04/02/2009

COMUNICADO CONJUNTO AJFV Y FJI SOBRE LA CONVOCATORIA DE HUELGA

A toda la carrera judicial:

Siendo perfectamente conscientes de que estamos viviendo un momento histórico en el seno de la carrera judicial, desde AJFV y FJI hemos intentado mantener la unidad de actuación de las asociaciones judiciales. Así, tras el decepcionante resultado de la reunión celebrada el día 4 de diciembre por las cuatro asociaciones con el Ministerio de Justicia, el siguiente día 5 propusimos desde AJFV y FJI la eventual convocatoria de una huelga en el mes abril para el caso de que no se atendieran antes nuestras legítimas reivindicaciones, lo que reiteramos en la reunión que las asociaciones mantuvimos el 11 de diciembre.

El día 12 de enero tuvo lugar una nueva reunión de todas las asociaciones, en la que se consiguió el histórico acuerdo del que todos tenemos conocimiento y que concedía un voto de confianza a la voluntad negociadora del Gobierno, difiriendo la convocatoria de la huelga del 18 de febrero al 26 de junio.

Aún cuando nuestros asociados habían votado mayoritariamente a favor de convocar huelga para el 18 de febrero, en AJFV y FJI renunciamos a imponer esa fecha a las demás asociaciones en aras a mantener la unidad de actuación.

Pero en la reunión con el Ministro de Justicia del pasado 26 de enero, no sólo no se nos ha ofrecido una respuesta mínimamente satisfactoria, sino que el Ministerio ni tan siquiera se ha presentado con un plan de actuación concreto, específico y detallado en ninguna de las materias que son objeto de nuestras reivindicaciones, ni ha puesto sobre la mesa nada distinto a lo tratado en la anterior reunión del 4 de diciembre.

Esta última reunión del 26 de enero careció realmente de cualquier contenido negociador efectivo y ni siquiera se llegó a fijar una fecha para un nuevo encuentro.

El Ministro se limitó a exponer los planes de actuación del Ministerio en materia de desarrollo de la oficina judicial y de las aplicaciones informáticas; se negó a aceptar nuestra reivindicación sobre la agenda de señalamientos y a incrementar la convocatoria de plazas de jueces en los próximos cinco años; y en materia de protección social ni tan siquiera aportó una sola propuesta, pese a que el documento conjunto de las cuatros asociaciones está presentado en el Ministerio desde el mes de mayo de 2006.

Esta falta de propuestas concretas es aún más grave si se tiene en cuenta que todas las reivindicaciones, absolutamente todas, han sido ya exigidas reiteradamente al Ministerio en los numerosos escritos e informes que le hemos remitido desde todas las asociaciones, y en las muchas reuniones, más de una quincena, que se han mantenido a lo largo de estos tres últimos años a través de la CIP y en todas las cuales se han tratado estas materias.

Las negociaciones sobre estas reivindicaciones no han comenzado el 26 de enero de 2009, sino que llevan ya mucho tiempo abiertas como resultado de las reiteradas exigencias que las asociaciones hemos venido planteando desde hace varios años sin obtener respuesta.

Pese a que las asociaciones judiciales mostramos en esta última reunión nuestra mejor voluntad, aceptando incluso aplazar en el tiempo la revisión de las retribuciones cuya adecuación debería haberse producido por imperativo legal en mayo de 2008, el Ministerio de Justicia no ha presentado ningún plan, propuesta o programa concreto de actuación que pudiere dar cumplimiento a las reivindicaciones.

La cuestión de la agenda de señalamientos podría haber quedado perfectamente resuelta el día 26 de enero si el Ministerio hubiese manifestado una mínima voluntad para acercar posturas, y su rotunda negativa a incrementar de forma importante en los próximos cinco años el número de plazas de jueces es totalmente incomprensible e inaceptable, cuando resulta que en este momento actúan diariamente 700 jueces sustitutos, se producen además unas 50 bajas anuales en la carrera judicial por jubilaciones, excedencias, etc.., y cuando la puesta en marcha de la nueva oficina judicial va a permitir aumentar el número de jueces sin tener que crear nuevas unidades judiciales.

El Ministro afirmó categóricamente que no piensa convocar más de 150 plazas de jueces anualmente, y que de hacerlo en el futuro sería a través de los nuevos sistemas de acceso a la carrera judicial que están estudiando.

Estas dos cuestiones, agenda de señalamientos y un pacto firmado para el incremento del número de jueces en los próximos cinco años, las consideramos absolutamente claves y fáciles de cerrar de manera inmediata, a diferencia del resto de nuestras reivindicaciones que exigen dotaciones presupuestarias, una progresiva implantación en el tiempo y un determinado desarrollo legislativo.

Es por ello inadmisible la radical oposición del Ministerio a estas dos reivindicaciones, lo que evidencia su nula voluntad negociadora y supone para AJFV y FJI una clara demostración de que no tiene ningún sentido esperar hasta el 26 de junio con la excusa de mantener abierto un inexistente proceso de negociación.

Si a esto le añadimos que no se nos ha presentado la más mínima propuesta o estudio relativo a nuestros derechos de protección social para su equiparación a la función pública en materia de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, prevención de riesgos laborales, contingencias profesionales, vacaciones, jubilación, etc…; y que en todo lo demás tampoco se nos ha facilitado un plan concreto con fechas cerradas y un programa de actuación definido con el incremento en próximas anualidades de las partidas presupuestarias destinadas a la mejora de las aplicaciones informáticas, de los medios materiales y desarrollo e implantación de la oficina judicial, la triste conclusión no puede ser otra que la de entender que desde el Ministerio no acaban de comprender la enorme gravedad de la situación en que se encuentra la Administración de Justicia, que solo podrá ser corregida con la implicación de todos los estamentos gubernamentales en la aprobación del plan de inversiones que resulta imprescindible para superar el secular abandono del que ha sido objeto.

En esta tesitura, desde AJFV y FJI consideramos que no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos, engañando a la carrera judicial y a los ciudadanos a los que nos debemos, en la falsa creencia de que estamos ante un proceso abierto de negociación responsable por parte del Ministerio, y debemos por ello adoptar una decisión rotunda y contundente que obligue a tomarse de verdad en serio nuestras reivindicaciones.

El acuerdo alcanzado por las cuatro asociaciones judiciales el pasado 12 de enero supeditaba la convocatoria de la huelga el 26 de junio a la efectiva apertura hasta esa fecha de un verdadero proceso de negociación, real y efectivo, pero la actitud del Ministerio evidencia bien a las claras que no podemos siquiera considerar que exista esta voluntad por su parte. En AJFV y FJI tenemos muy claro que la única finalidad de ese acuerdo era la de negociar efectivamente con el Ministerio de Justicia, que no la de hacer creer a la carrera judicial que se estaba negociando y acogerse a esta excusa para ganar tiempo y eludir la responsabilidad que como asociaciones judiciales nos corresponde en el crucial momento que estamos viviendo.

Estas son las únicas razones que nos han llevado a convocar huelga en la carrera judicial y en todo el ámbito nacional para el 18 de febrero, a las que tendremos que añadir en este momento la anunciada voluntad del Ministro de Justicia de promover una modificación legal para privar a los jueces del derecho de huelga, lo que podría convertir en ineficaz la convocatoria del 26 de junio.

Huelga para la que mantendremos en sus mismos términos las reivindicaciones pactadas por las cuatro asociaciones el 12 de enero, aplazando en el tiempo la relativa a la adecuación de nuestras retribuciones.

Os exponemos a continuación las diferentes medidas e iniciativas que pretendemos llevar a efecto:

1º) La convocatoria de huelga de 24 horas para el día 18 de febrero.

2º) Para el día 18 de abril, sábado, comparecencia colectiva en ejercicio del derecho de petición ante el Ministerio de Justicia para presentar las reivindicaciones pendientes de cumplimiento.

3º) Mantener la convocatoria de la huelga anunciada para el 26 de junio.

4º) A partir del 19 de febrero, la constitución de comisiones de gestión en las CCAA con competencias transferidas para plantear ante las mismas las reivindicaciones de su competencia. Comisiones de las que formarían parte una representación de los decanos de cada territorio, junto con los de las asociaciones.

5º) Solicitar una reunión con el Presidente del Gobierno; del CGPJ y de las CCAA con competencias transferidas, para trasladarles todas nuestras reivindicaciones y pedirles su implicación en la resolución de los problemas de la administración de justicia.

Asimismo, solicitamos a todos los partidos políticos con representación parlamentaria que consensuen un Pacto para la Justicia que aborde decididamente los graves problemas que aquejan a la Administración de Justicia y se adopten las medidas necesarias para paliarlos.

6º) Editar folletos y carteles para anunciar la huelga del 18 de febrero y colocarlos en las sedes judiciales a los efectos de información a los usuarios del servicio que impone el art. 4 RDL 17/1977, de 4 de marzo.

7º) Solicitar reuniones con el CGPJ para tratar sobre el sistema de determinación de la carga máxima de trabajo.

8º) Anunciar que el comité de huelga designado por las asociaciones convocantes va a reunirse antes del día 18 de febrero con una representación de los decanos para tratar de todas las cuestiones informativas y de coordinación que sean necesarias. Así como el compromiso de mantener reuniones posteriores para hacer un seguimiento conjunto de la marcha de las reivindicaciones.

9º) Dejar abierta la posibilidad de convocar otras medidas de presión y protesta en función del resultado que ofrezcan las negociaciones.

Presentaremos la convocatoria de huelga ante el CGPJ y el Ministerio de Justicia el viernes 6 de febrero, y al ser de ámbito nacional y tratarse de un derecho fundamental de naturaleza individual, podrán ejercitar el derecho de huelga todos los jueces y magistrados del país, excepto los que resulten afectados por los servicios mínimos que puedan establecerse, con total independencia de que se hubiere o no convocado además en sus respectivos territorios por las juntas y asambleas locales, provinciales o autonómicas.

Nos encontramos ante un momento que va a marcar un antes y un después en la carrera judicial y sólo de nosotros depende que los responsables políticos comprendan la imperiosa necesidad de abordar definitivamente las reformas e inversiones que la administración de justicia necesita. Pedimos a todos los jueces y magistrados su máxima participación en la huelga el 18 de febrero y en las demás medidas que os hemos anunciado.

Madrid a 4 de febrero de 2009.