25.02.2009

INTERVENCIÓN de foro judicial Independiente ANTE LA COMISIÓN DE JUSTICIA del CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El objeto de mi comparecencia en representación del Foro Judicial Independiente es informar sobre las razones del documento reivindicativo elaborado por las cuatro asociaciones judiciales el día 12 de enero de 2009, dado que esta es la petición de la que se me ha dado traslado.

Ante todo debo decir que dicho documento es fruto del consenso de las cuatro asociaciones y como tal supone un simplificación de las reivindicaciones que cada asociación mantiene, además de eliminarse aquellas sobre las que no existía un acuerdo claro.

Por otra parte el citado documento es fruto del trabajo individual y conjunto de las asociaciones desde hace varios años. En lo que hace referencia al Foro es el resultado de la postura reivindicativa que llevó a su creación en el año 2.002, fecha en la que ya había un importante malestar entre los jueces por el progresivo deterioro de la justicia, su politización y la consecuente reducción de la independencia judicial. En esa ocasión la gota que colmó el vaso fue la aprobación de la Ley de Retribuciones que lejos de cumplir las expectativas de reforzar la independencia judicial en el aspecto económico, consagró su dependencia del Poder Ejecutivo en esta importante faceta e introdujo un concepto de productividad cuyos efectos perniciosos no han hecho sino empeorar la situación de la justicia desde entonces.

Ya en el primer congreso del Foro, celebrado en Zaragoza en 2004, se exponían las preocupaciones profesionales por el Estatuto del Juez como garantía de su independencia, muy particularmente en materia de reivindicaciones de acción social y ya entonces partíamos, conforme a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo al respecto, de la doble condición de los jueces de, empleados públicos, sometidos a un determinado estatuto profesional, y depositarios del poder judicial en los términos que establece el artículo 117 de la Constitución.

La primera vez que las cuatro asociaciones trabajaron juntas fue precisamente para redactar un DOCUMENTO CONJUNTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL AL JUEZ, elaborado en el año 2.006 y entregado al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, muy poca de cuyas recomendaciones han sido llevadas a cabo desde entonces.

Dado el éxito de esta colaboración conjunta, se decide ampliarla a otras materias y entre febrero y marzo se constituye la COMISIÓN INTERASOCIATIVA PERMANENTE con la finalidad de coordinar a las cuatro asociaciones que la constituyen en aquéllas materias en las que exista acuerdo, y más concretamente, en materia de modelo de valoración de la actividad de Jueces y Magistrados, cuestiones retributivas de diversa índole y el grave problema de las sustituciones.

Fruto de esa colaboración es también el I CONGRESO IBÉRICO DEL PODER JUDICIAL organizado por las cuatro asociaciones españolas y la asociación única de Jueces portugueses. En dicho congreso, que tuvo lugar en Lisboa el día 25 de enero de 2.008, se aprobaron por los cinco intervinientes VEINTE PRINCIPIOS CUYO RESPETO SE CONSIDERABA IMPRESCINDIBLE PARA QUE PUDIERA HABLARSE DE UN VERDADERO PODER JUDICIAL INDEPENDENTE, y un documento, la CARTA MAGNA DEL PODER JUDICIAL, redactada por el Juiz desembargador D. Orlando Afonso, vicepresidente del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE), que pretendía ser una base o guía para una futura nueva LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. Tales documentos, por otra parte toman como fuente la doctrina del CONSEJO DE EUROPA sobre los presupuestos para un Poder Judicial independiente y eficaz. A dicho Congreso asistió un representante del Ministerio de Justicia sin que hasta el momento tales propuestas hayan obtenido respuesta alguna

Entrando en lo que, desde el punto de vista del Foro, son los aspectos más relevantes del documento reivindicativo, podemos concretarlos en los siguientes puntos:

A) El principal problema que presenta la justicia española es una preocupante carencia de jueces. Mientras que este problema no se resuelva no será posible poner fin al atasco judicial ya que este, en su mayor parte, se encuentra en la celebración de juicios y, en general, actuaciones que requieren intervención del Juez y dictado de sentencias.

Ni el Consejo ni el Ministerio de Justicia nos han sabido concretar cuantos Jueces serían necesarios en España. Nosotros consideramos que determinar esta cifra y poner en marcha los mecanismos para suplir esta carencia es algo urgente. Para realizar esta determinación ciertamente sería necesario determinar la carga de trabajo razonable que puede y debe soportar cada Juez y la estructura de la carrera judicial, cuestiones estas que también reclamamos. Una mejora de esta estructura, actualmente basada en esquemas decimonónicos, podría hacer conseguir mejores resultados con menos Jueces. Pero aún con estas mejoras, calculamos que harían falta el doble de jueces como mínimo de los actualmente existentes. Nos basamos para ello en la ratio europea media, 20 jueces por 100.000 habitantes frente a la española de 10/100.000. También en la realidad. Cada día actúan 700 jueces interinos, a lo que hay que añadir que en el año 2.004 el sobre esfuerzo de los jueces equivalía a 800 jueces “virtuales”. Por tanto hay ya un déficit de 1.500 jueces solo para mantener la situación actual sin sustitutos y sin sobre esfuerzo de los jueces, lo que lógicamente parece que nos debe llegar a la conclusión de que el número necesario es mucho mayor, dado el evidente peligro de colapso que tiene actualmente la justicia. Al ritmo actual de 150 plazas anuales, que no se cubren todas por un funcionamiento deficiente de las oposiciones, la solución tardaría décadas, si tenemos en cuenta además que esas plazas han de cubrir vacantes provocadas por jubilaciones, fallecimientos y bajas por otros motivos, entre los que últimamente crece por cierto el paso al sector privado.

A todo ello hay que añadir la tendencia a crear nuevos delitos sin hacer previsiones de Jueces para atenderlos. La última reforma sobre infracciones de tráfico, por ejemplo, puede tener como resultado cerca de 50.000 nuevos delitos anuales que van a recaer íntegramente sobre los Jueces penales existentes que ya estan sobrecargados. Ni una sola previsión se ha hecho sobre nuevos Jueces para atenderlos.

Es urgente pues planificar la creación de nuevos Jueces para hacer posible que en un plazo de entre cinco o diez años, como máximo, poder ir resolviendo este problema y ello pasa, repito, por determinar de forma urgente el número de jueces necesarios.

Ello no tendría que ser además necesariamente caro. Si partimos de la base de que la masa salarial de los jueces actualmente es, aproximadamente de 300 millones de euros y que en el año 2.007 se recaudaron por multas judiciales 146 millones de euros, lo que indudablemente subiría si se creasen más jueces y se modernizase la ejecución, a lo que habría que añadir lo que se recauda por tasas, cuya cifra no he podido obtener del Ministerio de Justicia a pesar de solicitarla para esta comparecencia, podríamos afirmar que la Justicia podría ser incluso rentable si funcionase bien, no solo indirectamente, por los beneficios económicos que aporta al sistema un sistema judicial eficaz, sino incluso directamente, por el dinero que recauda.

B) Sobre la base de un número suficiente de jueces se reclaman también mejoras de personal colaborador, mejoras en medios informáticos y en general de los medios materiales sin las cuales no es tampoco posible una justicia moderna y eficaz. En este contexto es donde reclamamos la urgente puesta en funcionamiento de la oficina judicial. Basta dar una vuelta por cualquier sede judicial para comprobar la penuria de medios de todo tipo en que actualmente los jueces debemos desempeñar nuestra labor y la anticuada organización que subsiste en la oficina judicial.

Pero insisto, sin un número suficiente de jueces tales reformas no resolverán por sí solas el problema. Por otra parte so pretexto de esa reforma no se puede privar al Juez del control sobre los medios personales y materiales que necesita para su labor y sobre los asuntos que son de su jurisdicción. Esto es lo que achacamos a la actuales reformas procesales cuyo proyecto ha presentado el Gobierno al Parlamento, en general y muy particularmente, por su gravedad en cuanto retira a los jueces la decisión sobre el señalamiento de sus propios asuntos. Por eso pedimos en su día al Ministerio que no presentase ese proyecto y, el día 26 de enero, que el Gobierno lo retirase.

Solo destacar una cosa, es anómalo atribuir funciones jurisdiccionales o esenciales para el desarrollo independiente de esa función a un funcionario jerárquicamente dependiente del Ministro de Justicia. El uso que se pretende hacer de esas competencias lo pone de manifiesto la Instrucción 3/2009 de la Secretaria General la cual ordena a los Secretarios Judiciales que, durante la pasada huelga judicial, procedan a controlar a los Jueces, función que constitucionalmente solo corresponde al CGPJ. El establecimiento de esas competencias supone en definitiva atribuir el control de una parte del proceso judicial al Poder Ejecutivo, limitando el control de los Jueces sobre el mismo y atacando de este modor aún más directamente si cabe la existencia de un Poder Judicial independiente.

Que el Juez pueda delegar funciones en sus colaboradores más directos es una cosa y que se le quiten simple y llanamente esas funciones es otra. El absurdo despedazamiento del Poder Judicial que ya ha provocado la nefasta doctrina de la “Administración de la Administración de Justicia”, producto de las tensiones entre el concepto unitario de Poder Judicial de la Constitución y el modelo federalista que buscan algunas fuerzas políticas, se vería aún más agravado si se divide artificialmente lo que es propiamente objeto de la Administración de Justicia. Este despedazamiento no tiene parangón en ningún otro servicio que preste el Estado, siendo por el contrario regla general que quien tiene las competencias tenga también los medios materiales y que quien tiene la responsabilidad de tomar las decisiones, tenga el control absoluto del proceso para llegar a ellas. Nadie comprendería, por ejemplo, que el Secretario de Estado de un Ministro de Justicia tuviera atribuidas por Ley competencias autónomas o independientes de las del propio Ministro. Éste indudablemente puede delegar, y delega, pero controlando el ejercicio de la delegación que puede supervisar e incluso recuperar en cualquier momento.

C) En materia de retribuciones las asociaciones hemos aceptado aplazar nuestras reivindicaciones en materia de subida salarial. Sin embargo sí mantenemos que se lleven a cargo las reformas necesarias para que pueda tener lugar esa rectificación en cuanto sea posible.

En particular mantenemos la petición de una nueva Ley de Retribuciones que acabe con el denostado sistema de la productividad y que modernice la estructura salarial de los jueces, y sobre todo mantenemos la petición de la mejora inmediata de algunos conceptos cuya situación es inadmisible. Lo es, por ejemplo, que un Juez en un Juzgado único por una guardia de disponibilidad de siete días cobre 54,12 € y que no se sepa a cuanto se paga la hora de guardia que oscila de 7,73 € por día a 108 € por día, pasando por muchas otras cifras, según el órgano judicial.

Otro apartado en el que es urgente la mejora inmediata de retribuciones son las sustituciones. Las sustituciones por los propios Jueces serán inevitables mientras no se adecue la planta judicial y se puedan crear jueces que tengan la exclusiva finalidad de cubrir vacantes (lo que hemos denominado “jueces volantes”). Para terminar con la justicia interina, que supone una seria merma en la garantía de la independencia judicial, o al menos para disminuir su necesidad es imprescindible que en este período transitorio se paguen dignamente las sustituciones por los propios Jueces titulares. La norma que actualmente la regula es impresentable, en cuanto que se retribuyen las sustituciones solo cuando son superiores a diez días con entre 400 y 600 euros mensuales, supeditándose una retribución suplementaria de 1.600 euros mensuales a que se supere en un 100% el módulo de trabajo. Es decir, solo entra en juego ese suplemente si se trabajan catorce horas al día. Fácilmente puede deducirse que el valor de la hora extra de un Juez es inferior al cualquier otra profesión.

C) En materia de acción social lo que reivindicamos simple y llanamente es que se lleven a efecto el DOCUMENTO CONJUNTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL JUEZ ELABORADO POR LAS CUATRO ASOCIACIONES JUDICIALES EN EL AÑO 2.006, la mayor parte de las cuales todavía no se ha llevado a efecto.

Destaca especialmente el problema del TRASLADO FORZOSO POR ASCENSO, medida innecesaria que distorsiona notablemente la vida familiar y profesional de los Jueces.

Junto a estas peticiones el Foro propone reformas en materia disciplinaria que aporten mayor seguridad y certeza jurídica al régimen disciplinario, y reformas en materia de responsabilidad civil y penal que adecuen el régimen de los Jueces a los que es ya normal en la función pública y en el resto de Europa.

Además consideramos precisa una nueva LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL que abandone esquemas y estructuras del siglo XIX y desarrolle en profundidad el Poder Judicial diseñado por nuestra Constitución. Particularmente importante nos parece al respecto el que los 12 vocales judiciales del Consejo sean elegidos directa por todos los Jueces mediante listas abiertas y un sistema proporcional que refleje la pluralidad de la carrera judicial y el conceder autonomía presupuestaria al Consejo que debería alcanzar, como mínimo, a las retribuciones de los Jueces, acabando con la irregular situación de que éstos dependan económicamente del Poder Ejecutivo, contraviniendo en este punto las recomendaciones del Consejo de Europa, pero que también debería abarcar el proveer los medios necesarios para administrar justicia.

No quiero terminar sin manifestar el deseo de que encuentros de esta naturaleza tengan lugar con más frecuencia en el futuro. Como ya expresé en mi anterior comparecencia con ocasión de ser consultado el Foro sobre la elección de vocales al Consejo, las relaciones entre el Poder Legislativo y el Judicial deberían ser directas y no mediatizadas por el Poder Ejecutivo. Creemos que sería una buena idea una comparecencia anual, quizá tras el inicio del año judicial, en la que el Presidente del Supremo expusiera los problemas y necesidades de Justicia a quienes deben aprobar los presupuestos necesarios y legislar al respecto. Y desde luego, las asociaciones que representamos a los Jueces deberíamos ser oídas con más frecuencia en relación con dichos temas.

Madrid, a 25 de febrero de 2009.