17/04/2009

Informe que emite la asociación de jueces y magistrados

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE,

como alegaciones al

«Estudio de la medición de la carga de trabajo de

Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo ».

Sumario

Parte I

Sobre los Principios básicos del sistema.

Jornada neta anual fijada en 1404 horas

Parte II

De la “finalidad” y “metodología” del Estudio realizado por el Servicio de Inspección

1. Finalidad

2. Metodología

Parte III

Sobre la baremación de los procedimientos

1. De la valoración en general de los distintos procesos

1.1. El supuesto soporte del subjetivismo de la valoración

1.2. Trabajo con los jueces y magistrados asesores externos

1.3. Proporción o «media» con asuntos que no terminan por sentencia

2. Las concretas puntuaciones de los procedimientos

2.1. Los parámetros de dedicación

2.2. El cronograma: ¿Qué cronograma?

2.3. Faltan definiciones

3. Baremación de los juzgados de lo contencioso-administrativo

Parte IV

Conclusiones

Primera.

Rechazamos, de plano, el cálculo que se ha realizado con relación a las horas netas, por los motivos expuestos.

Segunda.

Se desconoce la metodología empleada.

Tercera.

Se desconoce el entorno en relación con el número de jueces, así como las resoluciones de los organismos internacionales en la materia.

Cuarta.

El modelo adolece de indefinición que genera indefensión.

Quinta.

Lo que deberían ser los módulos de entrada o la carga máxima de trabajo razonable anual de los juzgados de lo contencioso administrativo.

Parte I

Sobre los Principios básicos del sistema

Jornada neta anual fijada en 1404 horas

El estudio realizado por el servicio de inspección, parte de una premisa inaceptable, por inexacta: Fija la jornada anual neta del juez o magistrado en 1.404 horas. El cómputo no se ha hecho adecuadamente por el Servicio de Inspección, y así tenemos:

La duración máxima de la jornada de trabajo en la Administración de Justicia será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1625 horas anuales. A tal fin, el Servicio de Inspección ha tenido en cuenta la Resolución de 15 de julio de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo, en cómputo anual, y las de las jornadas en régimen de dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia.

1. De dicha duración deberán descontarse:

1.a) 14 días festivos anuales x 7’5 horas/día = 105 horas.

2 días (24 y 31 de diciembre) x 7’5 horas/día = 15 horas.

Justificación: El artículo 182 de la LOPJ declara inhábiles a efectos procesales los días de fiesta nacional, los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma y localidad, así como los días 24 y 31 de diciembre.

1.b) 18 días de asuntos propios x 7’5 horas/día = 135 horas.

Justificación: El artículo 373.4 de la LOPJ prevé que los jueces y magistrados puedan disfrutar de 6 permisos en el año natural, de 3 días cada uno de ellos.

1.c) “Pausa diaria” de 30 minutos x 5 días (semana) x 47 semanas (año) = 117’5 horas.

Deducciones: 18 días de asuntos propios + 14 días festivos + 24 y 31 de diciembre = 34 días x 30 minutos = 17 horas.

TOTAL DESCUENTO: 100’5 horas.

Justificación: La disposición tercera, apartado 4, de la Resolución de 5 de diciembre de 1996 (RCL 19963051), (Instrucciones sobre jornada y horarios de los funcionarios de la Administración de Justicia), determina que «Se podrá disfrutar de una pausa diaria en la jornada de trabajo por un período de treinta minutos, computable como trabajo efectivo». La Resolución de 5/12/1996 solo fue derogada por la Resolución de 15 de julio de 2005 (RCL 20051670) en cuanto se opusiere a esta última Resolución. Y, en materia de pausa diaria no hay oposición alguna entre una y otra Resolución.

1.d) Jornada de verano (16 junio a 15 septiembre). Reducción de 5 horas semanales x 10 semanas = 55 horas.

Justificación: Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, la jornada laboral se reduce en 5 horas semanales (32’5 horas/semanales) para funcionarios y Secretarios judiciales (disposición 8.ª de la Resolución de 17/07/2005). Se trata de medir la carga de trabajo que razonablemente puede asumir un órgano judicial y, por ende, habrá de tenerse en consideración la jornada reducida del personal del juzgado que, durante ese tiempo de ausencia, no podrá colaborar en absoluto en la tramitación de los asuntos.

Aunque la totalidad del período de jornada reducida de verano abarca 12 semanas (2 de junio, 4 de julio, 4 de agosto y 2 de septiembre), hemos considerado proporcionado tomar solo en consideración 10 semanas porque los jueces y magistrados disfrutan sus vacaciones mayoritariamente en el mes de agosto (julio o septiembre, en otro caso), pero no absolutamente todos lo pueden hacer precisamente en esas mensualidades. Entre las 12 semanas del período total y las 8 semanas que corresponderían excluyendo el mes de agosto, hemos optado por el cómputo prudencial de 10 semanas.

1.e) En algunas comunidades autónomas el horario de los funcionarios es de 35 horas semanales. Así se fija, por ejemplo, en Andalucía, por el artículo 4.2 de la Orden de 31/10/2007 (Consejería de Justicia y Administración Pública) (BOJA 221/ 2007, de 9 de noviembre; rect. BOJA 240/2007, de 7 de diciembre

[LAN2007489]).

En Semana Santa y Pascua también se fija jornada de horario reducido en las comunidades autónomas. Por ejemplo, la Resolución de 1 de abril de 2009, del Director General de Justicia y Menor (Comunidad Valenciana), acuerda que los días 14, 15, 16 y 17 de abril (de este año 2009) se reduce la jornada laboral, de obligado cumplimiento, a 5 horas diarias.

Además, durante las fiestas patronales de prácticamente todas las grandes ciudades, pequeñas capitales de provincias e incluso pueblos (Madrid, Sevilla, Tenerife, Zaragoza, León, por citar algunos casos conocidos), las correspondientes Consejerías de Justicia fijan una reducción de jornada de una hora diaria (o más) a los funcionarios. Todo ello debería tenerse igualmente presente para la determinación de la jornada anual neta, descontándose del cómputo hecho por el Servicio de Inspección.

Tampoco se han tenido en consideración los días adicionales de permiso o vacaciones según el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril), o sobre conciliación de la vida laboral y familiar… etc. Por otra parte, habrían de tenerse en cuenta contingencias comunes, como son las enfermedades, intervenciones quirúrgicas, embarazos, tomas de posesión en cambios de destinos, así como otras contingencias que pudieran presentarse; y, en general, otros permisos y licencias susceptibles de concederse (véanse precedentes jurisprudenciales al respecto; vg., STS [Sala 3ª, Sección 7ª] de 18/04/2008 [RJ 20082461]). y otras anteriores y posteriores

Todo este conjunto de eventualidades y/o circunstancias, no pueden ignorarse por completo. Por contra, entendemos que deben tenerse también presentes para la determinación de la jornada anual neta, descontándose del cálculo que se contiene en el Estudio sometido a consideración. A nuestro criterio, ese descuento no puede ser inferior, prudencialmente, al 10% de la jornada máxima (1.625 x 10% = 162’5 horas).

1.f) Asistencia a cursos, estudio y formación por medios propios. Incongruentemente, el Servicio de Inspección señala que debe restarse por estos conceptos un 10% de la jornada máxima en cómputo anual (equivalente a 1625 horas anuales) y, sin embargo, se limita a restar 153 horas, cuando el 10% de 1625 horas son 163 horas.

Los conceptos que el propio informe señala como comprensivos de esa reducción son exclusivamente tres, en una lista cerrada: asistencia a cursos, estudio y formación por medios propios (pág. 5 del Estudio).

Hay otros conceptos que no han sido tenidos en consideración: tiempo dedicado a la atención de los profesionales (abogados, procuradores) y a la de los propios justiciables, lectura de correos profesionales (ordinario y electrónico), BOE y sentencias novedosas.

El tiempo invertido en todas estas actividades (las señaladas por el Estudio más las añadidas en este Informe), no deben computarse en menos del 15% de la jornada máxima de cómputo anual (equivalente a 1625 horas); es decir, 244 horas.

RESUMEN:

Horas brutas Horas de descuento Jornada anual NETA

Trabajo efectivo cómputo anual 1.625

Festivos, más 24 y 31 de diciembre 120

Días asuntos propios 135

Pausa diaria 100,5

Jornada de verano 55

Eventualidades y/o circunstancias del apartado 1.e) 162’5

Formación, atención público, examen de BOE, correo… 244

TOTALES 1.625 817 808 horas

Parte II

De la “finalidad” y “metodología” del Estudio realizado por el Servicio de Inspección

Desde la asociación Foro Judicial Independiente, pensamos que la finalidad de estos módulos no es, ni mucho menos, la de «ajustar la carga de trabajo a unos niveles razonables que permitan, tanto el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, como la conciliación de la vida laboral y familiar» (como pomposamente se dice en la Introducción del Estudio). Tampoco damos crédito a la metodología que se dice empleada para fijar la medición de la carga de trabajo ―que desde este mismo momentos solicitamos que se tome por el CGPJ como carga MÁXIMA RAZONABLE (resaltamos el término “máxima”) ―.

1. Finalidad

La baremación que se ha hecho «persigue», a nuestro juicio, dar carta de naturaleza a las insuficiencias estructurales del sistema, ocultándolas de forma eufemística, bajo el expediente de presumir «normal» y de convertir en «ordinario» lo que han sido «rendimientos» extraordinarios de jueces y magistrados.

a) El planteamiento del Servicio de Inspección es similar, en su finalidad, a la enmienda 631 del Grupo Socialista para modificar la LOPJ en el año 2006:

Congreso 8 de junio de 2006. Serie A. Núm. 69-15

ENMIENDA NÚM. 631

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista del Congreso

De modificación al artículo octavo la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

De adición.

Se añade un nuevo apartado, con la numeración que corresponda, para introducir tres nuevos párrafos en el apartado 4 del artículo 403, que pasa a tener la siguiente redacción:

«4. Las retribuciones variables por objetivos estarán vinculadas al rendimiento individual acreditado por cada juez o magistrado en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y profesionales.

Todos los jueces y magistrados estarán obligados a alcanzar un objetivo normalizado, que no podrá ser inferior al rendimiento medio de los órganos unipersonales o, en su caso, colegiados en los que se integre, correspondiente a los cinco años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la presente ley, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial podrá determinar por vía reglamentaria los factores de corrección que puedan incidir individualmente en la consecución del objetivo antedicho, previo informe favorable del Ministerio de Justicia.

Si estas correcciones tuviesen repercusión presupuestaria, se requerirá informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.»

Lo que no se pudo introducir por aquella enmienda en sede parlamentaria ―entre otras razones, por la oposición frontal de todas las asociaciones judiciales― se pretende ahora implantar, bajo pretexto de estudio de medición de carga de trabajo, dentro del programa de modernización que preconiza el actual CGPJ.

b) Los jueces hemos vivido engañados y hemos sido utilizados, durante los pasados años.

Se nos dijo que la superación de los módulos era un esfuerzo al que debíamos colaborar, que era coyuntural. Una gran mayoría de la carrera judicial optó por trabajar a destajo por muy variadas razones, sacrificándose —estoicamente y por una miserable compensación económica— para suplir esas carencias estructurales. Y ahora se opta por hacer unas previsiones absurdas ―por altísimas, particularmente en el orden contencioso administrativo― para evitar crear las unidades judiciales realmente necesarias; previsiones que se han basado en la productividad de los jueces en el año 2007 como si hubiéramos trabajado durante esa anualidad tan solo 37’5 horas semanales brutas.

Pues no. Precisamente en esa anualidad es en la que se hicieron los mayores esfuerzos por la carrera judicial, con horarios infrahumanos de más de 10 y 12 horas diarias, trabajando sábados y domingos, pidiendo días de asuntos propios para dictar sentencias, etc., etc. Ese sobreesfuerzo se agradece ahora convirtiéndolo en la «norma». Es inaceptable, máxime si se tiene en cuenta que, según los datos que se han obtenido, un alto porcentaje de magistrados y jueces superó durante el año 2007 el módulo establecido (41’05% durante el primer semestre y 38’23% el segundo semestre), con arreglo a la legalidad vigente (véase ley de retribuciones) en una opción legítima y legal. Ahora se promedia ese alto porcentaje para obtener la mediana estadística.

En el orden contencioso administrativo, además de lo anterior, debe tenerse en cuenta el hecho, notorio, de la incorporación de Rumania y Bulgaria a la UE el 1.º de enero de 2007, lo que motivó una media de unos 120 asuntos resueltos, al haberse archivado los antecedentes en Adextra, cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta el número de juzgados unipersonales contencioso administrativos.

2. Metodología

La metodología seguida ha sido la de ir ajustando los números a un resultado prefijado: MEDIANA ESTADISTICA del año 2007, ajustado a la conveniencia, no de superar la carga irrazonable de trabajo que pesa sobre los órganos judiciales, sino de aminorar de cara a la galería el número de unidades judiciales verdaderamente necesarias.

Buena prueba de ello es que, en la memoria de los letrados de la Inspección del grupo de trabajo de esta jurisdicción contenciosa de 9/02/2009 se partía de un total de 1.672 horas anuales para llegar, con los descuentos, a 1.404 horas netas. Tras darse cuenta la Inspección de que el total de horas anuales era menor: 1.625 horas (Resolución de 15 de julio de 2005), el número de horas netas, sin embargo, se ha mantenido en las mismas 1.404 horas anuales. ¿Cómo? Muy fácil: las reducciones que antes (el 9/02/2009) estaban perfectamente justificadas para el Servicio de Inspección, ahora se reducen para ajustar el resultado final. En concreto:

Horas totales/año Reducciones totales Horas netas/año

Memoria de 9/02/2009 1.672 268 horas 1.404

Estudio de marzo 2009 1.625 220’5 horas 1.404’5

No existe ninguna razón objetiva para que en febrero se tenga por correcto reducir un total de 268 horas al año y un mes después, la reducción quede disminuida a 220’5 horas. La única razón es que el resultado final tenía que encajar fuera como fuese.

Llama también poderosamente la atención que, habiéndose encargado por el CGPJ un costoso informe (varios cientos de miles de euros) a una empresa externa y profesional (“Steria Norman Broders”), sobre valoración del desempeño de jueces y magistrados, fechado en febrero de 2004, no se haya tenido en absoluto en consideración. Quizás se deba a que se ajustaban demasiado a la realidad, en vez de a los criterios estajanovistas que ahora nos presentan.

Parte III

Sobre la baremación de los procedimientos

1. De la valoración en general de los distintos procesos

Donde el Estudio se antoja más censurable, a nuestro entender, es en la baremación por clases de asuntos y materias, que actúa —según se dice— como verdadero soporte del sistema. Se reconoce en el Estudio la gran carga subjetiva que comporta esta valoración y, seguidamente, para justificar el resultado, se afirma que se trata de “subjetivismo debidamente sustentado en el conocimiento directo de la labor y experiencia profesional”. De nuevo hemos de poner en cuestión estas afirmaciones del Servicio de Inspección. Vemos por qué razón.

1.1. El supuesto soporte del subjetivismo de la valoración

Según el Servicio de Inspección, el supuesto “sustento” de la valoración hecha en su Estudio radica en «haber recurrido a asesores externos, intentando que resultaran representadas la máxima variedad de situaciones en función de cada tipo de órgano». La supuesta colaboración de estos asesores externos se explica en el Estudio del siguiente modo:

Haber enviado a estos asesores externos un cuestionario en el que se sometían a su consideración múltiples aspectos de interés para la baremación.

Se les solicitó una valoración porcentual de la mayor parte de las categorías de procedimientos que tienen entrada en el órgano, lo que se combinó con la cumplimentación de un cronograma, cuya finalidad era conocer su opinión sobre la distribución de la jornada de trabajo semanal entre cada una de las tareas cotidianas que realiza un Juez o Magistrado.

Finalmente «… reunido el grupo de trabajo con los asesores, se hizo una puesta en común de los cuestionarios cumplimentados, contrastando y analizando sus diferencias de criterio y las explicaciones dadas por cada uno. Para realizar una comparación lo más coherente posible se partió de un procedimiento estándar que pudiera servir de referencia para la medición de la carga de los demás asuntos. Primero se obtuvo una ponderación comparativa de todas las clases de asuntos (en abstracto, de 0 a 100) y después, para disponer de una escala de conversión a unidades de tiempo de los valores resultantes, se elaboró un cronograma del procedimiento estándar consistente en la medición temporal de cada una de las fases o etapas procesales que conforman su trámite, pero siempre de trabajo efectivo, lo que diferencia esta forma de cálculo de la propia de los tiempos de respuesta. Se procuró el acercamiento a duraciones promediadas, que pudieran dar cabida a las situaciones más comunes y, a la vez, compensar entre sí las extremas y descartar las anecdóticas …».

Añadiéndose que «… asimismo, se han tenido en cuenta para fijar las puntuaciones la proporción de asuntos que no terminan por sentencia, para obtener una media que refleje lo más fielmente posible la carga de trabajo del juzgador, por lo que la puntuación no pretende valorar el tiempo de dedicación de éste a un asunto concreto, sino el promedio que resulta de computar, dentro de la clase puntuada, aquellos asuntos que se sobreseen, son desistidos, etc., junto con los que efectivamente llegan a ser conocidos por el Juez o Magistrado en toda su extensión, incluyendo vistas, atención a profesionales y a los justiciables y resoluciones …».

1.2. Trabajo con los jueces y magistrados asesores externos

En el caso de los juzgados de lo contencioso-administrativo, la supuesta puesta en común y acercamiento del trabajo de la Inspección con los magistrados de lo contencioso-administrativo de Madrid, ha sido una falacia. Los módulos que ahora se nos presentan nada tienen que ver con los que se habían consensuado con los magistrados asesores externos de este orden jurisdiccional, cuyos criterios han sido completamente ninguneados.

Bien claro lo han dicho los propios magistrados “asesores” en una carta dirigida a la Jefatura del Servicio de Inspección del CGPJ y de la que nos hicieron partícipes a toda la carrera judicial. Entre otras muchas cosas, dicen que:

«El nuevo proyecto de módulos es, al parecer, fruto de las indicaciones de los vocales del CGPJ».

«Entendemos que el mismo se aparta de los borradores o proyectos que habíamos elaborado y sobre los que habíamos trabajado».

«Las puntuaciones que contiene no son las que habíamos consensuado, habiéndose considerado todas a la baja, como tampoco lo son el índice de materias a considerar».

«No nos sentimos partícipes ni responsables del nuevo proyecto o borrador».

«No quepa al CGPJ justificar en su caso y en un futuro que el mismo es fruto de nuestra participación en los trabajos preparatorios».

La nitidez de lo expuesto excusa de cualquier argumento sobre la inexistencia de la menor voluntad de llegar a ningún consenso ni acercamiento. Sencilla y llanamente se ha ignorado por completo a los “asesores” externos y se ha impuesto un criterio productivista, CONSISTENTE, COMO YA SE HA DICHO, EN LA MEDIANA ESTATIDISTICA DEL AÑO 2007.

Por lo demás, no sabemos —pues el Estudio no lo explica—, qué pueda ser un procedimiento estándar para servir de referencia al objeto de medir la carga de los demás asuntos. Tampoco se explica, en absoluto, lo relativo al cronograma de ese procedimiento estándar, consistente en medición temporal de cada una de las fases o etapas procesales que conforman su trámite, pero siempre de trabajo efectivo.

1.3. Proporción o «media» con asuntos que no terminan por sentencia

Otro de los criterios tenidos en consideración por la Inspección para puntuar los procedimientos ha sido no distinguir entre los modos de finalización de los mismos, de manera que TODOS los de una misma categoría o clase, acaben por auto o por sentencia, se computan igual.

El criterio nos parece acertado, pero no lo es tanto la «media» o «promedio» que se ha establecido en el orden contencioso-administrativo.

En efecto, se dice textualmente en el Estudio que “se han tenido en cuenta para fijar las puntuaciones la proporción de asuntos que no terminan por sentencia, para obtener una media que refleje lo más fielmente posible la carga de trabajo del Juzgador, por lo que la puntuación no pretende valorar el tiempo de dedicación de éste a un asunto concreto, sino el promedio que resulta de computar, dentro de la clase puntuada, aquellos asuntos que se sobreseen, son desistidos, etc., junto con los que efectivamente llegan a ser conocidos por el juez o magistrado en toda su extensión”. Sin embargo, ello no se ha hecho así en este orden jurisdiccional.

Los juzgados de lo contencioso-administrativo controlan una actividad previa que, salvo los casos de “actuación de hecho”, conllevan la sustanciación de un procedimiento administrativo previo. De forma que hemos de pronunciarnos sobre la legalidad del procedimiento previo y sobre la legalidad de la resolución. Quiere decirse con ello que, cuando las partes llegan a sede judicial difícilmente van a modificar sus posiciones ya fijadas en sede administrativa. De ahí que los procesos rara vez acaben de otra forma que no sea una sentencia contradictoria, de manera que no hay posibilidad de compensarlos o “promediarlos” (como se dice en el Estudio) con allanamientos, desistimientos y otras formas de terminación del proceso.

2. Las concretas puntuaciones de los procedimientos

Sentado lo anterior, consideramos que las concretas puntuaciones atribuidas por el Estudio a los distintos procedimientos son fruto del más puro voluntarismo, y en ocasiones, de la arbitrariedad.

2.1. Los parámetros de dedicación

Vamos a poner un ejemplo para que se entienda (refiriéndonos siempre, como hacemos, a la jurisdicción contencioso-administrativa): Responsabilidad patrimonial.

Los asuntos de responsabilidad patrimonial se incluyen entre los de menor complejidad, sin la más mínima explicación, cuando quienes los resolvemos sabemos por experiencia que no es así. Se les asignan valores de 3 puntos/hora en procedimiento ordinario y 2 puntos/hora en abreviado, para los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. Y en cambio, 4’5 puntos/hora para las Salas. Así las cosas:

A) No sabemos con arreglo a que parámetros de dedicación, necesita mayor tiempo de trabajo un asunto de esa clase, según se tramite y resuelva en juzgado o en un tribunal. Ni siquiera por la cuantía de la reclamación, es apreciable diferencia sustantiva.

Por ejemplo, en Andalucía son los juzgados de Sevilla (y de ninguna otra provincia) quienes asumen en exclusiva el enjuiciamiento de las responsabilidades derivadas de todos los actos de la sanidad pública andaluza, que no son resueltas en vía administrativa por la Consejería de Sanidad, sino por el Director Gerente de un organismo con personalidad jurídica propia: el Servicio Andaluz de Salud (SAS), cualquiera que sea la cuantía de la reclamación. Da igual, por tanto, que el hospital esté en Huelva o en Almería, que se reclamen 30.000 euros o 1.000.000 de euros, la competencia acaba en los juzgados de Sevilla (art. 8.3 de la LJCA) y no en la Sala. Son reclamaciones muy cuantiosas, y desde luego, significativas en número. Las cuestiones fácticas y jurídicas que puedan plantearse ante un órgano unipersonal o colegiado son idénticas. Y la deliberación, en la Sala, no justifica que prácticamente se doble la valoración para la misma, en comparación con los juzgados.

B) Esta consideración es, en buena medida, extrapolable a cualquier otro lugar de la Nación Española, en el que la Sanidad se encuentre transferida, siendo el criterio legal de la cuantía, el que diferencia que el asunto se examine ante el TSJ o ante los juzgados unipersonales, de lo que se evidencia, una vez más, la arbitrariedad del sistema, que atribuye un número distinto de horas para el análisis de una resolución dependiendo, en definitiva, de la competencia objetiva y del órgano que la examine. Los justiciables se verán así discriminados, sin causa justificativa alguna.

Ello nos hace, una vez mas, rechazar el sistema, por arbitrario; y nos ratifica en que, lo que se ha tenido en cuenta, y lo que interesa es cuadrarlo con los datos estadísticos del año 2007. De ahí que, a mayor peso específico de una materia, se atribuya por el Servicio de Inspección una menor puntuación de dedicación, porque de otra manera, los datos estadísticos no les cuadrarían.

2.2. El cronograma: ¿Qué cronograma?

Tampoco sabemos con qué clase de «cronograma» se ha llegado a la «brillantísima» conclusión de que un asunto de responsabilidad patrimonial, por término medio, por el procedimiento ordinario, tarda en tramitarse y resolverse un promedio de 3 horas en un juzgado. Lo mismo cabe decir, corregido y aumentado, para las 2 horas en que se cuantifican estas materias en los procedimientos abreviados.

Para darse cuenta de la aberración e irrealidad de esta baremación en los asuntos de responsabilidad patrimonial, pongamos, como ejemplo, uno de responsabilidad por acto sanitario. Se sustanciará, seguramente, como ordinario (cuantía superior a 13.000 €). Como todos los de esta categoría, prácticamente nunca acabará por auto, ni por desistimiento, ni habrá allanamiento (así lo enseña la experiencia, por encima de «cronogramas» irracionales). Cuando se presenta el escrito de interposición, tendrá que minutarse (comprobación de presupuestos de admisibilidad, competencia… etc.). Se proveerá para reclamar expediente y que se emplace a los interesados. Se dará traslado para demanda, y luego contestación (como mínimo a dos codemandados: la Administración y su aseguradora). Se pedirá y acordará recibimiento a prueba. Se decidirá sobre la pertinencia de las pruebas (y sobre los recursos que con toda seguridad, cada vez que se rechace una prueba, se formularán por las partes). Se practicarán pruebas, sobre todo de testigos y periciales (con activa participación de los letrados de las partes). Se pedirán conclusiones o vista, y se acordarán estos traslados. No será inusual la prueba de oficio (cuando el juez, aun después del período de prueba, en estudio del asunto para sentencia, valora lo que puede hacer falta para aclarar ciertos extremos o despejar dudas existentes). Y, finalmente, habrá que dictar sentencia y notificarla.

Para dictar la sentencia, el magistrado, tendrá que leerse detenidamente el expediente administrativo (en muchas ocasiones compuesto de varios tomos de informes y actuaciones médicas), sacar sus anotaciones; luego toca examinar los autos, releer o visionar los discos de las grabaciones (por el tiempo transcurrido) las declaraciones de los testigos, las ratificaciones y aclaraciones de peritos, consultar jurisprudencia y, por último, redactar la sentencia (lo que significa minutarla por escrito o transcribirla directamente al ordenador). Y todo eso, ¿en 3 horas de media? Es un verdadero dislate.

Lo mismo cabe decir de los abreviados. En el acto de la vista (que aunque sea el acto nuclear del procedimiento, no es el único) comparecen varias partes (actor, Administración demandada, aseguradora demandada o codemandada, contratista o concesionario demandado o codemandado), cada una con su letrado y turno de palabra o intervención, práctica de pruebas e informes orales, iniciales y finales. El dictado de la sentencia, en estos procesos, no lleva menos trabajo que el invertido en el ordinario. A ello hay que añadir el tiempo «invertido» en tramitar (que no solo consiste en señalar el juicio, sino en resolver recursos de súplica nada infrecuentes). ¿Todo esto solo merece, como tiempo promedio, 2 horas? Nos parece increíble tal despropósito.

Lo expuesto es sólo un botón de muestra. Desde luego que si el sistema de medición prospera, los jueces nos veremos obligados a hacerlo público, para que la ciudadanía conozca que se nos «obliga» a tramitar y resolver sus asuntos dentro de unos tiempos medios imposibles, verdaderamente kafkianos, y que, esta medición “a la baja” será la cobertura perfecta de cara a la ciudadanía para no incrementar la planta de órganos judiciales, ni tampoco el número de jueces (porque a nadie se le escapa que se intentará de nuevo establecer un módulo de salida, y que tomará como base el confeccionado para la entrada).

2.3. Faltan definiciones

Desde otra óptica, faltan definiciones cumplidas de las categorías que se barajan para la baremación.

Un ejemplo: no se sabe si en «Urbanismo» se incluyen o no las sanciones urbanísticas. Tendrá que puntualizarse o precisarse mucho a este respecto. Y alguien tendrá que valorar la clase de asunto para su categorización de cara al sistema de medición que se pretende implantar (nos oponemos a que por ejemplo, deba ser el secretario judicial el que «decida» qué asuntos son o no «repetitivos», por poner un ejemplo, porque es el juez el que los resuelve y el que de verdad sabe si hay particularidades del caso que excluyan o no esa calificación, se trata de una cuestión jurisdiccional).

Y cuando llegue la hora de elaborar la “estadística de entrada anual”, se obtendrán resultados diferidos (del año anterior) y habrá que realizar un auténtico esfuerzo (que tampoco se valorará) para discriminar asuntos por categorías.

3. Baremación de los juzgados de lo contencioso-administrativo

A) Expropiación forzosa

Se valora en el Estudio con 6 puntos.

a.1) Reversión. Los procedimientos de reversión, por su complicada tramitación y difícil resolución desde el punto de vista técnico debido a la complejidad del análisis de las diferentes cuestiones que se plantean de forma habitual, deberían configurarse como una categoría especial dentro del urbanismo o dentro de la expropiación forzosa, cuya valoración no puede ser inferior a 9 puntos.

B) Urbanismo

El Estudio valora los procesos de urbanismo en 4 puntos para el proceso ordinario y 3 para el abreviado.

Discrepamos, en general, de la valoración que se pretende atribuir al urbanismo Hay que tener en cuenta la dificultad técnica que estos temas conllevan en las grandes áreas metropolitanas, en las grandes ciudades del entorno y, en general, en las grandes capitales. Mención especial merece Madrid, debido a la problemática urbanística compleja que se configura en complejos y complicadísimos procedimientos en carreteras, infraestructuras, vías rápidas, que conllevan, incluso el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo, debiendo hacer constar el planteamiento de varias cuestiones de esta naturaleza.

En similares términos cabe referirse a los fenómenos urbanísticos en las zonas costeras y en zonas de montaña. En general, el urbanismo se encuentra infravalorado, ya que conlleva complejos fenómenos expropiatorios, cuya valoración se realiza en el estudio de forma muy negativa. Los procesos de urbanismo, en general, no deberían ser valorados en menos de 6 puntos en el proceso ordinario y 5,5 en el abreviado.

b.1) Gestión y ejecución del planeamiento urbanístico. Debe señalarse que, como consecuencia de las modificaciones competenciales introducidas en el proceso contencioso por la Ley Orgánica 19/2003, los TSJ remiten de forma sistemática a los órganos unipersonales los procesos relativos a la gestión y la ejecución del planeamiento, resultando frecuente encontrarse con complejos asuntos de reparcelación urbanística, problemas de atribución de parcelas en la gestión del planeamiento. Todos ellos conllevan problemas complicados y complejos en relación con las corporaciones locales y las juntas de compensación, por lo que esta categoría (gestión del planeamiento urbanístico y de ejecución del mismo) debería configurarse separadamente del urbanismo y valorarse, como mínimo, con 9 puntos.

C) Contratación Administrativa y Adjudicación de Contratos

Valorar estas materias con 4 puntos para procedimiento ordinario y 3 para el abreviado, es por completo irrazonable.

Son asuntos en los que caben muchas cuestiones de diversa índole y enjundia, de sensible importancia económica y en los que seguramente habrá de practicarse prueba y examinar expedientes administrativos muy voluminosos. Antes, al menos, para los abreviados se asignaba 3’5 puntos. Ahora ni eso.

No se entiende por qué razón los asuntos sobre contratación administrativa se catalogan como de complejidad media-alta cuando conocen de ellos los TSJ, atribuyéndoles 6,5 puntos y, cuando son resueltos por los juzgados se consideran de complejidad media, con la insuficiente puntuación de 4-3 puntos (según que sea ordinario o abreviado).

La materia de contratación en primera instancia es igual de compleja para los juzgados que para la Sala y se debe valorar igual. Desde luego, no es excusa una discriminación por razón de la cuantía, puesto que los organismos autónomos (cuyas resoluciones se enjuician por los juzgados) contratan sin límite de cuantía.

Una correcta valoración ha de ser, como mínimo, de 6’5 puntos para los ordinarios y 6 para los abreviados.

D) Personal en materia de concursos

No puede aceptarse que la tramitación y resolución de este tipo de procesos se valore en 4 puntos. Los concursos implican la participación de varios sujetos como codemandados con la Administración y el examen de voluminosos expedientes, cada uno con su propia ley del concurso (las bases del mismo). Estos asuntos no deben ser baremados en menos de 5,5 puntos.

E) Personal relativo a régimen disciplinario

Es verdaderamente absurdo que para todos estos procedimientos se establezcan 3’5 puntos. Todos ellos terminarán, salvo rarísimas excepciones, con sentencia. Habrá que practicar prueba en el acto de la vista, que no durará menos de 45-60 minutos. Para dictar sentencia habrá que estudiar con detalle, examinar a fondo el expediente administrativo y revisar pruebas, hasta su redactado final. Por tanto, no deberían valorarse con menos de 5 puntos.

F) Resto de asuntos de personal

Es inaceptable la previsión residual sobre estos asuntos (2’5 puntos).

Aquí puede admitirse que quepan más supuestos «tipo», pero también otros (sobre retribuciones, vacaciones, jubilaciones, etc.) con cuestiones jurídicas prácticamente «vírgenes», por no resueltas anteriormente, siendo de gran trascendencia, incluso económica (al poder dar lugar a extensiones de efectos, ex art. 110 LJCA). Dada la heterogeneidad, no es razonable valoración inferior a los 4 puntos mínimo, debiéndose tener en cuenta la proliferación de asuntos en materia de personal estatutario, transferido a las comunidades autónomas en su inmensa mayoría, que conlleva, múltiples complicaciones en lo relativo a turnos, horarios, jornadas, modificación de las condiciones sustanciales de trabajo, e incluso, causas de despido, o resolución de contrato, mobbing, etc., de lo que se infiere, una vez más la arbitrariedad del sistema que se pretende imponer.

G) Tributario

Asignar 3 puntos a los ordinarios y 2’5 a los abreviados, es llanamente absurdo –por irreal–. De nuevo se trata de materia que se presta a la heterogeneidad y, a priori, complejidad, sobre todo jurídica. Piénsese, sin ir más lejos, en la posibilidad de promover recursos indirectos, que pueden acabar con el planteamiento, por el juez, de cuestión de ilegalidad (que, por cierto, no merece apartado alguno en el baremo, como si no existiera o pudiera ser, a diferencia de los anteriores módulos). De otro lado, hasta las cuestiones aparentemente más «sencillas», por ejemplo sobre actos de apremio, exigen una escrupulosa lectura del expediente –a veces, mastodónticos–, comprobando uno por uno los trámites administrativos y sus notificaciones, etc.). Por tanto, opinamos que no se les puedan asignar menos de 4.5 puntos a los ordinarios y 4 a los abreviados.

H) Contratación administrativas y adjudicación de contratos

Los conflictos sobre la contratación administrativa y los relativos a la adjudicación de contratos son farragosos y complejos. Todos ellos terminarán en la inmensa mayoría de los casos por sentencia. En los de adjudicación, además, habrá, siempre, una pluralidad de partes demandadas (la Administración y aquél o aquéllos a quienes finalmente se adjudicó el contrato que se discute). Ello implica, por definición, mayor complicación y duración en los trámites y más recursos interlocutorios. Es frecuente, además, que esté en liza no solo ordenamiento estatal, sino también de la UE. Todo ello justifica que se valoren, como mínimo, en 5 puntos los procesos ordinarios y 4 los abreviados.

I) Medio Ambiente, Dominio público y Propiedades especiales

Valorar a razón de 3 los ordinarios y 2’5 los abreviados, tampoco tiene el más mínimo sentido. Se tratará de temas, per se, complejos, y desconocidos hasta entonces para el juez. Heterogéneos y donde, probablemente, se practicará prueba y no terminarán sino con sentencia. De suerte que no deben merecer menos de 4’5 puntos los ordinarios y 4 los abreviados.

J) Actas de infracción, Actas de liquidación y materia de Seguridad Social

Se atribuyen 3 puntos para los procedimientos ordinarios y 1’5 para los abreviados, es de lo más absurdo, de entre todo lo absurdo de la baremación que comentamos. Sobre todo en cuanto a los abreviados.

Son asuntos en los que predomina lo fáctico, aunque respecto de algunos (por ejemplo, actas de liquidación) se plantean cuestiones jurídicas no «menores», que han de elucidarse mediante prueba, a practicar y valorar en sentencia. Pensar que un supuesto de liquidación de cuotas, o una sanción en el orden social o en materia de seguridad social, pueden ventilarse, por abreviado, en 1’5 horas, es aberrante. No deben merecer menos de 4’5 puntos los ordinarios y 3’5 los abreviados.

K) Extranjería

Puede ser la materia que, por la cantidad de asuntos que se ingresan y resuelven, se adapte algo más a una posible estandarización. Con todo, existen supuestos particulares que exigen estudio muy preciso (teniendo en cuenta la naturaleza de los derechos en juego). Si todas las expulsiones, por ejemplo, deben sustanciarse y decidirse en un «tiempo total estimado» de 2 horas, se corre riesgo grave de error, ya que cada una de ellas tiene su peculiaridad y por tanto, debe ser examinada, detallada y minuciosamente, atendiendo a los motivos, y examinando pormenorizadamente las causas de las que dimana la orden de expulsión. Debe tenerse en cuenta la doctrina jurisprudencial del TS. Por ello, de las tres «sub-categorías», opinamos que la de «autorizaciones de trabajo, residencia, agrupaciones familiares, autorizaciones por causas humanitarias y excepcionales…» debe valorarse, como mínimo, con 4 puntos, las de «expulsión» con 4 puntos y la «denegación de entrada … destinadas a desaparecer, por carecer de representación legal», con 2 puntos.

L) Responsabilidad Patrimonial

Nos atenemos a lo dicho ut supra (epígrafes 3.1 y 3.2).

No hay asuntos iguales ni similares. Exigen mucha precisión, sobre todo en lo fáctico (más aún tratándose de supuestos estimatorios), aunque sin desdeñar cuestiones jurídicas susceptibles de planteamiento. De suerte que no pueden valorarse los ordinarios con 4’5 puntos como mínimo y los abreviados con 3’5 puntos como mínimo.

M) Sanciones administrativas

Dada la heterogeneidad de las mismas debido a las innumerables materias que regula el derecho sancionador sectorial (y las diferentes administraciones), no cabe estandarización alguna. Ni siquiera en las correspondientes a la misma materia. Por ejemplo, solo la Ley de ordenación de los transportes terrestres contempla más de 70 diferentes situaciones fácticas en las infracciones muy graves (art. 140), más de 40 situaciones fácticas en las graves (art. 141) y más de 40 en las leves (art. 142) que, además hay que conciliar con normativa europea. A tales situaciones fácticas ha de sumarse la diferencia de procedimientos sancionadores sectoriales, con normativa distinta en cuando a la prescripción y caducidad (fecha de inicio, plazos, etc.).

Lo mismo cabe decir de las sanciones sobre consumidores y usuarios, pues existe un amplio electo de conductas tipificadas. Así, nos podemos encontrar sanciones por construcciones defectuosas (que requieren una abundante prueba pericial), sanciones por sobreprecio en viviendas de protección pública, sanciones por retraso en la entrega de las viviendas, sanciones por defectos en la construcción de viviendas, y un largo etcétera.

En materia de infracciones turísticas existe, igualmente, una gran diversidad y complejidad; máxime teniendo en cuenta el número de reclamaciones que se presentan, procedentes de viajes de toda clase y naturaleza. Desde viajes para buceo hasta cruceros de lujo, pasando por las reclamaciones acerca de incumplimiento contractual, de toda clase de contratos de viaje, cada una con su peculiaridad, estudio y análisis de cláusulas abusivas en la contratación.

No es lo mismo, ni parecido, el tratamiento de una sanción en materia de transportes, o en materia de pesca, o en materia de consumo.

Unificar todos estos procedimientos con solo 2’5 puntos para el ordinario y 1,5 para el abreviado es inaceptable. La valoración no debe bajar de los 4.5 puntos para los ordinarios y los 4 para los abreviados.

N) Otras materias

En el «cajón de sastre» de «Otras materias» cabe cualquier cosa (escolarización, farmacias …, etc.). No pueden admitirse menos de 4 puntos para los ordinarios, y 3’5 para abreviados (como garantía, precisamente por la indefinición y heterogeneidad de los supuestos encuadrables en dicha categoría).

La impugnación de costas por indebidas sigue un procedimiento específico que acaba por sentencia. Es de suponer que también se incluyan en este apartado. De lo contrario deberían estar específicamente contempladas en la carga de trabajo.

Ñ) Procedimientos de protección de los derechos fundamentales de la persona

Se computan en el Estudio con arreglo a la materia, con la misma puntuación que el procedimiento ordinario correspondiente, El criterio no es válido y, además, se muestra completamente incoherente con lo establecido para los juzgados de lo social. Por comparación, para los Juzgados de lo Social («Tutela de derechos fundamentales», Grupo 1), se valoran, siendo supuestos análogos, con 6 puntos. No se entiende ni se explica por qué la tramitación y resolución de un procedimiento sobre tutela de derechos fundamentales se valora diferente en un juzgado de lo social que en un contencioso, cuando la materia es exactamente la misma (derechos fundamentales) y los procedimientos son ambos de homologables características (en ambos casos sumarios, por imperativo constitucional). Deben valorarse, en lo contencioso igual que en lo social: 6 puntos.

O) Medidas cautelares

Pretender que en treinta minutos se realice, como media, toda la tramitación de las «Medidas cautelares o cautelarísimas» es irreal. Es decir, que, en media hora, se ha de registrar, dar trámite de audiencia a la parte contraria, estudiar el tema, decidir si se da lugar o no a la medida, transcribir la resolución, notificarla, además de resolver, en su caso, los recursos que se planteen (súplica en muchas ocasiones). Esta valoración del Estudio es, cuando menos, desproporcionada por defecto y arbitraria; y hemos de decir, que responde, una vez más, a cuadrar las estadísticas del año 2007, ya que, ante el espectacular incremento de las medidas cautelares y cautelarísimas, se decide por el Servicio de Inspección que deben resolverse en la mitad de tiempo que el que se había establecido en anteriores módulos.

A nuestro juicio, como media, las medidas cautelares deben valorarse con 1 punto, y las medidas cautelarísimas en 1’30 puntos, toda vez que estas últimas conllevan más trámites que las previas y doble resolución (estudio inicial sobre la urgencia y procedencia de la medida, resolución de la medida provisionalísima, citación y comparecencia de las partes dentro de los tres días siguientes para ser oídas y resolución manteniendo, modificando o levantando la medida).

Por lo demás, no puede olvidarse queque existen medidas que conllevan un trabajo exhaustivo, tales como las de demoliciones, licencias, mobbing, problemas con menores, agrupaciones familiares, expulsiones, etc., que en absoluto parecen haberse tenido en consideración.

P) Asuntos repetitivos

Tampoco es aceptable que los «asuntos repetitivos» se valoren con el 20% del asunto de que se trate. No deben merecer menos de 1’5 puntos, sea cual sea la naturaleza de la materia. El tiempo de tramitación del procedimiento y los problemas interlocutorios que en ellos puedan plantearse no son menores que en los no repetitivos. Y, el redactado de la sentencia, valorando si el supuesto se asimila a otro precedente, con el cuidado necesario sobre las particularidades del caso, requiere de ese tiempo de trabajo como mínimo. Todo ello sin olvidar que la declaración de la naturaleza de repetitivo es, como ya dijimos, exclusivamente jurisdiccional, por lo que no puede quedar en manos del Decanato ni del Secretario judicial.

Q) Ejecuciones forzosas

También es absurdo que las «ejecuciones forzosas» se valoren en 0’5 puntos o 30 minutos. Téngase presente que si se ha dado lugar a una ejecución forzosa, de sentencia dictada en proceso contencioso-administrativo, es porque la contradicción y problemática de verdad, están servidas. Piénsese en la ejecución provisional, incidentes de ejecución (así por ejemplo, sobre retribuciones, urbanismo, o impugnaciones de tasaciones de costas … etc.) y se comprenderá. No deben valorarse, por tanto, con menos de 2 puntos (al igual que los incidentes de los arts. 37.2, 110 y 111).

Para concluir, lo que no se ha tenido en cuenta en absoluto, en el sentido de no merecer ninguna valoración (cuando sí debería, a nuestro entender), es lo siguiente:

1.- Planteamiento de cuestiones de ilegalidad (o de constitucionalidad). Deben merecer apartado específico, aunque no constituyan un procedimiento en sí mismo.

2.- Los asuntos de excepcional dedicación, que se contemplaban en los módulos anteriores. Deberían preverse, con posibilidad de razonarse su apreciación y valoración individualizada.

3.- La resolución sobre procedimientos con acumulación sucesiva –sea de autos o de acciones-. Supone mayor complicación y trabajo en sentencia. Deberían aumentarse las valoraciones-promedio, según materia, en un 25% al menos.

4.- Expedientes gubernativos (por ejemplo, disciplinarios, en el que el Juez haya sido nombrado instructor) o asimilables (impugnaciones sobre asistencia jurídica gratuita). Se deberán también considerar, con no menos de 5 puntos/hora (los disciplinarios) y/o 2 puntos/hora los demás.

Parte IV

Conclusiones

De acuerdo con lo expresado anteriormente, se realizan las siguientes conclusiones:

Primera.

Rechazamos, de plano, el cálculo que se ha realizado con relación a las horas netas, por los motivos expuestos.

Entendemos que lo que se pretende es cuadrar las estadísticas del año 2007 con la planta actual, para justificar engañosamente la innecesaria creación de juzgados o de unidades judiciales. No podemos olvidar que, según los datos de que disponemos, en la anualidad del 2007, nada más y nada menos que un total del 41’05 % de jueces y magistrados, superaron los módulos (anulados por el TS) durante el primer semestre y el 38’23% lo hizo el segundo semestre (una media del 39’65% de jueces y magistrados durante toda la anualidad 2007). Los jueces demostraron entonces su capacidad de sacrificio en aras de una situación coyuntural que ahora pretende perpetuarse.

Ese exceso de productividad sobre el 100% debe descontarse del denominado índice resolutivo. Tal exceso de productividad (opción legítima de algunos jueces y magistrados compensada con una miserable retribución) no puede promediarse para fijar ahora el módulo de carga de trabajo máxima razonable de juzgados y tribunales. No tenemos los datos exactos, pero, según las informaciones publicadas en la prensa, suministradas por el CGPJ, el número de asuntos resueltos en el año 2007 se elevo a la cantidad de 8.260.000.

En suma, los resultados obtenidos durante el año 2007 deben analizarse sin el efecto multiplicador de la productividad, descontando ese 39,65 % (exceso de productividad) de los resultados de dicho año. El índice resolutivo debe minorarse teniendo en cuenta dichos datos, sin que pueda pretenderse que los efectos extraordinarios y excepcionales de la productividad, puedan pasar a considerarse lo normal a resolver por el número de jueces y magistrados sentenciadores.

Segunda.

Se desconoce la metodología empleada.

Este dato es imprescindible y debe figurar en cualquier estudio riguroso, y el que ahora se somete a informe debería serlo ya que se trata de cuantificar la medición del tiempo de trabajo fijado en 37,5 horas/semanales para todos los jueces y magistrados del Reino de España. Todas estas cuestiones deberían figurar en un estudio del calado del que nos ocupa. Sin subjetividad, con rigor, utilizando la técnica estadística y ficha técnica, conforme a la metodología aplicable a las ciencias sociales. Nada de esto aparece o se vislumbra en el Estudio de la Inspección.

Entendemos que la realización seria y rigurosa del Estudio objeto de este informe debería haber contado con una ficha técnica, con una muestra de la población a analizar (esto es, juzgados y tribunales), con el sistema estadístico predeterminado, de, al menos, el 7%, como mínimo o, en todo caso, del 5 %, que fue lo que hizo en su trabajo profesional y objetivo la empresa Steria, Norman & Broders, con estratificación de la muestra dentro de los distintos órganos jurisdiccionales, con órganos de distintas poblaciones. Todo ello con objeto de examinar la diversidad de problemas que se presentan dentro de cada jurisdicción, de conformidad con el territorio. Así, por ejemplo, no son los mismos problemas los que se plantean en las grandes ciudades, que en el resto.

No entenderlo así, supondría, de facto, una nueva disfunción y, en su caso, un empeoramiento sobre las condiciones de trabajo. Este extremo ya se puso de manifiesto en las Juntas de Jueces celebradas en todo el Reino de España en fechas recientes, en un concreto apartado en el que se expresaba que la carga de trabajo debía ajustarse a lo que estableció la sentencia del Tribunal Supremo, mediante un análisis individualizado caso por caso, sin que los nuevos módulos pudieran ser más gravosos que los anteriores.

Se deben analizar las materias de forma individualizada. Ni tan siquiera sirve, a tenor de lo establecido por Tribunal Supremo, el análisis más genérico por materias, sino que debe ponderarse, dentro de cada materia, las especificidades propias. Así, por ejemplo, en el procedimiento sancionador, no es lo mismo una sanción de tráfico, que una de consumidores y usuarios, que una de seguridad social, que una de urbanismo, que una de caza, de tenencia de armas, de tenencia de animales potencialmente peligrosos, de transportes, con un elenco elevadísimo de tipos, etc. Todo ello en aras del cumplimiento de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con objeto de satisfacer la tutela judicial efectiva, como valor superior de la vigente Constitución Española de 1978.

Con la elaboración de las cargas de trabajo, lo que no puede pretenderse es que se acabe con la pendencia, ya que si se tienen en cuenta los datos de la memoria del CGPJ, el número de asuntos desde el año 2005 al 2008 ha pasado de 6.200.000 a 8.900.000 en números aproximados un incremento de unos 3.000.000 de asuntos. Si se tienen en cuenta los datos ofrecidos recientemente por el Presidente del Consejo del Poder Judicial en el Parlamento, el número de asuntos ingresados se elevó a 9.094.000, permaneciendo igual el número de jueces sentenciadores.

No se trata de cuadrar las estadísticas del año 2007, en relación con el número de jueces y magistrados existentes en la actualidad (que es lo que infiere del Estudio objeto de este informe). De lo que se trata es de atribuir a los juzgados y tribunales una carga de trabajo razonable y máximo; y si, para ello, se quiere tomar como parámetro la jornada que se realiza en el sector público, deberán de valorarse de forma individualizada todas las tareas que se realizan desde que entra un asunto en un juzgado o tribunal, hasta que se archiva, rechazando por tanto, la forma de cálculo que se realiza en el estudio que es objeto del informe.

Tercera.

Se desconoce el entorno en relación con el número de jueces, así como las resoluciones de los organismos internacionales en la materia.

Debe de tenerse en cuenta, el dictamen del Consejo de Europa para 2007, en el que se expresa que, la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes es, en el Reino de España, de 10,1 ―en algunos casos como Madrid, no llega―, mientras que en Europa la media es de 19,8 por cada cien mil habitantes. El informe del Consejo de Europa del año 2008 (Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia), con referencia a datos del año 2006, nos sitúa en el puesto número 38, sobre 47 países, en relación con el número de jueces por cada cien mil habitantes.

El artículo 1.6 de la Carta Europea de los jueces (1998) establece que los gobiernos deben dotar a los jueces de medios para poder dar respuesta en plazo razonable. Con nuestra ratio (puesto 38 sobre 47 países, según informe del año 2008), resulta imposible dar una respuesta en tiempo razonable. Desde luego, lo que no puede pretenderse es cuadrar los números mediante el establecimiento de una carga de trabajo inasumible, realizando las medianas estadísticas del año 2007, ya que suponen un agravamiento en el carga de trabajo, incluso en relación con el módulo del año 2003, que fue anulado por el Tribunal Supremo.

Igualmente debe destacarse la declaración de SINGHVI en su artículo 33 que expresa que el Estado deberá proveer de recursos adecuados con objeto de permitir que la Justicia se administre en debida forma, con incremento de medios materiales adecuados para el mantenimiento de la independencia Judicial y de la eficacia, así como presupuestos para su funcionamiento.

Cuarta.

El modelo adolece de indefinición que genera indefensión.

El modelo que se nos presenta adolece de una indefinición de carácter general, que genera indefensión a los jueces y magistrados, ya que resulta imposible determinar con carácter general en cualquier orden jurisdiccional, el número de asuntos máximo que debe entrar en un año para superar la carga de trabajo máxima razonable. Este es un dato de vital importancia a la hora de poder planificar la planta judicial; dato absolutamente necesario para limitar el número de asuntos que, con carácter general, deben ingresar en un juzgado o tribunal. A partir de dicho número, que sí se encontraba cuantificado en el módulo del año 2003 y en el estudio de la empresa Steria Norman & Broders, por los órganos competentes, en esto caso el Ministerio de Justicia, se debe proceder a la creación de nuevos órganos jurisdiccionales.

Con este estudio que se nos presenta para informe, resulta imposible determinar el número de asuntos de entrada necesarios para la realización de esas hipotéticas 1.404 horas anuales netas, ya que se trata, ni más ni menos, que de las variaciones de X elementos tomados dos a dos, y la resultante puede ser elevadísima, ya que, en cada orden jurisdiccional existen no menos de diez o doce grupos distintos de materias. De ahí que la variación de uno solo de los elementos que se expresan en el Estudio de ese “hipotético” e irreal juzgado o tribunal, haga que se descompense todo el sistema y por tanto, se desconozca qué número de asuntos debe resolverse y qué número de asuntos debe ingresar cada juzgado. Así resulta completamente imposible realizar una programación y un cómputo que se ajuste a lo pretendido por el Estudio, porque, dependiendo de múltiples variables, los resultados serán distintos, incluso dentro del mismo orden jurisdiccional.

Rechazamos por tanto, el estudio realizado, en tanto que genera indefensión, imposibilitando conocer de antemano la posibilidad de incremento de planta judicial, el número de asuntos que deben ingresar en cada juzgado y, por ende, el número de señalamientos que deben realizarse con carácter anual, dato éste que con el estudio, se conocerá una vez finalizado el año en curso.

Quinta.

Lo que deberían ser los módulos de entrada o la carga máxima de trabajo razonable anual de los juzgados de lo contencioso administrativo

Entendemos correcto, a los efectos de determinar los módulos de entrada o la carga máxima de trabajo razonable anual de los juzgados de lo contencioso administrativo, el número de asuntos de entrada que fijó la empresa Steria Norman & Broders: 450 asuntos anuales para los órganos jurisdiccionales unipersonales de lo contencioso administrativo. Se trata de un trabajo hecho por profesionales, riguroso, objetivo, científico, sin directrices sobre resultados predeterminados (cosa que no puede predicarse del Estudio de la Inspección, objeto de este informe).

Madrid, 17 de abril del año 2009

ASOCIACION FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE