17/04/2009

Informe que emite la asociación de jueces y magistrados

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE,

como alegaciones al

«Estudio de la medición de la carga de trabajo de las Audiencias Provinciales, Secciones Civiles».

Sumario

Parte I

Sobre los Principios básicos del sistema.

Jornada neta anual fijada en 1404 horas

Parte II

De la “finalidad” y “metodología” del Estudio realizado por el Servicio de Inspección

1. Finalidad

2. Metodología

Parte III

Sobre la baremación de los procedimientos

1. De la valoración en general de los distintos procesos

1.1. El supuesto soporte del subjetivismo de la valoración

1.2. Trabajo con los jueces y magistrados asesores externos

1.3. Proporción o «media» con asuntos que no terminan por sentencia

2. Las concretas puntuaciones de los procedimientos

2.1. Los parámetros de dedicación

2.2. El cronograma: ¿Qué cronograma?

2.3. Faltan definiciones

3. Baremación de las audiencias provinciales,,secciones civiles

Parte IV

Conclusiones

Parte I

Sobre los Principios básicos del sistema

Jornada neta anual fijada en 1404 horas

El estudio realizado por el servicio de inspección, parte de una premisa inaceptable, por inexacta: Fija la jornada anual neta del juez o magistrado en 1.404 horas. El cómputo no se ha hecho adecuadamente por el Servicio de Inspección, y así tenemos:

La duración máxima de la jornada de trabajo en la Administración de Justicia será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1625 horas anuales. A tal fin, el Servicio de Inspección ha tenido en cuenta la Resolución de 15 de julio de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo, en cómputo anual, y las de las jornadas en régimen de dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia.

1. De dicha duración deberán descontarse:

1.a) 14 días festivos anuales x 7’5 horas/día = 105 horas.

2 días (24 y 31 de diciembre) x 7’5 horas/día = 15 horas.

Justificación: El artículo 182 de la LOPJ declara inhábiles a efectos procesales los días de fiesta nacional, los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma y localidad, así como los días 24 y 31 de diciembre.

1.b) 18 días de asuntos propios x 7’5 horas/día = 135 horas.

Justificación: El artículo 373.4 de la LOPJ prevé que los jueces y magistrados puedan disfrutar de 6 permisos en el año natural, de 3 días cada uno de ellos.

1.c) “Pausa diaria” de 30 minutos x 5 días (semana) x 47 semanas (año) = 117’5 horas.

Deducciones: 18 días de asuntos propios + 14 días festivos + 24 y 31 de diciembre = 34 días x 30 minutos = 17 horas.

TOTAL: 100 ,5horas.

Justificación: La disposición tercera, apartado 4, de la Resolución de 5 de diciembre de 1996 (RCL 19963051), (Instrucciones sobre jornada y horarios de los funcionarios de la Administración de Justicia), determina que «Se podrá disfrutar de una pausa diaria en la jornada de trabajo por un período de treinta minutos, computable como trabajo efectivo». La Resolución de 5/12/1996 solo fue derogada por la Resolución de 15 de julio de 2005 (RCL 20051670) en cuanto se opusiere a esta última Resolución. Y, en materia de pausa diaria no hay oposición alguna entre una y otra Resolución.

1.d) Jornada de verano (16 junio a 15 septiembre). Reducción de 5 horas semanales x 10 semanas = 55 horas.

Justificación: Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, la jornada laboral se reduce en 5 horas semanales (32’5 horas/semanales) para funcionarios y Secretarios judiciales (disposición 8.ª de la Resolución de 17/07/2005). Se trata de medir la carga de trabajo que razonablemente puede asumir un órgano judicial y, por ende, habrá de tenerse en consideración la jornada reducida del personal del juzgado que, durante ese tiempo de ausencia, no podrá colaborar en absoluto en la tramitación de los asuntos.

Aunque la totalidad del período de jornada reducida de verano abarca 12 semanas (2 de junio, 4 de julio, 4 de agosto y 2 de septiembre), hemos considerado proporcionado tomar solo en consideración 10 semanas porque los jueces y magistrados disfrutan sus vacaciones mayoritariamente en el mes de agosto (julio o septiembre, en otro caso), pero no absolutamente todos lo pueden hacer precisamente en esas mensualidades. Entre las 12 semanas del período total y las 8 semanas que corresponderían excluyendo el mes de agosto, hemos optado por el cómputo prudencial de 10 semanas.

1.e) En algunas comunidades autónomas el horario de los funcionarios es de 35 horas semanales. Así se fija, por ejemplo, en Madrid, en Andalucía, por el artículo 4.2 de de la Orden de 31/10/2007 (Consejería de Justicia y Administración Pública) (BOJA 221/ 2007, de 9 de noviembre; rect. BOJA 240/2007, de 7 de diciembre [LAN2007489]).

En Semana Santa y Pascua también se fija jornada de horario reducido en las comunidades autónomas. Por ejemplo, la Resolución de 1 de abril de 2009, del Director General de Justicia y Menor (Comunidad Valenciana), acuerda que los días 14, 15, 16 y 17 de abril (de este año 2009) se reduce la jornada laboral, de obligado cumplimiento, a 5 horas diarias.

Además, durante las fiestas patronales de prácticamente todas las grandes ciudades, pequeñas capitales de provincias e incluso pueblos (Madrid, Sevilla, Tenerife, Zaragoza, León, por citar algunos casos conocidos), las correspondientes Consejerías de Justicia fijan una reducción de jornada de una hora diaria (o más) a los funcionarios. Todo ello debería tenerse igualmente presente para la determinación de la jornada anual neta, descontándose del cómputo hecho por el Servicio de Inspección.

Tampoco se han tenido en consideración los días adicionales de permiso o vacaciones según el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril), o sobre conciliación de la vida laboral y familiar… etc. Por otra parte, habrían de tenerse en cuenta contingencias comunes, como son las enfermedades, intervenciones quirúrgicas, embarazos, tomas de posesión en cambios de destinos, así como otras contingencias que pudieran presentarse; y, en general, otros permisos y licencias susceptibles de concederse (véanse precedentes jurisprudenciales al respecto; vg., STS [Sala 3ª, Sección 7ª] de 18/04/2008 [RJ 20082461]). y otras anteriores y posteriores

Todo este conjunto de eventualidades y/o circunstancias, no pueden ignorarse por completo. Por contra, entendemos que deben tenerse también presentes para la determinación de la jornada anual neta, descontándose del cálculo que se contiene en el Estudio sometido a consideración. A nuestro criterio, ese descuento no puede ser inferior, prudencialmente, al 10% de la jornada máxima (1.625 X 10% = 162’5 horas).

1.f) Asistencia a cursos, estudio y formación por medios propios. Incongruentemente, el Servicio de Inspección señala que debe restarse por estos conceptos un 10% de la jornada máxima en cómputo anual (equivalente a 1625 horas anuales) y, sin embargo, se limita a restar 153 horas, cuando el 10% de 1625 horas son 163 horas.

Los conceptos que el propio informe señala como comprensivos de esa reducción son exclusivamente tres, en una lista cerrada: asistencia a cursos, estudio y formación por medios propios (pág. 5 del Estudio).

Hay otros conceptos que no han sido tenidos en consideración: tiempo dedicado a la atención de los profesionales (abogados, procuradores) y a la de los propios justiciables, lectura de correos profesionales (ordinario y electrónico), BOE y sentencias novedosas.

El tiempo invertido en todas estas actividades (las señaladas por el Estudio más las añadidas en este Informe), no deben computarse en menos del 15% de la jornada máxima de cómputo anual (equivalente a 1625 horas); es decir, 244 horas.

RESUMEN:

Horas brutas Horas descuento Jornada anual NETA

Trabajo efectivo cómputo anual 1.625

Festivos, más 24 y 31 de diciembre 120

Días asuntos propios 135

Pausa diaria 100,5

Jornada de verano 55

Eventualidades y/o circunstancias del apartado 1.e) 162’5

Formación, atención público, examen de BOE, correo… 244

TOTALES 1.625 816’5 808 horas

Parte II

De la “finalidad” y “metodología” del Estudio realizado por el Servicio de Inspección

Desde la asociación Foro Judicial Independiente, pensamos que la finalidad de estos módulos no es, ni mucho menos, la de «ajustar la carga de trabajo a unos niveles razonables que permitan, tanto el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, como la conciliación de la vida laboral y familiar» (como pomposamente se dice en la Introducción del Estudio). Tampoco damos crédito a la metodología que se dice empleada para fijar la medición de la carga de trabajo ―que desde este mismo momentos solicitamos que se tome por el CGPJ como carga MÁXIMA RAZONABLE (resaltamos el término “máxima”) ―.

