17/04/2009

Informe que emite la asociación de jueces y magistrados

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE,

como alegaciones al

«Estudio de la medición de la carga de trabajo de

Los Juzgados de Familia».

Sumario

Parte I

Sobre los Principios básicos del sistema.

Jornada neta anual fijada en 1404 horas

Parte II

De la “finalidad” y “metodología” del Estudio realizado por el Servicio de Inspección

1. Finalidad

2. Metodología

Parte III

Sobre la baremación de los procedimientos

1. De la valoración en general de los distintos procesos

1.1. El supuesto soporte del subjetivismo de la valoración

1.2. Trabajo con los jueces y magistrados asesores externos

1.3. Proporción o «media» con asuntos que no terminan por sentencia

2. Las concretas puntuaciones de los procedimientos

2.1. Los parámetros de dedicación

2.2. El cronograma: ¿Qué cronograma?

2.3. Faltan definiciones

3. Baremación de los juzgados de familia

Parte IV

Conclusiones

Parte I

Sobre los Principios básicos del sistema

Jornada neta anual fijada en 1404 horas

El estudio realizado por el servicio de inspección, parte de una premisa inaceptable, por inexacta: Fija la jornada anual neta del juez o magistrado en 1.404 horas. El cómputo no se ha hecho adecuadamente por el Servicio de Inspección, y así tenemos:

La duración máxima de la jornada de trabajo en la Administración de Justicia será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1625 horas anuales. A tal fin, el Servicio de Inspección ha tenido en cuenta la Resolución de 15 de julio de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo ,en cómputo anual ,y las de las jornadas en régimen de dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia.

1. De dicha duración deberán descontarse:

1.a) 14 días festivos anuales x 7’5 horas/día = 105 horas.

2 días (24 y 31 de diciembre) x 7’5 horas/día = 15 horas.

Justificación: El artículo 182 de la LOPJ declara inhábiles a efectos procesales los días de fiesta nacional, los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma y localidad, así como los días 24 y 31 de diciembre.

1.b) 18 días de asuntos propios x 7’5 horas/día = 135 horas.

Justificación: El artículo 373.4 de la LOPJ prevé que los jueces y magistrados puedan disfrutar de 6 permisos en el año natural, de 3 días cada uno de ellos.

1.c) “Pausa diaria” de 30 minutos x 5 días (semana) x 47 semanas (año) = 117’5 horas.

Deducciones: 18 días de asuntos propios + 14 días festivos + 24 y 31 de diciembre = 34 días x 30 minutos = 17 horas.

TOTAL: 100 ,5horas.

Justificación: La disposición tercera, apartado 4, de la Resolución de 5 de diciembre de 1996 (RCL 19963051), (Instrucciones sobre jornada y horarios de los funcionarios de la Administración de Justicia), determina que «Se podrá disfrutar de una pausa diaria en la jornada de trabajo por un período de treinta minutos, computable como trabajo efectivo». La Resolución de 5/12/1996 solo fue derogada por la Resolución de 15 de julio de 2005 (RCL 20051670) en cuanto se opusiere a esta última Resolución. Y, en materia de pausa diaria no hay oposición alguna entre una y otra Resolución.

1.d) Jornada de verano (16 junio a 15 septiembre). Reducción de 5 horas semanales x 10 semanas = 55 horas.

Justificación: Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, la jornada laboral se reduce en 5 horas semanales (32’5 horas/semanales) para funcionarios y Secretarios judiciales (disposición 8.ª de la Resolución de 17/07/2005). Se trata de medir la carga de trabajo que razonablemente puede asumir un órgano judicial y, por ende, habrá de tenerse en consideración la jornada reducida del personal del juzgado que, durante ese tiempo de ausencia, no podrá colaborar en absoluto en la tramitación de los asuntos.

Aunque la totalidad del período de jornada reducida de verano abarca 12 semanas (2 de junio, 4 de julio, 4 de agosto y 2 de septiembre), hemos considerado proporcionado tomar solo en consideración 10 semanas porque los jueces y magistrados disfrutan sus vacaciones mayoritariamente en el mes de agosto (julio o septiembre, en otro caso), pero no absolutamente todos lo pueden hacer precisamente en esas mensualidades. Entre las 12 semanas del período total y las 8 semanas que corresponderían excluyendo el mes de agosto, hemos optado por el cómputo prudencial de 10 semanas.

1.e) En algunas comunidades autónomas el horario de los funcionarios es de 35 horas semanales. Así se fija, por ejemplo, en Madrid, en Andalucía, por el artículo 4.2 de de la Orden de 31/10/2007 (Consejería de Justicia y Administración Pública) (BOJA 221/ 2007, de 9 de noviembre; rect. BOJA 240/2007, de 7 de diciembre [LAN2007489]).

En Semana Santa y Pascua también se fija jornada de horario reducido en las comunidades autónomas. Por ejemplo, la Resolución de 1 de abril de 2009, del Director General de Justicia y Menor (Comunidad Valenciana), acuerda que los días 14, 15, 16 y 17 de abril (de este año 2009) se reduce la jornada laboral, de obligado cumplimiento, a 5 horas diarias.

Además, durante las fiestas patronales de prácticamente todas las grandes ciudades, pequeñas capitales de provincias e incluso pueblos (Madrid, Sevilla, Tenerife, Zaragoza, León, por citar algunos casos conocidos), las correspondientes Consejerías de Justicia fijan una reducción de jornada de una hora diaria (o más) a los funcionarios. Todo ello debería tenerse igualmente presente para la determinación de la jornada anual neta, descontándose del cómputo hecho por el Servicio de Inspección.

Tampoco se han tenido en consideración los días adicionales de permiso o vacaciones según el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril), o sobre conciliación de la vida laboral y familiar… etc. Por otra parte, habrían de tenerse en cuenta contingencias comunes, como son las enfermedades, intervenciones quirúrgicas, embarazos, tomas de posesión en cambios de destinos, así como otras contingencias que pudieran presentarse; y, en general, otros permisos y licencias susceptibles de concederse (véanse precedentes jurisprudenciales al respecto; vg., STS [Sala 3ª, Sección 7ª] de 18/04/2008 [RJ 20082461]). y otras anteriores y posteriores

Todo este conjunto de eventualidades y/o circunstancias, no pueden ignorarse por completo. Por contra, entendemos que deben tenerse también presentes para la determinación de la jornada anual neta, descontándose del cálculo que se contiene en el Estudio sometido a consideración. A nuestro criterio, ese descuento no puede ser inferior, prudencialmente, al 10% de la jornada máxima (1.625 X 10% = 162’5 horas).

1.f) Asistencia a cursos, estudio y formación por medios propios. Incongruentemente, el Servicio de Inspección señala que debe restarse por estos conceptos un 10% de la jornada máxima en cómputo anual (equivalente a 1625 horas anuales) y, sin embargo, se limita a restar 153 horas, cuando el 10% de 1625 horas son 163 horas.

Los conceptos que el propio informe señala como comprensivos de esa reducción son exclusivamente tres, en una lista cerrada: asistencia a cursos, estudio y formación por medios propios (pág. 5 del Estudio).

Hay otros conceptos que no han sido tenidos en consideración: tiempo dedicado a la atención de los profesionales (abogados, procuradores) y a la de los propios justiciables, lectura de correos profesionales (ordinario y electrónico), BOE y sentencias novedosas.

El tiempo invertido en todas estas actividades (las señaladas por el Estudio más las añadidas en este Informe), no deben computarse en menos del 15% de la jornada máxima de cómputo anual (equivalente a 1625 horas); es decir, 244 horas.

RESUMEN:

Horas brutas Horas de descuento Jornada anual NETA

Trabajo efectivo cómputo anual 1.625

Festivos, más 24 y 31 de diciembre 120

Días asuntos propios 135

Pausa diaria 100,5

Jornada de verano 55

Eventualidades y/o circunstancias del apartado 1.e) 162’5

Formación, atención público, examen de BOE, correo… 244

TOTALES 1.625 816’5 808 horas

Parte II

De la “finalidad” y “metodología” del Estudio realizado por el Servicio de Inspección

Desde la asociación Foro Judicial Independiente, pensamos que la finalidad de estos módulos no es, ni mucho menos, la de «ajustar la carga de trabajo a unos niveles razonables que permitan, tanto el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, como la conciliación de la vida laboral y familiar» (como pomposamente se dice en la Introducción del Estudio). Tampoco damos crédito a la metodología que se dice empleada para fijar la medición de la carga de trabajo ―que desde este mismo momentos solicitamos que se tome por el CGPJ como carga MÁXIMA RAZONABLE (resaltamos el término “máxima”) ―.

1. Finalidad

La baremación que se ha hecho «persigue», a nuestro juicio, dar carta de naturaleza a las insuficiencias estructurales del sistema, ocultándolas de forma eufemística, bajo el expediente de presumir «normal» y de convertir en «ordinario» lo que han sido «rendimientos» extraordinarios de jueces y magistrados.

a) El planteamiento del Servicio de Inspección es similar, en su finalidad, a la enmienda 631 del Grupo Socialista para modificar la LOPJ en el año 2006:

Congreso 8 de junio de 2006. Serie A. Núm. 69-15

ENMIENDA NÚM. 631

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista del Congreso

De modificación al artículo octavo la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

De adición.

Se añade un nuevo apartado, con la numeración que corresponda, para introducir tres nuevos párrafos en el apartado 4 del artículo 403, que pasa a tener la siguiente redacción:

«4. Las retribuciones variables por objetivos estarán vinculadas al rendimiento individual acreditado por cada juez o magistrado en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y profesionales.

Todos los jueces y magistrados estarán obligados a alcanzar un objetivo normalizado, que no podrá ser inferior al rendimiento medio de los órganos unipersonales o, en su caso, colegiados en los que se integre, correspondiente a los cinco años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la presente ley, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial podrá determinar por vía reglamentaria los factores de corrección que puedan incidir individualmente en la consecución del objetivo antedicho, previo informe favorable del Ministerio de Justicia.

Si estas correcciones tuviesen repercusión presupuestaria, se requerirá informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.»

Lo que no se pudo introducir por aquella enmienda en sede parlamentaria ―entre otras razones, por la oposición frontal de todas la asociaciones judiciales― se pretende ahora implantar, bajo pretexto de estudio de medición de carga de trabajo, dentro del programa de modernización que preconiza el actual CGPJ.

b) Los jueces hemos vivido engañados y hemos sido utilizados, durante los pasados años.

Se nos dijo que la superación de los módulos era un esfuerzo al que debíamos colaborar, que era coyuntural. Una gran mayoría de la carrera judicial optó por trabajar a destajo por muy variadas razones, sacrificándose —estoicamente y por una miserable compensación económica— para suplir esas carencias estructurales. Y ahora se opta por hacer unas previsiones excesivas―por elevadas, en todos los ordenes jurisdiccionales, para evitar crear las unidades judiciales realmente necesarias; previsiones que se han basado en la productividad de los jueces en el año 2007, como si hubiéramos trabajado durante esa anualidad tan solo 37’5 horas semanales brutas.

Pues no. Precisamente en esa anualidad es en la que se hicieron los mayores esfuerzos por la carrera judicial, con horarios infrahumanos de más de 10 y 12 horas diarias, trabajando sábados y domingos, pidiendo días de asuntos propios para dictar sentencias, etc., etc. Ese sobreesfuerzo se agradece ahora convirtiéndolo en la «norma». Es inaceptable, máxime si se tiene en cuenta que, según los datos que se han obtenido, un alto porcentaje de magistrados y jueces superó durante el año 2007 el módulo establecido (41’05% durante el primer semestre y 38’23% el segundo semestre), con arreglo a la legalidad vigente, véase ley de retribuciones, en una opción legítima y legal. Ahora se promedia ese alto porcentaje para obtener la mediana estadística.

2. Metodología

La metodología seguida ha sido la de ir ajustando los números a un resultado prefijado: MEDIANA ESTADISTICA del año 2007, ajustado a la conveniencia, no de superar la carga irrazonable de trabajo que pesa sobre los órganos judiciales, sino de aminorar de cara a la galería el número de unidades judiciales verdaderamente necesarias.

Buena prueba de ello es que, en la memoria de los letrados de la Inspección del grupo de trabajo para todos los órdenes jurisdiccionales, en el memorándum del 9/02/2009 se partía de un total de 1.672 horas anuales para llegar, con los descuentos, a 1.404 horas netas. Tras darse cuenta la Inspección de que el total de horas anuales era menor, 1.625 horas (Resolución de 15 de julio de 2005), el número de horas netas, sin embargo, se ha mantenido en las mismas 1.404 horas anuales. ¿Cómo? Muy fácil: las reducciones que antes (el 9/02/2009) estaban perfectamente justificadas para el Servicio de Inspección, ahora se reducen para ajustar el resultado final. En concreto:

Horas totales/año Reducciones totales Horas netas/año

Memoria de 9/02/2009 1.672 268 horas 1.404

Estudio de marzo 2009 1.625 220’5 horas 1.404’5

No existe ninguna razón objetiva para que en febrero se tenga por correcto reducir un total de 268 horas al año y un mes después, la reducción quede disminuida a 220’5 horas. La única razón es que el resultado final tenía que encajar fuera como fuese.

Llama también poderosamente la atención que, habiéndose encargado por el CGPJ un costoso informe (varios cientos de miles de euros) a una empresa externa y profesional (“Steria Norman & Broders”), sobre valoración del desempeño de jueces y magistrados, fechado en febrero de 2004, no se haya tenido en absoluto en consideración. Quizás se deba a que se ajustaban demasiado a la realidad, en vez de a los criterios estajanovistas que ahora nos presentan.

