ERROR JUDICIAL QUE NO HUMANO

Un gran alivio me invadió al conocer las respuestas del Presidente del Gobierno y Mº de Justicia al acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que confirmó la sanción al juez Tirado.

Ya no debemos preocuparnos por la caótica situación de la justicia española, en la que se señalan juicios a dos años vista, decenas de miles de sentencias están sin ejecutar, que sea un servicio público muy mal valorado y no cumpla eficazmente su función, provocando graves perjuicios a los ciudadanos.

Podemos estar tranquilos, el problema ya esta detectado: el corporativismo de los jueces; y su solución, en marcha: agravar su régimen disciplinario.

La solución es tan sencilla que extraña que a nadie se le haya ocurrido antes; y, además de justa y acertada, es oportuna para los tiempos de crisis económica que padecemos, pues para mejorar la justicia no será necesario realizar inversiones para implantar sistemas informáticos que permitan cruzar datos entre juzgados, ni incrementar las plantillas de funcionarios ni mejorar su capacitación, ni aumentar el número de juzgados y jueces para responder al desmesurado incremento de la litigiosidad, ni construir modernos edificios que permitan racionalizar el trabajo, ni marearse la cabeza aprobando leyes que de una vez simplifiquen nuestros engorrosos procesos y delimiten las confusas competencias de los que intervenimos en ellos; basta con agravar las sanciones a los jueces y, de inmediato, ya no se producirán más retrasos ni disfunciones ni errores.

El presidente del gobierno ha dicho que discrepa abiertamente de la sanción impuesta al juez. Algunos también discrepamos de quienes no respetan principios esenciales para la democracia, como la separación de poderes, y se permiten interferir en la independencia del poder judicial “eligiendo” sin rubor al presidente del CGPJ o presionando públicamente para imponer su criterio en expediente disciplinario competencia del CGPJ, o, desoyendo al Tribunal Constitucional, eligen a los vocales del CGPJ por cuotas de partidos, reproduciendo las tensiones del Parlamento en una institución que debe quedar fuera de ese juego partidistas.

Para expandir la imagen de corporativismo, insinúan que el CGPJ representa a los jueces. Inexacto, en él hay jueces, pero no nos representa. En 1985 se instauró un sistema, reformado en 2001, por el que el Parlamento elige a todos los vocales, y, lógicamente, eligen (salvo raras excepciones) a jueces de las asociaciones que tienen sintonía con PSOE y PP. Así, el CGPJ se convierte en una extensión de la política partidista del Parlamento y margina a la mayoría de jueces, que no comulgamos con este proceder de las asociaciones y del CGPJ.

Si los vocales que han adoptado esa decisión tan criticada han sido elegidos por el Parlamento, ¿por qué los jueces debemos responder como colectivo del funcionamiento de una institución que nosotros no elegimos y en la que la mayoría no estamos representados?.

Curiosamente, el mismo día que se hizo pública la confirmación de la sanción al juez, un tribunal condenó penalmente a otro juez. No se ha oído la menor crítica del colectivo a ese fallo, como tampoco, cada vez que se ha condenado penalmente a alguno (recientemente a jueces de Marbella y Motril) o sancionado disciplinariamente (somos el colectivo más sancionado). Curioso corporativismo. ¿No será que los tribunales de justicia sí son independientes y profesionales, pero el CGPJ, debido a su diseño, funciona con criterios de oportunidad política?.

Con ello pretenden que la opinión pública crea que los jueces protestamos por la sanción impuesta y no por la falta de respeto a la independencia judicial que demuestran continuamente los poderes legislativo y ejecutivo, y también el CGPJ; por el abandono en que tienen sumida a la justicia, que provoca un gravísimo perjuicio a la ciudadanía y un riesgo intolerable para nuestra profesión, que no tenemos por qué soportar, pues ni somos los encargados de la organización de la oficina judicial ni de los funcionarios ni de los medios materiales, ni podemos rechazar el exceso de trabajo que recibimos. Hasta ahora hemos callado por un sentido de la responsabilidad mal entendido, por cobardía, por comodidad, que de todo hay, pero ya se acabó; aunque tarde, muchos hemos decidido denunciar públicamente la situación y apoyar una huelga.

¿Podríamos exigir responsabilidades al médico obligado a operar un numero de pacientes superior al que el protocolo establece, y sin anestesista ni personal auxiliar adecuado, sin medios técnicos eficientes ni higiene en los quirófanos?. ¿O por lo que le ocurriese a los pacientes en lista de espera?.

Pero, si lo que quieren decir con la critica es que no están contentos con la solución adoptada, yo, sinceramente, tampoco, porque no se ha hecho ningún sincero esfuerzo ni para esclarecer lo ocurrido, delimitando las responsabilidades de cada uno de los que tenían competencias, ni tampoco se han adoptado medidas oportunas y necesarias s para evitar que vuelvan a ocurrir disfunciones similares.

Curiosamente, aunque sólo el juez y la secretaria han sido sancionados, las protestas de sus colectivos se tachan de corporativistas y, por el contrario, nada se dice de los demás implicados, que se han autoexculpado: del CGPJ y sus inspectores pese a permitir que el juzgado soportase un volumen de trabajo muy superior al razonable, que su ineficiente inspección no detectara anomalías tan evidentes; De la Junta de Andalucía pese a ofrecer plantillas de funcionarios insuficientes, algunos sin preparación, a facilitar medios informáticos que ni permiten cruzar datos ni detectar las anomalías, y consentir que su abogado, personado en la causa, no realizara control alguno del cumplimiento de la pena. Del M. de Justicia, junto a los anteriores, pese a no crear órganos judiciales suficientes que aliviaran la sobrecarga de trabajo que se soporta. De la Fiscalía, pese a no ejercer debidamente la vigilancia que le encomienda la ley. Y, por último, de los legisladores pese a implantar un sistema de productividad que fomentó que los jueces dictaran muchas sentencias sin preocuparse por comprobar si estas se podían ejecutar (muchos jueces también la asumieron, posponiendo las actividades no productivas, como la ejecución); pese a no regular la nueva oficina judicial ni delimitar las competencias de los que en ella intervienen, e instaurar y preservar, por intereses espurios, un sistema ineficaz en el que tres administraciones (MJU, CCAA y CGPJ) comparten la organización de los juzgados y ninguna responde del mal funcionamiento.

La tragedia merecía una comisión de investigación de profesionales independientes cuyas conclusiones sirviesen para justificar dimisiones, sanciones e inversiones, poner orden en el caos en que está inmersa la justicia, y prevenir que volvieran a reproducirse sucesos tan injustificados, porque, y eso es lo grave, éste no es un caso aislado sino un mal generalizado en muchos juzgados y, sólo la suerte, ha permitido, hasta ahora, que rara vez se produzcan consecuencias tan irreparables.

Pero, olvidémonos de actuar con rigor, es mejor no hacer nada (por si las conclusiones no fuesen de su agrado, como es de prever), y, además, resulta innecesario organizar tanto lío cuando basta con tachar a los jueces de corporativistas, y asunto solucionado: la justicia amanece independiente y a toda vela, aunque siga con juzgados colapsados, y, realmente, nada haya cambiado, y gratis, que no está el país para despilfarros; y, de camino, como quien no quiere la cosa, florece inadvertidamente una coyuntura idónea para conseguir recortar, aún más, la independencia judicial, digo, reformar el régimen disciplinario de los jueces, perdón por el lapsus, o error humano, como definió el Mº del Interior la actuación de sus funcionarios (cuyos nombres desconocemos) que hace poco no detectaron que un interno de permiso mató a su pareja y se quitó la pulsera electrónica, permitiendo que pudiera agredir a otros. Con ministros así, no hace falta ni ser corporativista.

FUENTE: Francisco Gutiérrez López (artículo publicado en el Mundo de Andalucía el 5 de enero de 2009)