1. Finalidad

La baremación que se ha hecho «persigue», a nuestro juicio, dar carta de naturaleza a las insuficiencias estructurales del sistema, ocultándolas de forma eufemística, bajo el expediente de presumir «normal» y de convertir en «ordinario» lo que han sido «rendimientos» extraordinarios de jueces y magistrados.

a) El planteamiento del Servicio de Inspección es similar, en su finalidad, a la enmienda 631 del Grupo Socialista para modificar la LOPJ en el año 2006:

Congreso 8 de junio de 2006. Serie A. Núm. 69-15

ENMIENDA NÚM. 631

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista del Congreso

De modificación al artículo octavo la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

De adición.

Se añade un nuevo apartado, con la numeración que corresponda, para introducir tres nuevos párrafos en el apartado 4 del artículo 403, que pasa a tener la siguiente redacción:

«4. Las retribuciones variables por objetivos estarán vinculadas al rendimiento individual acreditado por cada juez o magistrado en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y profesionales.

Todos los jueces y magistrados estarán obligados a alcanzar un objetivo normalizado, que no podrá ser inferior al rendimiento medio de los órganos unipersonales o, en su caso, colegiados en los que se integre, correspondiente a los cinco años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la presente ley, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial podrá determinar por vía reglamentaria los factores de corrección que puedan incidir individualmente en la consecución del objetivo antedicho, previo informe favorable del Ministerio de Justicia.

Si estas correcciones tuviesen repercusión presupuestaria, se requerirá informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.»

Lo que no se pudo introducir por aquella enmienda en sede parlamentaria ―entre otras razones, por la oposición frontal de todas la asociaciones judiciales― se pretende ahora implantar, bajo pretexto de estudio de medición de carga de trabajo, dentro del programa de modernización que preconiza el actual CGPJ.

b) Los jueces hemos vivido engañados y hemos sido utilizados, durante los pasados años.

Se nos dijo que la superación de los módulos era un esfuerzo al que debíamos colaborar, que era coyuntural. Una gran mayoría de la carrera judicial optó por trabajar a destajo por muy variadas razones, sacrificándose —estoicamente y por una miserable compensación económica— para suplir esas carencias estructurales. Y ahora se opta por hacer unas previsiones excesivas―por elevadas, en todos los ordenes jurisdiccionales, para evitar crear las unidades judiciales realmente necesarias; previsiones que se han basado en la productividad de los jueces en el año 2007, como si hubiéramos trabajado durante esa anualidad tan solo 37’5 horas semanales brutas.

Pues no. Precisamente en esa anualidad es en la que se hicieron los mayores esfuerzos por la carrera judicial, con horarios infrahumanos de más de 10 y 12 horas diarias, trabajando sábados y domingos, pidiendo días de asuntos propios para dictar sentencias, etc., etc. Ese sobreesfuerzo se agradece ahora convirtiéndolo en la «norma». Es inaceptable, máxime si se tiene en cuenta que, según los datos que se han obtenido, un alto porcentaje de magistrados y jueces superó durante el año 2007 el módulo establecido (41’05% durante el primer semestre y 38’23% el segundo semestre), con arreglo a la legalidad vigente, véase ley de retribuciones, en una opción legítima y legal. Ahora se promedia ese alto porcentaje para obtener la mediana estadística.

2. Metodología

La metodología seguida ha sido la de ir ajustando los números a un resultado prefijado: MEDIANA ESTADISTICA del año 2007, ajustado a la conveniencia, no de superar la carga irrazonable de trabajo que pesa sobre los órganos judiciales, sino de aminorar de cara a la galería el número de unidades judiciales verdaderamente necesarias.

Buena prueba de ello es que, en la memoria de los letrados de la Inspección del grupo de trabajo para todos los órdenes jurisdiccionales, en el memorándum del 9/02/2009 se partía de un total de 1.672 horas anuales para llegar, con los descuentos, a 1.404 horas netas. Tras darse cuenta la Inspección de que el total de horas anuales era menor, 1.625 horas (Resolución de 15 de julio de 2005), el número de horas netas, sin embargo, se ha mantenido en las mismas 1.404 horas anuales. ¿Cómo? Muy fácil: las reducciones que antes (el 9/02/2009) estaban perfectamente justificadas para el Servicio de Inspección, ahora se reducen para ajustar el resultado final. En concreto:

Horas totales/año Reducciones totales Horas netas/año

Memoria de 9/02/2009 1.672 268 horas 1.404

Estudio de marzo 2009 1.625 220’5 horas 1.404’5

No existe ninguna razón objetiva para que en febrero se tenga por correcto reducir un total de 268 horas al año y un mes después, la reducción quede disminuida a 220’5 horas. La única razón es que el resultado final tenía que encajar fuera como fuese.

Llama también poderosamente la atención que, habiéndose encargado por el CGPJ un costoso informe (varios cientos de miles de euros) a una empresa externa y profesional (“Steria Norman & Broders”), sobre valoración del desempeño de jueces y magistrados, fechado en febrero de 2004, no se haya tenido en absoluto en consideración. Quizás se deba a que se ajustaban demasiado a la realidad, en vez de a los criterios estajanovistas que ahora nos presentan.

Parte III

Sobre la baremación de los procedimientos

1. De la valoración en general de los distintos procesos

Donde el Estudio se antoja más censurable, a nuestro entender, es en la baremación por clases de asuntos y materias, que actúa —según se dice— como verdadero soporte del sistema. Se reconoce en el Estudio la gran carga subjetiva que comporta esta valoración y, seguidamente, para justificar el resultado, se afirma que se trata de “subjetivismo debidamente sustentado en el conocimiento directo de la labor y experiencia profesional”. De nuevo hemos de poner en cuestión estas afirmaciones del Servicio de Inspección. Vemos por qué razón.

1.1. El supuesto soporte del subjetivismo de la valoración

Según el Servicio de Inspección, el supuesto “sustento” de la valoración hecha en su Estudio radica en «haber recurrido a asesores externos, intentando que resultaran representadas la máxima variedad de situaciones en función de cada tipo de órgano». La supuesta colaboración de estos asesores externos se explica en el Estudio del siguiente modo:

Haber enviado a estos asesores externos un cuestionario en el que se sometían a su consideración múltiples aspectos de interés para la baremación.

Se les solicitó una valoración porcentual de la mayor parte de las categorías de procedimientos que tienen entrada en el órgano, lo que se combinó con la cumplimentación de un cronograma, cuya finalidad era conocer su opinión sobre la distribución de la jornada de trabajo semanal entre cada una de las tareas cotidianas que realiza un Juez o Magistrado.

Finalmente «… reunido el grupo de trabajo con los asesores, se hizo una puesta en común de los cuestionarios cumplimentados, contrastando y analizando sus diferencias de criterio y las explicaciones dadas por cada uno. Para realizar una comparación lo más coherente posible se partió de un procedimiento estándar que pudiera servir de referencia para la medición de la carga de los demás asuntos. Primero se obtuvo una ponderación comparativa de todas las clases de asuntos (en abstracto, de 0 a 100) y después, para disponer de una escala de conversión a unidades de tiempo de los valores resultantes, se elaboró un cronograma del procedimiento estándar consistente en la medición temporal de cada una de las fases o etapas procesales que conforman su trámite, pero siempre de trabajo efectivo, lo que diferencia esta forma de cálculo de la propia de los tiempos de respuesta. Se procuró el acercamiento a duraciones promediadas, que pudieran dar cabida a las situaciones más comunes y, a la vez, compensar entre sí las extremas y descartar las anecdóticas …».

Añadiéndose que «… asimismo, se han tenido en cuenta para fijar las puntuaciones la proporción de asuntos que no terminan por sentencia, para obtener una media que refleje lo más fielmente posible la carga de trabajo del juzgador, por lo que la puntuación no pretende valorar el tiempo de dedicación de éste a un asunto concreto, sino el promedio que resulta de computar, dentro de la clase puntuada, aquellos asuntos que se sobreseen, son desistidos, etc., junto con los que efectivamente llegan a ser conocidos por el Juez o Magistrado en toda su extensión, incluyendo vistas, atención a profesionales y a los justiciables y resoluciones …».

1.2. Trabajo con los jueces y magistrados asesores externos

En el caso de todos los órdenes jurisdiccionales, unipersonales y colegiados. la supuesta puesta en común y acercamiento del trabajo de la Inspección con los magistrados , ha sido una falacia. Los módulos que ahora se nos presentan nada tienen que ver con los que se habían consensuado con los magistrados asesores externos de los distintos órdenes jurisdiccionales, que en una primera reunión consensuaron determinados parámetros y en una segunda reunión asistieron a la modificación del valor a la baja sin justificación alguna, por parte de la inspección de los parámetros ya establecidos , y por tanto, los criterios expuestos por los magistrados ,han sido completamente omitidos y no se han tenido en consideración

La nitidez de lo expuesto excusa de cualquier argumento sobre la inexistencia de la menor voluntad de llegar a ningún consenso ni acercamiento. Sencilla y llanamente se ha ignorado por completo a los “asesores” externos y se ha impuesto un criterio productivista, CONSISTENTE, COMO YA SE HA DICHO, EN LA MEDIANA ESTATIDISTICA DEL AÑO 2007.

Por lo demás, no sabemos, porque el Estudio no lo explica, qué pueda ser un procedimiento estándar, para servir de referencia para medición de la carga de los demás asuntos. Tampoco se explica, en absoluto, lo relativo al cronograma de ese procedimiento estándar, consistente en medición temporal de cada una de las fases o etapas procesales que conforman su trámite, pero siempre de trabajo efectivo.

1.3. Proporción o «media» con asuntos que no terminan por sentencia

Otro de los criterios tenidos en consideración por la Inspección para puntuar los procedimientos ha sido no distinguir entre los modos de finalización de los mismos, de manera que TODOS los de una misma categoría o clase, acaben por auto o por sentencia, se computan igual.

El criterio nos parece acertado, si es que se han tenido en consideración, pero no lo es tanto la “media” o «promedio» que se ha establecido en el orden contencioso-administrativo y, en otro caso, deben valorarse todas las actuaciones judiciales, que finalicen por autos..

En efecto, se dice textualmente en el Estudio que “se han tenido en cuenta para fijar las puntuaciones la proporción de asuntos que no terminan por sentencia, para obtener una media que refleje lo más fielmente posible la carga de trabajo del Juzgador, por lo que la puntuación no pretende valorar el tiempo de dedicación de éste a un asunto concreto, sino el promedio que resulta de computar, dentro de la clase puntuada, aquellos asuntos que se sobreseen, son desistidos, etc., junto con los que efectivamente llegan a ser conocidos por el Juez o Magistrado en toda su extensión”.

2. Las concretas puntuaciones de los procedimientos

Sentado lo anterior, consideramos que las concretas puntuaciones atribuidas por el Estudio a los distintos procedimientos son fruto del más puro voluntarismo, y en ocasiones, de la arbitrariedad.

Ello nos hace, una vez mas, rechazar el sistema, por arbitrario; y nos ratifica en que, lo que se ha tenido en cuenta, y lo que interesa es cuadrarlo con los datos estadísticos del año 2007. De ahí que, a mayor peso específico de una materia, se atribuya por el Servicio de Inspección una menor puntuación de dedicación, porque de otra manera, los datos estadísticos no les cuadrarían, resultando una puntuación algo más acorde, en aquellos asuntos que pueden denominarse marginales, por la ausencia significativa y peso específico de los mismos.

2.2. El cronograma: ¿Qué cronograma?

Tampoco sabemos con qué clase de «cronograma» se ha llegado a la «brillantísima» conclusión de que, por ejemplo, un juicio declarativo ordinario deba ser resuelto en 10 horas, o un juicio verbal en 5 horas.

Para dictar la sentencia, el magistrado, tendrá que leerse detenidamente el expediente administrativo (en muchas ocasiones compuesto de varios tomos de informes ), sacar sus anotaciones; luego toca examinar los autos, releer o visionar los discos de las grabaciones (por el tiempo transcurrido) las declaraciones de los testigos, las ratificaciones y aclaraciones de peritos, consultar jurisprudencia y, por último, redactar la sentencia (lo que significa minutarla por escrito o transcribirla directamente al ordenador). Y todo eso, en las horas de media que se expresa en el estudio es un verdadero dislate.

Lo mismo cabe decir de todos los procedimientos que requieran vista pública. En el acto de la vista (que aunque sea el acto nuclear del procedimiento, no es el único) comparecen varias partes (actor, parte demandada, en su caso aseguradora demandada o codemandada, contratista o concesionario demandado o codemandado), cada una con su letrado y turno de palabra o intervención, práctica de pruebas e informes orales, iniciales y finales. El dictado de la sentencia, en estos procesos, no lleva menos trabajo que el invertido en el ordinario. A ello hay que añadir el tiempo «invertido» en tramitar (que no solo consiste en señalar el juicio, sino en resolver recursos de súplica nada infrecuentes). ¿Todo esto solo merece, cada asunto el tiempo necesario, siendo prácticamente imposible promediar realmente las horas. Nos parece increíble tal despropósito.

Lo expuesto es sólo un botón de muestra. Desde luego que si el sistema de medición prospera, los jueces nos veremos obligados a hacerlo público, para que la ciudadanía conozca que se nos «obliga» a tramitar y resolver sus asuntos dentro de unos tiempos medios imposibles, verdaderamente kafkianos, y que, esta medición “a la baja” será la cobertura perfecta de cara a la ciudadanía para no incrementar la planta de órganos judiciales, ni tampoco el número de jueces (porque a nadie se le escapa que se intentará de nuevo establecer un módulo de salida, y que tomará como base el confeccionado para la entrada).

2.3. Faltan definiciones

Desde otra óptica, faltan definiciones cumplidas de las categorías que se barajan para la baremación.

Tendrá que puntualizarse o precisarse mucho a este respecto. Y alguien tendrá que valorar la clase de asunto para su categorización de cara al sistema de medición que se pretende implantar (nos oponemos a que por ejemplo, deba ser el secretario judicial el que «decida» qué asuntos son o no «repetitivos», por poner un ejemplo, porque es el juez el que los resuelve y el que de verdad sabe si hay particularidades del caso que excluyan o no esa calificación).

Se trata de una cuestión jurisdiccional, y así se ha puesto de manifiesto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en varias Sentencias que se aportarán en el momento oportuno.

Y cuando llegue la hora de elaborar la “estadística de entrada anual”, se obtendrán resultados diferidos (del año anterior) y habrá que realizar un auténtico esfuerzo (que tampoco se valorará) para discriminar asuntos por categorías.

3.- VALORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LAS SECCIONES CIVILES DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES.

A) INTRODUCCIÓN.

Cualquier nueva regulación relativa a los ‘MODULOS’ debe partir de tres premisas básicas y fundamentales:

1ª. Motivación suficiente de las razones que llevan a establecer una u otra puntuación a los distintos asuntos tramitados por los órganos jurisdiccionales.

2ª. Evitar atender a criterios meramente cuantitativos, relegando los cualitativos a un segundo plano.

3ª. Necesaria conciliación de la vida familiar con la carga razonable de trabajo establecida para los diferentes órganos jurisdiccionales.

Pues bien, examinados detenidamente los nuevos módulos de entrada o carga de trabajo máxima que puede soportar cada Órgano Jurisdiccional (Estudio de marzo de 2009) establecidos para las Audiencias Provinciales, orden civil, no cabe sino concluir que los mismos vulneran de modo flagrante y sistemático las tres premisas, como se expondrá a lo largo de este informe.

B) CONSIDERACIONES GENERALES A TENER EN CUENTA EN LA DETERMINACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES.

En lo que respecta a las Secciones Civiles de las Audiencias Provinciales, debe tenerse en cuenta que con arreglo a reiterada doctrina del Tribunal Supremo, sólo los asuntos que tengan por objeto la tutela civil de Derechos Fundamentales y aquellos cuyo importe supere los 150.000 € pueden acceder a casación por infracción de ley, pudiendo hacerlo por vía de interés casacional únicamente aquellos asuntos en los que el tipo de procedimiento a seguir viene determinado por la materia (básicamente los regulados en los artículos 249.1 y 250.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Esto significa en la práctica que, aproximadamente el 80% de los asuntos resueltos por la Audiencia Provincial, lo son en última instancia al no caber recurso de casación.

Por otro lado, la resolución de los asuntos implica un mayor trabajo desde la entrada en vigor de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, dada la grabación de las audiencias previas y juicios, lo cual implica la necesidad del visionado de las mismas a la hora de resolver el recurso, a lo que cabe añadir que el recurso se formula por escrito, y para su formalización se dispone por las partes de un prolongado período de tiempo (20 días hábiles para su formalización), con lo cual la extensión y prolijidad de los argumentos de los recursos se ha acentuado, frente al sistema anterior en el que la mayor parte de los recursos eran orales, lo cual hacía que los recursos fuesen mucho más concisos y concretos, y en caso de ser escritos existía un tiempo de formalización mucho más breve.

No se quiere con ello hacer una crítica del sistema actual, por el contrario el mismo es más garantista, pero lo que no se puede hacer es generar un procedimiento que implica una mayor carga de trabajo a la hora de resolver el recurso de apelación y desconocer esta realidad. Al contrario, ha sido precisamente a raíz de la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil cuando se ha incrementado el volumen de trabajo que debían asumir las Secciones Civiles de las Audiencias Provinciales, contra toda lógica. Es más, la reforma de los hoy extintos módulos de trabajo, supuso el intento de incrementar aún más la carga de trabajo de las Secciones Civiles de las Audiencias Provinciales, partiendo de la consideración de que la grabación de los juicios suponía una mayor facilidad en la resolución, cuando es precisamente lo contrario. Tan alejado de la realidad se encontró el módulo renovado, que por parte del Consejo General del Poder Judicial hubo de permitirse optar por la aplicación del módulo previo, que ya de por sí suponía una carga de trabajo inasumible e inalcanzable.

Por tanto, la situación previa a la actual, parte de una distorsión clara de la realidad, dado que ésta se asienta sobre un módulo inalcanzable y que ha obligado a las Secciones Civiles de las Audiencias Provinciales a realizar un sobreesfuerzo, y ello para ni tan siquiera alcanzar – o hacerlo a duras penas -, el 100% del módulo de trabajo previsto. Tratar de perpetuar la situación actual supone, por consiguiente, incidir en antiguos errores, con la agravante de que actualmente lo que se espera es una respuesta positiva, resultando decepcionante cualquier actuación que no ponga fin a una situación indeseable, pudiendo motivar un profundo descontento y gravísimas tensiones la fijación de un módulo de trabajo que simplemente siga la senda marcada por un módulo que, aparte de por ser nulo, por partir de premisas disparatadas, ha producido tan graves disfunciones, al menos en las Secciones Civiles de las Audiencias Provinciales, que lo más apropiado e inteligente es olvidar su existencia y todo rastro y consecuencia de la misma.

El Estudio sobre la carga de trabajo de las Audiencias Provinciales, lejos de buscar una carga de trabajo ideal, ha tomado en consideración la situación preexistente, y además tomando para ello como referencia aquellas Salas que consiguen resolver tantos asuntos como ingresan (páginas 10 y 11 del estudio de marzo de 2009). Sobre tal base se pretende mantener la situación que reflejan dichas Salas, asignando una puntuación, inmotivada y arbitraria por lo demás, a diferentes tipos de procesos, con el objetivo de dar justificación al hecho de que se trabaje un determinado número de horas.

A este respecto, cabe señalar que la comparación que se realiza en el Estudio entre la aplicación del anterior módulo y el que se pretende establecer, únicamente pone de relieve que, como no podía ser de otra manera, se reduce en alguna medida la carga de trabajo que los anteriores módulos imponían, si bien, como se indicaba, toda comparación con unos módulos previos absolutamente irreales es igualmente irreal. En definitiva, de nada sirve rebajar unos módulos que exigían una carga de trabajo inalcanzable para establecer a su vez otros nuevos módulos que si bien pueden suponer una rebaja de dicha carga de trabajo, lo hacen hasta extremos que siguen siendo inalcanzables. Utilizando un símil gráfico, podemos decir que a quien cae desde una altura de 1000 m, le dará exactamente igual que se le deje caer desde una altura de 900 m, porque el resultado será el mismo.

C) CRÍTICA DEL SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES CIVILES.

El estudio de la medición de la carga de trabajo gira sobre dos elementos esenciales como son: el número de horas de trabajo anual por cada Magistrado y la puntuación que se asigna a cada tipo de procedimiento.

Siendo una de las bases de la medición de la carga de trabajo la puntuación que se asigna a cada tipo de procedimiento, resulta llamativo que ni una línea se dedique a determinar cómo se llega en concreto a asignar a cada tipo de procedimiento la puntuación correspondiente. Aparte de vagas y genéricas consideraciones sobre la necesidad de ponderar los asuntos de fácil resolución con los de complejidad más elevada dentro de cada categoría, ninguna justificación se ofrece del porqué se otorga a cada categoría la puntuación correspondiente.

Tal explicación es esencial, dado que de nada sirve establecer una jornada laboral si el trabajo a desarrollar se asigna de forma aleatoria e inmotivada. Tal afirmación viene sustentada en las Sentencias de 3 de marzo de 2.006 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, rec. 14/2004 y 16/2004, que declararon la nulidad por no ser conforme a Derecho del Reglamento 2/2003 de 3 de diciembre del Consejo General del Poder Judicial, las cuales establecieron: “QUINTO.- ……. Se ha dicho antes, al examinar la Exposición de Motivos de la Ley 15/2003 cuál es el objeto de la misma. Se ha expuesto también que la respuesta a las pretensiones que se formulen ante los órganos jurisdiccionales debe ser perfectamente razonada y particularizada, pues cada cuestión planteada ante aquellos, por sencilla que pueda parecer, reviste unas características propias que exige un examen pormenorizado, muchas veces incompatible con criterios únicamente cuantitativos. Por ello es obligado examinar de manera específica la actuación o rendimiento individualizado de cada juez o magistrado en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y en la resolución de cada una de las cuestiones que le son planteadas”. …..//…..“SÉPTIMO.- Reconoce, pues, el Reglamento en su Anexo I que no tiene en cuenta la dedicación precisa para cada caso concreto, en el ejercicio de la función jurisdiccional, lo que hubiera resultado indispensable para valorar el rendimiento individualizado de jueces y magistrados en el cumplimiento de esa función, para otorgar una tutela judicial efectiva y acepta que atiende a unos estándares, que dice parten de una practica que trata de deducir de unos presupuestos, a los que únicamente se refiere en abstracto con relación a “tiempos invertidos por grupos de jueces durante un determinado periodo de tiempo” o a la selección de “determinados órganos judiciales como modelos de funcionamiento”.

Ese proceder se traduce, entre otros resultados, en unos módulos de dedicación que se otorgan a los diferentes asuntos tramitados por los distintos órganos jurisdiccionales, sin motivación de las razones que llevan a fijar una u otra puntuación y sin la más mínima pormenorización o valoración de las distintas incidencias de cada procedimiento, en relación a las pretensiones en él deducidas y de la particularizada respuesta jurisdiccional que en cada caso de forma motivada ha de prestarse a los fines previstos en el art. 24.1 de la Constitución, optándose por un criterio cuantitativo, no siempre generador ni respetuoso por su propia naturaleza con las exigencias propias de satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva sin generar indefensión. Tampoco en el expediente administrativo hay constancia documentada de estudios, informes, valoraciones o aproximaciones de otro género, que justifiquen con una precisión razonable, los criterios que llevan a fijar uno u otro módulo a los distintos asuntos tramitados en los distintos órganos jurisdiccionales”.

Tales prescripciones de las referidas sentencias no se cumplen en el estudio que es objeto de este informe, ya que el mismo en modo alguno justifica cuál ha sido el motivo que ha llevado a otorgar a cada tipo de procedimiento la puntuación que se le asigna. Así, por ejemplo, se asignan 10 puntos a los juicios declarativos ordinarios, pero la ausencia absoluta de motivación al respecto podría haber llevado igualmente a asignar a este tipo de procedimientos 18 puntos,14, 11,5, ó 3 puntos, ya que en definitiva la puntuación se asigna de forma inmotivada y sin argumentación alguna.

No sólo no existe tal motivación en torno a dicho aspecto esencial del estudio, sino que además la comparación del mismo con los memorándums elaborados previamente por el Consejo General del Poder Judicial ponen de relieve el hecho de que la variación del número de horas de trabajo carece de influencia alguna a la hora de asignar la puntuación a cada tipo de procedimiento. Al contrario, la disminución del número de horas de trabajo determina la disminución de la población que se asigna a determinados procedimientos, lo cual pone de relieve el carácter arbitrario de la fijación el tiempo de trabajo que se asigna a cada tipo procedimental.

Efectivamente, en los memorándums de 26 de enero de 2009 y 9 de febrero de 2009 se partía de un número de 1672 horas anuales, tomando como referencia las correspondientes a la función pública (página 2 del memorándum de 9 de febrero de 2009). El estudio que analizamos actualmente parece haber reparado en la existencia de la Resolución de 15 de julio del año 2005 de la Secretaría de Estado de Justicia, que asigna una jornada de trabajo de 37,5 horas semanales, lo cual equivale a un total de 1625 horas anuales, al que se le descuentan 67,5 horas correspondientes a los nueve días adicionales de permiso sobre los concedidos al personal de la Administración de Justicia (página 5 del estudio de marzo de 2009). Por tanto, entre el número de horas que se manejaban los memorándums y el número de horas de las que se parte en el actual estudio hay una diferencia de 114,5 horas anuales. El hecho de que la jornada de trabajo se reduzca en dichas horas, por lógica debería traducirse en el hecho de que en el actual Estudio, el resultado de la carga de trabajo fuese inferior al que se establecían los memorándums previos, que partían de un número de horas de trabajo superior, sin embargo, en lo que se refiere a las Audiencias Provinciales Civiles, la puntuación que se asigna a algunos tipos de procedimiento es incluso inferior a la que se asignaba en el segundo de los memorándums previos al presente estudio, lo cual revela que en definitiva se persigue asignar una determinada carga de trabajo, con independencia de cuál sea la jornada de trabajo, lo cual obviamente muy poco dice en favor del rigor del estudio, y menos aún en favor de que dicho estudio tenga como objetivo fijar una carga razonable y racional de trabajo.

Igualmente, los citados memorándum asignaban un 10% de la jornada laboral anual a labores de formación y otro 10% a lo que denominaban “actividades imposible por difícil evaluación” (página 2 del memorándum de 9 de febrero de 2009), y dentro de este segundo 10% quedaban comprendidas actividades tales como “dedicación a las vistas, deliberación, autos de trámite, atención a profesionales y particulares, atención a la oficina judicial y otras actividades no baremadas”(página 3 del memorándum de 26 de enero de 2009). Aparte de que la asignación de un 10% a tales actividades era manifiestamente insuficiente, sin embargo en el actual Estudio desaparece la asignación de dicho porcentaje del 10% relativo a la deliberación, autos de trámite, etc. descontándose únicamente el 10% correspondiente a formación. En éste, tales actividades quedan incluidas dentro de la puntuación que se otorga a cada tipo de procedimientos (páginas 8 y 9 del estudio de marzo de 2009). Pese a ello, la puntuación que se asigna a cada tipo de procedimiento es, igual y en algunos casos incluso inferior a la que se asignaba en el segundo memorándum. Así, por ejemplo, los juicios verbales pasan de estar valorados en 6 horas, a estar valorados en 5, salvo la exigua categoría de juicios posesorios, que se mantienen en los 6 horas, los procesos en única instancia se valoran en 2 horas, frente a los 3 que se asignaban anteriormente (página 7 del memorándum de 9 de febrero de 2009).

Por otro lado, al asignar a cada procedimiento que corresponde a cada Magistrado Ponente una puntuación, la actividad de deliberación de las ponencias que corresponden a los demás integrantes de la Sala queda simplemente sin evaluar, aún cuando se indique que se han computado ya en la valoración de cada ponencia, ya que, aparte de que, como se ha indicado, se rebaja la puntuación con respecto al segundo memorándum que evaluaba separadamente tal actividad (aunque de forma insuficiente), resulta absolutamente inadecuado que lo que es un trabajo colectivo de la Sala, se pretenda incluir dentro del trabajo de cada ponencia.

Debe tenerse en cuenta que la deliberación de asuntos ocupa, cuando menos, medio día a la semana. Baste pensar que en una Sala de cuatro magistrados, y con una media de 6 señalamientos a la semana, que viene a ser lo que en definitiva propone el estudio, se deliberan 24 asuntos por semana, lo que significa que, excluyendo las ponencias propias de cada ponente, se deliberan 18 asuntos de los demás integrantes de la Sala. Si se tratase de una Sala de tres magistrados, se interviene en 12 deliberaciones, excluyendo las ponencias propias. Entender que la deliberación de los mismos – que obviamente va más allá de exponer telegráficamente cuál es la opinión que al ponente le merece el asunto, sino que entraña y debe entrañar el debate sobre las cuestiones tácticas y jurídicas de cada ponencia-, ocupa cuando menos medio día, resulta, por tanto, absolutamente moderado. Pues bien, medio día por semana significa un 10% del trabajo de la Sala, dado que si existen cinco días laborables por semana, medio día significa 1/10 parte de la semana laboral. Por tanto, existe un 10% de trabajo imprescindible e inexcusable que no es tenido debidamente en cuenta a la hora de determinar la carga de trabajo.

Por otro lado, la resolución de recursos de reposición, despacho con profesionales y funcionarios es una actividad que ocupa, al menos, otra mañana por semana, por lo que debe computarse como representativo de otro 10% del trabajo.

En conclusión, aunque el presente estudio parte de un número de horas de trabajo muy inferior a los memorándums y computa dentro de las puntuaciones las horas de deliberación, resolución de recursos de reposición, atención a profesionales, tramitación, aclaración de sentencias, admisión a trámite de del recurso de casación, etc., sin embargo, en vez de otorgar una puntuación superior a la del último memorándum, contra toda lógica la reduce. La única conclusión que de ello puede establecerse, es que se trata simplemente de fijar un objetivo de ritmo de trabajo, y a partir de ahí asignar de la puntuación que sea oportuna para obtener el resultado buscado de antemano. Para ello es indiferente la real complejidad de los asuntos, el número de horas que indique el ordenamiento jurídico han de ser trabajadas y cualesquiera otras consideraciones que puedan desviar al Estudio de su objetivo, que parece no ser otro que consagrar un resultado predeterminado.

D) CATEGORÍAS DE PROCEDIMIENTOS Y SU PUNTUACIÓN.

Establece el estudio que analizamos tres categorías o grupos de procedimientos, como son: los juicios ordinarios, los verbales, juicios de instancia única y los restantes procesos (páginas 181 y 182 del estudio de marzo de 2009). A su vez dentro de los juicios verbales se otorga una valoración superior a los juicios que se denominan posesorios/reales, que comprenden los juicios denominados el anterior Ley de Enjuiciamiento Civil como juicios interdictales y el procedimiento para la efectividad de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad.

Asignar 10 puntos, es decir, 10 horas, a los juicios ordinarios es manifiestamente insuficiente, ya que no nos estamos refiriendo exclusivamente a la confección de la sentencia; el estudio comprende dentro de cada procedimiento el recibimiento prueba en segunda instancia, visionado de vídeos, deliberación de la ponencia (y al parecer, aunque no se sabe cómo, la deliberación de otras ponencias de los demás integrantes de la Sala), análisis de jurisprudencia y doctrina, redacción de la sentencia, corrección de la misma, eventual recurso de aclaración y eventual decisión sobre la admisión a trámite del recurso de casación, siendo un hecho que se puede calificar de notorio, que la denegación del recurso de casación comporta el correspondiente recurso de reposición previo a la queja a plantear ante el Tribunal Supremo. Por tanto, la asignación de 10 puntos no contempla más que el término medio de tiempo preciso para la resolución de asuntos de envergadura y complejidad mínimas.

