17/04/2009

Informe que emite la asociación de jueces y magistrados

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE,

como alegaciones al

«Estudio de la medición de la carga de trabajo de juzgados de Ejecutorias Penales ».

Sumario

Parte I

Sobre los Principios básicos del sistema.

Jornada neta anual fijada en 1404 horas

Parte II

De la “finalidad” y “metodología” del Estudio realizado por el Servicio de Inspección

1. Finalidad

2. Metodología

Parte III

Sobre la baremación de los procedimientos

1. De la valoración en general de los distintos procesos

1.1. El supuesto soporte del subjetivismo de la valoración

1.2. Trabajo con los jueces y magistrados asesores externos

1.3. Proporción o «media» con asuntos que no terminan por sentencia

2. Las concretas puntuaciones de los procedimientos

2.1. Los parámetros de dedicación

2.2. El cronograma: ¿Qué cronograma?

2.3. Faltan definiciones

3. Baremación de los juzgados de ejecutorias penales

Parte IV

Conclusiones

Parte I

Sobre los Principios básicos del sistema

Jornada neta anual fijada en 1404 horas

El estudio realizado por el servicio de inspección, parte de una premisa inaceptable, por inexacta: Fija la jornada anual neta del juez o magistrado en 1.404 horas. El cómputo no se ha hecho adecuadamente por el Servicio de Inspección, y así tenemos:

La duración máxima de la jornada de trabajo en la Administración de Justicia será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1625 horas anuales. A tal fin, el Servicio de Inspección ha tenido en cuenta la Resolución de 15 de julio de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo, en cómputo anual ,y las de las jornadas en régimen de dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia.

1. De dicha duración deberán descontarse:

1.a) 14 días festivos anuales x 7’5 horas/día = 105 horas.

2 días (24 y 31 de diciembre) x 7’5 horas/día = 15 horas.

Justificación: El artículo 182 de la LOPJ declara inhábiles a efectos procesales los días de fiesta nacional, los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma y localidad, así como los días 24 y 31 de diciembre.

1.b) 18 días de asuntos propios x 7’5 horas/día = 135 horas.

Justificación: El artículo 373.4 de la LOPJ prevé que los jueces y magistrados puedan disfrutar de 6 permisos en el año natural, de 3 días cada uno de ellos.

1.c) “Pausa diaria” de 30 minutos x 5 días (semana) x 47 semanas (año) = 117’5 horas.

Deducciones: 18 días de asuntos propios + 14 días festivos + 24 y 31 de diciembre = 34 días x 30 minutos = 17 horas.

TOTAL: 100 ,5horas.

Justificación: La disposición tercera, apartado 4, de la Resolución de 5 de diciembre de 1996 (RCL 19963051), (Instrucciones sobre jornada y horarios de los funcionarios de la Administración de Justicia), determina que «Se podrá disfrutar de una pausa diaria en la jornada de trabajo por un período de treinta minutos, computable como trabajo efectivo». La Resolución de 5/12/1996 solo fue derogada por la Resolución de 15 de julio de 2005 (RCL 20051670) en cuanto se opusiere a esta última Resolución. Y, en materia de pausa diaria no hay oposición alguna entre una y otra Resolución.

1.d) Jornada de verano (16 junio a 15 septiembre). Reducción de 5 horas semanales x 10 semanas = 55 horas.

Justificación: Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, la jornada laboral se reduce en 5 horas semanales (32’5 horas/semanales) para funcionarios y Secretarios judiciales (disposición 8.ª de la Resolución de 17/07/2005). Se trata de medir la carga de trabajo que razonablemente puede asumir un órgano judicial y, por ende, habrá de tenerse en consideración la jornada reducida del personal del juzgado que, durante ese tiempo de ausencia, no podrá colaborar en absoluto en la tramitación de los asuntos.

Aunque la totalidad del período de jornada reducida de verano abarca 12 semanas (2 de junio, 4 de julio, 4 de agosto y 2 de septiembre), hemos considerado proporcionado tomar solo en consideración 10 semanas porque los jueces y magistrados disfrutan sus vacaciones mayoritariamente en el mes de agosto (julio o septiembre, en otro caso), pero no absolutamente todos lo pueden hacer precisamente en esas mensualidades. Entre las 12 semanas del período total y las 8 semanas que corresponderían excluyendo el mes de agosto, hemos optado por el cómputo prudencial de 10 semanas.

1.e) En algunas comunidades autónomas el horario de los funcionarios es de 35 horas semanales. Así se fija, por ejemplo, en Madrid, en Andalucía, por el artículo 4.2 de de la Orden de 31/10/2007 (Consejería de Justicia y Administración Pública) (BOJA 221/ 2007, de 9 de noviembre; rect. BOJA 240/2007, de 7 de diciembre [LAN2007489]).

En Semana Santa y Pascua también se fija jornada de horario reducido en las comunidades autónomas. Por ejemplo, la Resolución de 1 de abril de 2009, del Director General de Justicia y Menor (Comunidad Valenciana), acuerda que los días 14, 15, 16 y 17 de abril (de este año 2009) se reduce la jornada laboral, de obligado cumplimiento, a 5 horas diarias.

