06/02/2009

COMUNICACIÓN DE CONVOCATORIA DE HUELGA EN LA CARRERA JUDICIAL EL 18 FEBRERO DE 2009.

Al Consejo General del Poder Judicial:

D. Marcelino Sexmero Iglesias, DNI ****, en representación de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), con domicilio a estos efectos en la calle Villanueva 16, 3º A, CP 28001 de Madrid, y D. Benito Raboso del Amo, DNI ****, en representación de la asociación judicial Foro Judicial Independiente (FJI) con domicilio a estos efectos en la calle López de Hoyos 153,1º G, conforme a lo acordado por los órganos de dirección de ambas asociaciones en sus respectivas reuniones de 30 de enero de 2009, EXPONEMOS:

Que mediante el presente escrito comunicamos a dichos organismos que las dos asociaciones judiciales hemos decidido convocar conjuntamente huelga en la Carrera Judicial desde las 00.00 horas hasta las 24.00 horas del día 18 de febrero de 2009.

Esta decisión se ampara en el ejercicio del derecho fundamental de huelga que contempla el art. 28.2º de la Constitución, del que también somos titulares los Jueces y Magistrados, y la presente comunicación se realiza a los efectos previstos en los arts.3.3º y 4º del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo.

El ámbito funcional de esta convocatoria de huelga se extiende a todos los Jueces y Magistrados del territorio nacional, a los que afectan por igual las reivindicaciones que constituyen objeto de la misma.

La legitimación de las asociaciones judiciales para convocar huelga en este ámbito resulta de los dispuesto en el art.127 de la Constitución, que reconoce el derecho de libre asociación profesional de jueces y magistrados; art. 401.2º de la LOPJ que incluye entre los fines de las asociaciones judiciales la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos sus aspectos y la realización de actividades encaminadas al servicio de la Justicia en general; y STC 11/1981, de 8 de abril, de la que se desprende la legitimación de las organizaciones profesionales para convocar huelga en el ámbito territorial y funcional que le es propio.

OBJETIVOS DE LA HUELGA. MOTIVOS DE SU CONVOCATORIA:

De todos son conocidas las graves carencias de medios materiales y personales que sufre la Administración de Justicia.

Los jueces y magistrados individualmente y a través de todas las asociaciones judiciales, hemos venido reclamando a los poderes públicos, de manera reiterada y desde hace ya muchos años, que se realicen las inversiones que sean necesarias en medios humanos y materiales para la definitiva modernización de la administración de justicia que permita ofrecer a los ciudadanos una justicia moderna y de calidad como la sociedad española en estos momentos necesita.

Ante la falta de respuesta efectiva a estas demandas, y en la obligación de cumplir con la responsabilidad que como asociaciones judiciales nos corresponde, nos vemos abocados a convocar la presente huelga para exigir las siguientes reivindicaciones:

1º.- Efectiva y urgente instauración de la nueva oficina judicial, con delimitación precisa de las funciones y las responsabilidades dentro del ámbito de la Administración de Justicia.

2º.- Inmediata modificación del proyecto de ley que regula la nueva oficina judicial en el sentido de conservar la competencia exclusiva de los Jueces y Magistrados para señalar los juicios y vistas, como medio para garantizar su efectiva independencia a la hora de desarrollar la función que tienen encomendada

3º- Plena incorporación a los Juzgados de las nuevas tecnologías: intercomunicación de las bases de datos judiciales, urgente solución de la interconexión informática entre Juzgados de distintas Comunidades, que actualmente son incompatibles, establecimiento de un sistema de alerta en materias especialmente sensibles, digitalización documental, información compartida entre los tribunales, registro informático común, gestión procesal, intercambio de documentos, firma electrónica, transmisión telemática de procedimientos, notificaciones, peticiones de auxilio judicial, etc.

4º- Incremento en un plazo de cinco años de la inversión en la Administración de Justicia de acuerdo con la media europea, pasando del 1 % al 3 % del PIB de media en la UE

5º.- Asegurar la cobertura de las vacantes de duración superior a 6 meses que se produzcan entre funcionarios adscritos a la administración de justicia mediante personal titular, y la cobertura de todas las vacantes de duración superior a 15 días e inferior a 6 meses mediante personal interino que previamente haya recibido formación específica en materia de funcionamiento de la Administración de Justicia.

6º- Revisión en profundidad de la actual planta judicial. Partiendo del nuevo sistema diseñado por el CGPJ debe revisarse en profundidad la actual planta judicial, dirigida a la creación y/o supresión de cuantos órganos judiciales fueren precisos a fin de llevar a cabo una distribución realmente equitativa del trabajo y acomodar la planta judicial a la carga real de trabajo de cada partido en función de la entrada de asuntos.

7º.- Incremento de las plazas judiciales mediante la convocatoria de 250 plazas judiciales anuales durante un periodo de 5 años a través de los sistemas de ingreso en la carrera judicial actualmente existentes

El éxito de esta medida se complementaría con la radical reforma de la oficina judicial, que no supone necesariamente incrementar el número de órganos judiciales, sino tan solo el número de jueces en cada demarcación, con el mismo número de funcionarios, a través de una organización correcta, buenos servicios comunes y medios informáticos adecuados.

8º.- Sustituciones: Arbitrar un sistema adecuado y eficaz de sustituciones judiciales mediante jueces titulares.

9º – Medidas necesarias para asegurar una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar: inmediata supresión del traslado forzoso por ascenso, supresión de las limitaciones que actualmente padecen las personas en situación de excedencia voluntaria por cuidado de hijos o familiares dependientes, introducción de la reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares dependientes; elaboración del plan de prevención de riesgos laborales y contingencias profesionales; y mejora de las condiciones de jubilación.

10º- Cumplimiento de las previsiones de la ley de retribuciones, sin perjuicio de que en la situación económica actual su materialización se desarrolle cuando la superación de la crisis lo permita.

GESTIONES REALIZADAS PARA RESOLVER LAS DIFERENCIAS.

Son innumerables los informes y documentos que desde todas las asociaciones judiciales hemos presentado con tales reclamaciones al Ministerio de Justicia y demás organismos públicos competentes en estas materias, e incontables las numerosas reuniones que hemos mantenido a tal efecto y al objeto de conseguir las reivindicaciones que motivan la convocatoria de esta huelga.

Baste citar, por tratarse de actuaciones conjuntas, las muchas reuniones que hemos mantenido las asociaciones judiciales con el Ministerio de Justicia desde principios del año 2006 tras la constitución de la CIP (Comisión Interasociativa Permanente), las últimas de ellas los pasados 4 de diciembre de 2008 y 26 de enero de 2009.

Pese a tales gestiones ha resultado del todo imposible hasta la fecha conseguir el cumplimiento por parte del Ministerio de Justicia de estas legítimas reclamaciones.

SERVICIOS MÍNIMOS.-

Al afectar esta huelga a un servicio público, deberán fijarse por el CGPJ los servicios mínimos imprescindibles para atender debidamente a los ciudadanos durante el día de la huelga en las siguientes materias:

a) Las actuaciones del servicio de guardia.

b) Las actuaciones en causas con presos o detenidos puestos a disposición judicial.

La celebración de juicios con Tribunal de Jurado.

El resto de actuaciones de cualquier orden jurisdiccional, legalmente calificadas de tramitación preferente o urgente.

La participación de jueces y magistrados en las Juntas electorales.

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE HUELGA:

A los efectos previstos en el art. 5º del RDL 17/1977, de 4 de marzo, el comité de huelga estará integrado por los siguientes miembros:

Sebastián Moralo Gallego. Magistrado de la Sala Social TSJ de Cataluña.

Juan Carlos Toro Alcaide. Magistrado de la sección II Audiencia Provincial de Tenerife.

Luis Sanz Acosta. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Salamanca.

Benito Raboso del Amo. Magistrado del Juzgado de lo Social nº 22 de Madrid.

María del Ilundain Minondo. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 92 de Madrid.

En virtud de todo lo expuesto, solicitamos al Consejo General del Poder Judicial, que teniendo por presentado este escrito lo admitan, y tengan por convocada en forma y plazo legal la huelga que se determina en el contenido del mismo.

Madrid a 6 de febrero de 2009.