Por otro lado, la determinación de los tipos de procedimiento adolece de un gran simplismo, existiendo categorías de procedimientos dentro de los juicios ordinarios que siempre entrañan una complejidad superior a la media y que convierten la asignación de 10 horas para la resolución de las ponencias en absolutamente ilusoria. Entre otros, existen procedimientos que notoriamente rebasan las 10 horas de trabajo de promedio que se asignan, como son:

– Los procedimientos relativos a vicios y defectos en la construcción. En este tipo de procesos se discute partida por partida de las que se supone se han construido deficientemente, lo cual implica un debate fáctico de inusitada complejidad, no sólo por la extensión material del mismo, sino porque además se trata de cuestiones absolutamente técnicas que dificultan su comprensión, lo cual nos lleva directamente a la segunda cuestión que incide en su complejidad, como es la intervención de distintos peritos que apoyan cada una de las respectivas posturas de las partes, así como la intervención de perito designado judicialmente, aparte de que normalmente se demanda a todos los intervinientes en el proceso constructivo, cada uno de los cuales no sólo efectúa su contestación a la demanda, sino obviamente propone la correspondiente prueba, lo cual hace que en este tipo de pleitos las grabaciones audiovisuales tengan una duración inusitada, y cuya comprensión exige una atención extrema y constantes rebobinados al objeto de poder comprender con precisión las manifestaciones de los testigos, peritos y partes; además, dada la multiplicidad de partes, en los recursos de apelación no suele existir un único recurrente. Bastaría con hacer una comprobación en cualquier Sala sobre la complejidad y laboriosidad que entrañan los procedimientos relativos a deficiencias en la construcción de inmuebles, para concluir que la asignación de 10 horas para su resolución completa en modo alguno refleja el tiempo imprescindible para tal cometido.

– Los procedimientos relativos a los derechos honoríficos de la persona, que normalmente están sustentados en árboles genealógicos que abarcan varias generaciones, cuya confección y realidad por otro lado es cuestionada en el pleito, y que exigen la aplicación de una normativa sumamente compleja.

– Los procedimientos para tutela del Derecho al Honor, Intimidad y a la Propia Imagen. Este tipo de procedimientos entrañan normalmente largos y complejos actos de juicio, y la aplicación de una normativa matizada por copiosa y abundante jurisprudencia cuya consulta es absolutamente imprescindible a la hora de resolver tal tipo de procesos. Si a esto se añade que en su mayor parte se trata de procesos en los que se encuentran involucrados medios de comunicación y de gran trascendencia pública, se llega claramente a la conclusión de que asignarles 10 horas de trabajo es claramente insuficiente.

-Los juicios de retracto (artículo 249. 1. 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), en los que se debe analizar la procedencia del retracto, lo cual exige analizar el título que se supone otorga el mismo, si la consignación del precio es la correcta, si se ha realizado en plazo, etc., aplicando además una copiosa e intrincada doctrina jurisprudencial que matiza e interpreta los preceptos del Ordenamiento Jurídico, por lo demás dispersos, que regulan tal materia.

-Las impugnaciones de acuerdos de comunidades de propietarios (artículo 249. 1. 8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) implican normalmente la alegación de múltiples y abigarrados motivos de impugnación de los acuerdos comunitarios, que no es extraño que abarquen todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la Junta, lo cual determina procedimientos en los que se debaten diversos y variados motivos de impugnación, aparte de la normal complejidad y extensión de los actos de juicio, en los que es normal que se haga comparecer a vecinos al objeto de que determinen cuál ha sido el auténtico desarrollo de la Junta impugnada o manifiesten su apoyo o rechazo al acuerdo adoptado, etc.

– Los procesos arrendaticios que no tienen por objeto el desahucio por la reclamación de rentas (artículo 249. 1. 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), también son procedimientos de una complejidad superior a la media, dado que en ellos no se debate simplemente el impago de la rentas, sino el régimen jurídico aplicable a los contratos de arrendamiento, sobre todo cuando tienen por objeto la resolución del contrato y se trata de arrendamientos sometidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, cuyo artículo 114 establece una serie de causas de resolución que entrañan un debate fáctico y jurídico de gran complejidad.

-Además existen otros parámetros distintos a la materia objeto del proceso que pueden revelar con claridad la complejidad y laboriosidad del asunto, como es el número de folios o la duración de la grabación audiovisual. Es opinión común en todas las Audiencias Provinciales Civiles, que todo asunto que rebasa los 700 folios o con grabaciones audiovisuales que superan los 60 minutos entrañan una laboriosidad muy superior a la normal, dado que el volumen de los autos o duración de las grabaciones no son cuestiones puramente anecdóticas, ya que, es obvio, cuanto más prolongado es el acto de Juicio y de la Audiencia Previa, o cuántos más folios deben ser examinados, la complejidad y laboriosidad de la resolución del recurso de apelación aumenta de forma exponencial, ya que no sólo exige un mayor tiempo de trabajo para el examen de las actuaciones, sino que revela claramente que nos encontramos ante supuestos de un intrincado debate fáctico y jurídico. Por ello no se entiende porqué no se crea una categoría específica atendiendo a estos parámetros que son tenidos en la consideración común como unos de los más directamente reveladores de la complejidad y laboriosidad de la resolución a dictar.

A los juicios verbales se les asignan 5 horas, lo cual, tan siquiera para las simples reclamaciones de cantidad resulta suficiente, baste tener en cuenta que en el memorándum de 9 de Febrero -página 7- todo juicio verbal se valoraba en 6 horas de trabajo, valoración que ya era insuficiente y que además partía de una jornada de trabajo con mayor número de horas que la que actualmente contempla el presente Estudio. Tal puntuación es aún más claramente insuficiente para los procedimientos enumerados en el artículo 250. 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir aquellos procedimientos que se tramitan como juicio verbal en atención a su materia y con independencia de su cuantía, ya que si bien se asigna una puntuación superior en una hora a los juicios posesorios-reales, dentro del artículo 250. 1 de la ley de enjuiciamiento civil y a lo largo del Ordenamiento Jurídico existen multitud de procedimientos verbales de gran complejidad, como son:

-Los juicios de desahucio, que pueden acumular reclamaciones de rentas sin límite de cuantía (artículo 438. 3. 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), por lo cual a la dificultad inherente al desahucio –para la que ya es insuficiente la asignación de los puntos-, debe sumarse la dificultad de una reclamación de cantidad probablemente propia de un juicio declarativo ordinario.

-Precarios de fincas rústicas o urbanas, que exigen el análisis, siempre dificultoso, de la existencia o no de un título que habilite al ocupante del inmueble, y determinar en qué calidad se produce la ocupación del inmueble, con el añadido de que actualmente se entiende por gran parte de la doctrina que este tipo de procedimientos producen excepción de cosa juzgada, con lo cual en ellos se decide de forma definitiva el derecho a poseer.

-Derecho de rectificación, que aparte de la trascendencia pública que conlleva, al estar implicados habitualmente medios de comunicación, exige analizar, según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, la falta de veracidad de los hechos publicados y el sustento de la información que se pretende publicar.

Cabría añadir además que como juicio verbal se sustancian las impugnaciones contra las resoluciones de la Dirección General de Registros y el Notariado, artículo 328 Ley Hipotecaria), procesos de una inusitada complejidad en las que se debe analizar la corrección jurídica de la resoluciones emanadas de dicha Dirección General, lo cual determina normalmente un debate jurídico de gran precisión y sutileza y sobre materia tan compleja como es la Registral, ello aparte de la trascendencia doctrinal que la sentencia de tal índole puede llegar a tener, al pronunciarse sobre la doctrina emanada de la referida Dirección de Registros y el Notariado.

A los asuntos de Instancia Única, se les asigna una puntuación de dos horas de trabajo por cada uno de ellos. En los asuntos de instancia única no existe una sentencia previa del juez de instancia que delimite los términos del debate; además son asuntos que implican la celebración del correspondiente proceso (artículos 504 y 505, 734 y 393, todos ellos de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y como su propio nombre indica, carecen de la posibilidad de recurso, por lo cual la atención propia a todo tipo de asunto se debe acentuar aún más.

Dentro de los asuntos de Única Instancia, los asuntos que probablemente tengan mayor incidencia en las Secciones Civiles son los recursos de nulidad contra los laudos arbitrales. Tales procesos reúnen todas las características de los procesos de Instancia Única anteriormente indicadas, a lo que cabe añadir que normalmente son procedimientos de muy elevada cuantía, lo cual acarrea que la complejidad propia de dicho proceso se ve acentuada por la prolijidad de las alegaciones de las partes.

Asignar a los procesos de instancia única, como tiempo medio preciso para su resolución, dos horas, resulta claramente insuficiente. Basta señalar que en él extinto módulo les otorgaba la máxima puntuación, y probablemente se tratase de los únicos procedimientos que se evaluaban correctamente, sin embargo de forma inexplicable pasan a ser considerados como los procesos de menor complejidad y valoración.

Igualmente, dentro de la categoría 3, correspondiente a “sentencias y autos de los restantes procesos y recursos de queja” se comprenden, no sólo resoluciones de mero trámite, sino cuestiones tan complejas como, entre otras, resolución de autos que por apreciar excepciones procesales hayan puesto fin al proceso, cuestiones de competencia territorial, jurisdiccional, etc., recursos de queja, recursos contra autos resolutorios de medidas cautelares , que aparte de su importancia práctica – ya que puede marcar la efectividad de la sentencia que se dicte -, suelen ir acompañados de una notable complejidad, autos resolutorios de la oposición contra los juicios de ejecución cuando se hubiesen alegado defectos procesales (artículo 559. 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), autos resolutorios de la oposición a la ejecución provisional (artículo 529 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), procedimientos de liquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas y rendición de cuentas (artículos 712 a 720 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), así como incidente relativos a la ejecución por obligaciones de hacer y no hacer (artículo 705 711 de la Ley de Enjuiciamiento Civil),tercerías de dominio (artículo 603 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), etc. Asignar 3,5 horas al estudio, deliberación y resolución de tales apelaciones es claramente insuficiente.

Por otro lado, debería reducirse esta categoría única y exclusivamente a aquellas resoluciones que tuviesen por objeto autos que determinarse en la conclusión anormal del procedimiento, pero no a aquéllos, como son la mayor parte de los expuestos en el anterior párrafo, que resuelven auténticos procedimientos con sus correspondientes actos de vista, los cuales deberían ser catalogados como juicios verbales u ordinarios, con independencia de que sean resueltos por medio de auto.

En cuanto a los procedimientos de Familia, las apelaciones derivadas de juicios ordinarios son escasas(art.753) y las liquidaciones alcanzan una puntuación idéntica al juicio ordinario deberían elevarse el apartado divorcios, separaciones ,filiaciones etc. a 6,5 ptos y las apelaciones restantes a 3,5 ptos como en el resto. La carga de estas Secciones es notoria ,aumentando el tiempo de respuesta en asuntos que aunque no sean de gran complejidad, sí que afectan a intereses de especial protección ,es por otro lado absurdo, puntuar una apelación sobre incapacidad a 5,5 cuando en la mayoría de los casos se practica prueba en 2ª instancia (art.759 L.E.C.).

E) LA CARGA DE TRABAJO REAL QUE SUPONE EL SISTEMA PROPUESTO.

El estudio que analizamos obliga a cada magistrado a obtener 1404 puntos anuales. Lo indicado significa que cada mes han de obtenerse 140,4 puntos por Magistrado, por lo cual cada semana se han de resolver asuntos que equivalgan a 35,1 puntos. Con la puntuación que se asigna a cada tipo de procedimiento, alcanzar dicha puntuación significa resolver, por ejemplo, dos juicios ordinarios, dos juicios verbales y dos apelaciones de autos, es decir 6 ponencias semanales. Si en vez de apelaciones de autos se tratase de procesos en instancia única estaríamos hablando de dos juicios ordinarios, dos juicios verbales y tres procesos de instancia única, por lo cual se elevaría a siete ponencias.

Únicamente se lograría obtener la puntuación señalada con menos de 6 ponencias señalando dos juicios ordinarios y tres juicios verbales, o tres juicios ordinarios y un juicio verbal, si bien estas dos últimas hipótesis son inviables en la práctica, dado que es obvio que han de resolverse con asiduidad semanal, al menos dos apelaciones de autos, por lo cual, de hecho, se impone un ritmo de trabajo que exige el señalamiento de 6 ponencias semanales, lo que supone un ritmo de trabajo absolutamente inasumible cuando, cómo se indicará a continuación, es opinión común considerar que cuando se alcanza un ritmo de 5 ponencias por semana y Magistrado nos encontramos ante una situación en la que deben tomarse las medidas oportunas para evitar la continuidad de tal situación de sobrecarga de trabajo.

6.- CONCLUSIÓN.

“El Estudio de marzo de 2009, determina el señalamiento de entre 5 y 6 ponencias semanales, que es un ritmo de trabajo inalcanzable en una jornada semanal neta de 37’5 horas por lo que es obvio que no se está logrando el objetivo que el propio estudio indica haberse marcado, como es el de permitir la conciliación de la vida laboral y familiar y permitir adoptar decisiones de política judicial en materia de determinación de planta (página 3 del estudio), por el contrario, se perpetuará el sistema actual de sobrecarga continua de trabajo que determina la imposibilidad absoluta, no sólo de conciliar la vida laboral con la vida familiar, sino de mantener la adecuada calidad y ponderación en las resoluciones con el perjuicio que ello ocasiona al justiciable y a la imagen de la justicia que no puede estar sustentada en resoluciones dictadas de forma apresurada y sin la debida ponderación y estudio. “.

Cabe señalar para concluir, que hasta el momento en que se pusieron en aplicación los, afortunadamente nulos, módulos de trabajo, que no buscaron otra cosa que incrementar el ritmo de trabajo preexistente, la carga de trabajo que se exigía de las Secciones Civiles de las Audiencias Provinciales era la de unas 180 ponencias anuales por magistrado, lo cual significaba 4,5 ponencias, aproximadamente, por magistrado y semana. Éste sistema funcionó pacíficamente, y por ello no se entiende el empeño de abandonarlo buscando simplemente dar una cobertura técnica para perpetuar la situación actual – o incluso agravarla – la cual, es absolutamente obvio, dista mucho de ser satisfactoria, debe suponerse que no sólo para los magistrados, sino también para sus órganos de gobierno. Debe tenerse en cuenta que la aplicación de los parámetros de trabajo vigentes antes del año 2000, a los que nos estamos refiriendo, ya supondrían, de aplicarse hoy, una sobrecarga de trabajo con respecto al momento en que estaban vigentes, puesto que como se indicaba al inicio de este informe (apartado 2), el procedimiento civil, tras la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, exige una mayor dedicación para la resolución de cada asunto, pese a lo cual el estudio que analizamos, lejos de acercarse a dicho objetivo de trabajo, se aleja notablemente del mismo, por lo cual una carga de trabajo racional y razonable no debería nunca superar las cuatro ponencias semanales por cada magistrado.

Parte IV

Conclusiones

De acuerdo con lo expresado anteriormente, se realizan las siguientes conclusiones:

Primera.

Rechazamos, de plano, el cálculo que se ha realizado en relación a las horas netas, por los motivos expuestos.

Entendemos que lo que se pretende en cuadrar las estadísticas del año 2007 con la planta actual, para justificar engañosamente, la innecesaria creación de juzgados o de plazas de magistrados o secciones en órganos colegiados No podemos olvidar que, según los datos de que disponemos, en la anualidad del 2007, nada más y nada menos que un total del 41’05 % de jueces y magistrados, superaron los módulos (anulados por el TS) durante el primer semestre y el 38’23% lo hizo el segundo semestre (una media del 39’65% de jueces y magistrados durante toda la anualidad 2007). Los jueces demostraron entonces su capacidad de sacrificio en aras de una situación coyuntural que ahora pretende perpetuarse.

Ese exceso de productividad sobre el 100% debe descontarse del denominado índice resolutivo. Tal exceso de productividad (opción legítima de algunos jueces y magistrados compensada con una miserable retribución), no puede promediarse para fijar ahora el módulo de carga de trabajo máxima razonable de juzgados y tribunales. No tenemos los datos exactos, pero, según las informaciones publicadas en la prensa, suministradas por el CGPJ, el número de asuntos resueltos en el año 2007 se elevó a la cantidad de 8.260.000.