Además, durante las fiestas patronales de prácticamente todas las grandes ciudades, pequeñas capitales de provincias e incluso pueblos (Madrid, Sevilla, Tenerife, Zaragoza, León, por citar algunos casos conocidos), las correspondientes Consejerías de Justicia fijan una reducción de jornada de una hora diaria (o más) a los funcionarios. Todo ello debería tenerse igualmente presente para la determinación de la jornada anual neta, descontándose del cómputo hecho por el Servicio de Inspección.

Tampoco se han tenido en consideración los días adicionales de permiso o vacaciones según el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril), o sobre conciliación de la vida laboral y familiar… etc. Por otra parte, habrían de tenerse en cuenta contingencias comunes, como son las enfermedades, intervenciones quirúrgicas, embarazos, tomas de posesión en cambios de destinos, así como otras contingencias que pudieran presentarse; y, en general, otros permisos y licencias susceptibles de concederse (véanse precedentes jurisprudenciales al respecto; vg., STS [Sala 3ª, Sección 7ª] de 18/04/2008 [RJ 20082461]). y otras anteriores y posteriores

Todo este conjunto de eventualidades y/o circunstancias, no pueden ignorarse por completo. Por contra, entendemos que deben tenerse también presentes para la determinación de la jornada anual neta, descontándose del cálculo que se contiene en el Estudio sometido a consideración. A nuestro criterio, ese descuento no puede ser inferior, prudencialmente, al 10% de la jornada máxima (1.625 X 10% = 162’5 horas).

1.f) Asistencia a cursos, estudio y formación por medios propios. Incongruentemente, el Servicio de Inspección señala que debe restarse por estos conceptos un 10% de la jornada máxima en cómputo anual (equivalente a 1625 horas anuales) y, sin embargo, se limita a restar 153 horas, cuando el 10% de 1625 horas son 163 horas.

Los conceptos que el propio informe señala como comprensivos de esa reducción son exclusivamente tres, en una lista cerrada: asistencia a cursos, estudio y formación por medios propios (pág. 5 del Estudio).

Hay otros conceptos que no han sido tenidos en consideración: tiempo dedicado a la atención de los profesionales (abogados, procuradores) y a la de los propios justiciables, lectura de correos profesionales (ordinario y electrónico), BOE y sentencias novedosas.

El tiempo invertido en todas estas actividades (las señaladas por el Estudio más las añadidas en este Informe), no deben computarse en menos del 15% de la jornada máxima de cómputo anual (equivalente a 1625 horas); es decir, 244 horas.

RESUMEN:

Horas brutas Horas de descuento Jornada anual NETA

Trabajo efectivo cómputo anual 1.625

Festivos, más 24 y 31 de diciembre 120

Días asuntos propios 135

Pausa diaria 100,5

Jornada de verano 55

Eventualidades y/o circunstancias del apartado 1.e) 162’5

Formación, atención público, examen de BOE, correo… 244

TOTALES 1.625 816’5 808 horas

Parte II

De la “finalidad” y “metodología” del Estudio realizado por el Servicio de Inspección

Desde la asociación Foro Judicial Independiente, pensamos que la finalidad de estos módulos no es, ni mucho menos, la de «ajustar la carga de trabajo a unos niveles razonables que permitan, tanto el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, como la conciliación de la vida laboral y familiar» (como pomposamente se dice en la Introducción del Estudio). Tampoco damos crédito a la metodología que se dice empleada para fijar la medición de la carga de trabajo ―que desde este mismo momentos solicitamos que se tome por el CGPJ como carga MÁXIMA RAZONABLE (resaltamos el término “máxima”) ―.

1. Finalidad

La baremación que se ha hecho «persigue», a nuestro juicio, dar carta de naturaleza a las insuficiencias estructurales del sistema, ocultándolas de forma eufemística, bajo el expediente de presumir «normal» y de convertir en «ordinario» lo que han sido «rendimientos» extraordinarios de jueces y magistrados.

a) El planteamiento del Servicio de Inspección es similar, en su finalidad, a la enmienda 631 del Grupo Socialista para modificar la LOPJ en el año 2006:

Congreso 8 de junio de 2006. Serie A. Núm. 69-15

ENMIENDA NÚM. 631

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista del Congreso

De modificación al artículo octavo la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

De adición.

Se añade un nuevo apartado, con la numeración que corresponda, para introducir tres nuevos párrafos en el apartado 4 del artículo 403, que pasa a tener la siguiente redacción:

«4. Las retribuciones variables por objetivos estarán vinculadas al rendimiento individual acreditado por cada juez o magistrado en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y profesionales.

Todos los jueces y magistrados estarán obligados a alcanzar un objetivo normalizado, que no podrá ser inferior al rendimiento medio de los órganos unipersonales o, en su caso, colegiados en los que se integre, correspondiente a los cinco años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la presente ley, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial podrá determinar por vía reglamentaria los factores de corrección que puedan incidir individualmente en la consecución del objetivo antedicho, previo informe favorable del Ministerio de Justicia.

Si estas correcciones tuviesen repercusión presupuestaria, se requerirá informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.»

Lo que no se pudo introducir por aquella enmienda en sede parlamentaria ―entre otras razones, por la oposición frontal de todas la asociaciones judiciales― se pretende ahora implantar, bajo pretexto de estudio de medición de carga de trabajo, dentro del programa de modernización que preconiza el actual CGPJ.

b) Los jueces hemos vivido engañados y hemos sido utilizados, durante los pasados años.

