17/02/2009

COMUNICADO DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS A LA CIUDADANÍA.

Los jueces y magistrados individualmente y a través de todas las asociaciones judiciales, juntas y reuniones de jueces y magistrados, salas de gobierno y decanatos, hemos venido reclamando a los poderes públicos, de manera reiterada y desde hace ya muchos años, que se realicen las inversiones que son necesarias en medios humanos y materiales, y acometer la definitiva modernización de la misma, que permita ofrecer a los ciudadanos una justicia moderna y de calidad como la sociedad española en estos momentos necesita.

Esas justas reclamaciones no han sido atendidas por los poderes públicos competentes, provocando día a día un mayor deterioro de la Administración de Justicia, que dificulta el ejercicio de la función jurisdiccional, encaminada, no lo olvidemos, a garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos.

En definitiva, pedimos que la Justicia deje de ser la gran olvidada de la democracia y para ello planteamos las siguientes reivindicaciones:

1º.- Efectiva y urgente instauración de la nueva oficina judicial, con delimitación precisa de las funciones y las responsabilidades dentro del ámbito de la Administración de Justicia.

2º.- Inmediata modificación del proyecto de ley que regula la nueva oficina judicial en el sentido de conservar la competencia exclusiva de los Jueces y Magistrados para señalar los juicios y vistas, como medio para garantizar su efectiva independencia a la hora de desarrollar la función que tienen encomendada

3º- Plena incorporación a los Juzgados de las nuevas tecnologías: intercomunicación de las bases de datos judiciales, urgente solución de la interconexión informática entre Juzgados de distintas Comunidades, que actualmente son incompatibles, establecimiento de un sistema de alerta en materias especialmente sensibles, digitalización documental, información compartida entre los tribunales, registro informático común, gestión procesal, intercambio de documentos, firma electrónica, transmisión telemática de procedimientos, notificaciones, peticiones de auxilio judicial, etc.

4º- Incremento en un plazo de cinco años de la inversión en la Administración de Justicia de acuerdo con la media europea, pasando del 1 % al 3 % del PIB de media en la UE

5º.- Asegurar la cobertura de las vacantes de duración superior a 6 meses que se produzcan entre funcionarios adscritos a la administración de justicia mediante personal titular, y la cobertura de todas las vacantes de duración superior a 15 días e inferior a 6 meses mediante personal interino que previamente haya recibido formación específica en materia de funcionamiento de la Administración de Justicia.

6º- Revisión en profundidad de la actual planta judicial. Partiendo del nuevo sistema diseñado por el CGPJ debe revisarse en profundidad la actual planta judicial, dirigida a la creación y/o supresión de cuantos órganos judiciales fueren precisos a fin de llevar a cabo una distribución realmente equitativa del trabajo y acomodar la planta judicial a la carga real de trabajo de cada partido en función de la entrada de asuntos.

7º.- Incremento de las plazas judiciales mediante la convocatoria de al menos 250 plazas judiciales anuales durante un periodo de 5 años a través de los sistemas de ingreso en la carrera judicial actualmente existentes .

El éxito de esta medida se complementaría con la radical reforma de la oficina judicial, que no supone necesariamente incrementar el número de órganos judiciales, sino tan solo el número de jueces en cada demarcación, con el mismo número de funcionarios, a través de una organización correcta, buenos servicios comunes y medios informáticos adecuados.

8º.- Sustituciones: Arbitrar un sistema adecuado y eficaz de sustituciones judiciales mediante jueces titulares.

9º – Medidas necesarias para asegurar una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar: inmediata supresión del traslado forzoso por ascenso, supresión de las limitaciones que actualmente padecen las personas en situación de excedencia voluntaria por cuidado de hijos o familiares dependientes, introducción de la reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares dependientes; elaboración del plan de prevención de riesgos laborales y contingencias profesionales; y mejora de las condiciones de jubilación.

10º- Cumplimiento de las previsiones de la ley de retribuciones, sin perjuicio de que en la situación económica actual su materialización se desarrolle cuando la superación de la crisis lo permita.