Parte III

Sobre la baremación de los procedimientos

1. De la valoración en general de los distintos procesos

Donde el Estudio se antoja más censurable, a nuestro entender, es en la baremación por clases de asuntos y materias, que actúa —según se dice— como verdadero soporte del sistema. Se reconoce en el Estudio la gran carga subjetiva que comporta esta valoración y, seguidamente, para justificar el resultado, se afirma que se trata de “subjetivismo debidamente sustentado en el conocimiento directo de la labor y experiencia profesional”. De nuevo hemos de poner en cuestión estas afirmaciones del Servicio de Inspección. Vemos por qué razón.

1.1. El supuesto soporte del subjetivismo de la valoración

Según el Servicio de Inspección, el supuesto “sustento” de la valoración hecha en su Estudio radica en «haber recurrido a asesores externos, intentando que resultaran representadas la máxima variedad de situaciones en función de cada tipo de órgano». La supuesta colaboración de estos asesores externos se explica en el Estudio del siguiente modo:

Haber enviado a estos asesores externos un cuestionario en el que se sometían a su consideración múltiples aspectos de interés para la baremación.

Se les solicitó una valoración porcentual de la mayor parte de las categorías de procedimientos que tienen entrada en el órgano, lo que se combinó con la cumplimentación de un cronograma, cuya finalidad era conocer su opinión sobre la distribución de la jornada de trabajo semanal entre cada una de las tareas cotidianas que realiza un Juez o Magistrado.

Finalmente «… reunido el grupo de trabajo con los asesores, se hizo una puesta en común de los cuestionarios cumplimentados, contrastando y analizando sus diferencias de criterio y las explicaciones dadas por cada uno. Para realizar una comparación lo más coherente posible se partió de un procedimiento estándar que pudiera servir de referencia para la medición de la carga de los demás asuntos. Primero se obtuvo una ponderación comparativa de todas las clases de asuntos (en abstracto, de 0 a 100) y después, para disponer de una escala de conversión a unidades de tiempo de los valores resultantes, se elaboró un cronograma del procedimiento estándar consistente en la medición temporal de cada una de las fases o etapas procesales que conforman su trámite, pero siempre de trabajo efectivo, lo que diferencia esta forma de cálculo de la propia de los tiempos de respuesta. Se procuró el acercamiento a duraciones promediadas, que pudieran dar cabida a las situaciones más comunes y, a la vez, compensar entre sí las extremas y descartar las anecdóticas…».

Añadiéndose que «… asimismo, se han tenido en cuenta para fijar las puntuaciones la proporción de asuntos que no terminan por sentencia, para obtener una media que refleje lo más fielmente posible la carga de trabajo del juzgador, por lo que la puntuación no pretende valorar el tiempo de dedicación de éste a un asunto concreto, sino el promedio que resulta de computar, dentro de la clase puntuada, aquellos asuntos que se sobreseen, son desistidos, etc., junto con los que efectivamente llegan a ser conocidos por el Juez o Magistrado en toda su extensión, incluyendo vistas, atención a profesionales y a los justiciables y resoluciones …».

1.2. Trabajo con los jueces y magistrados asesores externos

En el caso de todos los órdenes jurisdiccionales, unipersonales y colegiados. la supuesta puesta en común y acercamiento del trabajo de la Inspección con los magistrados , ha sido una falacia. Los módulos que ahora se nos presentan nada tienen que ver con los que se habían consensuado con los magistrados asesores externos de los distintos órdenes jurisdiccionales, que en una primera reunión consensuaron determinados parámetros y en una segunda reunión asistieron a la modificación del valor a la baja sin justificación alguna, por parte de la inspección de los parámetros ya establecidos, y por tanto, los criterios expuestos por los magistrados ,han sido completamente omitidos y no se han tenido en consideración

La nitidez de lo expuesto excusa de cualquier argumento sobre la inexistencia de la menor voluntad de llegar a ningún consenso ni acercamiento. Sencilla y llanamente se ha ignorado por completo a los “asesores” externos y se ha impuesto un criterio productivista, CONSISTENTE, COMO YA SE HA DICHO, EN LA MEDIANA ESTATIDISTICA DEL AÑO 2007.

Por lo demás, no sabemos, porque el Estudio no lo explica, qué pueda ser un procedimiento estándar, para servir de referencia para medición de la carga de los demás asuntos. Tampoco se explica, en absoluto, lo relativo al cronograma de ese procedimiento estándar, consistente en medición temporal de cada una de las fases o etapas procesales que conforman su trámite, pero siempre de trabajo efectivo.

1.3. Proporción o «media» con asuntos que no terminan por sentencia

Otro de los criterios tenidos en consideración por la Inspección para puntuar los procedimientos ha sido no distinguir entre los modos de finalización de los mismos, de manera que TODOS los de una misma categoría o clase, acaben por auto o por sentencia, se computan igual.

El criterio nos parece acertado, si es que se han tenido en consideración, pero no lo es tanto la “media” o «promedio» que se ha establecido en el orden contencioso-administrativo y, en otro caso, deben valorarse todas las actuaciones judiciales, que finalicen por autos..

En efecto, se dice textualmente en el Estudio que “se han tenido en cuenta para fijar las puntuaciones la proporción de asuntos que no terminan por sentencia, para obtener una media que refleje lo más fielmente posible la carga de trabajo del Juzgador, por lo que la puntuación no pretende valorar el tiempo de dedicación de éste a un asunto concreto, sino el promedio que resulta de computar, dentro de la clase puntuada, aquellos asuntos que se sobreseen, son desistidos, etc., junto con los que efectivamente llegan a ser conocidos por el Juez o Magistrado en toda su extensión”. -.

2. Las concretas puntuaciones de los procedimientos

Sentado lo anterior, consideramos que las concretas puntuaciones atribuidas por el Estudio a los distintos procedimientos son fruto del más puro voluntarismo, y en ocasiones, de la arbitrariedad.

Ello nos hace, una vez mas, rechazar el sistema, por arbitrario; y nos ratifica en que, lo que se ha tenido en cuenta, y lo que interesa es cuadrarlo con los datos estadísticos del año 2007. De ahí que, a mayor peso específico de una materia, se atribuya por el Servicio de Inspección una menor puntuación de dedicación, porque de otra manera, los datos estadísticos no les cuadrarían, resultando una puntuación algo más acorde, en aquellos asuntos que pueden denominarse marginales, por la ausencia significativa y peso específico de los mismos.

2.2. El cronograma: ¿Qué cronograma?

Para dictar la sentencia, el magistrado, tendrá que leerse detenidamente el expediente administrativo (en muchas ocasiones compuesto de varios tomos de informes ), sacar sus anotaciones; luego toca examinar los autos, releer o visionar los discos de las grabaciones (por el tiempo transcurrido) las declaraciones de los testigos, las ratificaciones y aclaraciones de peritos, consultar jurisprudencia y, por último, redactar la sentencia (lo que significa minutarla por escrito o transcribirla directamente al ordenador). Y todo eso, en las horas de media que se expresa en el estudio es un verdadero dislate.

Lo mismo cabe decir de todos los procedimientos que requieran vista pública.. En el acto de la vista (que aunque sea el acto nuclear del procedimiento, no es el único) comparecen varias partes (actor, parte demandada, en su caso aseguradora demandada o codemandada, contratista o concesionario demandado o codemandado), cada una con su letrado y turno de palabra o intervención, práctica de pruebas e informes orales, iniciales y finales. El dictado de la sentencia, en estos procesos, no lleva menos trabajo que el invertido en el ordinario. A ello hay que añadir el tiempo «invertido» en tramitar (que no solo consiste en señalar el juicio, sino en resolver recursos de súplica nada infrecuentes). ¿Todo esto solo merece, cada asunto el tiempo necesario, siendo prácticamente imposible promediar realmente las horas. Nos parece increíble tal despropósito.

Lo expuesto es sólo un botón de muestra. Desde luego que si el sistema de medición prospera, los jueces nos veremos obligados a hacerlo público, para que la ciudadanía conozca que se nos «obliga» a tramitar y resolver sus asuntos dentro de unos tiempos medios imposibles, verdaderamente kafkianos, y que, esta medición “a la baja” será la cobertura perfecta de cara a la ciudadanía para no incrementar la planta de órganos judiciales, ni tampoco el número de jueces (porque a nadie se le escapa que se intentará de nuevo establecer un módulo de salida, y que tomará como base el confeccionado para la entrada).

2.3. Faltan definiciones

Desde otra óptica, faltan definiciones cumplidas de las categorías que se barajan para la baremación.

Tendrá que puntualizarse o precisarse mucho a este respecto. Y alguien tendrá que valorar la clase de asunto para su categorización de cara al sistema de medición que se pretende implantar (nos oponemos a que por ejemplo, deba ser el secretario judicial el que «decida» qué asuntos son o no «repetitivos», por poner un ejemplo, porque es el juez el que los resuelve y el que de verdad sabe si hay particularidades del caso que excluyan o no esa calificación).

Se trata de una cuestión jurisdiccional, y así se ha puesto de manifiesto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en varias Sentencias que se aportarán en el momento oportuno.

Y cuando llegue la hora de elaborar la “estadística de entrada anual”, se obtendrán resultados diferidos (del año anterior) y habrá que realizar un auténtico esfuerzo (que tampoco se valorará) para discriminar asuntos por categorías.

P) Asuntos repetitivos

Tampoco es aceptable que los «asuntos repetitivos» se valoren con el 20% del asunto de que se trate. No deben merecer menos de 1’5 puntos, sea cual sea la naturaleza de la materia. El tiempo de tramitación del procedimiento y los problemas interlocutorios que en ellos puedan plantearse no son menores que en los no repetitivos. Y, el redactado de la sentencia, valorando si el supuesto se asimila a otro precedente, con el cuidado necesario sobre las particularidades del caso, requiere de ese tiempo de trabajo como mínimo.

Todo ello sin olvidar que la declaración de la naturaleza de repetitivo es, como ya dijimos, exclusivamente jurisdiccional, por lo que no puede quedar en manos del Decanato ni del Secretario judicial., reiterando doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que, en su momento, se citará.

3.- Valoración procedimientos:

ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL DE FAMILIA

Referidas al resumen del Memorándum anterior de 26 de enero de 2009.

Se contienen en este punto las denominadas “líneas generales del sistema” marcadas por el grupo de coordinación, que descansan en el sistema de ponderación de cada clase de procedimiento, la distribución de la puntuación a partir de una equiparación entre puntos y unidades de tiempo y la introducción en el cómputo de entrada de la jurisdicción voluntaria y la ejecución.

1º- No hay objeción fundamental, a la formulación del sistema de ponderación de cada clase de procedimiento ni a la inclusión de los asuntos que integran la Jurisdicción voluntaria y de la, incomprensiblemente preterida, Ejecución.

El problema se advierte en la cuantificación o detalle del sistema de ponderación que se desarrolla en el baremo, al que luego se aludirá.

Es, en todo caso censurable, en el plano de la lógica intelectual del memorándum que se nos traslada, la elección de los datos estadísticos de 2007, datos que al producirse por parte de los Jueces y Magistrados- como se recoge y admite al justificar la baremación provisional- sólo perseguían, en el mejor de los casos, cumplir con la formalidad reglamentaria de la emisión de la declaración semestral, rentabilizando en la medida de lo posible, la abrumadora carga de trabajo por todos conocida y reconocida, destacadamente en los Juzgados de Madrid. En todo caso, recordar también que esos datos se produjeron vigente el sistema de puntos y nunca sobre la dedicación temporal que esos puntos costaban (¡!!)…

Si, por otra partes, como se mantiene por parte del CGPJ se trata de módulos de entrada, no se comprende porqué para el cálculo de las “medianas” ponderadas se utilizan la tasa de resolución próxima al 1 en el año 2.007, contemplando los datos de órganos que han dado salida a los asuntos ingresados. Lo mismo cabría decir del resto de los parámetros utilizados, como capacidad resolutiva del Juez –como “filtro de ponderación”-, y el punto/hora. Resulta contradictorio y muy confuso.

Por lo demás recordar las evidencias legales: la jurisdicción voluntaria es jurisdiccional y la ejecución de todo tipo de títulos (los descritos en el Art. 517 de la LEC y otros tantos descritos en esa u otra norma legal) exige mucha dedicación tanto en el control de lo que se ejecuta, de cómo se ejecuta y de las innumerables incidencias que pueden resultar en la misma, incidentes que requieren una revisión actualizada de todas las actuaciones, resultando especialmente penosa la ejecución en la Jurisdicción de Familia que ocupa una gran parte de la dedicación de los Juzgados de Familia, pues lamentablemente los incumplimientos de las medidas acordadas en Sentencias, ya sean contenciosas o de mutuo acuerdo, son muy frecuentes, provocándose incidentes que incluso duran años, y exigen la celebración de varias vistas y dictado de resoluciones, muchas veces complejas.

Y no cabe apelar al “equipo”- Secretaría- que debe prestar el soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional (Art. 435 de la LOPJ) como instrumento activador del resultado, pues es notorio- y no presenta visos de coyuntural- la escasa o nula preparación del personal en régimen de provisión temporal destinados en estos Juzgados. Es un hecho de gran trascendencia y de notoriedad conocida, que ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Servicio de Inspección pueden dejar de considerar.

2º- Distribución del tiempo arbitraria y desconectada de la función jurisdiccional.

Se indica que la distribución de la puntuación a partir de una equiparación entre puntos y unidades de tiempo se ha realizado “tomando como referente la jornada de trabajo neta del Juez o Magistrado de 1404 horas en cómputo anual, para lo cual explica la reducción de 268 horas respecto de la función pública (1672 horas), sobre la base de 112 horas correspondientes a formación y un 10 % (sobre el producto restante ya deducidas las 112 horas) bajo el concepto de actividades de imposible o difícil evaluación.

La deducción de 112 horas para formación es manifiestamente escasa y, desde luego, no recoge el capítulo trascendental de la autoformación que, como praxis profesional generalizada, todos los Jueces se exigen siempre que el hecho o la norma lo aconsejan ( y esto es la pauta habitual del desempeño ordinario de la actividad jurisdiccional). La cifra de 112 horas se corresponde con algo más del periodo de un curso de tres días- jornadas de mañana y tarde- y no recoge en absoluto la búsqueda y formación cumplida que muchos asuntos requieren. En nuestra opinión debieran descontarse un mínimo de 300 horas para la formación en el sentido real y finalista expresado, pues la mínima dedicación recogida en el memorándum aboca a la resolución apriorística y no contrastada, en definitiva a la resolución esteriotipada y carente de motivación “ad hoc”.

Con relación a la deducción del 10%, indicar que dicho porcentaje es igualmente insignificante en el conjunto de la actividad pues es conocida e incentivada por todas las instituciones, la dedicación personal del Juez para dar cumplimiento a los múltiples derechos que se recogen en la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia o el Plan de transparencia Judicial vigente, con relación tanto a los profesionales como ante las partes. Por ello el porcentaje, en atención al número de asuntos tan elevado y la altísima probabilidad de que estas contingencias se presenten, debe elevarse al menos al 20% sobre la diferencia obtenida de las bases citadas, lo que representa una jornada de trabajo neta del Juez o magistrado de 1097 horas en cómputo anual. Y en esta jornada ha de considerarse, como datos de importancia trascendente, la necesaria preparación de los juicios así como la dedicación de dos jornadas semanales completas a la celebración de juicios, horas ciertas, computables que ni por aproximación asoman en la baremación cuantitativa que se presenta.

Por otra parte, llama la atención que respecto a la “Baremación de los procedimientos” se haya podido apuntar que para obtener el promedio se hayan tenido en cuenta aquellos asuntos que son desistidos, se sobreseen, etc, junto con los que “efectivamente llegan a ser conocidos por el Juez”, incluyendo vistas, atención a los justiciables y resoluciones. Resulta alarmante que por parte del Servicio de inspección se ignore que todos los procedimientos son atendidos por el Juez “en toda su extensión”, y que la mayor parte de las veces los desistimientos, sobreseimientos, etc se producen en la vista, y por supuesto, requieren de resolución judicial.

Referidas a la Baremación con los Asesores Externos.

En primer lugar llama la atención la falta de transparencia en cuanto a la elección de los denominados “Asesores externos”, dicho sea siempre con el respeto y reconocimiento previo y expreso a los compañeros que conformaron dicha asesoría. No se comprende la opacidad en el manejo de esta elección, teniendo en cuenta la trascendencia e importancia absoluta que la determinación de un baremo u otro tiene, no solo en el desempeño ordinario de nuestra función jurisdiccional, sino en la propia función. Por otra parte se reconocen las “diferencias de criterio”- que no se explicitan-entre los asesores, enfatizando los resultados obtenidos para “construir una tabla comparativa de complejidad”. Debe señalarse, en primer término, una omisión recurrente: ni una palabra para tratar la singularidad objetiva de la litigiosidad en el Partido Judicial de Madrid….en claro perjuicio para los titulares destinados en el mismo. Hecho también conocido por el Servicio de Inspección y por el número de quejas que aglutina, en concordancia con las consideraciones contenidas en el Informe sobre las mismas publicado el día 10 de marzo de 2009.

A este respecto llama poderosamente la atención, en relación a los Juzgados de Familia, que en el muestreo para la elaboración del baremo se hayan utilizado por parte del Servicio de Inspección una serie de datos correspondientes a lo que distinguen entre “Comunidad Autónoma A” y “Comunidad Autónoma B”, para hallar el “JUZGADO TIPO A 1404 PUNTOS” sin que en ninguno de los casos, de manera incomprensible, se hayan tenido en consideración los datos del Partido Judicial de Madrid. Esta distinción que parece responder a los distintos regímenes matrimoniales que, por defecto, rigen en ciertas Comunidades Autónomas, p ej. Cataluña y el régimen de separación de bienes – es de suponer a fin de contrarrestar el número de procedimientos de liquidaciones de gananciales-, afecta negativamente a los Juzgados de Familia de Madrid, cuya especial litigiosidad resulta relevante y esencial a fin de obtener las llamadas “medias ponderadas” y sin embargo parece incluido en la “Comunidad B” – lo que por cierto se presume, porque no ha sido posible obtener esta información del Servicio de Inspección ya que se mantiene en total opacidad- en la que el número de procedimientos relativos, por ejemplo a Impugnaciones de resoluciones administrativas, Asentimiento en la adopción y Exequátur, así como esencialmente los procedimientos de Ejecución, están muy por debajo de la media de entrada en Madrid, lo que lleva a unos cálculos porcentuales no ajustados a la realidad.

En segundo término, alertar al Servicio de Inspección de que, si se ha pretendido “mantener el acento cobre el criterio de la porción de la jornada de trabajo del titular que consumía”, no se explica cómo se llegan a esas baremaciones, a no ser que en modo alguno se haya tenido en cuenta la inversión temporal real del Juez o Magistrado, en la llevanza o dirección de los Juicios, ya que si en efecto se hubiera considerado este extremo, jamás se habría llegado a la puntuación tan manifiestamente deficiente que se describe en el apartado de “baremación temporal” del memorándum que se analiza.

Y en tercer lugar, en lo que corresponde a esta Jurisdicción, no se comprenden los recortes que se han efectuado con posterioridad a las reuniones mantenidas entre el CGPJ y los Jueces de Familia, y que llevaron a “consensuar” una tabla valorativa. Recortes que se han producido tanto en cuanto a tipos de procedimientos, suprimiendo los incidentes, de notoria importancia en un Juzgado de Familia y que en Madrid puede llegar a suponer un porcentaje de más de un 6% de la totalidad de los asuntos registrados anualmente, como en relación a la puntuación de los procedimientos, redondeando a la baja, sin explicación que lo ampare, por ej. Los asuntos que puntuaban 3.25 a 3.

III. Referida a los defectos valorativos.

1.- En relación a los procedimientos de nulidad matrimonial, no se explica la reducción de 6 a 3 puntos. Si bien es cierto que este tipo de procedimientos no es habitual, precisamente su excepcionalidad y su complejidad específica refrendaría la valoración que siempre ha tenido y que en un principio estaba prevista de 6 puntos.

2.- En relación a los procedimientos de divorcio, separaciones, modificación de medidas y guarda y custodia de mutuo acuerdo, la puntuación de 0,5 no deja de ser algo testimonial que no refleja la realidad de la carga del Juzgado, sobre todo en la actualidad donde la propuesta de medidas en relación a los menores, no siempre va a requerir “simplemente” del acuerdo de los progenitores, sino que cada día resulta más necesario adoptar medidas de prevención o ampliar la escasa prueba aportada a fin de decidir. Sería más adecuado distinguir entre procedimientos que impliquen a menores, que no podría ser inferior a 1’5 puntos de media, y cuando no afecten a menores, que podría quedarse en 0,5 puntos.

3.- En relación a los procedimientos de divorcio, separaciones, modificación de medidas y guarda y custodia contenciosos, tampoco se explica el porque se ha recortado a 3, cuando estaba previsto y acordado un 3,25. Aun así la puntuación resulta inaceptable teniendo en cuenta el esfuerzo que requieren a fin de intentar llegar a acuerdos, aunque estos no se consigan, y la importancia de los intereses en juego. Debe distinguirse igualmente entre procedimientos que implique a los menores, donde priman las situaciones personales, y que deberían valorarse en 5 puntos de baremación temporal, y las demás, en 3,25 puntos de baremación temporal.

4.- En relación a las medidas previas, coetáneas y medidas del art. 156 y ss CC, resulta insuficiente la baremación realizada puesto que, del mismo modo expuesto anteriormente, deberían equipararse, como mínimo, a los juicios verbales de los Juzgados de Primera Instancia, 2,5 ptos, cuando no afecten a menores, y cuando afecten a menores debería reconocerse 3,25 ptos de baremación horaria. Concretamente las medidas urgentes para paliar situaciones de riesgo y peligro de menores al amparo del art 158 del Código Civil requieren más dedicación, entrañan más complejidad y una inmediata respuesta de tutela judicial efectiva.

5.- Aunque el procedimiento ordinario no resulta un trámite habitual actualmente en los Juzgados de Familia, no se justifica que su baremación haya sido reducida a 5 puntos, y que se de un tratamiento distinto al otorgado en los Juzgados de Primera Instancia ordinarios. Su puntuación debería quedar en los 6 puntos de baremación acordados en las reuniones previas e inicialmente propuestos.

La baremación actual a los procedimientos ordinarios, puede dar lugar a la práctica contraproducente y obligada de que se elija ese trámite procesal menos dinámico, para aquellos procedimientos que no teniendo una tramitación específica, por ejemplo para privación de patria potestad, sin embargo muchos juzgados por analogía y razones de economía procesal, los estamos encauzando por la vía procesal del juicio verbal especial del art 753 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y se dice práctica obligada, porque se suprime el apartado dedicado a otros procedimientos contenciosos, apartado que se ha de mantener y con una baremación equiparable a los procesos contenciosos de nulidad, separación y divorcio.

6.- Los procedimientos de sustracción de menores que requieren de una respuesta y actuación judicial inmediata, se consideran puntuados por debajo de la carga de trabajo real, al menos se han de equiparar a los procedimientos contenciosos de separación y divorcio, es decir, con 5 puntos de baremación horaria al afectar a menores.

7.- No se especifican lo que se denomina genéricamente, impugnación de resoluciones administrativas, entre las que se encuentran expedientes de oposición a resoluciones de desamparo y de acogimiento que muchas veces constituyen las cuestiones más complejas y delicadas de las que conocen los Juzgados de Familia, pues afectan a varios hermanos, conllevan acumulaciones, informes técnicos, periciales…en definitiva expedientes que pueden llegar a tener varios tomos. La puntuación correcta y adecuada en tales casos no debería ser inferior a 6 puntos.

8.- Los procedimientos de adopción y acogimiento que se bareman en un punto, se habría de especificar que se trataría de aquellos en los que no se plantea oposición y que se desarrollan por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria. Cuando no es así, lo que implica un notorio esfuerzo de estudio, examen y valoración de pruebas, deberían valorarse con 3,25 ptos, al igual que unas medidas previas con menores.

9.- En relación a los procedimientos sobre liquidación del régimen económico matrimonial, la complejidad existente en los Juzgados de Madrid es evidente habida cuenta de los altos patrimonios radicados en esta Ciudad, que suelen ocultarse en empresas patrimoniales, y que requieren de un considerable esfuerzo de examen y estudio. Al respecto, sería preciso distinguir entre:

– Procedimiento de formación de inventario para inclusión y exclusión de las partidas que han de integrar el activo y pasivo de la sociedad o comunidad ganancial. A su vez se debería distinguir entre los procedimientos que acaban por acuerdo en la comparecencia previa que acaba ante el Secretario y aquellos que dan lugar a la celebración de un juicio verbal que ha concluir por sentencia. La valoración de estos últimos no puede ser inferior a 6 puntos.

– Procedimiento de liquidación en el que se valoran las partidas y se hacen las adjudicaciones de bienes, derechos y deudas. A su vez habría que diferenciar entre aquellos que concluyen en la comparencia previa ante el secretario, de aquellos que exigen el nombramiento de peritos para valoración y tasación de bienes y la designación de contador partidor, e incluso de aquellos en los que no habiendo conformidad con el cuaderno particional se hace necesaria la celebración de un posterior juicio verbal e incluso declarativo ordinario para dar por conclusa la liquidación. Lo últimos deberían valorarse en 10 puntos de baremación horaria.

10.- Respecto a la valoración baremada que se otorga al Exequátur, con 1,5 ptos, se advierte que no se ha profundizado en su importancia, puesto que requiere de una serie de actuaciones judiciales de notoria trascendencia que deben ser valoradas y estudiadas y no se ha hecho. Se equiparan a los 3,25 ptos.

11.- Finalmente, respecto a la ejecución, y en relación a la baremación específica de los Juzgados de Familia, se observa que, por fin, se ha reconocido que el área de ejecución en Derecho de familia tiene un peso muy importante en la carga de trabajo de la Jurisdicción de Familia. Además se ha distinguido entre ejecución personal y ejecución patrimonial, entendiéndose como nueva demanda ejecutiva de carácter personal, aquélla que se plantee una vez transcurridos tres meses desde el dictado de la última resolución.

No obstante, se considera como insuficiente la puntuación que se otorga a ambos tipos de incidentes de ejecución, pues en las ejecuciones patrimoniales con oposición e impugnación a la oposición, en los que incluso se puede solicitar y acordar la celebración de una vista, el asunto exige una dedicación y estudio que desde luego, no se valora adecuadamente con 0.75 puntos. La baremación adecuada considero que debería estar en 2 puntos. En cuanto a las ejecuciones personales, en las que siempre se hace precisa la celebración de vista, para oír a los padres, e incluso muchas veces se han de oír a los menores y a veces se hace necesaria prueba psicosocial, la baremación no debería ser de 2 puntos sino de 3,25 puntos de baremación horaria. En la ejecución personal no se computan los incidentes de manera individualizada, lo que desvirtúa la importancia de las continuas actuaciones, que se extienden “sine die” y que no siempre permite que transcurran los tres meses que se contemplan.