Se nos dijo que la superación de los módulos era un esfuerzo al que debíamos colaborar, que era coyuntural. Una gran mayoría de la carrera judicial optó por trabajar a destajo por muy variadas razones, sacrificándose —estoicamente y por una miserable compensación económica— para suplir esas carencias estructurales. Y ahora se opta por hacer unas previsiones excesivas―por elevadas, en todos los ordenes jurisdiccionales, para evitar crear las unidades judiciales realmente necesarias; previsiones que se han basado en la productividad de los jueces en el año 2007, como si hubiéramos trabajado durante esa anualidad tan solo 37’5 horas semanales brutas.

Pues no. Precisamente en esa anualidad es en la que se hicieron los mayores esfuerzos por la carrera judicial, con horarios infrahumanos de más de 10 y 12 horas diarias, trabajando sábados y domingos, pidiendo días de asuntos propios para dictar sentencias, etc., etc. Ese sobreesfuerzo se agradece ahora convirtiéndolo en la «norma». Es inaceptable, máxime si se tiene en cuenta que, según los datos que se han obtenido, un alto porcentaje de magistrados y jueces superó durante el año 2007 el módulo establecido (41’05% durante el primer semestre y 38’23% el segundo semestre), con arreglo a la legalidad vigente, véase ley de retribuciones, en una opción legítima y legal. Ahora se promedia ese alto porcentaje para obtener la mediana estadística.

2. Metodología

La metodología seguida ha sido la de ir ajustando los números a un resultado prefijado: MEDIANA ESTADISTICA del año 2007, ajustado a la conveniencia, no de superar la carga irrazonable de trabajo que pesa sobre los órganos judiciales, sino de aminorar de cara a la galería el número de unidades judiciales verdaderamente necesarias.

Buena prueba de ello es que, en la memoria de los letrados de la Inspección del grupo de trabajo para todos los órdenes jurisdiccionales, en el memorándum del 9/02/2009 se partía de un total de 1.672 horas anuales para llegar, con los descuentos, a 1.404 horas netas. Tras darse cuenta la Inspección de que el total de horas anuales era menor, 1.625 horas (Resolución de 15 de julio de 2005), el número de horas netas, sin embargo, se ha mantenido en las mismas 1.404 horas anuales. ¿Cómo? Muy fácil: las reducciones que antes (el 9/02/2009) estaban perfectamente justificadas para el Servicio de Inspección, ahora se reducen para ajustar el resultado final. En concreto:

Horas totales/año Reducciones totales Horas netas/año

Memoria de 9/02/2009 1.672 268 horas 1.404

Estudio de marzo 2009 1.625 220’5 horas 1.404’5

No existe ninguna razón objetiva para que en febrero se tenga por correcto reducir un total de 268 horas al año y un mes después, la reducción quede disminuida a 220’5 horas. La única razón es que el resultado final tenía que encajar fuera como fuese.

Llama también poderosamente la atención que, habiéndose encargado por el CGPJ un costoso informe (varios cientos de miles de euros) a una empresa externa y profesional (“Steria Norman & Broders”), sobre valoración del desempeño de jueces y magistrados, fechado en febrero de 2004, no se haya tenido en absoluto en consideración. Quizás se deba a que se ajustaban demasiado a la realidad, en vez de a los criterios estajanovistas que ahora nos presentan.

Parte III

Sobre la baremación de los procedimientos

1. De la valoración en general de los distintos procesos

Donde el Estudio se antoja más censurable, a nuestro entender, es en la baremación por clases de asuntos y materias, que actúa —según se dice— como verdadero soporte del sistema. Se reconoce en el Estudio la gran carga subjetiva que comporta esta valoración y, seguidamente, para justificar el resultado, se afirma que se trata de “subjetivismo debidamente sustentado en el conocimiento directo de la labor y experiencia profesional”. De nuevo hemos de poner en cuestión estas afirmaciones del Servicio de Inspección. Vemos por qué razón.

1.1. El supuesto soporte del subjetivismo de la valoración

Según el Servicio de Inspección, el supuesto “sustento” de la valoración hecha en su Estudio radica en «haber recurrido a asesores externos, intentando que resultaran representadas la máxima variedad de situaciones en función de cada tipo de órgano». La supuesta colaboración de estos asesores externos se explica en el Estudio del siguiente modo:

Haber enviado a estos asesores externos un cuestionario en el que se sometían a su consideración múltiples aspectos de interés para la baremación.

Se les solicitó una valoración porcentual de la mayor parte de las categorías de procedimientos que tienen entrada en el órgano, lo que se combinó con la cumplimentación de un cronograma, cuya finalidad era conocer su opinión sobre la distribución de la jornada de trabajo semanal entre cada una de las tareas cotidianas que realiza un Juez o Magistrado.

Finalmente «… reunido el grupo de trabajo con los asesores, se hizo una puesta en común de los cuestionarios cumplimentados, contrastando y analizando sus diferencias de criterio y las explicaciones dadas por cada uno. Para realizar una comparación lo más coherente posible se partió de un procedimiento estándar que pudiera servir de referencia para la medición de la carga de los demás asuntos. Primero se obtuvo una ponderación comparativa de todas las clases de asuntos (en abstracto, de 0 a 100) y después, para disponer de una escala de conversión a unidades de tiempo de los valores resultantes, se elaboró un cronograma del procedimiento estándar consistente en la medición temporal de cada una de las fases o etapas procesales que conforman su trámite, pero siempre de trabajo efectivo, lo que diferencia esta forma de cálculo de la propia de los tiempos de respuesta. Se procuró el acercamiento a duraciones promediadas, que pudieran dar cabida a las situaciones más comunes y, a la vez, compensar entre sí las extremas y descartar las anecdóticas …».

Añadiéndose que «… asimismo, se han tenido en cuenta para fijar las puntuaciones la proporción de asuntos que no terminan por sentencia, para obtener una media que refleje lo más fielmente posible la carga de trabajo del juzgador, por lo que la puntuación no pretende valorar el tiempo de dedicación de éste a un asunto concreto, sino el promedio que resulta de computar, dentro de la clase puntuada, aquellos asuntos que se sobreseen, son desistidos, etc., junto con los que efectivamente llegan a ser conocidos por el Juez o Magistrado en toda su extensión, incluyendo vistas, atención a profesionales y a los justiciables y resoluciones …».

1.2. Trabajo con los jueces y magistrados asesores externos

En el caso de todos los órdenes jurisdiccionales, unipersonales y colegiados. la supuesta puesta en común y acercamiento del trabajo de la Inspección con los magistrados , ha sido una falacia. Los módulos que ahora se nos presentan nada tienen que ver con los que se habían consensuado con los magistrados asesores externos de los distintos órdenes jurisdiccionales, que en una primera reunión consensuaron determinados parámetros y en una segunda reunión asistieron a la modificación del valor a la baja sin justificación alguna, por parte de la inspección de los parámetros ya establecidos , y por tanto, los criterios expuestos por los magistrados ,han sido completamente omitidos y no se han tenido en consideración

La nitidez de lo expuesto excusa de cualquier argumento sobre la inexistencia de la menor voluntad de llegar a ningún consenso ni acercamiento. Sencilla y llanamente se ha ignorado por completo a los “asesores” externos y se ha impuesto un criterio productivista, CONSISTENTE, COMO YA SE HA DICHO, EN LA MEDIANA ESTATIDISTICA DEL AÑO 2007.

Por lo demás, no sabemos, porque el Estudio no lo explica, qué pueda ser un procedimiento estándar, para servir de referencia para medición de la carga de los demás asuntos. Tampoco se explica, en absoluto, lo relativo al cronograma de ese procedimiento estándar, consistente en medición temporal de cada una de las fases o etapas procesales que conforman su trámite, pero siempre de trabajo efectivo.

1.3. Proporción o «media» con asuntos que no terminan por sentencia

Otro de los criterios tenidos en consideración por la Inspección para puntuar los procedimientos ha sido no distinguir entre los modos de finalización de los mismos, de manera que TODOS los de una misma categoría o clase, acaben por auto o por sentencia, se computan igual.

El criterio nos parece acertado, si es que se han tenido en consideración, pero no lo es tanto la “media” o «promedio» que se ha establecido en el orden contencioso-administrativo y, en otro caso, deben valorarse todas las actuaciones judiciales, que finalicen por autos..

En efecto, se dice textualmente en el Estudio que “se han tenido en cuenta para fijar las puntuaciones la proporción de asuntos que no terminan por sentencia, para obtener una media que refleje lo más fielmente posible la carga de trabajo del Juzgador, por lo que la puntuación no pretende valorar el tiempo de dedicación de éste a un asunto concreto, sino el promedio que resulta de computar, dentro de la clase puntuada, aquellos asuntos que se sobreseen, son desistidos, etc., junto con los que efectivamente llegan a ser conocidos por el Juez o Magistrado en toda su extensión”.

2. Las concretas puntuaciones de los procedimientos

Sentado lo anterior, consideramos que las concretas puntuaciones atribuidas por el Estudio a los distintos procedimientos son fruto del más puro voluntarismo, y en ocasiones, de la arbitrariedad.

Ello nos hace, una vez mas, rechazar el sistema, por arbitrario; y nos ratifica en que, lo que se ha tenido en cuenta, y lo que interesa es cuadrarlo con los datos estadísticos del año 2007. De ahí que, a mayor peso específico de una materia, se atribuya por el Servicio de Inspección una menor puntuación de dedicación, porque de otra manera, los datos estadísticos no les cuadrarían, resultando una puntuación algo más acorde, en aquellos asuntos que pueden denominarse marginales, por la ausencia significativa y peso específico de los mismos.

2.2. El cronograma: ¿Qué cronograma?

Tampoco sabemos con qué clase de «cronograma» se ha llegado a la «brillantísima» conclusión de que una ejecutoria se valore a 0.6 puntos por penado, olvidando en los Juzgados puros de Ejecutorias, las particularidades propias de la ejecución, piense que un condenado recurre por sistema todo lo que se le deniega, el auto revocando la suspensión, el que deniega la sustitución por multa, el que deniega la suspensión mientras se tramita el indulto, el auto de acumulación y así una infinidad de situaciones jurídicas que no han sido objeto de valoración alguna y que deben ser objeto de valoración de la capacidad resolutiva y de trabajo de un juez.

