesgo, y la posterior inhibición al JVM competente, que puede ser del mismo partido judicial o bien de otro distinto, pues la competencia es por el domicilio de la denunciante, no por el lugar de los hechos.

2.- Órdenes de protección

Es incomprensible que las órdenes de protección se cuenten solamente en los Juzgados de Violencia sobre la mujer, como si el resto no las tramitaran. Se dice que forma parte del servicio de guardia, pero si esto es así, cuando el de guardia sea precisamente el de Violencia sobre la Mujer, no deberían computarse, y nada se advierte al respecto. Además, se olvidan de que las órdenes de protección se refieren no sólo a delitos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, sino a todo asunto de Violencia Doméstica. Además, puede plantearse tanto dentro del servicio de guardia como fuera de él. Por lo tanto, deben incluirse las órdenes de protección para todo Juzgado, no sólo para los JVM, y tanto se susciten fuera de la guardia como dentro de la misma, pues es un tipo de actuación precisamente que paraliza toda la actividad del Juzgado. El “relevante trabajo que conlleva su tramitación” (pág. 73) se aplica a toda orden de protección, con independencia del órgano que la tramite, el momento en que se haga o que la víctima sea la pareja, la madre o el hijo del imputado.

La especial penosidad para el JVM está compensado por la exención de reparto correspondiente. Por lo tanto, es totalmente rechazable la explicación que se da en la pág. 94 para que queden englobadas en el servicio de guardia en los Juzgados mixtos ordinarios.

3.- Apelaciones de sentencias dictadas por Juzgados de Paz

No se incluyen las apelaciones contra las sentencias dictadas por los Juzgados de Paz. Tales asuntos requieren su registro, estudio y dictado de sentencia y correspondientes notificaciones. Si, además, una de las ideas del CGPJ para descargar de trabajo a los juzgados de instrucción es ampliar las faltas de las que conocen los Jueces de Paz, es previsible que ascienda notablemente su número. Pero, sea 1 o sean 100, es tiempo de trabajo del Juzgado que incrementa la carga del mismo.

4.- Exhortos y comisiones rogatorias

Todos los exhortos, incluidos los que tienen como finalidad notificar o que se remitan testimonios de actuaciones, consumen tiempo de los funcionarios del Juzgado. Y los que tienen por objeto declaraciones como testificales o declaraciones de imputados conllevan, además, trabajo del Juez.

5.- Expedientes gubernativos

Por esta vía se resuelven las Abstenciones y Recusaciones de los Jueces de Paz en las materias de su competencia (juicios de faltas y conciliaciones, principalmente).

3.3 Registro Civil.

Debe aplaudirse la decisión de medir con datos reales la entrada en los Registros civiles, contando exactamente cuántos expedientes hay, cuántos actos de calificación, etc. Es muy positivo que permitirá unas exenciones de reparto homogéneas para todos los partidos judiciales de España y proporcionales a lo que en verdad supone esa carga añadida. Lo que no se observa es que se haya matizado bien la carga especial que suponen los asuntos de extranjería y hay toda una serie de actividades omitidas. Deberían proponerse unos módulos que permitan al Encargado presenciar todos los actos que exigen su presencia conforme al principio de inmediación.

3. 1. Baremación insuficiente.

A cada expediente registral se le asigna 0,3 puntos. Es decir, según el CGPJ cada Encargado no debe dedicar más de 18 minutos a cada expediente. Ello es absolutamente insuficiente cuando se trata de expedientes con algún elemento de extranjería con aportación de documentación extranjera que debe comprobarse en cuanto a los requisitos de legalización y traducción. Muchas veces se tardan horas en averiguar qué régimen de legalización llevan los documentos de ese país, dependiendo si forman o no parte del Convenio de La Haya, o si hay convenios bilaterales de aplicación. Se olvida que ante el juez se hacen las ratificaciones de todo expediente, las testificales y las audiencias, debiendo extremarse la dedicación en expedientes de nacionalidad para comprobar que existe adaptación a las costumbres españolas, y en los matrimonios con extranjero ilegal, para comprobar que no es un matrimonio fraudulento. Tales audiencias reservadas pueden llegar a los 30 minutos como mínimo, esto es, sería 0,5 y no 0,3. La audiencia para valorar la integración de cara a la nacionalidad, habría que darle un mínimo de 0,4, ya que fácilmente alcanza los 15 minutos. O bien el CGPJ supone que aunque en teoría se hace en presencia del encargado en realidad no se hace así, o bien está dando unos tiempos absolutamente irreales.

Como, en definitiva, los expedientes de Registro Civil son de jurisdicción voluntaria, lo que debería hacerse es otorgarles una puntuación como mínimo de 0,5 a los más sencillos (corrección de error) y 1 a los más complejos (adquisición de nacionalidad española, matrimonio civil).

3. 2. Actividades omitidas.

Nuevamente, como ocurre con la sección Civil y la Penal, hay toda una serie de actividades directamente ignoradas por el estudio.

1.- Registros delegados

No se incluyen las actividades de inspección a los Registros civiles delegados (art. 47 RRC) y el asesoramiento o resolución de consultas de los mismos, debiendo recordarse que salvo casos muy excepcionales, todas las inscripciones marginales en los registros civiles delegados incluyen calificación e instrucción, que podrían entenderse incluidos en “Actos de calificación registral”. Hay que resolver sus consultas, dictar las instrucciones particulares y por escrito a que se refiere el art. 46 RRC y realizar las visitas de inspección anuales. Nada de esto se contempla en el estudio.

2.- Expedientes

Expedientes que faltan por incluir en el Grupo I – Expedientes registrales:

– Autorización a los representantes legales de menores de 14 para optar o adquirir la nacionalidad española por residencia.

– De dispensa para el matrimonio (365-369 RRC)

– De supervivencia (74 RRC)

– Para declaraciones con valor de simple presunción distintas a las de la nacionalidad española (96 LRC, 335 ss RRC)

– Completamiento de inscripciones firmadas (95.1 LRC, 296-97 RRC)

– Traslados de inscripciones.

3.- Actos de calificación registral

Dentro del Grupo II – Actos de calificación registral, se observa la omisión de todo tipo de inscripciones a realizar en las Secciones 3.ª (Defunción) y 4.ª (Tutelas) del Registro, así como alguna inscripción marginales de las otras dos secciones, como son las inscripciones marginales relativas a autotutelas, nombramientos de tutor respecto de los hijos menores o incapacitados.

De manera absolutamente incomprensible no se recogen dentro de los actos de calificación registral la Sección 3.ª y la 4.ª Las inscripciones principales y las correspondientes marginales de las mismas precisan de calificación lo mismo que las anteriores. Es absolutamente incomprensible que se ignoren los fallecimientos cuando en determinadas localidad, por ejemplo, las que tienen hospitales comarcales, tales inscripciones consumen su tiempo del Registro civil, de los funcionarios, el secretario y el Juez. Y lo mismo cabe decir respecto a las de la Sección 4.ª que exigen también el análisis de las correspondientes resoluciones previa su inscripción. No se da ninguna explicación a por qué no se estiman actos de calificación que anteceden a inscripciones, principales o marginales, de esas dos secciones.

4.- Actos formales

Hay otros actos formales a presencia del encargado del registro civil que no se contemplan, como por ejemplo

– La supresión del nombre del padre a efectos de identificación.

– Las declaraciones de conservación o modificación de la nacionalidad o vecindad, que pueden formularse ante Encargado distinto del que haga la inscripción a que tales declaraciones den lugar (art. 64 LRC)

5.- Actividad de control, información y creación de modelos

La ausencia de un programa informático único exige además mayor tiempo en actividades no baremadas. En efecto, considerando que los registros civiles carecen de un programa informático de expedientes, el control de los mismos, y su consulta cuando un ciudadano pregunta por su estado es más laborioso que si se pregunta o se intenta controlar la sección civil o la penal. En el caso del registro civil, debe buscarse físicamente el expediente, mientras que en el resto de la oficina basta con consultar el ordenador. Esa ausencia de programa informático obliga igualmente a que los expedientes se vayan haciendo con modelos creados por el Encargado y los funcionarios caso por caso.

6.- Exhortos

Son numerosos los exhortos remitidos por los Registros Civiles Consulares o el Central para realizar audiencias reservadas especialmente cuidadosos en materia de matrimonios, o en reconocimientos de filiación que pueden ser de complacencia. Tales asuntos simplemente se omiten y llevan tiempo al Encargado que lo realiza personalmente. Si las cosas se hacen correctamente, deben practicarse personalmente por el juez encargado, con la debida inmediación.

Parte IV

Conclusiones

De acuerdo con lo expresado anteriormente, se realizan las siguientes conclusiones:

Primera.

Rechazamos, de plano, el cálculo que se ha realizado en relación a las horas netas, por los motivos expuestos.

Entendemos que lo que se pretende en cuadrar las estadísticas del año 2007 con la planta actual, para justificar engañosamente, la innecesaria creación de juzgados o de plazas de magistrados o secciones en órganos colegiados No podemos olvidar que, según los datos de que disponemos, en la anualidad del 2007, nada más y nada menos que un total del 41’05 % de jueces y magistrados, superaron los módulos (anulados por el TS) durante el primer semestre y el 38’23% lo hizo el segundo semestre (una media del 39’65% de jueces y magistrados durante toda la anualidad 2007). Los jueces demostraron entonces su capacidad de sacrificio en aras de una situación coyuntural que ahora pretende perpetuarse.

Ese exceso de productividad sobre el 100% debe descontarse del denominado índice resolutivo. Tal exceso de productividad (opción legítima de algunos jueces y magistrados compensada con una miserable retribución), no puede promediarse para fijar ahora el módulo de carga de trabajo máxima razonable de juzgados y tribunales. No tenemos los datos exactos, pero, según las informaciones publicadas en la prensa, suministradas por el CGPJ, el número de asuntos resueltos en el año 2007 se elevó a la cantidad de 8.260.000.

En suma, los resultados obtenidos durante el año 2007 deben analizarse sin el efecto multiplicador de la productividad, descontando ese 39,65 % (exceso de productividad) de los resultados de dicho año. El índice resolutivo debe minorarse teniendo en cuenta dichos datos, sin que pueda pretenderse que los efectos extraordinarios y excepcionales de la productividad, puedan pasar a considerarse lo normal a resolver por el número de jueces y magistrados sentenciadores.

Segunda.

Se desconoce la metodología empleada.

Este dato es imprescindible y debe figurar en cualquier estudio riguroso, y este debe serlo, ya que se trata de cuantificar la medición del tiempo de trabajo fijada en 37,5 horas para todos los jueces y magistrados del Reino de España. Todas estas cuestiones deberían figurar en un estudio del calado del que nos ocupa. Sin subjetividad, con rigor, utilizando la técnica estadística y ficha técnica, conforme metodología aplicable a las ciencias sociales. Nada de esto aparece o se vislumbra en el Estudio de la Inspección.

Entendemos que la realización seria y rigurosa del Estudio objeto de este informe debería haber contado con una ficha técnica, con una muestra de la población a analizar (esto es, juzgados y tribunales), con el sistema estadístico predeterminado, de, al menos, el 7%, como mínimo o, en todo caso, del 5 %, que fue lo que hizo en su trabajo profesional y objetivo la empresa Steria, Norman & Broders, con estratificación de la muestra dentro de los distintos órganos jurisdiccionales, con órganos de distintas poblaciones. Todo ello con objeto de examinar la diversidad de problemas que se presentan dentro de cada jurisdicción, de conformidad con el territorio. Así, por ejemplo, no son los mismos problemas los que se plantean en las grandes ciudades, que en el resto.

No entenderlo así, supondría, de facto, una nueva disfunción y, en su caso, un empeoramiento sobre las condiciones de trabajo. Este extremo ya se puso de manifiesto en las Juntas de Jueces celebradas en todo el Reino de España en fechas recientes, en un concreto apartado en el que se expresaba que la carga de trabajo debía ajustarse a lo que estableció la sentencia del Tribunal Supremo, mediante un análisis individualizado caso por caso, sin que los nuevos módulos pudieran ser más gravosos que los anteriores.

Se deben analizar las materias de forma individualizada. Ni tan siquiera sirve, a tenor de lo establecido por Tribunal Supremo, el análisis más genérico por materias, sino que debe ponderarse, dentro de cada materia, las especificidades propias.. Todo ello en aras del cumplimiento de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con objeto de satisfacer la tutela judicial efectiva, como valor superior consagrado en la vigente Constitución Española de 1978

Con la elaboración de las cargas de trabajo, lo que no puede pretenderse es que se acabe con la pendencia, ya que si se tienen en cuenta los datos de la memoria del CGPJ, el número de asuntos desde el año 2005 al 2008 ha pasado de 6.200.000 a 8.900.000 en números aproximados un incremento de unos 3.000.000 de asuntos. Si se tienen en cuenta los datos ofrecidos recientemente por el Presidente del Consejo del Poder Judicial en el Parlamento, el número de asuntos ingresados se elevó a 9.094.000, permaneciendo igual el número de jueces sentenciadores.

No se trata de cuadrar las estadísticas del año 2007, en relación al número de jueces y magistrados existentes en la actualidad (que es lo que infiere del Estudio objeto de este informe). De lo que se trata es de atribuir a los juzgados y tribunales una carga de trabajo razonable y máximo; y si para ello, se quiere tomar como parámetro la jornada que se realiza en el sector público, deberán de valorarse de forma individualizada todas las tareas que se realizan desde que entra un asunto en un juzgado o tribunal, hasta que se archiva, rechazando por tanto, la forma de cálculo que se realiza en el estudio que es objeto del informe.

Tercera.

Se desconoce el entorno en relación al número de jueces, así como las resoluciones de los organismos internacionales en la materia.

Debe de tenerse en cuenta, el dictamen del Consejo de Europa para 2007, en el que se expresa que, la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes es, en el Reino de España, de 10,1 ―en algunos casos como Madrid, no llega―, mientras que en Europa la media es de 19,8 por cada cien mil habitantes. El informe del Consejo de Europa del año 2008 (Comisión para la eficiencia de la Justicia), con referencia a datos del año 2006, nos sitúa en el puesto número 38, sobre 47 países, en relación con el número de jueces por cada cien mil habitantes.

El artículo 1.6 de la Carta Europea de los jueces (1998) establece que los gobiernos deben dotar a los jueces de medios para poder dar respuesta en plazo razonable. Con nuestra ratio (puesto 38 sobre 47 países, según informe del años 2008), resulta imposible dar una respuesta en tiempo razonable. Desde luego, lo que no puede pretenderse es cuadrar los números mediante el establecimiento de una carga de trabajo inasumible , realizando las medianas estadísticas del año 2007, ya que suponen un agravamiento en el carga de trabajo, incluso en relación con el módulo del año 2003, que fue anulado por el Tribunal Supremo.

Igualmente debe destacarse la declaración de SINGHVI en su artículo 33 que expresa que el Estado deberá proveer de recursos adecuados con objeto de permitir que la Justicia se administre en debida forma, con incremento de medios materiales adecuados para el mantenimiento de la independencia Judicial y de la eficacia, así como presupuestos para su funcionamiento.

Cuarta.

El modelo adolece de indefinición que genera indefensión

El modelo que se nos presenta adolece de una indefinición de carácter general, que genera indefensión a los jueces y magistrados, ya que resulta imposible determinar con carácter general en cualquier orden jurisdiccional, el número de asuntos máximo que debe entrar en un año para superar la carga de trabajo máxima razonable. Este es un dato de vital importancia a la hora de poder planificar la planta judicial; dato absolutamente necesario para limitar el número de asuntos que, con carácter general, deben ingresar en un juzgado o tribunal. A partir de dicho número, que sí se encontraba cuantificado en el módulo del año 2003 y en el estudio de la empresa Steria Norman & Broders, por lo órganos competentes, en esto caso el Ministerio de Justicia, se debe proceder a la creación de nuevos órganos jurisdiccionales.

Con este estudio que se nos presenta para informe, resulta imposible determinar el número de asuntos de entrada necesarios para la realización de esas hipotéticas 1.404 horas anuales netas, ya que se trata, ni más ni menos, que de las variaciones de X elementos tomados dos a dos, y la resultante puede ser elevadísima, ya que, en cada orden jurisdiccional existen no menos de diez o doce grupos distintos de materias. De ahí que la variación de uno solo de los elementos que se expresan en el Estudio de ese “hipotético” e irreal juzgado o tribunal, hace que se descompense todo el sistema y por tanto, se desconozca qué número de asuntos debe resolverse y qué número de asuntos debe ingresar cada juzgado. Así resulta completamente imposible realizar una programación y un cómputo que se ajuste a lo pretendido por el Estudio, porque, dependiendo de múltiples variables, los resultados serán distintos, incluso dentro del mismo orden jurisdiccional.

Rechazamos por tanto, el estudio realizado, en tanto que genera indefensión, imposibilitando conocer de antemano la posibilidad de incremento de planta judicial, el número de asuntos que deben ingresar en cada juzgado y, por ende, el número de señalamientos que deben realizarse con carácter anual, dato éste que con el estudio, se conocerá una vez finalizado el año en curso.

Parte V

Valoraciones Finales

1.ª El sistema considerado globalmente indica de manera bastante aceptable la sobrecarga de trabajo de los órganos mixtos, con unos resultados muy similares a los módulos previos (los del Libro Blanco, los de 2000 y 2003).

Cabe esperar que los actuales sirvan para ampliar la Planta Judicial allí donde sea preciso, aunque todos los módulos anteriores daban datos muy parecidos y no lograron cumplir este propósito de obtener una plantilla adecuada a la litigiosidad. Nada Permite confiar en que esta vez vaya a ser distinto. Con el modelo propuesto, según puede verse en la pág. 110, el 81,7% de los Juzgados mixtos de España tienen sobrecarga de trabajo (+ del 100%) y la proporción de Juzgados en los que entra la carga de Juzgado y medio como mínimo son 30,8%. Resulta difícil creer que de verdad esta medición de carga de trabajo sirva para lograr que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas aumenten este tipo de órganos en como mínimo un 30% más.

2.ª Conviene dejar claro que es módulo de entrada máximo tolerable, más allá del cual no funciona con normalidad el Juzgado y es ya preciso ampliar la planta del partido correspondiente.

3.ª Tiene indudables ventajas como la obtención de una cifra única para el Juzgado Mixto, determinar qué carga de trabajo real suponen las especializaciones (Mercantil, Registro Civil, VSM) y lograr la correspondiente exención de reparto y también la creación de especialistas allí donde la carga de trabajo lo justifique.

4.ª Tiene omisiones subsanables al no incluirse todo lo que entra en un Juzgado, porque todo implica consumo de medios personales y materiales y, además, conlleva la correspondiente responsabilidad para quien no lo tramita en un plazo razonable. Pretender que los exhortos generan 0 horas de trabajo del juez o de la oficina sería tan absurdo como defender que dado que no cuenta, no existe responsabilidad en caso de que no se tramite en un plazo razonable. Entre las más llamativas están:

a) Se minusvalora el servicio de guardia, ignorando actuaciones que paralizan este servicio como las diligencias urgentes con orden de protección, que ni siquiera se computan.

b) En civil hay toda una serie de incidentes y asuntos que directamente se ignoran.

5.ª Tiene criterios muy discutibles, especialmente en la jurisdicción penal, pues ignora abiertamente la mayor parte de los procedimientos del tipo “diligencias Previas”, que son precisamente los que más tiempo consumen de la Oficina Judicial. Y opta como alternativa por un sistema nada fácil de aplicar.

6.ª En el Registro civil se está dando a los expedientes una puntuación irreal, imposible de cumplir si se quiere respetar el principio de inmediación y la intervención directa del Juez, que es absolutamente precisa en todos ellos y, en algunos las actuaciones del juez deben ser muy extensas y cuidadosas para evitar fraudes.

Madrid, 17 de abril del año 2009

ASOCIACION FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE