Publicado en El Mundo (Andalucía) el 14/01/2009

Juicios en lista de espera para el 2012

Es posible que usted, amable lector, haya tenido la desagradable experiencia de acudir ante algún juzgado andaluz y comprobar sorprendido que su juicio se ha señalado para el año 2012 (aunque lo mismo podría haberle sucedido en cualquier otro lugar de la geografía española). Es probable que su primera reacción haya sido de incredulidad y más tarde de rabia, desasosiego e impotencia. Inmediatamente habrá pensado: ¡No hay derecho!, ¡la justicia tardía no es justicia! Todo esto es comprensible, pero lo que me preocupa es a quién habrá hecho usted responsable de tal desaguisado. Antes de proseguir, responda mentalmente estas preguntas: ¿Qué pensaría usted si en el Servicio Andaluz de Salud le dieran cita para el especialista dentro de un año? ¿Despotricaría directamente contra el médico y las enfermeras que habrán de atenderle, o pensaría con toda razón que son los responsables políticos quienes no han sabido ganarse su nutrido sueldo procurando una gestión eficaz de la sanidad? No creo que me equivoque si apuesto por esta última opción.

Pues aplique esa misma lógica a la Justicia. Los medios materiales, el personal y la creación de los juzgados y tribunales necesarios para que la Administración de Justicia sea pronta y eficaz están completamente en manos de los gobiernos (ya sea central o autonómico). El Gobierno no crea los juzgados suficientes, miran para otro lado cuando los tribunales están sobrecargados, van siempre a la zaga, inaugurando «mañana» un par de juzgados donde «ayer» hacían falta cuatro. Así, con una carga de trabajo completamente inasumible, por mucho esfuerzo y voluntad que pongamos los jueces, los retrasos judiciales se van acumulando hasta extremos inaceptables. No se deje engañar: Es su derecho a una justicia ágil y de calidad lo que está en juego y lo que reclamamos los jueces.

Hay quien, sin documentarse debidamente, anda haciendo correr por ahí la insidiosa idea de que «los jueces, como todos los funcionarios, son vagos y se limitan a hacer lo mínimo». Nada más lejos de la realidad. Se trabaja muy por encima de lo razonable, superando con muchísima frecuencia los porcentajes de rendimiento por encima del 150% (es decir, trabajando por más de un juez y medio); todo ello a costa de nuestra salud y de la desatención a nuestra vida familiar. Y mientras los juzgados españoles están saturados de trabajo, la ratio de jueces profesionales en España por cada 100.000 habitantes(*) es de 10’1, por debajo de Bosnia-Herzegovina (22,0), Eslovenia (50), Estonia (17’8), Letonia (22’2), Lituania (21’5) o la República Checa (29’1); eso sí, estamos por encima de Azerbayán (5’8), Armenia (5’6) o Georgia (6’2).

Hasta ahora hemos callado, hemos sacrificado nuestro tiempo y el de nuestras familias, por responsabilidad y en la ingenua creencia de que los gobiernos (central y autonómico) iban a dotar a sus ciudadanos de juzgados y tribunales suficientes, con personal preparado y con medios materiales de este siglo. Pero, en realidad, todo este esfuerzo solo ha servido para tapar sus vergüenzas, para retrasar la solución del problema y para que, a la postre y a través de sus voceros mediáticos, acaben responsabilizándonos a los jueces de sus propias faltas e incumplimientos.

Ahora ya sabe usted quién es el verdadero responsable del desaguisado. Sea libre, infórmese bien, y no se deje embaucar por los embustes de quienes, en definitiva, pretenden menoscabar sus derechos como ciudadano. No estoy exagerando. Querido lector, no se equivoque usted: son sus derechos como ciudadano y no los intereses particulares de los jueces (y menos aún el tan cacareado y falso corporativismo), los que están en juego. Usted tiene derecho a que, cuando acude ante un juez, éste oiga atentamente sus argumentos, sin agobios por las prisas de la sobrecarga de trabajo que le atenaza; usted tiene derecho a que el juez examine sus pruebas con el tiempo de estudio que su caso requiere; y tiene usted derecho a que, con sosiego y meditación, el juez resuelva su caso en un plazo razonable con arreglo a la ley. Para ello se requiere que los jueces no estén ahogados de trabajo y presionados para dictar sentencias a destajo. Hora es ya de que lo denunciemos públicamente.

(*) Fuente: Commission européenne pour l’efficacité de la Justice. CEPEJ. Edición de 2008 (datos de 2006).

http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/cepej/Source/Rapport2008final_fr.doc.

La ratio en España, en realidad, es menor aún si tenemos en cuenta la enorme litigiosidad que generan, sobre todo en determinadas jurisdicciones, los extranjeros en situación ilegal o los turistas en algunas zonas costeras; ni unos ni otros están computados como habitantes de derecho.

Alfredo de Diego es magistrado del juzgado de lo contencioso-administrativo número 10 de Sevilla y miembro de la asociación Foro Judicial Independiente.

FUENTE: Alfredo de Diego