Para dictar la sentencia, el magistrado, tendrá que leerse detenidamente el expediente administrativo (en muchas ocasiones compuesto de varios tomos de informes ), sacar sus anotaciones; luego toca examinar los autos, releer o visionar los discos de las grabaciones (por el tiempo transcurrido) las declaraciones de los testigos, las ratificaciones y aclaraciones de peritos, consultar jurisprudencia y, por último, redactar la sentencia (lo que significa minutarla por escrito o transcribirla directamente al ordenador). Y todo eso, en las horas de media que se expresa en el estudio es un verdadero dislate.

Lo mismo cabe decir de todos los procedimientos que requieran vista pública.. En el acto de la vista (que aunque sea el acto nuclear del procedimiento, no es el único) comparecen varias partes (actor, parte demandada, en su caso aseguradora demandada o codemandada, contratista o concesionario demandado o codemandado), cada una con su letrado y turno de palabra o intervención, práctica de pruebas e informes orales, iniciales y finales. El dictado de la sentencia, en estos procesos, no lleva menos trabajo que el invertido en el ordinario. A ello hay que añadir el tiempo «invertido» en tramitar (que no solo consiste en señalar el juicio, sino en resolver recursos de súplica nada infrecuentes). ¿Todo esto solo merece, cada asunto el tiempo necesario, siendo prácticamente imposible promediar realmente las horas. Nos parece increíble tal despropósito.

Lo expuesto es sólo un botón de muestra. Desde luego que si el sistema de medición prospera, los jueces nos veremos obligados a hacerlo público, para que la ciudadanía conozca que se nos «obliga» a tramitar y resolver sus asuntos dentro de unos tiempos medios imposibles, verdaderamente kafkianos, y que, esta medición “a la baja” será la cobertura perfecta de cara a la ciudadanía para no incrementar la planta de órganos judiciales, ni tampoco el número de jueces (porque a nadie se le escapa que se intentará de nuevo establecer un módulo de salida, y que tomará como base el confeccionado para la entrada).

2.3. Faltan definiciones

Desde otra óptica, faltan definiciones cumplidas de las categorías que se barajan para la baremación.

Tendrá que puntualizarse o precisarse mucho a este respecto. Y alguien tendrá que valorar la clase de asunto para su categorización de cara al sistema de medición que se pretende implantar (nos oponemos a que por ejemplo, deba ser el secretario judicial el que «decida» qué asuntos son o no «repetitivos», por poner un ejemplo, porque es el juez el que los resuelve y el que de verdad sabe si hay particularidades del caso que excluyan o no esa calificación).

Se trata de una cuestión jurisdiccional, y así se ha puesto de manifiesto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en varias Sentencias que se aportarán en el momento oportuno.

Y cuando llegue la hora de elaborar la “estadística de entrada anual”, se obtendrán resultados diferidos (del año anterior) y habrá que realizar un auténtico esfuerzo (que tampoco se valorará) para discriminar asuntos por categorías.

3.- Valoración de los procedimientos de los JUZGADOS DE EJECUTORIAS

Para la medición de la carga de trabajo de los Juzgados de lo Penal de Ejecutorias, debe de partirse de la singularidad que presentan estos juzgados, tanto a nivel funcionarial como de competencia territorial al llevar la ejecución, no solo de las Sentencias de los Juzgados de lo Penal de la Capital correspondiente, esto es, Barcelona, Madrid, Valencia, San Sebastián, Bilbao y Palma de Mallorca, sino de toda la Provincia en la que se encuentran ubicados, ejecutando igualmente los juicios rápidos de todos los juzgados de instrucción en ellos existentes, a ello debe de añadirse en determinados casos los supuestos de Violencia de Genero que tan especial cuidado y atención requieren.

Por lo tanto a la hora de establecer la carga de trabajo aceptable debe de tenerse en cuenta los siguientes parámetros:

1.- el número de funcionarios que integran la plantilla compuesta por TREINTA funcionarios (30), la movilidad de la misma y el grado de interinidad.

2.- el ámbito de competencia territorial de estos juzgados a nivel PROVINCIAL. (Ejecución de los Penales y Juicios rápidos de todos los juzgados de Instrucción.)

3.- la especialidad en su caso de la propia ejecutoria, en clara referencia a la Violencia de Genero.

Para fijar la carga de trabajo, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros ordenes jurisdiccionales, en que se atiende no a un número de asuntos, sino a la complejidad de los mismos, en el ámbito de la ejecución en forma alguna se ha tenido en cuenta tal valoración, limitándose por parte del Servicio de Inspección en su informe a indicar “que una ejecutoria con un solo penado resulta de menor complejidad y genera un trabajo proporcionalmente superior cuanto mayor sea el número de penados, por lo que el valor dado a cada ejecutoria debe de incrementarse según el numero de penados que tenga”; y sin que se haga indicación alguna sobre dicha base fija el valor de un ejecutoria tipo con un solo penado en 0.6 puntos.

Igualmente para realizar el cálculo aproximado del número de ejecutorias que debe de asumir anualmente un juzgado, se parte de un baremo del año 2007, que cifra el número de entrada de asuntos en 2.655, habiéndose tomado en consideración para fijar los módulos actuales a los datos facilitados por los Juzgados de Barcelona, los cuales registran por penados y no por ejecutorias, quedando fijado el módulo en 702 puntos el cual se alcanza a razón de 2.340 penados, lo que trasladándolo a ejecutorias con mas de un penado equivale a 2.106 ejecutorias.

Como ya se ha expuesto, el sistema de medición utilizado olvida las particularidades propias de un juzgado de ejecutorias, si bien el informe del Consejo cifra como módulo ideal de asuntos por funcionario el de 150 ejecutorias, no teniendo en cuenta que la plantilla queda reducida en el mejor de los casos a 24 funcionarios, sin distinguir entre Gestión y Tramitación; que se parte de una carga de trabajo ya existente que se viene arrastrando y que implica la reapertura en numerosas ocasiones, de ejecutorias que en principio se encuentran archivadas provisionalmente, sin que se pueda por parte del juez impulsar en forma alguna su terminación, pues dependen de múltiples factores externos al propio procedimiento.

En conclusión, el módulo de entrada debe de quedar fijado en 1.400 ejecutorias anuales por cada órgano judicial, para ello se parte de los distintos informes remitidos por el Consejo, en que cifran el numero ideal de entrada entorno a los 2300 asuntos, a lo se le debe de descontar las reaperturas que se traducen entorno a los 900 asuntos anuales, extremo este que en forma alguna ha sido objeto de valoración.

Igualmente criticar la valoración que se efectúa de ejecutoria a razón de 0,6 puntos, desconociéndose el proceso por el cual se obtiene esa puntuación, limitándose a indicar como ya se ha expuesto, que con un solo penado es mas fácil su ejecución.

Teniendo ello en cuenta, la puntuación que, como mínimo, ha de darse a cada procedimiento de ejecución con un solo penado, debería ser de 1,5 puntos (por regla general, puede aceptarse que ejecutar una sentencia es, al menos, casi igual de complejo y exige el mismo –si no más- trabajo que tramitar un procedimiento sencillo hasta poner la correspondiente sentencia), multiplicando por esa cantidad la puntuación de cada ejecutoria con más de un penado, lo que, evidentemente, influye en el módulo de entrada asumible.

No se valora la complejidad de los asuntos y de la materia que es objeto de ejecución.

Se omite por completo las distintas resoluciones judiciales que en dicho proceso se dicta, sin que exista reflejo alguno del esfuerzo del Juez en el desempeño de su trabajo, resoluciones judiciales que por otra parte son objeto constante de diversos recursos tanto de reforma como de apelación directa, (con señalamiento de vistas), como es el caso de los Recursos de Apelación contra los autos dictados por los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria en el Recurso de Grado; las vistas y comparecencias para la expulsión de extranjeros, Ordenes de Busca y Captura Internacionales, entrega de penados procedentes del Extranjero y así en numerosos asuntos, y ello al objeto de valorar la hora/punto.

Si bien en el cuadro enviado por el Consejo a los distintos asesores, que se designaron, para la baremación, se daba a entender una posible valoración de los distintos tipos de resoluciones, distinta a la del archivo provisional o definitivo y teniendo en cuenta que la información recibida desde la Inspección, en que se pone en conocimiento que para establecer el modulo de entrada no se parte de la capacidad resolutiva de los jueces, no puede dejarse pasar por alto que en la redacción final se valora una ejecutoria en 0.6 puntos, con lo que por el solo hecho de tener una determinada entrada de asuntos, se alcanzaría o no el baremo fijado por el Consejo entorno a los 702 puntos anuales, sin que en ningún caso haya intervenido el trabajo o esfuerzo desarrollado por el Juez, salvo el auto de incoación, con las consecuencias que de ello pudieran derivarse.

Trabajo que se traduce, en el examen del procedimiento y valoración en cada caso de las distintas situaciones jurídicas que se pueden dar a lo largo de la ejecutoria, esto es, estudio y análisis de los antecedentes penales a efectos de dictar el auto de suspensión o sustitución de la pena en su caso; examen y valoración de los informes médicos y médico- forenses para la resolución de la suspensión por drogadicción o enfermedad en el supuesto de drogadicción; comparecencias y vistas para oír a los extranjeros en los casos de expulsión vía articulo 89 del C. P y por aplicación de las distintas resoluciones del Tribunal Constitucional en este sentido. Vistas para la determinación de la cuantía de la responsabilidad civil, así como Juicios Ordinarios en su caso para los supuestos de Tercerías de Dominio.

Por lo tanto debe de ser objeto de valoración dentro de la propia ejecutoria, las distintas resoluciones judiciales que se dicten siguiendo los criterios fijados para otros ordenes jurisdiccionales a lo que se dedica tiempo y estudio para dictar la oportuna resolución, pudiendo clasificarse las ejecutorias en

1.- Complejidad máxima: entorno a una puntuación de 9 a 10 puntos.

– Autos de acumulación de condenas (Art 76 C.P).

– Auto de cuantificación de responsabilidades civiles.

– Autos resolviendo recursos de Apelación procedentes de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, con señalamiento de vista, en su caso.

– Autos en los que se acuerdan el mantenimiento, prorroga, sustitución o cese de medidas de internamiento.

– Autos de Expulsión de Extranjeros, previa comparecencia de las partes.

– Juicio Ordinario de Tercería de Dominio o de Mejor Derecho.

2.- Complejidad media.- puntuación a efectos de baremo entorno a los 4 a 6 puntos.

– Auto de incoación de ejecutoria, en el que se debe de contener todos los pronunciamientos posibles.

– Informes de indulto

– Autos de suspensión por drogadicción, Art 87 del C. P. por enfermedad Art 80. 4 C. P

– Incidentes de impugnaciones de liquidación de condena, de tasaciones de costas, de intereses.

– Auto de revocación de suspensión

-Auto de revocación de sustitución, Art 88 del C. P.

– Autos de prescripción.

– Autos de extradición

3.- Complejidad mínima.- con una valoración entorno a 1 punto.

– Incidentes de Justicia Gratuita

– Recursos de Reforma contra todas las resoluciones anteriores.

Parte IV

Conclusiones

De acuerdo con lo expresado anteriormente, se realizan las siguientes conclusiones:

Primera.

Rechazamos, de plano, el cálculo que se ha realizado en relación a las horas netas, por los motivos expuestos.

Entendemos que lo que se pretende en cuadrar las estadísticas del año 2007 con la planta actual, para justificar engañosamente, la innecesaria creación de juzgados o de plazas de magistrados o secciones en órganos colegiados No podemos olvidar que, según los datos de que disponemos, en la anualidad del 2007, nada más y nada menos que un total del 41’05 % de jueces y magistrados, superaron los módulos (anulados por el TS) durante el primer semestre y el 38’23% lo hizo el segundo semestre (una media del 39’65% de jueces y magistrados durante toda la anualidad 2007). Los jueces demostraron entonces su capacidad de sacrificio en aras de una situación coyuntural que ahora pretende perpetuarse.

Ese exceso de productividad sobre el 100% debe descontarse del denominado índice resolutivo. Tal exceso de productividad (opción legítima de algunos jueces y magistrados compensada con una miserable retribución), no puede promediarse para fijar ahora el módulo de carga de trabajo máxima razonable de juzgados y tribunales. No tenemos los datos exactos, pero, según las informaciones publicadas en la prensa, suministradas por el CGPJ, el número de asuntos resueltos en el año 2007 se elevó a la cantidad de 8.260.000.

En suma, los resultados obtenidos durante el año 2007 deben analizarse sin el efecto multiplicador de la productividad, descontando ese 39,65 % (exceso de productividad) de los resultados de dicho año. El índice resolutivo debe minorarse teniendo en cuenta dichos datos, sin que pueda pretenderse que los efectos extraordinarios y excepcionales de la productividad, puedan pasar a considerarse lo normal a resolver por el número de jueces y magistrados sentenciadores.

Segunda.

Se desconoce la metodología empleada.

Este dato es imprescindible y debe figurar en cualquier estudio riguroso, y este debe serlo, ya que se trata de cuantificar la medición del tiempo de trabajo fijada en 37,5 horas para todos los jueces y magistrados del Reino de España. Todas estas cuestiones deberían figurar en un estudio del calado del que nos ocupa. Sin subjetividad, con rigor, utilizando la técnica estadística y ficha técnica, conforme metodología aplicable a las ciencias sociales. Nada de esto aparece o se vislumbra en el Estudio de la Inspección.

Entendemos que la realización seria y rigurosa del Estudio objeto de este informe debería haber contado con una ficha técnica, con una muestra de la población a analizar (esto es, juzgados y tribunales), con el sistema estadístico predeterminado, de, al menos, el 7%, como mínimo o, en todo caso, del 5 %, que fue lo que hizo en su trabajo profesional y objetivo la empresa Steria, Norman & Broders, con estratificación de la muestra dentro de los distintos órganos jurisdiccionales, con órganos de distintas poblaciones. Todo ello con objeto de examinar la diversidad de problemas que se presentan dentro de cada jurisdicción, de conformidad con el territorio. Así, por ejemplo, no son los mismos problemas los que se plantean en las grandes ciudades, que en el resto.

No entenderlo así, supondría, de facto, una nueva disfunción y, en su caso, un empeoramiento sobre las condiciones de trabajo. Este extremo ya se puso de manifiesto en las Juntas de Jueces celebradas en todo el Reino de España en fechas recientes, en un concreto apartado en el que se expresaba que la carga de trabajo debía ajustarse a lo que estableció la sentencia del Tribunal Supremo, mediante un análisis individualizado caso por caso, sin que los nuevos módulos pudieran ser más gravosos que los anteriores.

Se deben analizar las materias de forma individualizada. Ni tan siquiera sirve, a tenor de lo establecido por Tribunal Supremo, el análisis más genérico por materias, sino que debe ponderarse, dentro de cada materia, las especificidades propias.. Todo ello en aras del cumplimiento de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con objeto de satisfacer la tutela judicial efectiva, como valor superior consagrado en la vigente Constitución Española de 1978

Con la elaboración de las cargas de trabajo, lo que no puede pretenderse es que se acabe con la pendencia, ya que si se tienen en cuenta los datos de la memoria del CGPJ, el número de asuntos desde el año 2005 al 2008 ha pasado de 6.200.000 a 8.900.000 en números aproximados un incremento de unos 3.000.000 de asuntos. Si se tienen en cuenta los datos ofrecidos recientemente por el Presidente del Consejo del Poder Judicial en el Parlamento, el número de asuntos ingresados se elevó a 9.094.000, permaneciendo igual el número de jueces sentenciadores.

No se trata de cuadrar las estadísticas del año 2007, en relación al número de jueces y magistrados existentes en la actualidad (que es lo que infiere del Estudio objeto de este informe). De lo que se trata es de atribuir a los juzgados y tribunales una carga de trabajo razonable y máximo; y si para ello, se quiere tomar como parámetro la jornada que se realiza en el sector público, deberán de valorarse de forma individualizada todas las tareas que se realizan desde que entra un asunto en un juzgado o tribunal, hasta que se archiva, rechazando por tanto, la forma de cálculo que se realiza en el estudio que es objeto del informe.

Tercera.

Se desconoce el entorno en relación al número de jueces, así como las resoluciones de los organismos internacionales en la materia.

Debe de tenerse en cuenta, el dictamen del Consejo de Europa para 2007, en el que se expresa que, la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes es, en el Reino de España, de 10,1 ―en algunos casos como Madrid, no llega―, mientras que en Europa la media es de 19,8 por cada cien mil habitantes. El informe del Consejo de Europa del año 2008 (Comisión para la eficiencia de la Justicia), con referencia a datos del año 2006, nos sitúa en el puesto número 38, sobre 47 países, en relación con el número de jueces por cada cien mil habitantes.

El artículo 1.6 de la Carta Europea de los jueces (1998) establece que los gobiernos deben dotar a los jueces de medios para poder dar respuesta en plazo razonable. Con nuestra ratio (puesto 38 sobre 47 países, según informe del años 2008), resulta imposible dar una respuesta en tiempo razonable. Desde luego, lo que no puede pretenderse es cuadrar los números mediante el establecimiento de una carga de trabajo inasumible , realizando las medianas estadísticas del año 2007, ya que suponen un agravamiento en el carga de trabajo, incluso en relación con el módulo del año 2003, que fue anulado por el Tribunal Supremo.

Igualmente debe destacarse la declaración de SINGHVI en su artículo 33 que expresa que el Estado deberá proveer de recursos adecuados con objeto de permitir que la Justicia se administre en debida forma, con incremento de medios materiales adecuados para el mantenimiento de la independencia Judicial y de la eficacia, así como presupuestos para su funcionamiento.

Cuarta.

El modelo adolece de indefinición que genera indefensión

El modelo que se nos presenta adolece de una indefinición de carácter general, que genera indefensión a los jueces y magistrados, ya que resulta imposible determinar con carácter general en cualquier orden jurisdiccional, el número de asuntos máximo que debe entrar en un año para superar la carga de trabajo máxima razonable. Este es un dato de vital importancia a la hora de poder planificar la planta judicial; dato absolutamente necesario para limitar el número de asuntos que, con carácter general, deben ingresar en un juzgado o tribunal. A partir de dicho número, que sí se encontraba cuantificado en el módulo del año 2003 y en el estudio de la empresa Steria Norman & Broders, por lo órganos competentes, en esto caso el Ministerio de Justicia, se debe proceder a la creación de nuevos órganos jurisdiccionales.

Con este estudio que se nos presenta para informe, resulta imposible determinar el número de asuntos de entrada necesarios para la realización de esas hipotéticas 1.404 horas anuales netas, ya que se trata, ni más ni menos, que de las variaciones de X elementos tomados dos a dos, y la resultante puede ser elevadísima, ya que, en cada orden jurisdiccional existen no menos de diez o doce grupos distintos de materias. De ahí que la variación de uno solo de los elementos que se expresan en el Estudio de ese “hipotético” e irreal juzgado o tribunal, hace que se descompense todo el sistema y por tanto, se desconozca qué número de asuntos debe resolverse y qué número de asuntos debe ingresar cada juzgado. Así resulta completamente imposible realizar una programación y un cómputo que se ajuste a lo pretendido por el Estudio, porque, dependiendo de múltiples variables, los resultados serán distintos, incluso dentro del mismo orden jurisdiccional.

Rechazamos por tanto, el estudio realizado, en tanto que genera indefensión, imposibilitando conocer de antemano la posibilidad de incremento de planta judicial, el número de asuntos que deben ingresar en cada juzgado y, por ende, el número de señalamientos que deben realizarse con carácter anual, dato éste que con el estudio, se conocerá una vez finalizado el año en curso.

Quinta.

Lo que deberían ser los módulos de entrada o la carga máxima de trabajo razonable anual de los juzgados y tribunales del Reino de

España

Entendemos correcto, a los efectos de determinar los módulos de entrada o la carga máxima de trabajo razonable anual de los juzgados de ejecutorias entorno a los 1400, asuntos anuales para los órganos jurisdiccionales de ejecutorias y ello sin contar con las reaperturas, debiendo de valorarse la ejecutoria no por penado sino por las distintas materias que deben de ser objeto de resolución.

Madrid, 17 de abril del año 2009

ASOCIACION FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE