27/10/2008

Las quejas de los jueces

Hay quienes por desconocimiento, desinformación y, a veces también por consignas políticas dirigidas a desacreditar al Poder Judicial, han venido tergiversando los motivos por los que los jueces, por fin, han salido de su mutismo crónico. Pues bien, las quejas de los jueces y magistrados españoles pivotan en torno a tres cuestiones básicas: la independencia, la falta de medios y la sobrecarga de trabajo; toda ellas dirigidas a garantizar el mejor servicio de justicia a los ciudadanos.

La independencia.– Resulta verdaderamente lamentable que a estas alturas de nuestra democracia haya que recordar a algunos dirigentes políticos y a sus voceros que un Estado de Derecho se basa en la sólida independencia del Poder Judicial respecto de los otros poderes del Estado. Sólo las ideologías y los gobiernos totalitarios confunden, o más bien funden, en uno solo, todos los poderes. Los gobiernos totalitarios tienen maniatados a los jueces, de tal forma que éstos dictan sus resoluciones al albur de los deseos, la conveniencia o la oportunidad que indique el ejecutivo de turno. En los Estados de Derecho, por el contrario, los jueces están únicamente sometidos a la Ley y no a los caprichos y veleidades políticas del momento.

Los jueces exigimos esa independencia, de manera que las demás instituciones del Estado, de las Comunidades Autónomas o de los Ayuntamientos, singularmente sus órganos de gobierno, no pretendan influir, ni directa ni indirectamente, en la recta resolución de los conflictos con arreglo a la Ley. Eso no significa, como sin un ápice de vergüenza se ha llegado a decir, que los jueces no admiten la crítica. Eso es mentira. Todos los días se critican nuestras resoluciones. De hecho, tenemos la servidumbre de que, habitualmente, a una de las partes nunca le gustará nuestro pronunciamiento (quien pierde el pleito no suele reconocer que carece de razón). Pero, de criticar una resolución a pretender dirigir desde el poder ejecutivo el sentido y contenido de una futura resolución, hay un abismo que no se puede saltar.

La independencia no es una garantía para consumo interno de los jueces; es una garantía para los ciudadanos. Imagine el lector que mañana tuviera que demandar a una Consejería (pongamos como ejemplo la de Educación) porque considera ilegal alguna resolución que afecte a sus hijos. ¿Qué le parecería si el consejero de turno o el presidente de la comunidad autónoma hiciese recomendaciones a los jueces sobre cómo tienen que resolver el asunto? ¿Aplaudiría tal intromisión en un asunto pendiente de juzgar o se escandalizaría de ello? Elija, por tanto, si prefiere un Estado de Derecho, con jueces y magistrados independientes, pero sometidos a la ley, o, por el contrario, prefiere un Estado o un gobierno totalitario en el que los jueces atiendan diligentemente las indicaciones e injerencias del poder ejecutivo.

La falta de medios.– Permítanme narrar una parábola: Un magnífico jinete, ganador de numerosos derbis, se prepara adecuadamente para la próxima carrera, hace sus ejercicios físicos diarios, ajusta su dieta alimenticia y, en fin, cumple escrupulosamente todas aquellas tareas que le incumben. Pero, a la hora de correr, el dueño de la cuadra le entrega un jamelgo (caballo esquelético y hambriento), enfermo y anciano. Obviamente el jinete no gana la carrera. ¿Quién es el responsable de tal fracaso? No cabe duda de que el dueño del animal, pues era él quien tenía que alimentar adecuadamente al caballo, contratar los servicios de un veterinario, dotarle de establo donde no hubiera ratas…

Pues bien, debe de quedar muy claro que ni los jueces, ni tampoco los secretarios, son los dueños del «jamelgo». Ni unos ni otros tienen lamás mínima disposición sobre el material ni sobre los funcionarios que trabajan en un juzgado. No es verdad –mejor, dicho sin eufemismos, es mentira– que los jueces sean los «jefes» de los funcionarios judiciales y, por supuesto, si el juez necesita un ordenador en su despacho no tiene capacidad para decidir que se compre y ya está. Es, en nuestro caso, la Junta de Andalucía (Consejería de Justicia) quien decide si se compra o no. En suma: quien decide el material que va a un juzgado es, en nuestro caso, la Junta de Andalucía; quien decide si se cubre o no una plaza vacante con un funcionario interino es, en nuestro caso, la Junta de Andalucía; quien decide si un funcionario practica absentismo laboral es la Junta de Andalucía; quien decide si debe o no sancionarse disciplinariamente a un funcionario es la Junta de Andalucía; quien decide arreglar o no unas goteras es la Junta de Andalucía.

Como se ve, el «dueño» del «jamelgo» es la Junta de Andalucía, no los jueces ni los secretarios. Por muy bien preparados que estén jueces y secretarios para ejercer sus funciones, el éxito o fracaso de la «carrera» dependerá, en definitiva, de que la Administración dote a los juzgados de medios adecuados y de personal funcionario preparado.

La sobrecarga de trabajo.– De nuevo puede ser muy esclarecedor plantear una hipótesis ejemplificativa. Aceptemos que un buen cirujano puede razonablemente atender veinte visitas diarias y, además, practicar tres intervenciones quirúrgicas un par de días a la semana. Pongamos a ese cirujano en un hospital de la sanidad pública e imaginemos que sus jefes le obligan a atender sesenta visitas diarias y a practicar ocho intervenciones quirúrgicas diarias. Imagine ahora, querido lector, que es usted el paciente de la octava intervención del día. ¿No sentiría usted un cierto vértigo y preocupación? ¿No preferiría que el cirujano descansase y que le operase el primero del día siguiente?

Pues bien, los jueces no son máquinas de poner sentencias, ni superhéroes incasables, ni esclavos del juzgado. Son sencillamente seres humanos con familia (a la que frecuentemente desatienden por la sobrecarga de trabajo) que tratan de hacer lo mejor posible su labor al servicio de los ciudadanos. Una justicia de calidad exige que los jueces no estén saturados de trabajo. ¿A que a usted le gustaría que el juez de su caso no resolviera el asunto tras haber puesto ese día otras catorce resoluciones? ¿A que preferiría que el juez pudiera estudiar su asunto con sosiego, sin encontrarse agotado por el trabajo ya realizado y sin que estuviera preocupado por las múltiples causas que todavía tiene pendientes de resolver?

El Consejo General del Poder Judicial ha fijado unos módulos sobre lo que puede entenderse como el trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial (hay módulos diferentes para juzgados de lo social, civiles, etc.). Sin embargo, los juzgados y tribunales llegan a registrar el doble, el triple y más aún, del número de asuntos que pueden resolver razonablemente. Ello conlleva, necesariamente, dilaciones en la solución de los asuntos y una sobresaturación del trabajo de los jueces. Pero ¿quién tiene la posibilidad y la responsabilidad de crear nuevos juzgados para asumir esa carga de trabajo? La respuesta es bien sencilla: la Administración del Estado (Ministerio de Justicia) y la Autonómica (Consejería de Justicia).

Colofón.– Los jueces exigimos, por el bien de las personas que acuden diariamente a los tribunales, nada más y nada menos que lo siguiente:

1. Que se respete nuestra independencia desde el poder ejecutivo para que el ciudadano pueda acudir a los juzgados y obtener una sentencia ajustada a la ley y no al capricho o conveniencia de algún político con poder ejecutivo.

2. Que el «dueños» de los medios materiales (sede del juzgado, fotocopiadoras, ordenadores, faxes, bolígrafos…) y el verdadero «jefe» de los recursos humanos (funcionarios), es decir: la Junta de Andalucía (Consejería de Justicia), proporcione las condiciones adecuadas para que jueces y secretarios puedan cumplir dignamente su función en la garantía de los derechos de los ciudadanos con arreglo a este siglo.

3. Que se creen por quien tiene la competencia para ello (Ministerio de Justicia del Gobierno de España y Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía), los órganos judiciales suficientes para que todos los jueces y magistrados puedan afrontar una carga de trabajo razonable, y poder así otorgar a los ciudadanos, a quienes sin duda nos debemos, la tutela judicial en un plazo aceptable.

FUENTE: Alfredo de Diego Díez , magistrado del Juzgado

de lo Contencioso Administrativo número 10

de Sevilla y miembro de la Asociación Foro Judicial

independiente. (Artículo publicado en el Mundo Andalucía, el 27 de octubre de 2008)