26/03/2009

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO DEL CGPJ POR EL QUE SE REGULA LA PROVISION DE PLAZAS DE NOMBRAMIENTO DISCRECIONAL EN LOS ORGANOS JUDICIALES

El hecho de que este Reglamento constituya “Uno de los primeros objetivos que se fijó el Consejo General del Poder Judicial al comienzo de su actual mandato”, según reza literalmente en su parte expositiva, pone de relieve que el sistema seguido hasta la fecha para la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales ha sido, cuanto menos, perverso (siendo prueba inequívoca de ello la reciente jurisprudencia recaída al respecto). Entendemos que igualmente supone un reconocimiento implícito de lo sostenido por esta asociación desde su fundación de que dichos nombramientos no se han caracterizado precisamente por su transparencia, ni por la interdicción de la arbitrariedad, ni por el respeto al derecho al acceso en condiciones de igualdad, sino que se han basado en criterios oscuros, sospechosos en muchos casos de responder a motivos, intereses y opiniones personales de quienes tenían la responsabilidad de hacer el nombramiento, y no a razones objetivas de mérito y capacidad.

Es loable desde luego que se pretenda cambiar esta situación en cuanto que ello contribuirá de forma importante a conseguir una justicia realmente independiente, sin la cual no puede hablarse de Estado Democrático de Derecho, y se adecuará nuestro sistema a las líneas que al respecto marca el Consejo de Europa y otros organismos internacionales en esta materia, pero, como se examinará a continuación, de mantenerse la redacción contenida en el Proyecto de Reglamento, poco o nada se habrá avanzado en esa pretendida igualdad y transparencia, más allá de una mera mejora estética.

1.- Ámbito de aplicación.

En cuanto al ámbito de aplicación de la reforma, recogido en los artículos 1 y 2, se limita a las plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales, pero olvida la existencia de otros nombramientos de carácter discrecional no referidos a órganos judiciales pero que tienen una relación directa con la Administración de Justicia, como es el caso de Director de la Escuela Judicial, pudiendo hacerse similares consideraciones con respecto a los mismos sobre la necesidad de regular sus nombramientos.

2.- Méritos.

Señala el artículo 5 que en las plazas de carácter jurisdiccional reservadas a los miembros de la Carrera Judicial se valorarán entre, otros méritos, “d) Las resoluciones jurisdiccionales de especial relevancia jurídica, dictadas por el solicitante durante su trayectoria profesional en Juzgados o en calidad de ponente en órganos judiciales colegiados”.

No establece ni siquiera indiciariamente el proyecto qué debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales de especial relevancia jurídica, ni cuales son los parámetros a los que ha de atenderse para que una resolución merezca tal calificación (la materia, su transcendencia mediática, etc.). Parece que esta cuestión queda al arbitrio del solicitante a la vista de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, que además sólo tiene que presentar un resumen de su contenido y de los fundamentos jurídicos que se consideren relevantes.

Igual imprecisón cabe achacar el artícuo 6 cuando para la valoración de los juristas de reconocido prestigio se refiere a otros méritos reveladores en la especialización en la respectiva rama jurídica… Debería establecerse una regulación más específica de ambas cuestiones.

3.- Valoración de méritos,

En el artículo 7 (Méritos comunes), apartado 2, se emplea el tiempo verbal “podrán” referidos a determinados méritos: participación en órganos de gobierno del Poder Judicial y programa de actuación para el desempeño de la plaza solicitada.

En cuanto a lo primero, haber participado en órganos de gobierno, siempre debería ser considerado como un factor de experiencia profesional.

Con relación a lo segundo (programa de actuación), parece lo más lógico que quien pretenda optar a una de las plazas, explique su programa de actuación, resultando incoherente que ello sólo se prevea como una mera posibilidad.

Ahora bien, la principal crítica que merece esta disposición es que al utilizar la palabra “podrán” queda abierta la posibilidad de que los requisitos que se exijan se acomoden a un candidato concreto (si es conveniente, se computará como mérito; si no lo es, no), con lo que ello supone de vulnerar, una vez más, los principios que quieren inspirar la norma (interdicción de la arbitrariedad; igualdad; transparencia).

Este empleo del término “podrán” se sucede a lo largo del Proyecto (artículos 8, 9, 10 …). Es más coherente con el espíritu de la norma que tales méritos siempre debieran ser tenidos en cuenta igual que se hace con el conocimiento de la lengua cooficial y Derecho propio en las CCAA en que existen (ver por ejemplo artículo 11,2º).

4.- Convocatorias.

Créemos que debería fijarse un plazo para iniciar el procedimiento de convocatoria, evitando situaciones de vacantes que se prolongan en el tiempo.

El artículo 12,4º, al referirse a la determinación por la convocatoria de los requisitos exigidos para la plaza anunciada, señala que “En todo caso los méritos se formularán de forma abstracta, con el efecto de permitir la concurrencia de aspirantes en condiciones de igualdad”.

Realmente no se entiende que algo abstracto permita la igualdad: cuanto más clara sea la convocatoria, mejor conocimiento de los requisitos necesarios tendrán los aspirantes a la plaza. Por desgracia, y dada la dilatada experiencia acumulada, abstracción no es sinónimo de igualdad sino de todo lo contrario.

5.-Procedimiento ante la Comisión de Calificación.

En el artículo 16,1º se establece que para la adecuada formación de criterios de calificación de los miembros de la Carrera Judicial aspirantes a plazas de nombramiento discrecional, la Comisión de Calificación podrá recabar información de los órganos técnicos del Consejo y de los distintos órganos del Poder Judicial, en particular, de las Salas de Gobierno. Nuevamente se acude al término “podrá” cuando lo lógico es que el Consejo exija siempre y de forma obligatoria, como mínimo, un informe del servicio de inspección acerca de la forma en que el candidato ha desempeñado sus funciones judiciales en los distintos órganos en los que ha estado destinado conforme a los datos que obren en su poder, y sobre la existencia o inexistencia de sanciones disciplinarias. También parece recomendable tener un informe de la Sala de Gobierno de su último destino, o de los destinos que haya tenido en un determinado número de años o en toda la carrera, sin perjuicio de recabar informes de otros órganos técnicos cuando los datos que suministren las inspección y las Salas de Gobierno lo hagan preciso. No parece razonable que en unos casos se pidan estos informes y en otros no a discreción del Consejo, pues ello podría conducir a un trato discriminatorio de los candidatos.

El artículo 16,3º prevé que la Comisión de Calificación “podrá convocar a todos los solicitantes no excluidos a una comparecencia”. La crística vuelve a incider en el término “podrá”, cuando lo coherente es que obligatoriamente los convoque a fin de examinar si no sólo concurren en los aspirantes los requisitos exigidos en la convocatoria, sino si son idóneos para la plaza a la que aspiran.

Conclusión.

La actual redacción del Proyecto de Reglamento no soluciona de forma satisfactoria los problemas que trata de abordar, no garantizando su artículado la eliminación de la arbitrariedad en el nombramiento de cargos discrecionales. Más bien al contrario parece que se trata de dar cobertura normativa al sistema hasta ahora vigente.