30/12/2008

El “caso Tirado”, ¿Corporativismo?

En estos últimos meses, tras el conocido «caso Mari Luz» (o quizás haya que llamarlo ya «caso Tirado»), ha irrumpido en el debate público el tema de la responsabilidad disciplinaria de los jueces. Como miembro de la Comisión Disciplinaria del anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) me correspondió ser ponente en el expediente al juez Tirado. Aquella resolución ha sido ahora confirmada por el actual Pleno por amplia mayoría.

Hay dos aspectos sobre los que me gustaría reflexionar. El primero es poco jurídico y más general: la acusación a los jueces de corporativismo que se ha extendido a raíz de este caso. El segundo, más concreto, aborda el contexto jurídico que rodea esta triste historia. No entraré a valorar las opiniones que desde diversos sectores se han emitido, desde altos responsables políticos hasta el último de los tertulianos radiotelevisivos, que han añadido ruido al asunto.

La acusación de corporativismo (que ahora extienden a los miembros judiciales del nuevo CGPJ aquellos que hace dos meses los tildaron de títeres de los políticos), es sin duda una de las más injustas que se puede hacer al colectivo judicial. Probablemente la opinión pública desconoce que, de todos los empleados del Estado, los jueces son los que tienen un régimen disciplinario más severo, y esta afirmación no es producto a su vez de una visión corporativista, sino que está basada en datos objetivos.

En ningún cuerpo de la administración se incoa un mayor número de expedientes ni se imponen tantas sanciones disciplinarias, ni de tanta gravedad, como en el ámbito judicial. En los últimos años, sobre un total de unos 4.400 jueces, el CGPJ ha tramitado una media anual de unos 50 expedientes disciplinarios, de los que terminan con sanción entre 25 y 30 aproximadamente.

Ésta quizás no sea la percepción de la sociedad. Así lo refleja Alejandro Nieto en su libro «El desgobierno judicial» que cita el Libro Blanco de la Justicia de 1997, donde se dice textualmente que «la sociedad percibe una cierta sensación de no existencia de responsabilidades de jueces y magistrados. Se suele decir que sólo cuando un caso concreto es esencialmente grave y aparece en los medios de comunicación social es cuando operan los sistemas de control y de exigencia de responsabilidades».

La realidad de los datos

Sin embargo, la realidad es muy distinta a la percepción de la sociedad. Se podrá decir que 50 expedientes al año son muchos o pocos en relación con el número total de jueces; pero basta la comparación con los expedientes abiertos en otros cuerpos de la Administración para confirmar que la acusación de corporativismo es infundada.

Si comparamos estas cifras, por ejemplo, con los expedientes disciplinarios incoados por el Fiscal General a los miembros del Ministerio Fiscal, resulta que en 2006 ningún fiscal fue objeto de expediente disciplinario y tan sólo se abrió un expediente en el año 2005. De manera parecida sucede con otro de los cuerpos de la Administración de Justicia, los secretarios judiciales, cuya exigencia de responsabilidad disciplinaria compete, por cierto, al ministro de Justicia. En este colectivo, muy similar en número al de jueces, se incoaron 9 expedientes en 2006, de los cuales 3 acabaron con sanción, y 7 en 2007, con resultado de 2 sanciones. Así, se podrían aportar datos de otros cuerpos de la Administración como notarios, registradores o abogados del Estado.

Responsabilidad de los médicos

Lógicamente se puede argumentar que no es comparable la mayor exigencia que la función judicial impone, si se compara con la de fiscales, secretarios u otros cuerpos de la Administración y que, por tanto, está justificado que siendo las decisiones de los jueces más trascendentes para la libertad y bienes de las personas se les exija una mayor responsabilidad. Entonces hagamos la comparación con otro cuerpo de empleados públicos con una responsabilidad incluso superior a la de los jueces: los médicos de la Seguridad Social. Limitando los datos al ámbito de la Comunidad en la que ejerzo como juez, en Asturias, donde existen unos 3.500 médicos en la sanidad pública, durante el año 2007 tan sólo fueron objeto de sanción disciplinaria 7 médicos.

Y si a pesar de todo lo anterior alguien todavía insistiera y dijera que los jueces, además, son un poder del Estado, bastaría con fijarnos en el régimen disciplinario de los parlamentarios y preguntar: ¿Cuántos diputados han sido sancionados, con pérdida de sus derechos, por dejar de asistir voluntariamente de forma reiterada o notoria a las sesiones del Pleno o de las comisiones, como obliga el artículo 99 1 a) del Reglamento del Congreso de los Diputados, al regular la disciplina parlamentaria?

La segunda cuestión que quiero abordar entra ya más en el ámbito jurídico, pues precisamente desde éste hay que examinar el expediente disciplinario incoado a Tirado.

Es evidente que la sanción de 1.500 euros de multa por una falta grave de retraso impuesta a este juez no ha sido comprendida por casi nadie y para ello basta con consultar las encuestas de opinión que algunos medios de comunicación publicaron días después de la imposición de la multa. Pero lo primero que hay que explicar, y quizás esto por sí solo aclare muchas cosas, es que en el expediente disciplinario incoado a Tirado no se tuvo en cuenta, porque no podía tenerse en cuenta, la muerte de Mari Luz; algo que es tan evidente jurídicamente es necesario resaltarlo porque lo incomprensible de la sanción parte de relacionar la muerte de la niña con la conducta del magistrado.

Acusación injusta

Considerar como corresponsables de la muerte de Mari Luz a sus padres por haber dejado sola en la calle a una niña de 5 años, como han hecho algunos (incluido un conocido juez andaluz), es una acusación injusta y además cruel para unos padres que han perdido a una hija. Pero igual de injusto es atribuírsela al juez en cuyo juzgado se llevaba la ejecutoria de una sentencia que condenaba al presunto asesino de la menor porque dicha ejecutoria estuvo retrasada. Por esa misma razón, ¿por qué no responsabilizar al magistrado ponente de la sentencia de apelación que tardó casi tres años en resolver el recurso?, pues durante ese tiempo el presunto asesino estuvo libre.

Además, relacionar al juez con la muerte de la menor cuando ni siquiera el sospechoso ha sido juzgado y por tanto está protegido por el derecho constitucional a la presunción de inocencia, es un despropósito absoluto. ¿Alguien ha imaginado el escenario posible de que Santiago del Valle sea finalmente absuelto por el asesinato de la niña Mari Luz?

Evidentemente, las responsabilidades sobre la muerte de la menor se siguen en un proceso penal donde se encuentra en prisión provisional una persona como supuesta responsable de la muerte de la niña y, si alguna responsabilidad hubiera tenido el juez en la muerte de aquélla, aunque fuera por negligencia, su responsabilidad se habría visto también por la vía penal. Por tanto, el expediente que examinó la Comisión Disciplinaria se refería exclusivamente a la responsabilidad del juez por el retraso, durante algo más de dos años, de una ejecutoria de una sentencia dictada por él.

En la tramitación del expediente se dio audiencia al juez. Se comprobó que una vez recibida de la Audiencia Provincial la sentencia que confirmaba la condena de Santiago del Valle (por abusos cometidos contra su hija), el juez Tirado tardó sólo 15 días en dictar la correspondiente resolución por la que citaba al condenado para su ingreso en prisión. A partir de ese momento, según el propio juez, la secretaria judicial no le dio cuenta de que lo acordado por él no se había cumplido. Además, explicaba que celebraba juicios tres días a la semana, que ponía las sentencias correspondientes y que había cumplido un módulo de resolución del 140% en el primer semestre del año 2007 y del 150% en el segundo semestre de ese mismo ejercicio, periodo en el que se produjo fundamentalmente el retraso de la ejecutoria (el módulo es un sistema de medición establecido por el CGPJ en el que el 100% es el trabajo que razonablemente puede llevar un juez). Este rendimiento superior a lo razonable no sólo le impedía controlar personalmente todas las ejecutorias pendientes, sino que además producía un incremento de las mismas por el aumento del número de sentencias.

Para que la conducta del juez pueda ser constitutiva de una falta muy grave de desatención, como pretendía el recurso del fiscal, es necesario, como dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que la conducta del juez sea de pasividad, desidia, dejadez o ligereza, y además de carácter muy grave. Es evidente que a un magistrado que trabaja entre un 40% y un 50% por encima de lo que se considera razonable, difícilmente podría imputársele una conducta de pasividad, desidia o dejadez.

Falta grave, no leve

Por todo ello, finalmente el juez fue sancionado por una falta grave de retraso (y no leve como se ha dicho en muchos medios informativos) con la sanción de multa conocida. Esta sanción se basa, no en un incumplimiento por parte del juez de un deber específico de control de la tramitación de las ejecutorias, sino en su obligación general de «inspección en los asuntos de que conozca» que le corresponde conforme al art. 174 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y fundamentalmente en que la Inspección del CGPJ, que había visitado el juzgado en noviembre de 2007, había advertido, tanto al juez como a la secretaria, que una de la secciones de ejecutorias, precisamente la que llevaba la de Del Valle, funcionaba defectuosamente (entre otras razones porque la Junta de Andalucía no había cubierto una vacante de una funcionaria durante más de cinco meses), e instaba a que se tomaran las medidas oportunas, lo que no fue hecho por los responsables del juzgado. De no haber sido por la advertencia de la Inspección, el asunto probablemente ni siquiera hubiera sido objeto de sanción disciplinaria.

Lo que se ha sancionado, en definitiva, es el retraso injustificado en la tramitación de «una» ejecutoria, tramitación de la que no era responsable exclusivo el juez Tirado.

FUENTE: AGUSTÍN AZPARREN, Ex vocal del CGPJ Martes, 30-12-08

Artículo publicado en ABC