12.- No se contempla en la carga de trabajo de los Juzgados de Familia los expedientes de seguimiento, actividad ordinaria, de una importancia evidente porque afecta a las visitas de los menores, de larga duración y cada vez más frecuentes, que obligan a un detenido estudio sobre las situaciones que, en relación a los menores, se van produciendo a lo largo del expediente y que obligan a instar prueba psicosocial, informes del M. Fiscal, y dictar resoluciones de manera continuada y, desde luego, cada tres o seis meses. Deberían contemplarse y valorarse en 6 puntos de baremación horaria por la continua actividad judicial que implican.

13.- Lo anterior conecta necesariamente con la también sorprendente ausencia de previsión y ponderación de los incidentes, previstos tanto en los módulos del año 2.000, en el documento inicial y en las recientes reuniones que el Servicio de Inspección y Jueces de Familia han mantenido al respecto. A este tipo de procedimientos corresponden los siguientes: Recusaciones, Acumulaciones, Reconciliaciones, Impugnación de tasación de costas, impugnación de liquidación de intereses, Expedientes de Justicia Gratuita, Juras de Cuentas, etc, que de manera inexplicable, formando parte de la labor judicial ordinaria de cualquier órgano judicial, y de manera muy importante en los Juzgados de Familia, se obvian y nada se pondera sobre ellos. Al respecto, debe diferenciarse entre aquellos incidentes con previsión legal de vista que debieran tener, por defecto, una baremación de, al menos 2 puntos y que, en función de la “futura norma uniforme” habría que añadir 1 ó 2 puntos más en atención a la concretas actuaciones incidentales de que se traten. Cuando no requieran de vista deben valorarse en la puntuación prevista en las reuniones previas, 1 punto.

14.- Finalmente, no se comparte el criterio del CGPJ empeñado en no prever ni ponderar la tramitación de los exhortos, que también integra la función jurisdiccional, y así están previstos en la norma procesal, pero que se omiten como si no existieran en el panorama diario de un Juzgado. Al menos deberían valorarse en 0.10 puntos de baremación horaria.

Aplicación provisional de la baremación.

En este punto se indica el carácter precursor o de esbozo de la etapa de elaboración en la que se sitúa el Servicio. Explica así cómo se ha recurrido a los listados facilitados por la Sección de Estadística del CGPJ y la metodología estadística llevada a cabo para analizar la muestra. Aparte de argumentos meramente hipotéticos (“esto puede ocurrir ….”) y consideraciones que revelan el error del año elegido 2007 (“se están manejando datos de órganos cuyos titulares, o al menos una parte de ellos, trabajan actualmente estimulados por un sistema de productividad incentivada mediante retribuciones variables”….) para la elaboración objetiva del módulo de acuerdo con las pautas interpretativas expresadas por el Tribunal Supremo , resulta cuando menos chocante la justificación de la herramienta estadística de la mediana. Su defensa requiere, a nuestro juicio, una exposición cumplida de los órganos seleccionados por su tasa resolutiva (¿), el desglose por categorías de procedimientos a los que se alude y sólo así llegar a esa cifra quimérica de las horas en cómputo anual de las que parte el estudio: 1404. Faltan datos.

Determinación de los procedimientos computables.

En este apartado se justifican las ventajas de excluir determinadas clases de asuntos porque los inconvenientes que presenta su inclusión superan las ventajas que aportaría la inclusión. Se podría llegar a estar de acuerdo con este aserto si se conocieran las ventajas e inconvenientes. En todo caso excluir un trabajo o dedicación efectivamente realizada resulta inequívocamente inconveniente para el Juez que lo realiza.

Parte IV

Conclusiones

De acuerdo con lo expresado anteriormente, se realizan las siguientes conclusiones:

Primera.

Rechazamos, de plano, el cálculo que se ha realizado en relación a las horas netas, por los motivos expuestos.

Entendemos que lo que se pretende en cuadrar las estadísticas del año 2007 con la planta actual, para justificar engañosamente, la innecesaria creación de juzgados o de plazas de magistrados o secciones en órganos colegiados No podemos olvidar que, según los datos de que disponemos, en la anualidad del 2007, nada más y nada menos que un total del 41’05 % de jueces y magistrados, superaron los módulos (anulados por el TS) durante el primer semestre y el 38’23% lo hizo el segundo semestre (una media del 39’65% de jueces y magistrados durante toda la anualidad 2007). Los jueces demostraron entonces su capacidad de sacrificio en aras de una situación coyuntural que ahora pretende perpetuarse.

Ese exceso de productividad sobre el 100% debe descontarse del denominado índice resolutivo. Tal exceso de productividad (opción legítima de algunos jueces y magistrados compensada con una miserable retribución), no puede promediarse para fijar ahora el módulo de carga de trabajo máxima razonable de juzgados y tribunales. No tenemos los datos exactos, pero, según las informaciones publicadas en la prensa, suministradas por el CGPJ, el número de asuntos resueltos en el año 2007 se elevó a la cantidad de 8.260.000.

En suma, los resultados obtenidos durante el año 2007 deben analizarse sin el efecto multiplicador de la productividad, descontando ese 39,65 % (exceso de productividad) de los resultados de dicho año. El índice resolutivo debe minorarse teniendo en cuenta dichos datos, sin que pueda pretenderse que los efectos extraordinarios y excepcionales de la productividad, puedan pasar a considerarse lo normal a resolver por el número de jueces y magistrados sentenciadores.

Segunda.

Se desconoce la metodología empleada.

Este dato es imprescindible y debe figurar en cualquier estudio riguroso, y este debe serlo, ya que se trata de cuantificar la medición del tiempo de trabajo fijada en 37,5 horas para todos los jueces y magistrados del Reino de España. Todas estas cuestiones deberían figurar en un estudio del calado del que nos ocupa. Sin subjetividad, con rigor, utilizando la técnica estadística y ficha técnica, conforme metodología aplicable a las ciencias sociales. Nada de esto aparece o se vislumbra en el Estudio de la Inspección.

Entendemos que la realización seria y rigurosa del Estudio objeto de este informe debería haber contado con una ficha técnica, con una muestra de la población a analizar (esto es, juzgados y tribunales), con el sistema estadístico predeterminado, de, al menos, el 7%, como mínimo o, en todo caso, del 5 %, que fue lo que hizo en su trabajo profesional y objetivo la empresa Steria, Norman & Broders, con estratificación de la muestra dentro de los distintos órganos jurisdiccionales, con órganos de distintas poblaciones. Todo ello con objeto de examinar la diversidad de problemas que se presentan dentro de cada jurisdicción, de conformidad con el territorio. Así, por ejemplo, no son los mismos problemas los que se plantean en las grandes ciudades, que en el resto.

