Publicado en El Mundo (edición de Andalucía) 23/01/2009, página 24

Protesta de jueces “anti-ese-sistema”

Los voceros del Gobierno están «de los nervios» ante las protestas y/o huelgas (18 de febrero y 26 de junio) anunciadas por los jueces para el caso de que no haya una respuesta satisfactoria a sus reivindicaciones (todas ellas, por cierto, dirigidas a “dignificar la función judicial y prestar un mejor servicio a los ciudadanos”). Son muchas las falacias que, con la más burda grosería, se han lanzado con la intención de propagar entre la opinión pública un clima de crispación contra el Poder Judicial. El método empleado: el llamado «principio de la orquestación». Es uno de los 11 principios de la propaganda nazi practicada por Goebbels, que consiste en trasmitir falsas ideas que, repetidas incesantemente, acaban por calar en los ciudadanos como si fueran dogmas incuestionables: «Una mentira mil veces repetida se transforma en una verdad».

Pues bien, una de las indecentes manipulaciones con las que se han despachado ha sido la de tildar el movimiento reivindicativo de los jueces como una «revuelta antisistema», invitando a los ciudadanos a que hagan una contramanifestación el día 18 de febrero (pueden verse las reiteradas declaraciones del Sr. Cuesta, dirigente socialista, a diversos medios de comunicación escrita). Para empezar, si algo no somos los jueces es «antisistema» (en el peyorativo uso que se ha pretendido dar a este término). Tenemos en muy alto concepto el cumplimiento de la ley y la Constitución en un Estado de Derecho, cosa que no pueden decir muchos de nuestros críticos quienes, cuando no bordean la Carta Magna, la incumplen flagrantemente. Claro es que, a lo mejor, si analizamos bien el término «antisistema», puede que tengan algo de razón, siempre que lo maticemos correctamente. Veamos:

1. Si por «sistema» lo que quieren expresar los agitadores del Gobierno es que el Poder Judicial, en vez de aplicar la ley, sea claudicante y sumiso a los caprichos o compromisos del Gobierno, entonces sí somos «anti-ese-sistema», porque pretende destruir el equilibrio entre poderes y atenta contra los derechos más elementales de nuestros conciudadanos (como, por cierto, sucede en algunas pseudodemocracias de América latina que están en la mente de todos).

2. Si por «sistema» lo que se desea es convertir al Consejo General del Poder Judicial en una sucursal de los partidos, con vocales que respondan y actúen diligentemente y sin criterio «a la voz de su amo», entonces sí somos «anti-ese-sistema», porque el máximo órgano de gobierno de los jueces es constitucionalmente independiente.

3. Si por «sistema» lo que pretende el Gobierno es mantener la inabarcable sobrecarga de trabajo que pesa sobre los juzgados, entonces sí somos «anti-ese-sistema», porque supone un gravísimo deterioro del servicio al que tienen derecho nuestros conciudadanos, convirtiendo a los jueces en esclavos de un trabajo desarrollado a destajo.

4. Si por «sistema» lo que quieren nuestros gobernantes es mantener una oficina judicial decimonónica, entonces sí somos «anti-ese-sistema», porque nuestros conciudadanos merecen un servicio de justicia con medios y tecnología de este siglo.

5. Si por «sistema» pretenden culpar a los jueces de todos los males estructurales de la justicia, sólo imputables a la dejación de nuestros gobernantes (estatales y autonómicos), entonces sí somos «anti-ese-sistema», porque supone engañar a nuestros conciudadanos y eludir las responsabilidades que a ellos (a los gobernantes) les incumben.

6. Si por «sistema» pretenden, en fin, dar pasos exclusivamente para cercenar la independencia judicial garantizada por la Constitución (mediante demagógicas reformas del régimen disciplinario, o incorporando “comisarios políticos” en las Salas de Gobierno), entonces sí somos «anti-ese-sistema», porque supone el deterioro de uno de los pilares básicos del Estado de Derecho.

Por lo demás, situados en el escenario de una huelga de jueces (nada descartable), no se deje usted embaucar por los agoreros y pájaros de mal agüero que, siguiendo una partitura orquestada demagógicamente, se ha despachado vaticinando una «huelga salvaje», «sin servicios mínimos» y otras lindezas. Como los jueces somos respetuosos hasta la médula con el ordenamiento jurídico, habría sin la menor duda servicios mínimos. Los detenidos seguirían pasando a disposición judicial, y los asuntos urgentes se despacharían, como sucede habitualmente, por los juzgados de guardia.

Tampoco tiene usted que preocuparse porque se produzca ningún incidente: No vamos a emplear piquetes «coactivos» (huy, perdón, quería decir «informativos», como les llaman algunos); no vamos a cortar calles ni carreteras en manifestación; tampoco vamos a quemar papeleras, contenedores ni neumáticos, ni vamos a destrozar cabinas telefónicas; no vamos a utilizar cócteles «molotov» contra autobuses, ni contra cajeros automáticos, ni contra nada ni nadie; no vamos a provocar algaradas; no vamos a increpar a quienes no quieran comprender que nuestras quejas persiguen nobles objetivos… Sencilla y simplemente pretendemos dignificar el servicio que prestamos a los ciudadanos. Para ello, vamos a poner de una vez por todas las cosas en su sitio y que cada cual asuma sus responsabilidades.

No se deje engañar, mi querido lector, el Gobierno y sus adláteres vociferan engañosamente para asustarle, para ponerle en nuestra contra. El objetivo final es atenazar derechos irrenunciables de los ciudadanos. No estoy exagerando.

Alfredo de Diego Díez es magistrado y miembro de la asociación Foro Judicial Independiente.

FUENTE: Alfredo de Diego Díez