11/02/2009

COMUNICADO EN RELACIÓN CON EL ACUERDO CGPJ 9.02.2009

El FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, en relación con el con el acuerdo adoptado por el Consejo General del Poder Judicial en pleno extraordinario celebrado el día 9 de febrero de 2009, y en orden a la valoración del mismo, quiere realizar las siguientes manifestaciones:

1.- El acuerdo del CGPJ no prohíbe a los Jueces el ejercicio del derecho de huelga. No solamente no aparece tal prohibición en su parte dispositiva sino que en los fundamentos jurídicos expresamente se dice “con independencia de las cuestiones que pudieran suscitarse en relación al reconocimiento del derecho de huelga de jueces y magistrados”. Ello claramente indica que el acuerdo no aborda esta cuestión.

2.- El ejercicio de este derecho no carece de soporte normativo. Está reconocido en la Constitución a todos los ciudadanos (artículo 28-2º). Es la restricción del derecho de huelga, y no su ejercicio, la que necesita cobertura legal.

3.- Los jueces somos plenamente conscientes de que este derecho fundamental, como cualquier otro derecho, no es ilimitado y que el ejercicio del mismo debe hacerse respetando el funcionamiento de los servicios esenciales, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y, en general, el derecho a las demás libertades públicas y derechos fundamentales de los demás.

4.- Precisamente por ello, decidimos comunicar con tiempo suficiente el ejercicio de este derecho al CGPJ, para que en su calidad constitucional de órgano de gobierno de los jueces estableciese esas medidas necesarias para compatibilizar el ejercicio del derecho de huelga de los jueces con el mantenimiento de los servicios esenciales y el respeto a las libertades públicas y derechos fundamentales de los demás. La negativa a fijar esos servicios mínimos, en nuestra opinión, implica una falta de responsabilidad y seriedad de quienes integran hoy ese órgano.

Difícilmente el Consejo puede “liderar” el proceso de modernización de la Administración de Justicia que reclamamos ni velar por su buen fin cuando no afronta decididamente, sino que la elude, una demanda como la ahora suscitada, que afecta sustancialmente los derechos fundamentales de los jueces.

Tenemos la impresión de que con esta resolución el Consejo sólo pretende disuadir a los jueces para que sigan asumiendo “responsablemente” el deterioro de la justicia e ignorando el derecho que tienen los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, mientras sigue supeditado a una política partidista que es una de las causas de la enorme frustración colectiva de la carrera judicial.

5.- A la vista de esta actitud poco responsable a nuestro juicio del CGPJ, y sin perjuicio de que no descartamos recurrir una decisión tan sorprendente dentro del plazo legal del que disponemos, tendremos que ser los propios jueces los que, prosiguiendo la hoja de ruta marcada con la convocatoria de huelga para el día 18 de febrero, hagamos esa delimitación.

El Foro Judicial Independiente garantiza a los ciudadanos que la huelga en ningún caso afectará al funcionamiento de los servicios esenciales ni a sus libertades públicas y derechos fundamentales. Se mantendrán los servicios mínimos esenciales y se evitará la suspensión de aquellas actuaciones judiciales que puedan causar un perjuicio grave o irreparable.

6.- Queremos recordar a los ciudadanos que el propósito de la huelga no es causarles perjuicios, sino, por el contrario, hacer patente a la opinión pública el estado de profundo deterioro en que se encuentra la justicia y el hecho de que, en su mayor parte, ello es responsabilidad de una clase política que no respeta la independencia judicial y se niega a realizar las inversiones precisas para mejorar el servicio público, que difícilmente puede ser mínimamente eficaz cuando de forma generalizada se están señalando juicios a uno o dos años vista.

7.- Por último queremos manifestar nuestra más severa protesta por la actuación de la portavoz del CGPJ al utilizar su cargo para emitir opiniones personales que atribuye al órgano que representa, provocando desinformación en los medios de comunicación y en los ciudadanos a los que ha trasladado la equivocada conclusión de que el CGPJ ha prohibido el ejercicio del derecho de huelga a los jueces.

Desgraciadamente, no es la primera vez que hace algo parecido y, por ello, creemos que está más que justificado pedir, como lo hacemos, su destitución de un cargo que tan deficientemente ha desempeñado.

LA COMISIÓN GESTORA NACIONAL