En suma, los resultados obtenidos durante el año 2007 deben analizarse sin el efecto multiplicador de la productividad, descontando ese 39,65 % (exceso de productividad) de los resultados de dicho año. El índice resolutivo debe minorarse teniendo en cuenta dichos datos, sin que pueda pretenderse que los efectos extraordinarios y excepcionales de la productividad, puedan pasar a considerarse lo normal a resolver por el número de jueces y magistrados sentenciadores.

Segunda.

Se desconoce la metodología empleada.

Este dato es imprescindible y debe figurar en cualquier estudio riguroso, y este debe serlo, ya que se trata de cuantificar la medición del tiempo de trabajo fijada en 37,5 horas para todos los jueces y magistrados del Reino de España. Todas estas cuestiones deberían figurar en un estudio del calado del que nos ocupa. Sin subjetividad, con rigor, utilizando la técnica estadística y ficha técnica, conforme metodología aplicable a las ciencias sociales. Nada de esto aparece o se vislumbra en el Estudio de la Inspección.

Entendemos que la realización seria y rigurosa del Estudio objeto de este informe debería haber contado con una ficha técnica, con una muestra de la población a analizar (esto es, juzgados y tribunales), con el sistema estadístico predeterminado, de, al menos, el 7%, como mínimo o, en todo caso, del 5 %, que fue lo que hizo en su trabajo profesional y objetivo la empresa Steria, Norman & Broders, con estratificación de la muestra dentro de los distintos órganos jurisdiccionales, con órganos de distintas poblaciones. Todo ello con objeto de examinar la diversidad de problemas que se presentan dentro de cada jurisdicción, de conformidad con el territorio. Así, por ejemplo, no son los mismos problemas los que se plantean en las grandes ciudades, que en el resto.

No entenderlo así, supondría, de facto, una nueva disfunción y, en su caso, un empeoramiento sobre las condiciones de trabajo. Este extremo ya se puso de manifiesto en las Juntas de Jueces celebradas en todo el Reino de España en fechas recientes, en un concreto apartado en el que se expresaba que la carga de trabajo debía ajustarse a lo que estableció la sentencia del Tribunal Supremo, mediante un análisis individualizado caso por caso, sin que los nuevos módulos pudieran ser más gravosos que los anteriores.

Se deben analizar las materias de forma individualizada. Ni tan siquiera sirve, a tenor de lo establecido por Tribunal Supremo, el análisis más genérico por materias, sino que debe ponderarse, dentro de cada materia, las especificidades propias.. Todo ello en aras del cumplimiento de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con objeto de satisfacer la tutela judicial efectiva, como valor superior consagrado en la vigente Constitución Española de 1978

Con la elaboración de las cargas de trabajo, lo que no puede pretenderse es que se acabe con la pendencia, ya que si se tienen en cuenta los datos de la memoria del CGPJ, el número de asuntos desde el año 2005 al 2008 ha pasado de 6.200.000 a 8.900.000 en números aproximados un incremento de unos 3.000.000 de asuntos. Si se tienen en cuenta los datos ofrecidos recientemente por el Presidente del Consejo del Poder Judicial en el Parlamento, el número de asuntos ingresados se elevó a 9.094.000, permaneciendo igual el número de jueces sentenciadores.

No se trata de cuadrar las estadísticas del año 2007, en relación al número de jueces y magistrados existentes en la actualidad (que es lo que infiere del Estudio objeto de este informe). De lo que se trata es de atribuir a los juzgados y tribunales una carga de trabajo razonable y máximo; y si para ello, se quiere tomar como parámetro la jornada que se realiza en el sector público, deberán de valorarse de forma individualizada todas las tareas que se realizan desde que entra un asunto en un juzgado o tribunal, hasta que se archiva, rechazando por tanto, la forma de cálculo que se realiza en el estudio que es objeto del informe.

Tercera.

Se desconoce el entorno en relación al número de jueces, así como las resoluciones de los organismos internacionales en la materia.

Debe de tenerse en cuenta, el dictamen del Consejo de Europa para 2007, en el que se expresa que, la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes es, en el Reino de España, de 10,1 ―en algunos casos como Madrid, no llega―, mientras que en Europa la media es de 19,8 por cada cien mil habitantes. El informe del Consejo de Europa del año 2008 (Comisión para la eficiencia de la Justicia), con referencia a datos del año 2006, nos sitúa en el puesto número 38, sobre 47 países, en relación con el número de jueces por cada cien mil habitantes.

El artículo 1.6 de la Carta Europea de los jueces (1998) establece que los gobiernos deben dotar a los jueces de medios para poder dar respuesta en plazo razonable. Con nuestra ratio (puesto 38 sobre 47 países, según informe del años 2008), resulta imposible dar una respuesta en tiempo razonable. Desde luego, lo que no puede pretenderse es cuadrar los números mediante el establecimiento de una carga de trabajo inasumible , realizando las medianas estadísticas del año 2007, ya que suponen un agravamiento en el carga de trabajo, incluso en relación con el módulo del año 2003, que fue anulado por el Tribunal Supremo.

Igualmente debe destacarse la declaración de SINGHVI en su artículo 33 que expresa que el Estado deberá proveer de recursos adecuados con objeto de permitir que la Justicia se administre en debida forma, con incremento de medios materiales adecuados para el mantenimiento de la independencia Judicial y de la eficacia, así como presupuestos para su funcionamiento.

Cuarta.

El modelo adolece de indefinición que genera indefensión

El modelo que se nos presenta adolece de una indefinición de carácter general, que genera indefensión a los jueces y magistrados, ya que resulta imposible determinar con carácter general en cualquier orden jurisdiccional, el número de asuntos máximo que debe entrar en un año para superar la carga de trabajo máxima razonable. Este es un dato de vital importancia a la hora de poder planificar la planta judicial; dato absolutamente necesario para limitar el número de asuntos que, con carácter general, deben ingresar en un juzgado o tribunal. A partir de dicho número, que sí se encontraba cuantificado en el módulo del año 2003 y en el estudio de la empresa Steria Norman & Broders, por lo órganos competentes, en esto caso el Ministerio de Justicia, se debe proceder a la creación de nuevos órganos jurisdiccionales.

Con este estudio que se nos presenta para informe, resulta imposible determinar el número de asuntos de entrada necesarios para la realización de esas hipotéticas 1.404 horas anuales netas, ya que se trata, ni más ni menos, que de las variaciones de X elementos tomados dos a dos, y la resultante puede ser elevadísima, ya que, en cada orden jurisdiccional existen no menos de diez o doce grupos distintos de materias. De ahí que la variación de uno solo de los elementos que se expresan en el Estudio de ese “hipotético” e irreal juzgado o tribunal, hace que se descompense todo el sistema y por tanto, se desconozca qué número de asuntos debe resolverse y qué número de asuntos debe ingresar cada juzgado. Así resulta completamente imposible realizar una programación y un cómputo que se ajuste a lo pretendido por el Estudio, porque, dependiendo de múltiples variables, los resultados serán distintos, incluso dentro del mismo orden jurisdiccional.

Rechazamos por tanto, el estudio realizado, en tanto que genera indefensión, imposibilitando conocer de antemano la posibilidad de incremento de planta judicial, el número de asuntos que deben ingresar en cada juzgado y, por ende, el número de señalamientos que deben realizarse con carácter anual, dato éste que con el estudio, se conocerá una vez finalizado el año en curso.

Quinta.

Lo que deberían ser los módulos de entrada o la carga máxima de trabajo razonable anual de los juzgados y tribunales del Reino de España

POR TODO LO DICHO, UNA CARGA DE TRABAJO RACIONAL Y RAZONABLE DEBE SITUARSE EN 4 PONENCIAS SEMANALES POR MAGISTRADO, LO CUAL SIGNIFICARÍAN 640 PONENCIAS ANUALES PARA SALAS DE CUATRO MAGISTRADOS Y 480 PONENCIAS ANUALES PARA SALAS DE TRES MAGISTRADOS, CIFRA QUE NUNCA DEBERÍA SER REBASADA.

Madrid, 17 de abril del año 2009

ASOCIACION FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE