El Cronista (del Estado Social y Democrático de Derecho)

“LA HUELGA DE LOS JUECES”

Miguel C. Rodríguez-Piñero Royo

Catedrático de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales

Universidad de Huelva

Grupo de Investigación PAI SEJ-322

1.- Presentación: de huelga y jueces

Hasta hace bien poco hablar de huelga de jueces parecía algo descabellado, porque eran éstas dos realidades, los jueces como colectivo y la huelga como fenómeno jurídico, que en nuestra experiencia y en nuestra cultura también jurídicas casaban mal. La reacción ante un trabajo como éste hubiera sido directa e inmediata: “los jueces no tienen derecho de huelga”, dando una respuesta jurídica; “los jueces no hacen huelga”, si la respuesta hubiera sido sociológica. Y ambas eran ciertas; lo que parecía eximirnos de buscar la relación entre ambas afirmaciones, si la había de causa a efecto: los jueces no hacen huelga porque no tienen reconocido el derecho; o no tienen reconocido el derecho porque no hacen huelgas. Lo mismo daba.

En estos últimos meses hemos visto cambiar sustancialmente el escenario. La huelga de los jueces es una realidad a considerar, un suceso cuya realización puede ser inmediata, si las cosas siguen como van. Las Juntas de Extremadura y de Murcia han acordado convocar un paro para el 18 de febrero de 2009; la de Madrid, que a partir del 1 de enero de este año sólo se repartirán asuntos hasta el límite que marquen los módulos fijados por el Poder Judicial, idea a la que se ha sumado, de manera pintoresca en su manifestación, el juez decano de los de Córdoba.

Más aún, muchos piensan que ya hemos vivido una, camuflada como una reunión simultánea de Juntas de Jueces, el 21 de noviembre pasado. La coincidencia de estas reuniones produjo el mismo efecto desorganizador de la actividad productiva que se predica de las huelgas, ya que los trabajadores –jueces en este caso- no desarrollaron su actividad con normalidad, aunque al amparo de una institución sustancialmente diferente, la del autogobierno judicial, ejercitado en este caso con un objetivo reivindicativo.

De una u otra manera la huelga de los jueces es ya una realidad de nuestra justicia y, también, de nuestras relaciones laborales. Porque las hay entre jueces, en tanto trabajadores, y sus organizaciones profesionales, y las administraciones de las que dependen, en su calidad de empleadoras. Los últimos conflictos nos han llamado la atención sobre esta vertiente del mundo judicial, hasta ahora casi ignorado. Y nos obligan a pensar en términos de relaciones laborales a la hora de analizar los conflictos y su manifestación. Esto es lo que intentaré hacer en este estudio.

Aunque hablamos de problemas de la Justicia, el conflicto es de los jueces, que no son el único colectivo profesional de ésta. Si bien se ha generado cierta simpatía en otros cuerpos, más por compartir agravios que objetivos comunes, en el debate público la cuestión se entiende como un conflicto entre éstos y las administraciones responsables en materia de Justicia. Las recientes actuaciones del Consejo General del Poder Judicial reflejan claramente este posicionamiento del colectivo de jueces, que actúa solidariamente frente a otros profesionales como fiscales, abogados o gestores públicos.

Quisiera llamar la atención previamente sobre un par de datos que considero pueden ayudar a centrar esta cuestión. Por un lado, un repaso a la experiencia de otros países nos demuestra si no la cotidianidad, al menos sí la normalidad de los paros de juzgadores. He encontrado noticia de huelgas recientes en Brasil, Colombia, Bolivia, Nicaragua, Chile y El Salvador. Podría pensarse que son países lejanos, con otra cultura y experiencia; pero también las ha habido en Portugal, Italia y Francia, que no lo son. Debemos concluir, por tanto, que la huelga de jueces no es una abominación o entelequia en Estados de Derecho, sino una realidad aceptada y común. Más la regla que la excepción. En cuanto a las reivindicaciones sostenidas, encontramos las puramente laborales con otras relativas a la calidad de la justicia e incluso contra la injerencia del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, la Administración de Justicia ha vivido en España una huelga que, aunque parcial desde un punto de vista geográfico por el juego de las transferencias de las competencias en esta materia, ha tenido un alto seguimiento, una larga duración y unos efectos muy notables en su funcionamiento. Esta huelga, con otros motivos y objetivos, fue un ejemplo claro de conflicto laboral, canalizado a través de la medida de conflicto colectivo por excelencia. Que fueran funcionarios públicos, o que lo desarrollaran un servicio esencial para la comunidad no pareció especialmente grave, porque el Derecho español admite la huelga en estas condiciones; ni siquiera resultó particularmente relevante que ocurriera en el ámbito de la Administración de Justicia. Lo que nos demuestra es que en ésta la huelga es algo normal, intrínseco a un sistema en que son empleados públicos los que prestan el servicio. Quizás lo único destacable de esta huelga era que reflejaba un tipo de conflicto laboral singular, propio de la realidad española: el agravio comparativo entre trabajadores públicos de una misma actividad, pero con distinto empleador. El conflicto surge por el traslado de la competencia, y de la condición de empleador, a las Comunidades Autónomas, que no se hace de manera simultánea, lo que produce la convivencia de diversos estatutos y regímenes económicos en trabajadores hasta hace poco integrantes de un único colectivo, y que siguen desarrollando una misma actividad.

La justicia española vive hoy otro conflicto, diferente sobre todo por sus protagonistas. Al ser éstos jueces y magistrados cambia nuestra percepción y el régimen jurídico que entendemos aplicable. Por eso el nombre de este pequeño trabajo, que es el que me sugirieron la dirección de esta revista parece especialmente acertado. Es un conflicto de los jueces, no de la Justicia ni del conjunto de sus profesionales, aunque a todos afecte. Es esto lo que llama nuestra atención, al tratarse de unas personas a las que consideramos lejanas de este tipo de medidas reivindicativas.

2.- ¿TIENEN DERECHO DE HUELGA LOS JUECES?

Pues bien, en este panorama lo primero que sorprende es que se duda sobre si los jueces tienen o no este derecho. Lo cual no deja de inquietar, teniendo en cuenta que la Constitución lleva vigente treinta años, y estamos hablando de un derecho constitucional; y que no se trata de un colectivo pequeño ni invisible. A pesar de ello, gran parte del debate de las últimas semanas se centra en afirmar o negar la titularidad de la huelga en magistrados y jueces. El Ministro de Justicia dice que no, y que su huelga sería como una de Ministros o del Gobierno en pleno, ya que son un poder del Estado. Otros autores sostienen que la condición de juez supone no ya ostentar, sino ser un Poder del Estado de Derecho, lo que ontológicamente impide ponerse en huelga. La portavoz del Consejo General del Poder Judicial establece que esta huelga no está ni prohibida ni permitida; simplemente no está prevista. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía opina que esta huelga “chirría” (sic); en cambio otros altos cargos de la magistratura han expresado, de una manera algo más técnica, su opinión favorable a este reconocimiento, en cuanto derecho constitucional de los trabajadores, y los jueces lo son; otros, yendo más lejos, afirman que sólo pretenden ejercer un derecho que les corresponde como ciudadanos españoles.

Lo sorprendente es que en ningún lugar de nuestro ordenamiento jurídico se afirma o se niega expresamente este derecho al colectivo que nos ocupa. El que los jueces no se hayan planteado ejercerlo hasta ahora parece que ha retrasado este debate, que se quedó en el limbo de las cuestiones teóricas objeto de atención tan sólo para algunos expertos. Sólo con ocasión de la tramitación del proyecto de Ley de Huelga de 1993 se planteó con más intensidad este reconocimiento, al hilo de una disposición adicional que parecía negar expresamente este derecho a nuestro colectivo. Después, poco más: algo se ha publicado en forma de estudios monográficos; y algo se dice en los estudios generales sobre Derecho Sindical. Pero aparte de ser un debate de poco eco –al menos hasta ahora-, también lo es de poco consenso, sin que se haya detectado una posición dominante o un argumento definitivo y fulminante. Intentaré exponer de forma breve los términos en los que se plantea esta cuestión en la doctrina iuslaboralista, en términos algo más técnicos de los arriba reseñados.

Partimos, como es debido, de la Constitución, de su artículo 28 que otorga de manera expresa –lo que no es frecuente en el panorama comparado- este derecho, afirmando que “se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. Huelga, pues, para los trabajadores. Esta referencia a los “trabajadores” planteó desde un primer momento la duda sobre su aplicación o no a los empleados públicos no laborales, que en una interpretación estricta del precepto quedaban excluidos del mismo. A lo que se sumaba una normativa reguladora de la huelga en ese momento –y todavía- el Real Decreto-Ley 17/1977 que excluía a estos trabajadores públicos de su ámbito de aplicación; el Tribunal Constitucional entendió valida esta exclusión sin entrar si ésta suponía también negarles el derecho a hacer huelga en sí mismo. Aunque hoy parezca absurdo, en esos primeros años de régimen constitucional se dudaba seriamente de que los funcionarios, cualquier funcionario, tuvieran este derecho. No fue hasta la Ley 34/1984 que se dispuso de una primera referencia legal expresa a la huelga de los funcionarios. Hoy el artículo 15.c del Estatuto Básico del Empleado Público reconoce expresamente este derecho, como uno individual ejercido colectivamente; lo que aclara la cuestión para aquéllos incluidos en su ámbito de aplicación, que no para jueces y magistrados, a los que el artículo 4 considera “personal con legislación específica”, y a quienes en consecuencia las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica. Que no existe.

Antes de este reconocimiento expreso se había acudido a diversos argumentos para apoyar la extensión a los funcionarios de este derecho. Por un lado, interpretando en sentido amplio la referencia del artículo 28.2 a los trabajadores, incluyendo a todos quiénes prestan sus servicios bajo dependencia y por una retribución, independientemente de su estatus jurídico. Trabajadores asalariados, claramente, pero también funcionarios y personal estatutario. Esta noción amplia o material de trabajador –frente a la formal que lo restringe a los empleados con un contrato de trabajo- es la común en nuestro Derecho colectivo, y ha sido reconocida por el artículo 1.2 de la Ley Orgánica de la Libertad Sindical, según el cual “a los efectos de esta Ley, se consideran trabajadores tanto aquellos que sean sujetos de una relación laboral como aquellos que lo sean de una relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones Públicas”. Por otro lado, apoyándose en el primer apartado del artículo 28, que les reconoce la libertad sindical, y derivando de ésta el derecho a la huelga.

Y ello porque el apartado 2 del artículo 28 carece de sentido si no se interpreta conjuntamente con el primero, que afirma que “todos tienen derecho a sindicarse libremente. La Ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos…”. La relación entre ambos apartados, y entre los derechos que reconoce cada uno, es de especie a género, pues la huelga, según han señalado nuestros tribunales Constitucional y Supremo, forma parte del contenido esencial de la libertad sindical. De hecho, lo común en las Constituciones es reconocer el derecho de asociación sindical, y de ahí deducir la protección constitucional de la huelga.

Podría pensarse, pues, que nos encontramos ante una redundancia del constituyente. Sin embargo, hay al menos dos datos a considerar: por un lado, el mismo hecho de la separación en preceptos distintos, como si de derechos diferentes, y sometidos a distintas regulaciones, se tratara. De hecho, tenemos Ley de Libertad Sindical, pero no de Huelga. Por otro, cambia la definición de los titulares de uno y otro: “todos”, para la libertad sindical; “los trabajadores”, para la huelga. Estos datos han de tener por fuerza alguna relevancia; y de hecho la han tenido en nuestra jurisprudencia constitucional y ordinaria. Por ejemplo, para entender que se puede tener libertad sindical y no tener derecho de huelga, como se reconoció expresamente para las Fuerzas de Seguridad del Estado no sometidas a disciplina militar. Esta afirmación es trascendente, sobre todo si le damos la vuelta: ¿puede ostentarse derecho de huelga sin ser titular de la libertad sindical?

De esta manera, con el artículo 28 tendríamos funcionarios con derecho a la libertad sindical y a la huelga, lo que incluiría a jueces y magistrados, no excluidos expresamente de ambos. Pero tenemos que considerar una previsión expresa que el mismo texto constitucional hace a este colectivo, en su artículo 127, según el cual “los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La Ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales”. Este precepto, evidentemente, es el que apoya las interpretaciones contrarias a este reconocimiento; el artículo 127, no tan claro como debiera, lo que viene a decir que estos profesionales de la Justicia están excluidos de la libertad sindical. A cambio se les reconoce un derecho de asociación profesional a desarrollar en norma legal. Y si la huelga es un contenido de la libertad sindical, y estos profesionales no la tienen, la consecuencia lógica es que también carecen de aquélla. Al no tener el todo no pueden tener la parte, se viene a decir. Luego los jueces no pueden tener derecho de huelga. Es un silogismo simple y claro.

Otros datos normativos apoyan esta interpretación: los decretos de servicios mínimos que se refieren a la administración de Justicia prevén la actividad que deberán desarrollar otros empleados de ésta, no de jueces y magistrados, lo que da por supuesto que éstos no participarán en los paros; esto es, se prevén huelgas en la Justicia, pero sin los jueces. Y lo mismo ocurre con la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo artículo 496 establece que “los funcionarios tienen los siguientes derechos colectivos, en los términos establecidos por la Constitución y las leyes: (…) d) De huelga, en los términos contenidos en la legislación general del Estado para funcionarios públicos, garantizándose el mantenimiento de los servicios esenciales de la Administración de Justicia”. Posteriormente el artículo 536.16 considera falta disciplinaria muy grave para estos mismos funcionarios “el incumplimiento del deber de atender los servicios esenciales en caso de huelga”. De nuevo se prevé la posibilidad de hacer huelga en este servicio público, pero sin que se incluya a jueces ni a magistrados entre los posibles huelguistas. Ésta es, creo yo, la línea que sigue nuestro ordenamiento en este tema: reconocer expresamente que puede haber paros en la Administración de Justicia, pero dar por supuesto que sus protagonistas principales, jueces y magistrados, no pueden hacerla. Aunque, repito, en ningún lugar se diga.

Otro dato a considerar, más claro pero menos relevante: La Disposición Adicional Primera del Proyecto de Ley de Huelga de 1993, nunca aprobado, afirmaba lo siguiente: “la presente Ley no es de aplicación a los miembros de las Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, ni a los Jueces, Magistrados y Fiscales mientras se hallen en activo, los cuales se regirán por su normativa específica”. Esta disposición fue interpretada como un reconocimiento expreso de la ausencia de este derecho, lo que motivó la reacción de alguna asociación judicial y algún estudio doctrinal en favor del derecho de huelga de los Jueces. Cito literalmente lo que entonces se dijo: “Ante la exclusión expresa de los Jueces y Magistrados del ejercicio del derecho de huelga en el Proyecto de Ley que lo regula, Jueces para la Democracia considera que tal exclusión vulnera un derecho fundamental sin que medie justificación objetiva y razonable”. Ésta fue la interpretación más extendida de este precepto en proyecto, que tampoco era especialmente feliz ni concluyente en su redacción, con ese horror claritudinis que parece afectar a nuestro legislador cuando de la huelga y la libertad sindical se habla. Interpretada literalmente, no dice que no la tengan; lo que dice es que no se les aplicaría la ley –que a la postre no se aplicó a nadie- sino su normativa específica; lo que deja abierta la posibilidad de que huelgas judiciales, aunque sometida a otro régimen. En este sentido el Proyecto de Ley de Huelga no terminaba de aclarar la cosa, al no contener un pronunciamiento expreso e incondicionado en uno u otro sentido.

Quienes entienden vetada esta medida de conflicto para este colectivo encuentran también la justificación de esta prohibición: unos lo hacen en el carácter extraordinario de los jueces como funcionarios públicos, detentadores de un Poder del estado, más cercanos a un oficio público que a un empleo público; y un Poder del Estado no puede parar. Para otros es clara la voluntad del constituyente de asegurar la independencia judicial mediante su alejamiento de los cauces asociativos tradicionales, como los sindicatos, lo que supone también alejarlos de los instrumentos comunes de actuación de éstos, como la huelga. Otros piensan que los poderes atribuidos a los jueces son de tal calado que se les deben prohibir las medidas de conflicto colectivo para evitar que los usen como medida de presión laboral. Para otros, finalmente, es una cuestión de coherencia jurídica: si se les quiso sin sindicatos, forzosamente se les quiso sin huelga. En ningún lugar se dice, además, que la tuvieran.

Esta interpretación es, se puede decir, mayoritaria en los estudios que he manejado. Pero también existe una contraria que cuenta con apoyos importantes y argumentos que me parecen convincentes. Estas posiciones se apoyan en un hecho incontrovertido y contundente: que en ningún caso encontramos una prohibición expresa de este derecho para estos empleados públicos particulares. Estamos hablando de un derecho fundamental, reconocido en términos amplios en el artículo 28.2, y más amplios aún en el 28.1 de la Constitución. De un derecho social, que ha sido históricamente el instrumento fundamental para lograr la igualdad material y el progreso económico y social de los trabajadores. De un elemento consustancial a la constitución del trabajo en el Estado social. Por eso debemos tener cuidado a la hora de interpretar unos preceptos constitucionales y legales, que pueden admitir una lectura más favorable al reconocimiento de este derecho a los jueces.

Frente al argumento de que jueces y magistrados carecen de libertad sindical se oponen otros favorables a su reconocimiento: el artículo 127 dice que no pueden pertenecer a sindicatos mientras se encuentren en activo; no que no tengan libertad sindical. La afiliación constituye un contenido esencial de la libertad sindical, que no la agota; el artículo 28.1 dispone que tienen esta libertad, aunque con posibles peculiaridades establecidas por ley; en este caso, la peculiaridad es no poder afiliarse a sindicatos, y nada más, manteniendo por el contrario el derecho a la acción sindical, lo que incluiría el derecho de huelga.

Frente a las justificaciones de quiénes defienden la exclusión, se dice que la huelga afecta tanto sólo a la relación de servicio de los jueces, a su condición de empleados, y no a la orgánica, su función constitucional de impartir justicia. Quien para no es el Poder Judicial, sino los funcionarios que lo personifican. Como argumento se alega que también los empleados de las Cortes Generales, que personalizan un Poder del Estado, tienen reconocido el derecho de huelga; como también lo tienen, añado yo, los empleados públicos adscritos al Gobierno aunque éste, en palabras del Ministro de Justicia, no pueda ponerse en huelga. No podemos comparar a los jueces con los Ministros o los Diputados, ni jurídica ni profesionalmente. Ni su estatus es similar, ni lo es la relación con el Poder del Estado en el que prestan sus servicios.

Además, nuestro ordenamiento admite sin problemas la huelga en la Administración de Justicia, por lo que ésta podría parar parcialmente como consecuencia de un conflicto laboral; el que presten un servicio esencial no excluye a los jueces de la huelga, sino que nos coloca, como en tantas otras actividades, en el plano de los servicios esenciales para la Comunidad, para lo que nuestro ordenamiento dispone de soluciones mucho menos radicales.

Finalmente, se alega que en los textos internacionales y europeos en materia de derechos fundamentales se hace un amplísimo reconocimiento del derecho de huelga, autónomamente o vinculado al de asociación sindical, sin que por lo general se prevean excepciones para estos particulares trabajadores. El artículo 10 de la Constitución obliga a tener en cuenta este dato a la hora de interpretar el 28.2.

A mí, personalmente, me convencen estos argumentos. En un Estado Social la regla es que los trabajadores, públicos y privados, tengan derecho a hacer la huelga; la excepción, que carezcan de ella. Y no tenemos una base jurídica clara para entender que existe tal excepción. A pesar de sus particularidades, los jueces no dejan de ser unos empleados públicos con problemas laborales y reivindicaciones legítimas; el ejercer la huelga para tratar de imponerlas es coherente con su estatus profesional y con la lógica del sistema democrático de relaciones laborales.

Hablamos, además, de un derecho fundamental, por lo que las regulaciones aplicables, que son oscuras y defectuosas, deben ser interpretadas de la forma más favorable para su ejercicio; lo que en este caso supone extenderla a este colectivo. Me da la impresión de que en estos debates sólo se han tenido en cuenta los derechos de los usuarios de la justicia, seguramente afectados en caso de huelga, pero no los de estos empleados públicos. Cuando existen, como he dicho antes, instrumentos jurídicos para garantizar los de aquéllos sin negar el de huelga a éstos. De hecho, la huelga en este servicio público está normalizada: se prevé, se regulan sus consecuencias y se ejercita.

Creo que las circunstancias han cambiado considerablemente en los treinta años de régimen constitucional que llevamos. El asociacionismo profesional de los jueces se ha vuelto claramente “sindical”, en tanto se ha volcado en reivindicaciones del todo homologables a las de las organizaciones profesionales tradicionales. No son, en este sentido, los jueces diferentes de otros colectivos profesionales, que mezclan reivindicaciones profesionales con propuestas de mejora del servicio que prestan. Iguales que los jueces somos los universitarios, ya que nuestras exigencias y reclamaciones se plantean no en defensa del colectivo, sino de la Universidad –con mayúsculas-. Y para avanzar en la consecución de sus reivindicaciones plantean medidas de conflicto colectivo; esto es lo que hemos estado viendo hasta la fecha. En este contexto, la huelga encaja bien, porque hablamos de trabajadores organizados apoyando sus posturas y demandas con medidas de presión. Parafraseando a algún ilustre magistrado, no me parece que “chirríe”, aunque en general la doctrina iuslaboralista se opone a esta posibilidad, porque entiende que supondría desvincular la huelga de la libertad y de las organizaciones sindicales, su espacio natural. Los preceptos constitucionales deben ser interpretados también de acuerdo con las circunstancias sociales del momento en que se aplican; en estas circunstancias, con precedentes de huelgas en la Justicia y con una laboralización de las relaciones entre los jueces y la Administración, lo coherente es entender que dan amparo a su huelga.

En términos jurídicos, encuentro el amparo del reconocimiento del derecho de huelga en el artículo 28.2 de la Constitución, que se la garantiza a todos los trabajadores; y los jueces lo son. Creo que su exclusión de la libertad sindical no debe interpretarse en un sentido tan amplio como para alcanzar a todos los contenidos y prerrogativas de ésta. Y entiendo que sus asociaciones profesionales, en tanto defensoras de intereses colectivos, deben disponer de instrumentos legítimos de presión para lograr sus reivindicaciones.

En general, los discursos contrarios al derecho de huelga de jueces y magistrados me parecen, debo decirlo, antiguos. Reflejan una concepción negativa de la huelga, en tanto se fija en sus efectos sobre los usuarios del servicio afectado, y no en las ventajas para los trabajadores que la ejercitan. Expresan una concepción autoritaria del empleo público, ya superada en el resto de éste, pero que se pretende mantener para este colectivo concreto. Y, sobre todo, se apoyan en un discurso jurídico que no me parece adecuado cuando se habla de derechos fundamentales en un Estado social y democrático de Derecho: se interpretan las normas para justificar la exclusión del derecho, no para buscar aquella lectura que favorezca su reconocimiento. Porque entiendo que esta lectura cabe, y debe hacerse.

Este debate me recuerda al que tuvimos hará unos veinticinco años sobre la huelga de los funcionarios públicos. Todos pensábamos que era lógico y natural que la tuvieran, pero no se contaba con una base jurídica clara para ella. Pues bien, tribunales y doctrina trabajaron con los materiales disponibles, básicamente el artículo 28 de la Constitución, hasta llegar a justificar y hacer operativo el derecho de huelga para el empleo público, antes de que se llegara a su reconocimiento legal expreso. Creo que en el siglo XXI hablar de huelga en los jueces es tan natural como lo era entonces hacerlo para los demás funcionarios públicos; el esfuerzo debe ser, por tanto, el mismo.

Entonces la falta de reconocimiento expreso no fue argumento para entender negado el derecho; hoy parece que sí lo es. La diferencia de posturas puede estar en las peculiaridades del colectivo afectado; pero puede estar también en las circunstancias concretas en las que nos movemos, en lo que se pretende con la huelga y en sus potenciales efectos, en los problemas afectados y en los protagonistas del conflicto. Seguramente lo que estamos debatiendo es la legalidad y la oportunidad de esta huelga, y no de la huelga de jueces en general. Que es lo primero que deberíamos tener resuelto.

3- OTRAS MEDIDAS DE PRESIÓN COLECTIVA DE LOS JUECES

El conflicto que vive la Justicia ha hecho que en los últimos meses se haya practicado por parte de los jueces españoles una pluralidad de medidas de conflicto, la mayoría bien conocidas en otros ámbitos profesionales, otras propias de éste. Para ser un colectivo que no puede recurrir al conflicto colectivo, lo hace bastante bien, poniendo de manifiesto una imaginación y habilidad estratégica que para sí quisieran otros trabajadores.

Respecto del paro de los jueces, previsto para enero de 2009, ya he expresado mi opinión. Entiendo que es una medida legítima, pero que carece de un marco normativo claro. Esta falta de regulación no supone en ningún caso que esta huelga no pueda llevarse a cabo, ya que disponemos de precedentes de aplicación analógica del Real Decreto 17/1977 a otros colectivos funcionariales, antes de que tuvieran su propia regulación. Los mecanismos de activación, desarrollo y conclusión de la huelga están claros, y podemos importarlos para este conflicto particular sin demasiados problemas. Pero si asumimos que este derecho existe, y que puede ejercitarse por los jueces, podemos encontrarnos con alguna sorpresa. Porque su reconocimiento supone su sumisión al Derecho vigente en esta materia, siquiera en sus principios generales; y esto puede tener consecuencias no previstas sobre el comportamiento actual de los jueces españoles.

Aparte de la huelga prevista lado tenemos una serie de actuaciones que obedecen a unas mismas causas y comparten unos mismos objetivos, aunque presentan una diferencia sustancial respecto de la que acabamos de ver, tanto en su contenido como en cuanto a su régimen jurídico. Nos encontramos, así, con otra medida de conflicto colectivo puesta ya en práctica en diversos territorios, ceñirse a los módulos de productividad fijados por el Consejo General del Poder Judicial. Esto supone reducir considerablemente la productividad del trabajo de los jueces, que dictarán un número menor de pronunciamientos. Y esto se hace también como medida de presión, que produce un daño en el empleador interfiriendo en su normal funcionamiento para forzarle a admitir las propuestas propias. El juez de Córdoba antes señalado ya lo dijo: limitarse al módulo hasta que la cosa reviente en un par de años. Lo que quizás debería llevarnos a plantearnos si lo que está mal fijado es el módulo; si se cumple a rajatabla lleva a la Justicia al desastre; y superarlo es lo normal entre nuestros jueces, a cambio de unos incentivos económicos. A lo mejor tenemos que replantearnos lo uno y lo otro, lo que esperamos que produzca un juez, y cuánto vamos a retribuirle por ello. El argumento de la calidad de los fallos, que sufre si se incrementa su volumen, no parece ser tan determinante cuando se acepta que una mayoría de los jueces trabajen más de lo que se considera ideal.

Pues bien, analizado desde la perspectiva del Derecho del Trabajo, y asumiendo que los jueces sean titulares del derecho de huelga, esta medida podría suponer una huelga de celo o reglamento., una modalidad tradicional de ésta que es muy querida en ciertos colectivos profesionales. Formalmente no se produce huelga alguna, ya que los trabajadores prestan sus servicios; sin embargo, lo hacen de una manera defectuosa, sin satisfacer adecuadamente las necesidades de la empresa; y sin sufrir las consecuencias económicas y contractuales de la huelga. Por eso es una huelga muy eficiente, que desgasta a la empresa sin hacerlo con los trabajadores. Este tipo de huelga no encaja con el modelo legal hoy vigente, ya que según el artículo 7.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, “las huelgas rotatorias, las efectuadas por los trabajadores que presten servicios en sectores estratégicos con la finalidad de interrumpir el proceso productivo, las de celo o reglamento y, en general, cualquier forma de alteración colectiva en el régimen de trabajo distinta a la huelga, se considerarán actos ilícitos o abusivos”. Si entendemos que los jueces pueden ejercitar legalmente la huelga; y si entendemos también, lo que considero discutible, que se trata de una huelga de celo, podríamos concluir afirmando la ilicitud de la medida.

Tenemos también la convocatoria simultánea de Juntas de Jueces, que se planteó como una medida de exteriorización del conflicto y de demostración de la fuerza y cohesión del colectivo. El efecto es similar al de la huelga, paralizar la actividad de todos los juzgados y tribunales, aunque bajo la cobertura de un derecho legítimo, el de autogobierno judicial. Por eso muchos pensamos que la huelga de los jueces ya se ha producido en España. Frente a esta práctica hay que recordar que de acuerdo con el Real Decreto-Ley de Relaciones de Trabajo de 1977, “cualquier forma de alteración colectiva en el régimen de trabajo distinta a la huelga, se considerarán actos ilícitos o abusivos”; también podríamos aplicar aquí otras categorías jurídicas del Derecho Común que desamparan la utilización de derechos legítimos con finalidades distintas a las previstas por el ordenamiento.

Finalmente, el conflicto de los jueces se ha instrumentado a través de medios electrónicos, utilizando como soporte para sus comunicaciones la extranet privada del Consejo General del Poder Judicial. Ha sido el flujo de correos electrónicos y mensajes a través de este soporte lo que ha levantado y mantenido este “movimiento judicial 8 de octubre”, como se le ha venido a llamar. Pues bien, aunque por lo general se acepta este tipo de prácticas, no podemos olvidar que nos encontramos ante una utilización para usos privados de un instrumento tecnológico propiedad de la empresa, en este caso el Consejo General del Poder Judicial, puesto a disposición de sus trabajadores en principio para un uso profesional. Aunque desconozco las condiciones de uso de esta red corporativa, en tanto no formo parte de la misma, creo que se trata de un uso legítimo, legitimado al menos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este tipo de asuntos. Según nuestro Alto Tribunal, la empresa no puede oponerse a que los representantes de los trabajadores utilicen sus medios de comunicación electrónica para comunicarse con sus representados bajo una serie de condiciones, que en este caso se dan: que la comunicación tenga un contenido sindical; que no perturbe el funcionamiento normal de la empresa; y que no suponga costes adicionales para ésta. La base jurídica para reconocer este derecho de acceso sindical a la red corporativa se encontró en el artículo 28.1 de la Constitución, ese del que los jueces están excluidos. A pesar de ello, entiendo plenamente aplicable esta doctrina a este colectivo sobre la base del artículo 127, trasladando a las asociaciones profesionales lo que la jurisprudencia constitucional dice de los sindicatos.

4.- REFLEXIONES FINALES

Para terminar este estudio como corresponde –y como se requiere en una revista como ésta- plantearé algunas modestas conclusiones. Creo que en estos momentos, cuando estamos ante la víspera de la primera huelga judicial abierta y oficial de nuestra historia, debemos plantearnos al menos tres preguntas. La primera es si los jueces y magistrados tienen o no reconocido en nuestro Derecho la huelga; a ésta ya he dado respuesta, espero, y es afirmativa, aunque recordando que son muchas las opiniones contrarias y que carecemos de datos normativos seguros y definitivos.

La segunda pregunta es porqué no se termina de reconocer el derecho de huelga de los jueces. Nuestro ordenamiento jurídico acepta la huelga de la Justicia, pero asume que los jueces no deben hacerla. Por formación –que no deformación- profesional, no considero justificada esta exclusión. Son un poder del Estado, pero también son trabajadores que ejercitan este poder, como otros muchos en el Estado de Derecho. Hay un intento de mantenerlos en una especie de limbo, separados de todo, para asegurar su neutralidad. Cuando vemos que están más organizados y alineados políticamente que cualquier otro colectivo del empleo público. He dicho antes que las posturas contrarias al derecho de huelga de los jueces me parecían antiguas en sus planteamientos; probablemente haya también en todo esto una visión antigua de la judicatura, algo mitificada, alejada de los paradigmas del empleo público, como si fueran miembros de un cuerpo especial por encima de lo que es normal en éste. En cambio yo creo que no podemos dudar de la “laboralización” o incluso de la “proletarización” de los jueces y magistrados en España; y en muchas de las reivindicaciones que plantean encontramos las mismas demandas, necesidades y carencias de las que se quejan otros trabajadores. Para canalizar sus reivindicaciones tienen derecho a los mismos instrumentos que los demás trabajadores; y ello porque estamos en un Estado social, con un sistema democrático de relaciones laborales.

Y la tercera pregunta es si no estaríamos mejor con este derecho reconocido oficialmente que como estamos ahora. La respuesta, al menos a mi juicio, debe ser también afirmativa. Si lo tuvieran tendrían que cumplir unas formalidades y preavisos, respetar servicios mínimos, evitar cierto tipo de huelgas y de reivindicaciones… Paradójicamente, ellos estarían más limitados y la Justicia más amparada. Al menos, todo estaría más claro, lo que cada parte puede hacer y de lo que de ella se espera. Las cosas del Derecho, que cuando no reconoce algo tampoco lo regula; y aunque lo prohíba carece de mecanismos para asegurarse que no se produzca. La tolerancia de hecho se convierte en desregulación de facto, y genera situaciones paradójicas como la explicada arriba: que si a los jueces se les reconoce este derecho en la práctica lo tendrán más limitado que ahora, cuando en teoría se les niega.

Seamos serios: los jueces son trabajadores, y hacen huelgas como todos los demás; siempre hay una primera vez para todo, y demasiado han esperado para utilizar este derecho que todos los demás trabajadores disfrutamos. Debemos pedirles lo mismo que a todos: que lo usen con prudencia y responsabilidad.

No está de más recordar como el propio nombre de la huelga en inglés, el idioma del país que primero la conoció y admitió tal como es hoy, tiene su origen en un colectivo al que tampoco se nos ocurre vincular con los paros para obtener mejoras laborales. En efecto, “strike” fue originalmente un término náutico, que designaba una maniobra en los grandes veleros; usamos la palabra porque los marinos británicos realizaron diversas huelgas, que paralizaron flotas enteras, en los siglos XVIII y XIX. Y las hicieron mediante el “striking”, recogiendo las velas mayores e impidiendo la navegación. Sí, los mismos marinos del látigo en cubierta, a los que se pasaba por debajo de la quilla y se les colgaba de los pulgares. En el medio laboral más duro de la época, el que estaba sometido a mayor disciplina y violencia patronal, los marinos, reclutados por la fuerza y gobernados por la violencia –como se decía entonces- utilizaron un instrumento de lucha colectiva que de acuerdo con el Derecho entonces vigente probablemente les hubiera acarreado, en otras circunstancias, pena de muerte. Si ellos pudieron hacerlo, y dominar los mares durante tres siglos, ¿no podrán nuestros jueces y magistrados, y navegar por los océanos de papeles en los que trabajan?

5.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

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FUENTE: Miguel C. Rodríguez-Piñero Royo

Catedrático de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales

Universidad de Huelva

Grupo de Investigación PAI SEJ-322