No entenderlo así, supondría, de facto, una nueva disfunción y, en su caso, un empeoramiento sobre las condiciones de trabajo. Este extremo ya se puso de manifiesto en las Juntas de Jueces celebradas en todo el Reino de España en fechas recientes, en un concreto apartado en el que se expresaba que la carga de trabajo debía ajustarse a lo que estableció la sentencia del Tribunal Supremo, mediante un análisis individualizado caso por caso, sin que los nuevos módulos pudieran ser más gravosos que los anteriores.

Se deben analizar las materias de forma individualizada. Ni tan siquiera sirve, a tenor de lo establecido por Tribunal Supremo, el análisis más genérico por materias, sino que debe ponderarse, dentro de cada materia, las especificidades propias.. Todo ello en aras del cumplimiento de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con objeto de satisfacer la tutela judicial efectiva, como valor superior consagrado en la vigente Constitución Española de 1978

Con la elaboración de las cargas de trabajo, lo que no puede pretenderse es que se acabe con la pendencia, ya que si se tienen en cuenta los datos de la memoria del CGPJ, el número de asuntos desde el año 2005 al 2008 ha pasado de 6.200.000 a 8.900.000 en números aproximados un incremento de unos 3.000.000 de asuntos. Si se tienen en cuenta los datos ofrecidos recientemente por el Presidente del Consejo del Poder Judicial en el Parlamento, el número de asuntos ingresados se elevó a 9.094.000, permaneciendo igual el número de jueces sentenciadores.

No se trata de cuadrar las estadísticas del año 2007, en relación al número de jueces y magistrados existentes en la actualidad (que es lo que infiere del Estudio objeto de este informe). De lo que se trata es de atribuir a los juzgados y tribunales una carga de trabajo razonable y máximo; y si para ello, se quiere tomar como parámetro la jornada que se realiza en el sector público, deberán de valorarse de forma individualizada todas las tareas que se realizan desde que entra un asunto en un juzgado o tribunal, hasta que se archiva, rechazando por tanto, la forma de cálculo que se realiza en el estudio que es objeto del informe.

Tercera.

Se desconoce el entorno en relación al número de jueces, así como las resoluciones de los organismos internacionales en la materia.

Debe de tenerse en cuenta, el dictamen del Consejo de Europa para 2007, en el que se expresa que, la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes es, en el Reino de España, de 10,1 ―en algunos casos como Madrid, no llega―, mientras que en Europa la media es de 19,8 por cada cien mil habitantes. El informe del Consejo de Europa del año 2008 (Comisión para la eficiencia de la Justicia), con referencia a datos del año 2006, nos sitúa en el puesto número 38, sobre 47 países, en relación con el número de jueces por cada cien mil habitantes.

El artículo 1.6 de la Carta Europea de los jueces (1998) establece que los gobiernos deben dotar a los jueces de medios para poder dar respuesta en plazo razonable. Con nuestra ratio (puesto 38 sobre 47 países, según informe del años 2008), resulta imposible dar una respuesta en tiempo razonable. Desde luego, lo que no puede pretenderse es cuadrar los números mediante el establecimiento de una carga de trabajo inasumible , realizando las medianas estadísticas del año 2007, ya que suponen un agravamiento en el carga de trabajo, incluso en relación con el módulo del año 2003, que fue anulado por el Tribunal Supremo.

Igualmente debe destacarse la declaración de SINGHVI en su artículo 33 que expresa que el Estado deberá proveer de recursos adecuados con objeto de permitir que la Justicia se administre en debida forma, con incremento de medios materiales adecuados para el mantenimiento de la independencia Judicial y de la eficacia, así como presupuestos para su funcionamiento.

Cuarta.

El modelo adolece de indefinición que genera indefensión

El modelo que se nos presenta adolece de una indefinición de carácter general, que genera indefensión a los jueces y magistrados, ya que resulta imposible determinar con carácter general en cualquier orden jurisdiccional, el número de asuntos máximo que debe entrar en un año para superar la carga de trabajo máxima razonable. Este es un dato de vital importancia a la hora de poder planificar la planta judicial; dato absolutamente necesario para limitar el número de asuntos que, con carácter general, deben ingresar en un juzgado o tribunal. A partir de dicho número, que sí se encontraba cuantificado en el módulo del año 2003 y en el estudio de la empresa Steria Norman & Broders, por lo órganos competentes, en esto caso el Ministerio de Justicia, se debe proceder a la creación de nuevos órganos jurisdiccionales.

Con este estudio que se nos presenta para informe, resulta imposible determinar el número de asuntos de entrada necesarios para la realización de esas hipotéticas 1.404 horas anuales netas, ya que se trata, ni más ni menos, que de las variaciones de X elementos tomados dos a dos, y la resultante puede ser elevadísima, ya que, en cada orden jurisdiccional existen no menos de diez o doce grupos distintos de materias. De ahí que la variación de uno solo de los elementos que se expresan en el Estudio de ese “hipotético” e irreal juzgado o tribunal, hace que se descompense todo el sistema y por tanto, se desconozca qué número de asuntos debe resolverse y qué número de asuntos debe ingresar cada juzgado. Así resulta completamente imposible realizar una programación y un cómputo que se ajuste a lo pretendido por el Estudio, porque, dependiendo de múltiples variables, los resultados serán distintos, incluso dentro del mismo orden jurisdiccional.

Rechazamos por tanto, el estudio realizado, en tanto que genera indefensión, imposibilitando conocer de antemano la posibilidad de incremento de planta judicial, el número de asuntos que deben ingresar en cada juzgado y, por ende, el número de señalamientos que deben realizarse con carácter anual, dato éste que con el estudio, se conocerá una vez finalizado el año en curso.

Quinto:- Dada la especial sensibilidad social que comportan los asuntos de que conoce la Jurisdicción de Familia se considera esencial, se debería tener en cuenta el relevante PAPEL DE INMEDIACIÓN que exige del juez una intervención y contacto más directo con el Justiciable, amén de una respuesta de tutela judicial que no admite demora, pues en determinadas incidencias, los intereses de orden público, especialmente de los menores, que se encuentran en juego, reclaman un pronunciamiento judicial urgente y sin dilación, asumiendo el juez la responsabilidad de prever esas contingencias, lo que, naturalmente, debería tener su reflejo en la medición y modulación de su carga de trabajo.

Lo que deberían ser los módulos de entrada o la carga máxima de trabajo razonable anual de los juzgados y tribunales del Reino de

España

Entendemos correcto, a los efectos de determinar los módulos de entrada o la carga máxima de trabajo razonable anual de los Juzgados civiles especializados en Familia, el número de asuntos de entrada que fijó la empresa Steria Norman & Broders: Se trata de un trabajo hecho por profesionales, riguroso, objetivo, científico, sin directrices sobre resultados predeterminados (cosa que no puede predicarse del Estudio de la Inspección, objeto de este informe).

Madrid, 17 de abril del año 2009

ASOCIACION FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE