18 JULIO 2008

INFORME SOBRE PROYECTO DE REFORMA DEL REGLAMENTO 1/1995, DE LA CARRERA JUDICIAL, EN LO RELATIVO A PERMISOS Y LICENCIAS A LOS EFECTOS DE SU EQUIPARACIÓN LEGAL CON LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

El proyecto que se nos somete a reforma tiene como finalidad esencial dar desarrollo reglamentario a la modificación que del artículo 373 LOPJ realizó la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, norma que introdujo en apartado 7 en dicho preceptos en el que se reconocía el derecho de jueces y magistrados el derecho a permisos y licencis para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y por razón de violencia de género.

Es opinión del Foro Judicial Independiente que el desarrollo reglamentario de dicho precepto se ha llevado a cabo de una forma tan restringida que en muchos aspectos la deja en la practica sin efecto.

Tal interpretación trata de justificarse en “la complejidad que acompaña su adaptación al ámbito de la carrera judicial y del ejercicio de la potestad jurisdiccional”, de manera que la aplicación de estos permisos “no puede tener consecuencias en el ejercicio de la función y, por tanto, en la prestación del servicio público de justicia, ni menos aún afectar a los derechos de los ciudadanos que acuden a la misma”.

En realidad lo que rezuman los argumentos del proyecto es la arcaica idea de que el trabajo del juez está por encima de los derechos que como cualquier otra persona tiene en el desempeño de su trabajo. Las deficiencias del servicio, la sobrecarga de trabajo, la falta de jueces suficientes, lo que en su conjunto impide que se pueda establecer un sistema de sustituciones adecuadas, problemas todos ellos que en absoluto le son imputables, sino que son consecuencia de una incompetente gestión de quienes tienen encomendada su administración y la asistencia material al Poder Judicial, deben repercutir no sobre los causantes del problema, sino sobre quien lo sufre.

Esto merece un profundo rechazo. Si como consecuencia de la concurrencia de una situación en la que, como cualquier otro ciudadano, el juez tiene derecho a disfrutar una licencia o un permiso, ello provoca una situación de restricción del derecho a la tutela judicial efectivo, ello no es imputable a la licencia, sino a la incompetencia de quienes tienen el deber de procurar que se produzca la sustitución de ese juez con las necesarias garantías. La solución no es privar al juez de sus derechos, sino establecer los mecanismos adecuados, que los hay, para que tal indefensión no se produzca a pesar de que el juez disfrute con plenitud de la licencia que legalmente le corresponde.

De este modo deben rechazarse dos aspectos básicos del proyecto. En primer lugar que el ejercicio de los derechos reconocidos en la ley no pueda “afectar al horario de audiencia pública ni a la celebración de vistas”. La mayor parte del trabajo de un Juez consiste en poner sentencias y despachar el trámite ordinario de asuntos. Si no puede reducir las horas de audiencia ni la celebración de vistas, ello implica que no puede reducir el número de asuntos que ha de atender, ni las sentencias que debe poner, por lo que en la practica no podrá reducir en modo alguno su trabajo.

La “audiencia pública” ciertamente es un concepto que responde a una forma de organización del trabajo decimonónica y desfasada en la actualidad. De lo que se trata es que el juez dedique tiempo suficiente a su asuntos. Para ello es absurdo establecer un sistema de horas mínimas al día. Dado un número de asuntos que razonablemente se considere que el juez debe atender en un determinado periodo de tiempo, éste debe tener absoluta flexibilidad para distribuir su trabajo, con el único límite de hacerlo en horario compatible con el del personal que ha de auxiliarle en su labor. Dicho horario dependerá además de otros factores, tales como la disponibilidad de salas de vistas o las especiales circunstancias que puedan concurrir en un determinado asunto. Lo que es indudable es que si tiene derecho a una licencia o a una reducción de la jornada laboral, ello tiene como consecuencia ineludible una disminución del número de asuntos que ha de atender o, traducido al arcaico lenguaje del proyecto, a una disminución de las “horas de audiencia”. Evitar la indefensión que ello podría causar a los ciudadanos es tan sencillo como proveer una sustitución eficaz y competente para esos asuntos que no puede atender.

En segundo lugar, destaca, como muestra también de esta falta de sensibilidad y de ganas del legislador, que no se haga mención alguna a la exención de servicios de guardia en algunas de las situaciones que se recogen. Si se obliga a los afectados a prestar el servicio de guardia, cualquier reducción o licencia serán puramente ilusorias en muchos casos.

En definitiva, aunque acogemos con cierta satisfacción que el CGPJ acepte, bien que obligado por la Ley, el que los jueces puedan disfrutar de los mismos derechos que otros ciudadanos en similares situaciones, el proyecto no desarrolla adecuadamente esta idea y necesita una profunda reforma.

En Madrid, a 18 de julio de 2008.

LA COMISIÓN GESTORA NACIONAL