17/04/2009

Informe que emite la asociación de jueces y magistrados

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE,

como alegaciones al

«Estudio de la medición de la carga de trabajo de Juzgados lo Penal y de Ejecutorias Penales ».

Sumario

Parte I

Sobre los Principios básicos del sistema.

Jornada neta anual fijada en 1404 horas

Parte II

De la “finalidad” y “metodología” del Estudio realizado por el Servicio de Inspección

1. Finalidad

2. Metodología

Parte III

Sobre la baremación de los procedimientos

1. De la valoración en general de los distintos procesos

1.1. El supuesto soporte del subjetivismo de la valoración

1.2. Trabajo con los jueces y magistrados asesores externos

1.3. Proporción o «media» con asuntos que no terminan por sentencia

2. Las concretas puntuaciones de los procedimientos

2.1. Los parámetros de dedicación

2.2. El cronograma: ¿Qué cronograma?

2.3. Faltan definiciones

3. Baremación de los juzgados de lo penal y ejecutorias penales

Parte IV

Conclusiones

Parte I

Sobre los Principios básicos del sistema

Jornada neta anual fijada en 1404 horas

El estudio realizado por el servicio de inspección, parte de una premisa inaceptable, por inexacta: Fija la jornada anual neta del juez o magistrado en 1.404 horas. El cómputo no se ha hecho adecuadamente por el Servicio de Inspección, y así tenemos:

La duración máxima de la jornada de trabajo en la Administración de Justicia será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1625 horas anuales. A tal fin, el Servicio de Inspección ha tenido en cuenta la Resolución de 15 de julio de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo ,en cómputo anual ,y las de las jornadas en régimen de dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia.

1. De dicha duración deberán descontarse:

1.a) 14 días festivos anuales x 7’5 horas/día = 105 horas.

2 días (24 y 31 de diciembre) x 7’5 horas/día = 15 horas.

Justificación: El artículo 182 de la LOPJ declara inhábiles a efectos procesales los días de fiesta nacional, los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma y localidad, así como los días 24 y 31 de diciembre.

1.b) 18 días de asuntos propios x 7’5 horas/día = 135 horas.

Justificación: El artículo 373.4 de la LOPJ prevé que los jueces y magistrados puedan disfrutar de 6 permisos en el año natural, de 3 días cada uno de ellos.

1.c) “Pausa diaria” de 30 minutos x 5 días (semana) x 47 semanas (año) = 117’5 horas.

Deducciones: 18 días de asuntos propios + 14 días festivos + 24 y 31 de diciembre = 34 días x 30 minutos = 17 horas.

TOTAL: 100 ,5horas.

Justificación: La disposición tercera, apartado 4, de la Resolución de 5 de diciembre de 1996 (RCL 19963051), (Instrucciones sobre jornada y horarios de los funcionarios de la Administración de Justicia), determina que «Se podrá disfrutar de una pausa diaria en la jornada de trabajo por un período de treinta minutos, computable como trabajo efectivo». La Resolución de 5/12/1996 solo fue derogada por la Resolución de 15 de julio de 2005 (RCL 20051670) en cuanto se opusiere a esta última Resolución. Y, en materia de pausa diaria no hay oposición alguna entre una y otra Resolución.

1.d) Jornada de verano (16 junio a 15 septiembre). Reducción de 5 horas semanales x 10 semanas = 55 horas.

Justificación: Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, la jornada laboral se reduce en 5 horas semanales (32’5 horas/semanales) para funcionarios y Secretarios judiciales (disposición 8.ª de la Resolución de 17/07/2005). Se trata de medir la carga de trabajo que razonablemente puede asumir un órgano judicial y, por ende, habrá de tenerse en consideración la jornada reducida del personal del juzgado que, durante ese tiempo de ausencia, no podrá colaborar en absoluto en la tramitación de los asuntos.

Aunque la totalidad del período de jornada reducida de verano abarca 12 semanas (2 de junio, 4 de julio, 4 de agosto y 2 de septiembre), hemos considerado proporcionado tomar solo en consideración 10 semanas porque los jueces y magistrados disfrutan sus vacaciones mayoritariamente en el mes de agosto (julio o septiembre, en otro caso), pero no absolutamente todos lo pueden hacer precisamente en esas mensualidades. Entre las 12 semanas del período total y las 8 semanas que corresponderían excluyendo el mes de agosto, hemos optado por el cómputo prudencial de 10 semanas.

1.e) En algunas comunidades autónomas el horario de los funcionarios es de 35 horas semanales. Así se fija, por ejemplo, en Madrid, en Andalucía, por el artículo 4.2 de de la Orden de 31/10/2007 (Consejería de Justicia y Administración Pública) (BOJA 221/ 2007, de 9 de noviembre; rect. BOJA 240/2007, de 7 de diciembre [LAN2007489]).

En Semana Santa y Pascua también se fija jornada de horario reducido en las comunidades autónomas. Por ejemplo, la Resolución de 1 de abril de 2009, del Director General de Justicia y Menor (Comunidad Valenciana), acuerda que los días 14, 15, 16 y 17 de abril (de este año 2009) se reduce la jornada laboral, de obligado cumplimiento, a 5 horas diarias.

Además, durante las fiestas patronales de prácticamente todas las grandes ciudades, pequeñas capitales de provincias e incluso pueblos (Madrid, Sevilla, Tenerife, Zaragoza, León, por citar algunos casos conocidos), las correspondientes Consejerías de Justicia fijan una reducción de jornada de una hora diaria (o más) a los funcionarios. Todo ello debería tenerse igualmente presente para la determinación de la jornada anual neta, descontándose del cómputo hecho por el Servicio de Inspección.

Tampoco se han tenido en consideración los días adicionales de permiso o vacaciones según el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril), o sobre conciliación de la vida laboral y familiar… etc. Por otra parte, habrían de tenerse en cuenta contingencias comunes, como son las enfermedades, intervenciones quirúrgicas, embarazos, tomas de posesión en cambios de destinos, así como otras contingencias que pudieran presentarse; y, en general, otros permisos y licencias susceptibles de concederse (véanse precedentes jurisprudenciales al respecto; vg., STS [Sala 3ª, Sección 7ª] de 18/04/2008 [RJ 20082461]). y otras anteriores y posteriores

Todo este conjunto de eventualidades y/o circunstancias, no pueden ignorarse por completo. Por contra, entendemos que deben tenerse también presentes para la determinación de la jornada anual neta, descontándose del cálculo que se contiene en el Estudio sometido a consideración. A nuestro criterio, ese descuento no puede ser inferior, prudencialmente, al 10% de la jornada máxima (1.625 X 10% = 162’5 horas).

1.f) Asistencia a cursos, estudio y formación por medios propios. Incongruentemente, el Servicio de Inspección señala que debe restarse por estos conceptos un 10% de la jornada máxima en cómputo anual (equivalente a 1625 horas anuales) y, sin embargo, se limita a restar 153 horas, cuando el 10% de 1625 horas son 163 horas.

Los conceptos que el propio informe señala como comprensivos de esa reducción son exclusivamente tres, en una lista cerrada: asistencia a cursos, estudio y formación por medios propios (pág. 5 del Estudio).

Hay otros conceptos que no han sido tenidos en consideración: tiempo dedicado a la atención de los profesionales (abogados, procuradores) y a la de los propios justiciables, lectura de correos profesionales (ordinario y electrónico), BOE y sentencias novedosas.

El tiempo invertido en todas estas actividades (las señaladas por el Estudio más las añadidas en este Informe), no deben computarse en menos del 15% de la jornada máxima de cómputo anual (equivalente a 1625 horas); es decir, 244 horas.

RESUMEN:

Horas brutas Horas de descuento Jornada anual NETA

Trabajo efectivo cómputo anual 1.625

Festivos, más 24 y 31 de diciembre 120

Días asuntos propios 135

Pausa diaria 100,5

Jornada de verano 55

Eventualidades y/o circunstancias del apartado 1.e) 162’5

Formación, atención público, examen de BOE, correo… 244

TOTALES 1.625 816’5 808 horas

Parte II

De la “finalidad” y “metodología” del Estudio realizado por el Servicio de Inspección

Desde la asociación Foro Judicial Independiente, pensamos que la finalidad de estos módulos no es, ni mucho menos, la de «ajustar la carga de trabajo a unos niveles razonables que permitan, tanto el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, como la conciliación de la vida laboral y familiar» (como pomposamente se dice en la Introducción del Estudio). Tampoco damos crédito a la metodología que se dice empleada para fijar la medición de la carga de trabajo ―que desde este mismo momentos solicitamos que se tome por el CGPJ como carga MÁXIMA RAZONABLE (resaltamos el término “máxima”) ―.

1. Finalidad

La baremación que se ha hecho «persigue», a nuestro juicio, dar carta de naturaleza a las insuficiencias estructurales del sistema, ocultándolas de forma eufemística, bajo el expediente de presumir «normal» y de convertir en «ordinario» lo que han sido «rendimientos» extraordinarios de jueces y magistrados.

a) El planteamiento del Servicio de Inspección es similar, en su finalidad, a la enmienda 631 del Grupo Socialista para modificar la LOPJ en el año 2006:

Congreso 8 de junio de 2006. Serie A. Núm. 69-15

ENMIENDA NÚM. 631

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista del Congreso

De modificación al artículo octavo la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

De adición.

Se añade un nuevo apartado, con la numeración que corresponda, para introducir tres nuevos párrafos en el apartado 4 del artículo 403, que pasa a tener la siguiente redacción:

«4. Las retribuciones variables por objetivos estarán vinculadas al rendimiento individual acreditado por cada juez o magistrado en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y profesionales.

Todos los jueces y magistrados estarán obligados a alcanzar un objetivo normalizado, que no podrá ser inferior al rendimiento medio de los órganos unipersonales o, en su caso, colegiados en los que se integre, correspondiente a los cinco años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la presente ley, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial podrá determinar por vía reglamentaria los factores de corrección que puedan incidir individualmente en la consecución del objetivo antedicho, previo informe favorable del Ministerio de Justicia.

Si estas correcciones tuviesen repercusión presupuestaria, se requerirá informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.»

Lo que no se pudo introducir por aquella enmienda en sede parlamentaria ―entre otras razones, por la oposición frontal de todas la asociaciones judiciales― se pretende ahora implantar, bajo pretexto de estudio de medición de carga de trabajo, dentro del programa de modernización que preconiza el actual CGPJ.

b) Los jueces hemos vivido engañados y hemos sido utilizados, durante los pasados años.

Se nos dijo que la superación de los módulos era un esfuerzo al que debíamos colaborar, que era coyuntural. Una gran mayoría de la carrera judicial optó por trabajar a destajo por muy variadas razones, sacrificándose —estoicamente y por una miserable compensación económica— para suplir esas carencias estructurales. Y ahora se opta por hacer unas previsiones excesivas―por elevadas, en todos los ordenes jurisdiccionales, para evitar crear las unidades judiciales realmente necesarias; previsiones que se han basado en la productividad de los jueces en el año 2007, como si hubiéramos trabajado durante esa anualidad tan solo 37’5 horas semanales brutas.

Pues no. Precisamente en esa anualidad es en la que se hicieron los mayores esfuerzos por la carrera judicial, con horarios infrahumanos de más de 10 y 12 horas diarias, trabajando sábados y domingos, pidiendo días de asuntos propios para dictar sentencias, etc., etc. Ese sobreesfuerzo se agradece ahora convirtiéndolo en la «norma». Es inaceptable, máxime si se tiene en cuenta que, según los datos que se han obtenido, un alto porcentaje de magistrados y jueces superó durante el año 2007 el módulo establecido (41’05% durante el primer semestre y 38’23% el segundo semestre), con arreglo a la legalidad vigente, véase ley de retribuciones, en una opción legítima y legal. Ahora se promedia ese alto porcentaje para obtener la mediana estadística.

2. Metodología

La metodología seguida ha sido la de ir ajustando los números a un resultado prefijado: MEDIANA ESTADISTICA del año 2007, ajustado a la conveniencia, no de superar la carga irrazonable de trabajo que pesa sobre los órganos judiciales, sino de aminorar de cara a la galería el número de unidades judiciales verdaderamente necesarias.

Buena prueba de ello es que, en la memoria de los letrados de la Inspección del grupo de trabajo para todos los órdenes jurisdiccionales, en el memorándum del 9/02/2009 se partía de un total de 1.672 horas anuales para llegar, con los descuentos, a 1.404 horas netas. Tras darse cuenta la Inspección de que el total de horas anuales era menor, 1.625 horas (Resolución de 15 de julio de 2005), el número de horas netas, sin embargo, se ha mantenido en las mismas 1.404 horas anuales. ¿Cómo? Muy fácil: las reducciones que antes (el 9/02/2009) estaban perfectamente justificadas para el Servicio de Inspección, ahora se reducen para ajustar el resultado final. En concreto:

Horas totales/año Reducciones totales Horas netas/año

Memoria de 9/02/2009 1.672 268 horas 1.404

Estudio de marzo 2009 1.625 220’5 horas 1.404’5

No existe ninguna razón objetiva para que en febrero se tenga por correcto reducir un total de 268 horas al año y un mes después, la reducción quede disminuida a 220’5 horas. La única razón es que el resultado final tenía que encajar fuera como fuese.

Llama también poderosamente la atención que, habiéndose encargado por el CGPJ un costoso informe (varios cientos de miles de euros) a una empresa externa y profesional (“Steria Norman & Broders”), sobre valoración del desempeño de jueces y magistrados, fechado en febrero de 2004, no se haya tenido en absoluto en consideración. Quizás se deba a que se ajustaban demasiado a la realidad, en vez de a los criterios estajanovistas que ahora nos presentan.

Parte III

Sobre la baremación de los procedimientos

1. De la valoración en general de los distintos procesos

Donde el Estudio se antoja más censurable, a nuestro entender, es en la baremación por clases de asuntos y materias, que actúa —según se dice— como verdadero soporte del sistema. Se reconoce en el Estudio la gran carga subjetiva que comporta esta valoración y, seguidamente, para justificar el resultado, se afirma que se trata de “subjetivismo debidamente sustentado en el conocimiento directo de la labor y experiencia profesional”. De nuevo hemos de poner en cuestión estas afirmaciones del Servicio de Inspección. Vemos por qué razón.

1.1. El supuesto soporte del subjetivismo de la valoración

Según el Servicio de Inspección, el supuesto “sustento” de la valoración hecha en su Estudio radica en «haber recurrido a asesores externos, intentando que resultaran representadas la máxima variedad de situaciones en función de cada tipo de órgano». La supuesta colaboración de estos asesores externos se explica en el Estudio del siguiente modo:

Haber enviado a estos asesores externos un cuestionario en el que se sometían a su consideración múltiples aspectos de interés para la baremación.

Se les solicitó una valoración porcentual de la mayor parte de las categorías de procedimientos que tienen entrada en el órgano, lo que se combinó con la cumplimentación de un cronograma, cuya finalidad era conocer su opinión sobre la distribución de la jornada de trabajo semanal entre cada una de las tareas cotidianas que realiza un Juez o Magistrado.

Finalmente «… reunido el grupo de trabajo con los asesores, se hizo una puesta en común de los cuestionarios cumplimentados, contrastando y analizando sus diferencias de criterio y las explicaciones dadas por cada uno. Para realizar una comparación lo más coherente posible se partió de un procedimiento estándar que pudiera servir de referencia para la medición de la carga de los demás asuntos. Primero se obtuvo una ponderación comparativa de todas las clases de asuntos (en abstracto, de 0 a 100) y después, para disponer de una escala de conversión a unidades de tiempo de los valores resultantes, se elaboró un cronograma del procedimiento estándar consistente en la medición temporal de cada una de las fases o etapas procesales que conforman su trámite, pero siempre de trabajo efectivo, lo que diferencia esta forma de cálculo de la propia de los tiempos de respuesta. Se procuró el acercamiento a duraciones promediadas, que pudieran dar cabida a las situaciones más comunes y, a la vez, compensar entre sí las extremas y descartar las anecdóticas …».

Añadiéndose que «… asimismo, se han tenido en cuenta para fijar las puntuaciones la proporción de asuntos que no terminan por sentencia, para obtener una media que refleje lo más fielmente posible la carga de trabajo del juzgador, por lo que la puntuación no pretende valorar el tiempo de dedicación de éste a un asunto concreto, sino el promedio que resulta de computar, dentro de la clase puntuada, aquellos asuntos que se sobreseen, son desistidos, etc., junto con los que efectivamente llegan a ser conocidos por el Juez o Magistrado en toda su extensión, incluyendo vistas, atención a profesionales y a los justiciables y resoluciones …».

1.2. Trabajo con los jueces y magistrados asesores externos

En el caso de todos los órdenes jurisdiccionales, unipersonales y colegiados. la supuesta puesta en común y acercamiento del trabajo de la Inspección con los magistrados , ha sido una falacia. Los módulos que ahora se nos presentan nada tienen que ver con los que se habían consensuado con los magistrados asesores externos de los distintos órdenes jurisdiccionales, que en una primera reunión consensuaron determinados parámetros y en una segunda reunión asistieron a la modificación del valor a la baja sin justificación alguna, por parte de la inspección de los parámetros ya establecidos, y por tanto, los criterios expuestos por los magistrados ,han sido completamente omitidos y no se han tenido en consideración

La nitidez de lo expuesto excusa de cualquier argumento sobre la inexistencia de la menor voluntad de llegar a ningún consenso ni acercamiento. Sencilla y llanamente se ha ignorado por completo a los “asesores” externos y se ha impuesto un criterio productivista, CONSISTENTE, COMO YA SE HA DICHO, EN LA MEDIANA ESTATIDISTICA DEL AÑO 2007.

Por lo demás, no sabemos, porque el Estudio no lo explica, qué pueda ser un procedimiento estándar, para servir de referencia para medición de la carga de los demás asuntos. Tampoco se explica, en absoluto, lo relativo al cronograma de ese procedimiento estándar, consistente en medición temporal de cada una de las fases o etapas procesales que conforman su trámite, pero siempre de trabajo efectivo.

1.3. Proporción o «media» con asuntos que no terminan por sentencia

Otro de los criterios tenidos en consideración por la Inspección para puntuar los procedimientos ha sido no distinguir entre los modos de finalización de los mismos, de manera que TODOS los de una misma categoría o clase, acaben por auto o por sentencia, se computan igual.

El criterio nos parece acertado, si es que se han tenido en consideración, pero no lo es tanto la “media” o «promedio» que se ha establecido en el orden contencioso-administrativo y, en otro caso, deben valorarse todas las actuaciones judiciales, que finalicen por autos..

En efecto, se dice textualmente en el Estudio que “se han tenido en cuenta para fijar las puntuaciones la proporción de asuntos que no terminan por sentencia, para obtener una media que refleje lo más fielmente posible la carga de trabajo del Juzgador, por lo que la puntuación no pretende valorar el tiempo de dedicación de éste a un asunto concreto, sino el promedio que resulta de computar, dentro de la clase puntuada, aquellos asuntos que se sobreseen, son desistidos, etc., junto con los que efectivamente llegan a ser conocidos por el Juez o Magistrado en toda su extensión”. -.

2. Las concretas puntuaciones de los procedimientos

Sentado lo anterior, consideramos que las concretas puntuaciones atribuidas por el Estudio a los distintos procedimientos son fruto del más puro voluntarismo, y en ocasiones, de la arbitrariedad.

Ello nos hace, una vez mas, rechazar el sistema, por arbitrario; y nos ratifica en que, lo que se ha tenido en cuenta, y lo que interesa es cuadrarlo con los datos estadísticos del año 2007. De ahí que, a mayor peso específico de una materia, se atribuya por el Servicio de Inspección una menor puntuación de dedicación, porque de otra manera, los datos estadísticos no les cuadrarían, resultando una puntuación algo más acorde, en aquellos asuntos que pueden denominarse marginales, por la ausencia significativa y peso específico de los mismos.

2.2. El cronograma: ¿Qué cronograma?

Tampoco sabemos con qué clase de «cronograma» se ha llegado a la «brillantísima» conclusión de que un asunto. Para dictar la sentencia, el magistrado, tendrá que leerse detenidamente los autos, celebrar el juicio oral, releer o visionar los discos de las grabaciones (por el tiempo transcurrido) las declaraciones de los acusados, los testigos, las ratificaciones y aclaraciones de peritos, consultar jurisprudencia y, por último, redactar la sentencia (lo que significa minutarla por escrito o transcribirla directamente al ordenador). Y todo eso, en las horas de media que se expresa en el estudio es un verdadero dislate. A ello hay que añadir el tiempo «invertido» en tramitar (que no solo consiste en señalar el juicio, sino en valorar la admisibilidad de las pruebas). ¿Todo esto solo merece, cada asunto el tiempo necesario, siendo prácticamente imposible promediar realmente las horas. Nos parece increíble tal despropósito.

Lo expuesto es sólo un botón de muestra. Desde luego que si el sistema de medición prospera, los jueces nos veremos obligados a hacerlo público, para que la ciudadanía conozca que se nos «obliga» a tramitar y resolver sus asuntos dentro de unos tiempos medios imposibles, verdaderamente kafkianos, y que, esta medición “a la baja” será la cobertura perfecta de cara a la ciudadanía para no incrementar la planta de órganos judiciales, ni tampoco el número de jueces (porque a nadie se le escapa que se intentará de nuevo establecer un módulo de salida, y que tomará como base el confeccionado para la entrada).

2.3. Faltan definiciones

Desde otra óptica, faltan definiciones cumplidas de las categorías que se barajan para la baremación. Se incidirá en este punto más adelante.

3.- Valoración procedimientos de los Juzgados de lo Penal Y DE EJECUTORIAS PENALES

ALEGACIONES GENERALES

A modo de introducción, ha de indicarse que el estudio parte de los datos estadísticos del año 2007, justificando dicha decisión en el hecho de que así se minimiza la repercusión coyuntural que ha tenido la crisis económica sobre la litigiosidad, tomando como base los órganos que alcanzaron en dicho año 2.007 una tasa de resolución próxima a 1, esto es, aquellos que han dado salida a todos los asuntos ingresados. De este modo, el estudio parte de unos datos estadísticos “influidos” por el sistema de retribuciones variables por objetivos conforme a unos módulos declarados ilegales por el Tribunal Supremo y por unos planes de refuerzo aprobados por el Consejo General del Poder Judicial, ante el “atasco” de los órganos judiciales españoles. En definitiva, dicha tasa de resolución (que ahora se considera como “normal” para fijar el módulo de entrada o carga de trabajo asumible) se consiguió, en definitiva, por el sobreesfuerzo de los Jueces y Magistrados, que indudablemente trabajaron, a costa de su situación personal y familiar, muchísimo más que 37’5 horas semanales, en computo anual, para conseguir dichos resultados. En consecuencia, los módulos proponen una carga de trabajo inasumible en circunstancias normales y nada respetuosas con el derecho al descanso, al ocio y a la compatibilización del trabajo con la vida personal y familiar.

Por otro lado, ha de indicarse que los módulos de entrada de los Juzgados de lo Penal propuestos por el Consejo General del Poder Judicial parten de una absoluta generalidad e inconcreción, de forma que, por un lado, se parte de unos datos estadísticos difícilmente aceptables (por ejemplo, que la media de ejecutorias con más un de solo penado sea el 10%; o los porcentajes de procedimientos en función de su complejidad -1%, 49% y 50%) y, por otro, se globaliza toda la actuación de las dos funciones esenciales de este tipo de Juzgados (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado), sin tener en cuenta (al menos, nada se indica en tal sentido) las diferentes actuaciones que cada fase procesal comporta, sobresaliendo la absoluta cicatería en las puntuaciones otorgadas a los procedimientos de ejecución, lo que no deja de ser absolutamente sorprendente, porque puntuar tan bajo esa parte de la función jurisdiccional supone, de hecho, un desconocimiento total del trabajo que comporta ejercer una función esencial del Estado de Derecho (el “ius puniendi”) que, además, tiene una trascendencia enorme para los derechos de los ciudadanos (los penados y el resto de la sociedad, que tiene derecho a que las resoluciones judiciales se ejecuten a la mayor celeridad y con todas las garantías), suponiendo, en definitiva, una invitación a considerar esa función una labor “de segundo orden”, cuando acontecimientos recientes y de todos conocidos evidencian las gravísimas repercusiones (sociales, mediáticas y disciplinarias) que cualquier “incidencia” en esa fase del procedimiento provoca. De hecho, parece que la puntuación que propone el proyecto para las ejecutorias (¡¡poco más de media hora por penado!!), además de suponer un ataque directo al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, no deriva de un estudio serio y riguroso del tiempo empleado en cada una de ellas, sino de la intención de “hacer cuadrar las cuentas” para que el número de asuntos de entrada de los Juzgados de lo Penal sea el deseado, lo que, evidentemente, no resiste la más mínima crítica.

No se entiende el porqué de esta “globalización” en la valoración de las funciones realizadas por los Juzgados de lo Penal, cuando respecto de otros tipos de Juzgados y Tribunales se valoran y puntúan muchas más actuaciones, todas las cuales, obviamente, se producirán dentro de un “tipo de procedimiento” (que también puntúa para el módulo de entrada), de forma que este tipo de Juzgados (que, se insiste, asumen una de las mayores cargas de trabajo de toda la organización judicial española e inciden en cuestiones tan relevantes como la libertad y el patrimonio de las personas y la tutela de los derechos de las víctimas de los delitos, siendo, por ello, una especie de “espejo de la Justicia”, en el sentido de que la mayoría de la población, cuando se le pregunta por la situación de la justicia en España, piensa, indudablemente, en la Justicia Penal) resultan injustificadamente discriminados y peor tratados que otros órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, si el sistema elegido exige esa globalización, es absolutamente necesario, como se indicará más adelante, tener realmente en cuenta, a la hora de fijar la puntuación de cada tipo de procedimiento, todas las actuaciones que conlleva el trámite procesal, lo que supone, necesariamente, incrementar la valoración de cada tipo de procedimiento, modificar los delitos contenidos en cada clase de asunto y añadir, al menos, un cuarto tipo de procedimientos, los de especial complejidad.

Llama, igualmente, la atención la escasa seriedad de la propuesta efectuada por el CGPJ. Sin contar con el error matemático existente al deducir un diez por ciento de la jornada laboral establecido para la función pública (ya puesto de manifiesto al CGPJ en otras alegaciones), no se entiende porqué se aceptan, como módulo de entrada propuesto, unos datos que arrojan, conforme a los propios datos manejados por el Consejo, mayor número de horas (en concreto, once horas y media para los Juzgados de lo Penal con ejecutorias) que el que se establece como base para la propuesta.

Por otro lado, se comienza exponiendo que el estudio es para medir la carga asumible por los órganos judiciales, que no debe confundirse con la dedicación de los titulares, que dicen será objeto, en su caso (¿), por separado; para decir en las páginas siguientes que el estudio se ha centrado en el titular del mismo, sin contar singularidades propias de la plantilla, medios materiales, carga de trabajo preexistente, etc. Este planteamiento nos lleva a hacer dos consideraciones:

1ª) La carga razonable de un Juzgado solo puede ponerse en relación con lo que es razonable que trabaje el Juez, porque si el trabajo que se le propone no lo puede sacar de forma razonable, la carga es excesiva. Y no vale decir que el modelo no estudia “determinar la dedicación del juez”: uno y otro concepto están íntimamente ligados.

2ª) Ello resulta, además de contradictorio, ilógico, y trastorna todo el sistema, pues si lo que se mide es la carga del órgano, esto es, con todos sus integrantes, deberían tenerse en cuenta como factores de corrección la suficiencia o insuficiencia de la plantilla, la preparación de la misma (número de titulares y de interinos), los medios materiales con los que se cuenta, etc, ya que no es lo mismo que la plantilla de funcionarios sea la correcta, que esté cubierta o no, y que sea con funcionarios especializados o no, ya que se dará más trabajo al juez en los casos negativos (mayor tiempo empleado en instruirles, en resolver sus dudas, en corregir y supervisar lo que hacen y lo que no hacen), tiempo y dedicación que, evidentemente, afectarán a la tasa de resolución de los asuntos y, en consecuencia, a la carga real de trabajo del órgano, pues no es lo mismo contar con una plantilla profesional, que permita al juez obtener una tasa de resolución de 1 (es decir, que resuelva todos los asuntos que entran en un año) que contar con una plantilla interina y sin experiencia, que no “saque el papel”, lo que cada año que pase incrementará el número de asuntos pendientes, con el consiguiente deterioro estadístico y la mayor penosidad del trabajo judicial.

En consecuencia, se propone que dicha carga o módulo inicial de entrada se module y flexibilice cuando la plantilla no está completamente servida por funcionarios titulares (incluyendo el Secretario Judicial).

ALEGACIONES CONCRETAS SOBRE LA PUNTUACIÓN

A) Lo primero que ha de indicarse, con absoluta contundencia, es la ABSOLUTAMENTE INSUFICIENTE puntuación que se concede a las ejecutorias. Reiterando lo ya indicado respecto a esta cuestión en las alegaciones generales, ha de insistirse en que baremar en 36 minutos (0,60 puntos) cada ejecución de un solo penado es INADMISIBLE. Parece que quienes han realizado el proyecto desconocen completamente la ejecución penal (que se entiende, en la mayoría de los casos, con personas nada dispuestas a colaborar con la Administración de Justicia y cuyas actuaciones, en su práctica totalidad, han de entenderse directamente con el penado, no con su representante procesal, como ocurre en otras jurisdicciones, lo que incrementa en progresión geométrica el trabajo de la oficina judicial –del órgano, en definitiva, que es lo que se trata, al parece, de baremar-). Parece desconocer el proyecto el ingente trabajo que supone ejecutar una sentencia penal.

A modo de ejemplo, baste con decir que una ejecutoria, incluso con un solo acusado, en la que se tuviera que ingresar a éste en prisión, puede conllevar hasta el dictado de seis autos: denegación suspensión, resolviendo reforma contra el anterior, denegando sustitución de pena, resolviendo reforma contra el anterior, y denegando suspensión por petición de indulto y resolviendo reforma contra el anterior. Todo ello sin contar con las eventuales apelaciones contra los anteriores, que hasta que se elevan a la Audiencia han de ser tramitados por la oficina judicial del Juzgado de lo Penal.

Y ello sin perjuicio de otros que pueden ser necesarios dictar, como el de fraccionamiento de la pena de multa, fijación de indemnización, refundición de condenas (autos especialmente complejos con penados con múltiples condenas), averiguación de bienes, autos de insolvencia, apelaciones contra resoluciones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, autos de mantenimiento, alzamiento o modificación de las medidas de seguridad (art. 97 CP), autos fijando las medidas de seguridad a cumplir, autos de liquidación de condenas y medidas, autos de buscas y capturas y modificación de tales situaciones, Comisiones rogatorias y Ordenes de detención Europea, informes en recursos de queja, autos resolviendo nulidad de actuaciones, autos autorizando la expulsión del extranjero acusado o penado, informes en expedientes de indultos y de cancelación de antecedentes penales, licenciamientos definitivos y autos resolviendo impugnaciones de denegación de justicia gratuita (muy habituales en esta jurisdicción).

Por otro lado, el proyecto otorga a la ejecución de una sentencia de un Juzgado de lo Penal sólo 0,10 punto más que a las ejecutorias de los Juzgados de Instrucción (valoradas en 0,50 puntos), cuando es evidente que la ejecución de una sentencia por delito es muchísimo más compleja que la ejecución de una sentencia por falta (entre otras muchas cosas, porque las penas imponibles por las faltas son inferiores, en duración y clase, que las que se imponen por delitos).

Teniendo ello en cuenta, la puntuación que, como mínimo, ha de darse a cada procedimiento de ejecución con un solo penado, debería ser de 1,5 puntos (por regla general, puede aceptarse que ejecutar una sentencia es, al menos, casi igual de complejo y exige el mismo –si no más- trabajo que tramitar un procedimiento sencillo hasta poner la correspondiente sentencia), multiplicando por esa cantidad la puntuación de cada ejecutoria con más de un penado, lo que, evidentemente, influye en el módulo de entrada asumible. Así, de aceptarse los datos del proyecto, tendríamos que por la ejecución habrían de consignarse 825 puntos (y no los 330 que se proponen), lo que indudablemente implica que haya de rebajarse notoriamente el módulo de entrada de asuntos a enjuiciar para mantener una carga de trabajo aceptable para las 1.404 horas anuales que sirven como base de cálculo.

B) En relación a la división de procedimientos en tres tipos, muchas son las objeciones que pueden oponerse:

En cuanto a la puntuación de cada tipo de procedimiento, no se explica en el proyecto ni se justifica con datos concretos por qué los procedimientos “sencillos” se valoran en 2 puntos, los “medios” en 3’5 y los “complejos” en 10 puntos. Aún cuando se admitiera que la tramitación de un procedimiento sencillo (incluyendo el dictado de la sentencia) dura una media de 2 horas, la puntuación de los restantes procedimientos, sobre todo de los de complejidad media debería ser más proporcional. De esta forma, la puntuación de estos últimos procedimientos debería ser, al menos de 4,5 puntos.

En relación a la clasificación de los tipos de procedimiento por tipos de delitos, deberían incluirse entre los de complejidad máxima, además de los mencionados en el proyecto, los delitos de insolvencia punible, los delitos contra la propiedad intelectual y la propiedad industrial y los desórdenes públicos, pues todos estos tipos delictivos exigen un importante esfuerzo en el dictado de la sentencia, lo que implica mayor tiempo para su redacción, amén de que generalmente la prueba y/o el número de partes es voluminoso, con numerosa documental y periciales, lo que aumenta la duración del juicio oral. De igual manera, deberían incluirse expresamente entre los procedimientos de complejidad media los delitos contra el mercado y los consumidores; los delitos contra el honor, los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, los delitos contra las relaciones familiares y los delitos de quebrantamientos de condena y medidas cautelares impuestas en procedimientos de violencia doméstica y de género (pues no está claro que dichos delitos puedan incardinarse en este concepto y, sin embargo, los juicios y las sentencias son de cierta complejidad). También deberían incluirse en este apartado, por la rapidez con que han de ser señalados y resueltos, los juicios rápidos, en los que las conformidades son prácticamente inexistentes (si no se han conformado en el Juzgado de Guardia, con la rebaja que prevé la ley, difícilmente se conformarán en el Juzgado de lo Penal).

No es admisible que cuando se imputan varios delitos, al mismo o distintos acusados, sólo se tenga en cuenta para puntuar el delito más grave, pues, en definitiva, el juicio va a versar sobre todos y cada uno de los delitos de los que se acusa y el juez ha de resolver en sentencia sobre todos y cada uno de ellos. En consecuencia, en estos casos debería establecerse otro sistema de puntuación, como por ejemplo incrementar en un 20%, un 40% y un 60% la puntuación por cada delito sencillo, medio o complejo, respectivamente, que se imputara de más.

Debería incluirse en todos los tipos de procedimientos un factor de corrección derivado del número de partes, pues es claro que no es lo mismo un asunto con dos partes (acusado y Ministerio Fiscal, que son los más comunes) que un procedimiento en el que existen cuatro acusados, o varias acusaciones particulares, lo que incrementa notoriamente la duración del juicio oral y el número de cuestiones que han de ser resueltas en la sentencia. Así, se propone que, a partir de dos partes, cada parte de más incremente en un 20% la puntuación del procedimiento (por ejemplo, un asunto complejo con tres acusados, dos acusaciones particulares y Ministerio Fiscal, debería puntuarse con 18 puntos y no con 10; y un asunto de complejidad mínima, con las mismas partes, debería puntuarse con 3,6 puntos y no con 2). Otra alternativa sería incluir siempre en el grupo superior los delitos con tres o más partes (incluido el Ministerio Fiscal), y puntuar con 15 puntos los delitos de complejidad máxima en los que concurriera aquella circunstancia.

Debería preverse un cuarto grupo en la clasificación de los asuntos, reservado para los asuntos de especial complejidad o dificultad, bien atendiendo al número y naturaleza de los delitos imputados (por ejemplo, más 2 delitos de complejidad máxima), bien atendiendo al número de partes (por ejemplo, más de diez acusados), otorgando a estos procedimientos una puntuación acorde, por ejemplo, entre 20 y 50 puntos, pues es claro que en estos supuestos lo normal es que el juicio oral deba realizarse en varias sesiones y la sentencia será mucho más compleja que en los demás asuntos.

Parte IV

Conclusiones

De acuerdo con lo expresado anteriormente, se realizan las siguientes conclusiones:

Primera.

Rechazamos, de plano, el cálculo que se ha realizado en relación a las horas netas, por los motivos expuestos.

Entendemos que lo que se pretende en cuadrar las estadísticas del año 2007 con la planta actual, para justificar engañosamente, la innecesaria creación de juzgados o de plazas de magistrados o secciones en órganos colegiados No podemos olvidar que, según los datos de que disponemos, en la anualidad del 2007, nada más y nada menos que un total del 41’05 % de jueces y magistrados, superaron los módulos (anulados por el TS) durante el primer semestre y el 38’23% lo hizo el segundo semestre (una media del 39’65% de jueces y magistrados durante toda la anualidad 2007). Los jueces demostraron entonces su capacidad de sacrificio en aras de una situación coyuntural que ahora pretende perpetuarse.

Ese exceso de productividad sobre el 100% debe descontarse del denominado índice resolutivo. Tal exceso de productividad (opción legítima de algunos jueces y magistrados compensada con una miserable retribución), no puede promediarse para fijar ahora el módulo de carga de trabajo máxima razonable de juzgados y tribunales. No tenemos los datos exactos, pero, según las informaciones publicadas en la prensa, suministradas por el CGPJ, el número de asuntos resueltos en el año 2007 se elevó a la cantidad de 8.260.000.

En suma, los resultados obtenidos durante el año 2007 deben analizarse sin el efecto multiplicador de la productividad, descontando ese 39,65 % (exceso de productividad) de los resultados de dicho año. El índice resolutivo debe minorarse teniendo en cuenta dichos datos, sin que pueda pretenderse que los efectos extraordinarios y excepcionales de la productividad, puedan pasar a considerarse lo normal a resolver por el número de jueces y magistrados sentenciadores.

Segunda.

Se desconoce la metodología empleada.

Este dato es imprescindible y debe figurar en cualquier estudio riguroso, y este debe serlo, ya que se trata de cuantificar la medición del tiempo de trabajo fijada en 37,5 horas para todos los jueces y magistrados del Reino de España. Todas estas cuestiones deberían figurar en un estudio del calado del que nos ocupa. Sin subjetividad, con rigor, utilizando la técnica estadística y ficha técnica, conforme metodología aplicable a las ciencias sociales. Nada de esto aparece o se vislumbra en el Estudio de la Inspección.

Entendemos que la realización seria y rigurosa del Estudio objeto de este informe debería haber contado con una ficha técnica, con una muestra de la población a analizar (esto es, juzgados y tribunales), con el sistema estadístico predeterminado, de, al menos, el 7%, como mínimo o, en todo caso, del 5 %, que fue lo que hizo en su trabajo profesional y objetivo la empresa Steria, Norman & Broders, con estratificación de la muestra dentro de los distintos órganos jurisdiccionales, con órganos de distintas poblaciones. Todo ello con objeto de examinar la diversidad de problemas que se presentan dentro de cada jurisdicción, de conformidad con el territorio. Así, por ejemplo, no son los mismos problemas los que se plantean en las grandes ciudades, que en el resto.

No entenderlo así, supondría, de facto, una nueva disfunción y, en su caso, un empeoramiento sobre las condiciones de trabajo. Este extremo ya se puso de manifiesto en las Juntas de Jueces celebradas en todo el Reino de España en fechas recientes, en un concreto apartado en el que se expresaba que la carga de trabajo debía ajustarse a lo que estableció la sentencia del Tribunal Supremo, mediante un análisis individualizado caso por caso, sin que los nuevos módulos pudieran ser más gravosos que los anteriores.

Se deben analizar las materias de forma individualizada. Ni tan siquiera sirve, a tenor de lo establecido por Tribunal Supremo, el análisis más genérico por materias, sino que debe ponderarse, dentro de cada materia, las especificidades propias.. Todo ello en aras del cumplimiento de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con objeto de satisfacer la tutela judicial efectiva, como valor superior consagrado en la vigente Constitución Española de 1978

Con la elaboración de las cargas de trabajo, lo que no puede pretenderse es que se acabe con la pendencia, ya que si se tienen en cuenta los datos de la memoria del CGPJ, el número de asuntos desde el año 2005 al 2008 ha pasado de 6.200.000 a 8.900.000 en números aproximados un incremento de unos 3.000.000 de asuntos. Si se tienen en cuenta los datos ofrecidos recientemente por el Presidente del Consejo del Poder Judicial en el Parlamento, el número de asuntos ingresados se elevó a 9.094.000, permaneciendo igual el número de jueces sentenciadores.

No se trata de cuadrar las estadísticas del año 2007, en relación al número de jueces y magistrados existentes en la actualidad (que es lo que infiere del Estudio objeto de este informe). De lo que se trata es de atribuir a los juzgados y tribunales una carga de trabajo razonable y máximo; y si para ello, se quiere tomar como parámetro la jornada que se realiza en el sector público, deberán de valorarse de forma individualizada todas las tareas que se realizan desde que entra un asunto en un juzgado o tribunal, hasta que se archiva, rechazando por tanto, la forma de cálculo que se realiza en el estudio que es objeto del informe.

Tercera.

Se desconoce el entorno en relación al número de jueces, así como las resoluciones de los organismos internacionales en la materia.

Debe de tenerse en cuenta, el dictamen del Consejo de Europa para 2007, en el que se expresa que, la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes es, en el Reino de España, de 10,1 ―en algunos casos como Madrid, no llega―, mientras que en Europa la media es de 19,8 por cada cien mil habitantes. El informe del Consejo de Europa del año 2008 (Comisión para la eficiencia de la Justicia), con referencia a datos del año 2006, nos sitúa en el puesto número 38, sobre 47 países, en relación con el número de jueces por cada cien mil habitantes.

El artículo 1.6 de la Carta Europea de los jueces (1998) establece que los gobiernos deben dotar a los jueces de medios para poder dar respuesta en plazo razonable. Con nuestra ratio (puesto 38 sobre 47 países, según informe del años 2008), resulta imposible dar una respuesta en tiempo razonable. Desde luego, lo que no puede pretenderse es cuadrar los números mediante el establecimiento de una carga de trabajo inasumible , realizando las medianas estadísticas del año 2007, ya que suponen un agravamiento en el carga de trabajo, incluso en relación con el módulo del año 2003, que fue anulado por el Tribunal Supremo.

Igualmente debe destacarse la declaración de SINGHVI en su artículo 33 que expresa que el Estado deberá proveer de recursos adecuados con objeto de permitir que la Justicia se administre en debida forma, con incremento de medios materiales adecuados para el mantenimiento de la independencia Judicial y de la eficacia, así como presupuestos para su funcionamiento.

Cuarta.

El modelo adolece de indefinición que genera indefensión

El modelo que se nos presenta adolece de una indefinición de carácter general, que genera indefensión a los jueces y magistrados, ya que resulta imposible determinar con carácter general en cualquier orden jurisdiccional, el número de asuntos máximo que debe entrar en un año para superar la carga de trabajo máxima razonable. Este es un dato de vital importancia a la hora de poder planificar la planta judicial; dato absolutamente necesario para limitar el número de asuntos que, con carácter general, deben ingresar en un juzgado o tribunal. A partir de dicho número, que sí se encontraba cuantificado en el módulo del año 2003 y en el estudio de la empresa Steria Norman & Broders, por lo órganos competentes, en esto caso el Ministerio de Justicia, se debe proceder a la creación de nuevos órganos jurisdiccionales.

Con este estudio que se nos presenta para informe, resulta imposible determinar el número de asuntos de entrada necesarios para la realización de esas hipotéticas 1.404 horas anuales netas, ya que se trata, ni más ni menos, que de las variaciones de X elementos tomados dos a dos, y la resultante puede ser elevadísima, ya que, en cada orden jurisdiccional existen no menos de diez o doce grupos distintos de materias. De ahí que la variación de uno solo de los elementos que se expresan en el Estudio de ese “hipotético” e irreal juzgado o tribunal, hace que se descompense todo el sistema y por tanto, se desconozca qué número de asuntos debe resolverse y qué número de asuntos debe ingresar cada juzgado. Así resulta completamente imposible realizar una programación y un cómputo que se ajuste a lo pretendido por el Estudio, porque, dependiendo de múltiples variables, los resultados serán distintos, incluso dentro del mismo orden jurisdiccional.

Rechazamos por tanto, el estudio realizado, en tanto que genera indefensión, imposibilitando conocer de antemano la posibilidad de incremento de planta judicial, el número de asuntos que deben ingresar en cada juzgado y, por ende, el número de señalamientos que deben realizarse con carácter anual, dato éste que con el estudio, se conocerá una vez finalizado el año en curso.

Quinta.

En concreto y respecto de los Juzgados de lo Penal y de Ejecutorias Penales, se propone las siguientes modificaciones:

1º.- La puntuación de cada ejecutoria con un solo penado debería ser, al menos, de 1,5 puntos.

2º.- La puntuación de los delitos de complejidad media debería ser, al menos, de 4,5 puntos.

3º.- Deberían incluirse entre los delitos de complejidad máxima, además de los previstos, los siguientes:

Delitos de insolvencia punible

Delitos contra la libertad e indemnidad sexual

Delitos contra la propiedad intelectual

Delitos contra la propiedad industrial

Delitos de desórdenes públicos

4º.- Deberían incluirse entre los delitos de complejidad media los siguientes:

Delitos contra el mercado y los consumidores

Delitos contra el honor

Delitos de descubrimiento y revelación de secretos

Delitos contra las relaciones familiares

Delitos de quebrantamientos de condena y medidas cautelares impuestas en procedimientos de violencia doméstica y de género

Juicios rápidos, cualquiera que sea el delito imputado

5º.- Cuando se imputen varios delitos en un mismo procedimiento, debería incrementarse en un 20%, un 40% y un 60% la puntuación del procedimiento por cada delito sencillo, medio o complejo, respectivamente, que se imputara de más.

6º.- Debería incluirse en todos los tipos de procedimientos un factor de corrección derivado del número de partes, de forma que, a partir de dos partes (incluido el Ministerio Fiscal), cada parte de más incremente en un 20% la puntuación del procedimiento. Otra alternativa sería incluir siempre en el grupo superior los delitos con tres o más partes (incluido el Ministerio Fiscal), y puntuar con 15 puntos los delitos de complejidad máxima en los que concurriera aquella circunstancia.

7º.- Debería preverse un cuarto grupo en la clasificación de los asuntos, reservado para los asuntos de especial complejidad o dificultad, bien atendiendo al número y naturaleza de los delitos imputados, bien atendiendo al número de partes, otorgando a estos procedimientos una puntuación acorde, por ejemplo, entre 20 y 50 puntos.

Como consecuencia de todo lo anterior, estimamos que el módulo de entrada de los Juzgados de lo Penal debería ser el siguiente:

A) Juzgados con ejecutorias: 250 asuntos.

– Asuntos de complejidad máxima: 2 x 10 = 20 puntos

– Asuntos de complejidad media: 122 x 4.5 = 549 puntos

– Asuntos de complejidad mínima: 125 x 2 = 250 puntos

– Ejecutorias: 190 (76% asuntos ingresados) + 200 de Juzgados de Instrucción = 390 x 1.5 = 585 puntos

TOTAL: 1.404 PUNTOS

B) Juzgados sin ejecutorias: 426 asuntos.

– Asuntos de complejidad máxima: 4 x 10 = 40 puntos

– Asuntos de complejidad media: 208x 4.5 = 936 puntos

– Asuntos de complejidad mínima: 214 x 2 = 428 puntos

TOTAL: 1.404 PUNTOS

C) Juzgados de ejecutorias: 850 ejecutorias

– 936 penados x 1,5 puntos = 1.404 puntos.

TOTAL: 1.404 PUNTOS.

Y todo ello sin tener en cuenta los diferentes factores de corrección que se proponen ni el incremento del 10% por las ejecutorias con más de un solo penado ni la disminución del tiempo neto de trabajo que se recoge en el apartado 1 de este informe.

En cualquier caso, aún manteniendo los datos y valoraciones manejados en el proyecto, pero incrementando a 1’5 puntos el valor de cada ejecutoria con un penado (exigencia ineludible, tal como se ha fundamentado), el módulo de entrada para los Juzgados de lo Penal con ejecutorias (la inmensa mayoría de los existentes) no debería superar los 280 asuntos.

Madrid, 17 de abril de 2009

ASOCIACION FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE