12/02/2009

Huelga de jueces y pluralismo informativo.

El número de opiniones que leemos en “El país” en contra del derecho de huelga de los jueces es abrumadoramente mayor que el de quienes sostienen la postura contraria. Pero esto no se debe al hecho de que existan pocas posiciones favorables a esta última tesis (me consta de forma fehaciente que se han dirigido muchas comunicaciones pidiendo que se les dé eco ante la opinión pública), sino a una determinada opción editorial. Una vez que se adopta esa postura, el problema trasvasa el ámbito de la polémica sobre el derecho de huelga para entrar en el del pluralismo informativo, que es una de las señas de identidad de la que pretende hacer gala ese periódico. Así pues, permítanme exponer con la mayor síntesis posible los argumentos puramente jurídicos que entiendo dan réplica a la opinión del Sr. Vivero publicada el 11 de este mes.

Tal opinión se basa en afirmaciones como la siguiente: “La Constitución prohíbe a jueces, magistrados y fiscales en activo cualesquiera actividades políticas y sindicales, negociación colectiva y huelga incluidas. No otra cosa puede significar la prohibición de pertenencia a sindicatos del artículo 127.1 CE. Al fin y al cabo, toda huelga que merezca tal nombre, aunque formalmente no tenga a un sindicato detrás, es desde un punto de vista material una típica actividad sindical”. O esta otra: “Y en una decisión adoptada ese lunes, el Consejo General del Poder Judicial ha optado por considerar que la huelga convocada para el próximo día 18 no tiene cobertura legal”.

Pues bien, respecto a la primera de estas afirmaciones, entiendo que el propio argumento que la sustenta lleva precisamente a la interpretación contraria. Si cierto es que el art. 127.1 CE prohíbe a los miembros de la carrera judicial que pertenezcan a un sindicato, igual de cierto es que las limitaciones de ese artículo acaban ahí, no se extienden al derecho de huelga, precisamente porque la huelga no está mencionada como prohibición. Libertad sindical y huelga constituyen derechos fundamentales diferenciados. El primero se regula en el apartado 1 del art. 28.1 CE; el segundo en el apartado 2. Precisamente en función de esa distinción normativa el Tribunal Constitucional ha mantenido, desde la importante sentencia que revisó la constitucionalidad de la regulación del derecho de huelga laboral (sentencia número 11/81), que en nuestro ordenamiento jurídico son perfectamente posibles tanto las huelgas organizadas, dirigidas y controladas por los sindicatos de trabajadores como las llamadas huelgas espontáneas o sin control sindical. Ergo… si el art. 127.1 CE excluye el derecho de libertad sindical de los jueces, pero no el de huelga, es porque este último no está prohibido constitucionalmente.

En cuanto al alcance que se atribuye a la comunicación del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9/2/07, en ningún punto del mismo se dice que no exista el derecho de huelga de los jueces. Y, para ser justos, como pretendemos sean quienes defienden posturas distintas a quienes sostenemos que existe ese derecho, hemos de reconocer que tampoco el comunicado dice lo contrario. Lo que éste ha expresado literalmente (incluyendo esa literalidad el subrayado que incorpora el texto a continuación transcrito), a raíz de las peticiones dirigidas a ese Órgano a efectos de que fije los servicios mínimos imprescindibles para atender debidamente a los ciudadanos durante el previsto día de huelga judicial, es que “Con independencia de las cuestiones que pudieran suscitarse en relación al reconocimiento del derecho de huelga de jueces y magistrados, lo cierto es que el ejercicio de ese posible derecho carece, en el momento actual, de soporte normativo”. Ergo… se vuelve a diferenciar entre existencia del derecho de huelga de los miembros de la carera judicial, sobre el que no se pronuncia el Consejo, por ser una facultad jurisdiccional (de ahí que diga el texto “con independencia del reconocimiento del derecho”), y límites de las facultades del Consejo para regular los servicios mínimos en caso de huelga judicial, ya que en el momento actual no hay reglas que fijen los parámetros a los que se debe ajustar la determinación de esos servicios mínimos. Esta respuesta podrá parecer o no satisfactoria, pero lo que no se puede es tergiversar y utilizar como argumento de autoridad para negar el derecho de huelga de los jueces.

Una cosa es la polémica sobre si los jueces tienen o no motivos para hacer huelga en este momento y otra muy distinta el que se pretenda ignorar algunos de los argumentos jurídicos que apoyan la existencia de ese derecho fundamental, normalmente ejercido por los jueces de los países democráticos de nuestro entorno sin que nadie cuestione tal posibilidad. La distinción es importante si realmente queremos favorecer el debate serio y ayudar a la opinión pública, algo que es bueno para todos y en lo que, precisamente por eso, todos tenemos legítimo interés.

FUENTE: MARÍA JOSE HERNANDEZ VITORIA