Reivindicaciones laborales, organizativas y retributivas

Resumen Recopilación de las más importantes reivindicaciones que persigue el Foro en cuestiones profesionales y una guía para trabajar en estas cuestiones e ir logrando su implantación. Quedan fuera del documento las reivindicaciones en torno al CGPJ (elección directa por los jueces, listas abiertas y sistema proporcional) y un estudio más detallado de cuestiones organizativas como selección de jueces y organización en general de la carrera, que serán objeto de un estudio especifico en julio.

Cuerpo

REIVINDICACIONES LABORALES, ORGANIZATIVAS Y RETRIBUTIVAS

I.- DE NATURALEZA LABORAL.

A.- PERMISOS Y LICENCIAS.

Se solicita la equiparación de jueces y magistrados con las mejoras ya aplicadas a la función pública:

1.- Partos. (artículos 373-2 LOPJ y 241-243 R. 1/95).

El artículo 373-2 LOPJ dispone que “También tendrán derecho a una licencia en caso de parto, adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente, cuya duración y condiciones se regularán por la legislación general en esta materia. El Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, adaptará dicha normativa a las particularidades de la carrera judicial.

Atr. 241 del Reglameto 1/95 Las Jueces y Magistradas tendrán derecho en caso de parto a una licencia de dieciséis semanas ininterrumpidas, o de dieciocho si se trata de parto múltiple. La interesada distribuirá libremente el período de licencia siempre que el disfrute de seis de aquellas semanas se efectúe inmediatamente después del parto. Los Jueces y Magistrados tendrán derecho al disfrute del referido período de seis semanas para el cuidado del hijo, en caso de fallecimiento de la madre. Cuando la madre y el padre trabajen, la madre, al iniciarse el período de licencia por maternidad, podrá disponer que las cuatro últimas semanas de licencia sean disfrutadas por el padre. La referida decisión quedará sin efecto si, llegado el momento de hacerse efectiva, la incorporación al trabajo supone un riesgo para la salud de aquélla.

a.- en caso de partos múltiples, 2 semanas más por cada hijo a partir del segundo.

b.- hijos discapacitados: 2 semanas más.

c.- neonato hospitalizado: mientras dure la hospitalización, hasta 13 semanas

d.- fallecimiento de la madre: disfrute de lo que resta del permiso al otro cónyuge.

e.- cuando padre y madre trabajen: opción

2.- Adopción y acogimiento (artículos 243 R. 1/95)

Artículo 373-6 LOPJ: “Por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, el juez o magistrado tendrá derecho a disfrutar de un permiso de paternidad de quince días, a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.”

Artículo 373-2, párrafo segundo: “En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, el permiso previsto en este artículo podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituya la adopción”.

Art. 243 R 1/951. El Juez o Magistrado que haya adoptado o acogido a un menor de nueve meses tendrá derecho a una licencia de ocho semanas de duración, que se contará bien a partir del momento inicial de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien, posteriormente, a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción, a elección del solicitante.

2. El Juez o Magistrado que haya adoptado o acogido mayor de nueve meses y menor de cinco años tendrá derecho a una licencia de seis semanas de duración, con idéntica facultad de elección a la prevista en el apartado anterior.

3. En el caso de que el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá disfrutar de la licencia a que se refieren los apartados anteriores.

– igual que en caso de parto

– opción de disfrute al otro cónyuge.

– adopción internacional 373-2º LOPJ: permiso de 2 meses con percibo de retribuciones básicas.

3.- Permisos por asuntos particulares (artículos 373-4 LOPJ y 236-238 R. 1/95).

Artículo 373-4 LOPJ: “También podrán disfrutar de permisos de tres días, sin que puedan exceder de seis permisos en el año natural, ni de uno al mes.Para su concesión, el peticionario deberá justificar la necesidad a los superiores respectivos, de quienes habrán de obtener autorización, quienes podrán denegarlos cuando coincidan con señalamientos, vistas o deliberaciones salvo que se justifique que la petición obedece a una causa imprevista o de urgencia”.

El actual sistema (6 permisos de 3 días) es insatisfactorio porque se establecen condiciones que hacen muy incómodo el disfrute de los mismos.

Los 18 días se deberían poder disfrutar sin las actuales limitaciones, por días sueltos y sin máximo número de días cada mes.

Se debe aclarar que secretarios y funcionarios, como el resto de la función pública, ya disfrutan a partir del sexto trienio de dos días más de permisos de esta naturaleza, que se incrementan con un día más por cada trienio a partir del octavo trienio (artículo 48-2º EBEP).

4.- Vacaciones (artículos 371-372 LOPJ)

– disfrute de un días más de vacaciones a los 15 años de antigüedad, 2 a los 20 años, 3 a los 25 años y 4 a los 30 años de antigüedad.

– eliminar las actuales limitaciones en el disfrute (372)

5.- Licencia por enfermedad (artículos 374 LOPJ y 246 R. 1/95)

– por plazo de 12 meses, prorrogables por otros 6, después prórroga hasta el alta médica o declaración de incapacidad permanente (modificación del artículo 246 del Reglamento 1/95).

– Supuestos de accidente laboral o enfermedad profesional: derecho al percibo de las retribuciones íntegras durante todo el período.

– Establecer régimen de incapacidad permanente similar al de los funcionarios: grados y efectos

6.- Conciliación de la vida personal, familiar y laboral

artículo 373-7º LOPJ: “Los jueces y magistrados tendrán derecho a permisos y licencias para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y por razón de violencia de género. El Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, adaptará a las particularidades de la carrera judicial la normativa de la Administración General del Estado vigente en la materia”.

a).- Violencia doméstica: traslado forzoso y excedencia

b).- lactancia: 1 hora diaria o reducción de media hora al día o permiso acumulado.

c).- hijos prematuros: ausencia dos horas y reducción de jornada.

d).- guarda legal y enfermedad grave de familiar: reducción de jornada.

e).- permiso para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto.

f).- flexibilidad horaria en supuestos determinados (familiares discapacitados o enfermos graves, sometimiento a técnicas de reproducción asistida…).

g).- Se les debería permitir a las juezas y magistradas que en el último periodo de embarazo, e incluso en la lactancia, que pudieran solicitar una reducción de jornada para poder atender las necesidades de los hijos menores, que se concretaría en exención de servicios de guardia. Esta reducción de jornada llevaría aparejada una reducción proporcional del sueldo.

B.- ASCENSO FORZOSO.

Existe un consenso inicial entre todas las asociaciones de conseguir la supresión; si bien hay que reconocer que ni resulta fácil ni existe acuerdo concreto sobre el modo de hacerlo.

Existen dos estudios al respecto de la Sección Territorial de Aragón y de Antonio Fuentes Bujalance.

C.- OTRAS

1.- Aplicación de las normas sobre prevención de riesgos laborales.

2.- Jubilación parcial (nuevo párrafo artículo 386 LOPJ).

3.- Indemnización por jubilación.

4.- Seguro de vida.

5.- Petición condicionada de traslado.

6.- Creación de guarderías.

7.- Limitación de horas hábiles hasta 18,00 horas de lunes a jueves y 15,30 los viernes de acuerdo con resolución de 20-12-05 del Mº de Administraciones públicas.

Las propuestas de estos apartados se basan en el trabajo realizado por la Sección Territorial de Aragón y en el documento sobre el Plan Concilia elaborado con anterioridad por las 4 asociaciones, participando por el Foro Judicial Independiente Emilia Diaz.

D.- LA RESPONSABILIDAD DEL JUEZ

A.- Responsabilidad penal.

Restringir la responsabilidad del juez a los supuestos de delito doloso, eliminando la prevaricación culposa, que no rige para ningún funcionario o autoridad.

Establecimiento de filtros para evitar que las querellas puedan utilizarse con fines vejatorios (limitar las posibilidades de acusación al Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a petición de parte interesada, comprobación previa de la seriedad de la denuncia antes de admitirla a trámite u otras similares).

Esta tesis está debidamente desarrollada en la ponencia de Julio Tasende Calvo.

B.- Responsabilidad civil.-

Reforma de los artículos 411, 412 y 413 LOPJ sobre los siguientes parámetros:

Eliminación de la acción directa para exigir responsabilidad civil al Juez, salvo la derivada de delito que se exija en procedimiento penal. El ciudadano sólo puede exigir indemnización al Estado.

Cuando se ejercite la acción civil contra el Estado, en caso de resultar condenado éste podrá dirigirse en vía de regreso contra el Juez, previa autorización del CGPJ, y sólo sin el acto causante del daño es de naturaleza deliberada.

Competencia para el conocimiento de la acción contra el Estado: Salas de lo contencioso de los TSJ o Sala 3ª TS, con intervención del Ministerio Fiscal, posibilidad de que intervenga el Magistrado afectado como coadyuvante del Estado y, en todo caso, con recurso de casación.

Competencia para el conocimiento de la vía de regreso: Salas de lo Civil de los TSJ o Sala 1ª del TS, con intervención del Ministerio Fiscal y, en todo caso, posibilidad de recurso de casación.

El MJU o el Consejo deberían suscribir a su cargo un seguro de responsabilidad civil y defensa jurídica a favor de todos los jueces.

El MJU emitió informe en sentido negativo por su alto coste y no existir precedentes en la función pública.

Pero no es exacto porque lo tienen los Ayuntamientos, los Colegios Médicos, Correos…

El alto coste podría quedar reducido con las reformas que se propugnan. En todo caso dichas reformas reducirían notablemente la necesidad de un seguro de responsabilidad civil.

Esta tesis está debidamente desarrollada en ponencia de Conrado Gallardo Correa.

C.- Responsabilidad disciplinaria.-

Revisión y fijación de los tipos de las infracciones disciplinarias y concreción de las sanciones aplicables a cada uno (excesiva indefinición y discrecionalidad del modelo actual).

Eliminación del cualquier residuo de responsabilidad en función del resultado. Sanción sólo por la gravedad de la infracción.

Establecimiento de un sistema objetivo en la designación de instructores.

Regulación de la intervención de las asociaciones, si el afectado lo solicita o no se opone, en el procedimiento disciplinario desde el principio. Particularmente posibilidad de que un representante de la asociación asista al interesado.

Esta tesis está debidamente desarrollada en ponencia de José Angel Vázquez García.

II. DE NATURALEZA ORGANIZATIVAS

Para garantizar un ejercicio razonable, seguro y eficiente de la profesión es imprescindible que exista un número adecuado de órganos judiciales y que se organice racionalmente la oficina judicial, delimitándose con precisión la responsabilidad de los jueces, secretarios y funcionarios.

A.- Revisión de la carga de trabajo.

El Consejo debe hacer un estudio riguroso que determine el número de asuntos que, como máximo, puede registrar un órgano judicial. El actual sistema de módulos se ha demostrado irreal e irracional. No se entiende que no se haya sustituido por el realizado por la empresa privada por encargo del Consejo.

B.- Creación de órganos judiciales.

Debe existir un compromiso del MJU, CCAA y Consejo de crear plazas cuando se supere el máximo volumen de asuntos admisibles. Por ejemplo, se crearían cuando la media de los juzgados existentes superen el 100% del volumen de entrada que se considere razonable en virtud de estudios técnicos realizados por personal experto y después de la creación supere el 80% de cada órgano. Cuando con la creación los juzgados resultantes no superen el 80% del volumen de entrada sería razonable no crearlos y que se arbitrarán medidas de apoyo. Las asociaciones judiciales deberían ser oídas en la comisión paritaria responsable de la creación de órganos judiciales.

C.- Organización de la oficina judicial.

Por último, resulta urgente la puesta en marcha de la nueva oficina judicial. La situación actual hace recaer sobre el juez casi toda la responsabilidad de lo que acontece en el juzgado sin que se le reconozcan las competencias sobre personal y medios materiales que precisaría para ejercer el necesario control sobre la misma.

III.- DE NATURALEZA RETRIBUTIVA

Hay que conseguir la recuperación de la capacidad adquisitiva perdida desde 2003. El IPC desde enero de 2004 ha subido el 17,3% y hemos tenido un aumento de 10%, por lo tanto habría que solicitar un aumento lineal para toda la carrera del 7,3% de las retribuciones fijas, excluidas las retribuciones variables, más la previsión de la subida del IPC de este año, que rondará el 4%; en total sería sobre entre el 10 y el 11%.

Creo que la introducción de una claúsula de revisión automática acorde con el IPC es imposible de conseguir, no existe en la función pública

La Ley 15/2003*, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de la carrera judicial y fiscal (BOE 27 de mayo) establece la siguiente estructura del salario:

* ha sido modificada por Resolución del Mº de Administraciones Pública de 21 de junio de 2007 BOE 30 de junio de 2007), por el que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007, en cumplimiento del Real Decreto-Ley 11/2006, de 29 de diciembre por el que se revisa las retribuciones por residencia de las ciudades de Ceuta y Melilla; por Real Decreto 1170/2007, de 10 de septiembre para Gran Canaria y Tenerife (BOE 19-9-2007) y Real Decreto 821/2006, de 28 de julio, por las que se incluyen las ciudades de La Laguna y León en el grupo 3º de población.

A.- RETRIBUCIONES FIJAS (artículo 3-1).

Con carácter general la Ley permite que se puedan modificar las cuantías recogidas en el anexo de la ley por el Gobierno mediante real decreto, previo informe favorable del CGPJ (Disposición Final Primera).

1.- BASICAS (art. 3-2º).

a).- Sueldo (art. 4-1º y anexo I).

Actualmente se reconocen las categorías de Presidente de la Audiencia Nacional, Presidente de Sala de Audiencia Nacional, Presidente de TSJ, Magistrado y juez.

Tales categorías no tienen respaldo en la LOPJ y carece de cualquier sentido. Se debe corregir equiparando todas las categoría en dos, magistrado y juez. Las funciones de presidencia se deben retribuir en otro apartado (actualmente como complemento específico de responsabilidad) y la importancia de la función en el complemento de destino, apartado de representación.

La modificación que se propone se haría por Real Decreto, previo informe favorable del CGPJ (Disposición Final Primera).

b).- Antigüedad. (art 4-2).

Son los trienios: el 5% del sueldo de la categoría de ingreso (juez).

No tiene sentido. Se propone que se tome como referencia la concreta categoría que se tenga, magistrado o juez, en concordancia con lo dispuesto para la función pública el artículo 23-2,b) de la L. 30/84.

2.- COMPLEMENTARIAS

a).- Complemento de destino (artículo 5 ):

a’- Grupo de población (artículo 5-1-a y anexo II-1). Actualmente hay 4 categorías de magistrados y 1 de jueces. No tiene mucho sentido y se debería eliminar la 4ª categoría, y se redistribuiría la 2ª y 3ª.

Estarían en la 2ª todas aquellas capitales de provincia que superen los 200.000 habitantes (se incorporarían Alicante, Córdoba y Valladolid que tienen + de 300.00 habitantes y Vitoria, Coruña, Granada y Oviedo con más de 200.000 habs.). Actualmente en la 2º están las que tienen mas de 300.000, pero incluye a Sta. Cruz de Tenerife que tiene 220.902 habitantes.

Me planteo si debe entrar Cádiz cuya provincia tiene más de 1 millón de habitantes. Si se admitiera esto, la condición sería: capitales con más de 200.000 habs. o capitales cuya provincia tenga mas de 1 millón de habs. (lo respaldaría la D.A. sexta que aplica a las secciones desplazadas las retribuciones aplicables a la sede principal, lo que parece dar a entender que se tiene en cuenta la Provincia como ente administrativo a tener en cuenta.

La distribución se puede cambiar por real decreto para adaptarlo a los nuevos datos del padrón municipal (disposición adicional primera-2).

Para que tuviera lógica habría que unificar los actuales niveles de los 4 grupos de magistrados (8 para el primero, y 4 para los restantes en uno solo por grupo de población), porque se debe abonar exclusivamente la población.

La importancia de la función, que se incluye en este complemento sin motivo, estaría en el siguiente apartado, que actualmente se denomina representación

b’.- representación (artículo 5,1-b) y anexo II.2). Se ha de pagar la importancia de la función no la representación, que es un concepto que no tiene sentido.

Actualmente se abonan en el 1 grupo (Madrid y Barcelona) ocho niveles y en el 2º, 3º y 4º cuatro niveles, que habría que reducir a 2 en todos los grupos: por una parte, los magistrados de sala, que ejercen labores en órganos de apelación y, por otra, los magistrados unipersonales.

Las facultades de dirección que actualmente están incluidas, en algunos casos, en esta categoría se incluirían en el complemento específico actualmente de responsabilidad.

c’.- circunstancias especiales (artículo 5-1-c) y anexo II.3). Se mantendrían las actuales (destinados en Canarias, País Vasco, Navarra, Valle de Arán, Islas Baleares, Ceuta y Melilla).

b).- Complementos específicos (artículo 6 y anexo III).

La L. 30/84 en su artículo 23-3-b dispone que son retribuciones complementarias “el complemento específico destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo”. La Ley de Retribuciones no establece este límite porque está configurada con otro sentido.

a’.- Complemento de penosidad (anexo III).

Ahora existe, pero muy limitado, sólo para magistrados de la Audiencia Nacional de las salas de lo penal, y de los juzgados centrales de instrucción, de lo penal y de menores, junto a los decanos designados por el artículo 166-3 LOPJ, lo que no tiene sentido.

Se trataría de compensar destinos problemáticos, como la jurisdicción penal; el riesgo es evidente, especialmente para los de violencia contra la mujer. También se incluiría los especialista de lo mercantil, se corre el peligro de que se marchen de los juzgados especializados por el excesivo y complejo trabajo y al resto de especialista en destino especializado por la especial formación que precisan. El artículo 6-1 lo admite al hablar de especial complejidad. La L. 30/84 también lo permite al hablar de especial dificultad técnica.

b’.- Complemento de dirección o coordinación (anexo III).

Debería ser para los Presidentes de Sala para compensar la mayor responsabilidad.

Actualmente es ridículo y se llama por responsabilidad en el que se incluyen a magistrados sin dirección, como los de sala de la AN y los juzgados centrales de la AN. También se concede a los decanos designados por artículo 166, 1 y 3 LOPJ, pero faltan el resto de Decanos que también tienen una actividad extra de reparto.

c’.- De especial incompatibilidad.

La idea es compensar, por una parte, las tremendas incompatibilidades y prohibiciones que no son opcionales, como la dedicación exclusiva, sino obligatorias (artículos 389, 390, 394 y 395 de la LOPJ y 262-283 del Reglamento 1/95 de la Carrera Judicial), que llegan a afectar a la actividad profesional y económica de cónyuge y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y afinidad, que afecta a abogados y procuradores y aquellos que tengan arraigo económico (artículo 393-1º y 2º); y, por otra, la acumulación de conocimientos profesionales a lo largo de la carrera, que hace más tentador y posible la marcha de la profesión; por ello, el complemento debe ser progresivo y no fijo para toda la carrera.

PROPUESTA: Cada 5 años se cobraría otro trienio u otra cantidad que se determine. Lo importante es que se acepte el complemento, ya se iría aumentado su retribución progresivamente.

Habría que modificar la ley de retribuciones; incluirlo en otro complemento es complicado, aunque se tienen el respaldo de lo dispuesto en el artículo 23-3 de la L. 30/84 cuando habla de incompatibilidad. Forzando se podría incluirse en lo que el artículo 6-1 llama de especial formación, por la acumulación de experiencia, pero es muy forzado. O bien, regularlo como retribución variable eliminando la actual normativa.

En la función pública se aplica a los profesores universitarios, que perciben complemento específico denominado “componentes por méritos docentes” y un “complemento de productividad”, según prevé el Real Decreto 1086/89, de 28-8 sobre retribuciones del Profesorado Universitario.

El complemento específico por méritos docentes se adquiere y consolida, según lo dispuesto en el artículo 3, al cumplir cada 5 años efectivos de ejercicio profesional y consistirán en una cantidad fija dependiendo del nivel profesional (actualmente para un catedrático puede ascender a 133 €). Se dispone que “el profesorado universitario podrá someter la actividad docente realizada cada cinco años en régimen de dedicación a tiempo completo o periodo equivalente si ha prestado servicio en régimen de dedicación a tiempo parcial, a una evaluación ante la universidad en la que preste sus servicios, la cual valorara los méritos que concurran en el mismo por el desarrollo de la actividad docente encomendada a su puesto de trabajo, de acuerdo con los criterios generales de evaluación que se establezcan por acuerdo del Consejo de Universidades”.

Respecto al complemento de productividad, el artículo 4 dispone que “el profesorado universitario podrá someter la actividad investigadora realizada cada seis años en régimen de dedicación a tiempo completo, o periodo equivalente si ha prestado servicio en régimen de dedicación a tiempo parcial, a una evaluación en la que se juzgara el rendimiento de la labor investigadora desarrollada durante dicho periodo”.

Este complemento de productividad, conocido como sexenios, que son de idéntica cuantía al complemento específico por méritos docentes, se conceden tras evaluación de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), que se crea por O.M. 28-12-1989 y se modifica por O.M. 2-12-1994, que está integrada por representantes del ministerio de Educación y Ciencia y de las comunidades autónomas con competencias asumidas en materia universitaria, la cual podrá recabar, iodo el Consejo de Universidades, el oportuno asesoramiento de miembros relevantes de la comunidad científica nacional o internacional cuya especialidad se corresponda con el área investigadora de los solicitantes.

B.- RETRIBUCIONES VARIABLES (artículos 7-10)

El artículo 9 lo cuantifica en una cantidad entre el 5 y el 10% de las retribuciones fijas, sin que el crédito total destinado en cada ejercicio presupuestario a este concepto pueda superar el 5% de la cuantía global de las retribuciones fijas de los miembros de la carrera judicial.

Es el mas complicado de encajar con los principios que ha defendido el Foro, pero no se puede perder el concepto y hay que distribuirlo bajo la idea de que al MJU le compense más crear plazas judiciales que tener juzgados con excesivo trabajo en los que tenga que pagar productividad.

Se podría sustituir la actual retribución variable de productividad, que se recibe por superar el 100% del módulo establecido por el Consejo por un Complemento en el que se valore la conflictividad de determinados destinos, en función del volumen de entrada de asuntos, de la penosidad, de la especialidad o cualquier otra circunstancia que se determine por el Consejo anualmente con la participación de las Asociaciones Judiciales.

Sería necesario cambiar la ley para que se pueda introducir este complemento como retribución variable.

También se podría incluir como complemento específico de penosidad, pero sería más complicado de regular y establecer cuantías fijas y, además, se perdería la cantidad de retribución variable.

C.- ACTUACIÓN POR OBJETIVOS (artículo 11)

Para aquellos que superen el máximo de volumen de entrada establecido legalmente y no sea posible la urgente creación de nuevas plazas. El juez implicado debe aceptarlo, firmando con el Consejo el compromiso y las condiciones (así creo que se evitaría los problemas derivados de la sentencia del Supremo); por el plazo de 1 año, renovable sólo otro más (para evitar que sea perpétuo), tras el que sólo cabría la creación de nueva plaza o que el Consejo aplique medidas de apoyo externas. Las asociaciones deben participar en el control de este complemento para no convertirlo en una excitación al productivismo salvaje y para activar la creación de plazas judiciales.

D.- RETRIBUCIONES ESPECIALES

1.- Guardias.

Reguladas por Orden del Ministerio de la Presidencia 1416/2003 de 3 de Junio.

Con carácter general, la retribución que se abona por guardias tiene que ser superior al resto de personal de los juzgados y en el caso de las guardias semanales la cuantía se tiene que incrementar sustancialmente porque tienen que compensar la dilatada disponibilidad que impide libertad de movimientos y dificulta la conciliación con la vida familia.

Se distinguen:

Grupo 1.- En este grupo estarían incluidos los partidos judiciales en los que las guardias se hacen de 24 o 48 horas, más por el día de faltas inmediatas. Se abonan sobre los 210 € (más unos 50 euros si es en fin de semana) y alrededor de 135 euros por el día de faltas.

Grupo 2.- Guardias en partidos con 8 a 10 juzgados, guardias de permanencia que se realizan por períodos de 8 días (incluido día de juicios de faltas inmediatas). Se abonan a razón de unos 365 euros por los 8 días, lo que es ridículo para compensar los días de dedicación, fines de semanas incluidos, que se abonan a razón de 45/€ día.

Grupo 3.- Partidos con 4 a 7 juzgados de instrucción, guardias de permanencia que se realizan por períodos de 8 días (incluido día de juicios de faltas inmediatas).Se pagan a razón de unos 300 € por los 8 días; igualmente ridículo.

Grupo 4.- Dos y tres juzgados de instrucción, las guardias son de disponibilidad por 8 días (incluido día de juicios de faltas inmediatas). Se abonan a razón de 135,30 euros por semana.

Grupo 5. Juzgados únicos. Guardia semanal de disponibilidad. Se perciben menos de 60 €. Cantidad insuficiente para compensar la tremenda disponibilidad durante todos los días del mes, salvo 4.

Grupo 6.- Juzgados Centrales de Instrucción. Guardia semanal de permanencia. Sorprende la cuantía por una sobre los 250 euros, que resulta irrisoria teniendo en cuenta la responsabilidad y penosidad que puede acarrear

Grupo 7.- Poblaciones con 4 o más Juzgados de menores. Las guardias semanales de disponibilidad se abonan a razón de unos 105 € semanales; las de 3 días de permanencia se abonan a razón de 325 €.

Se basa en el estudio realizado por Antonio Fuentes Bujalance y en las opiniones de José Manuel Ruiz de Velásquez, Ana Fariñas y Laura Martínez Diz.

PROPUESTA:

1.- Los jueces y magistrados deben cobrar por las guardias, al menos, el 50% más que los funcionarios.

2.- Las guardias ordinarias de 24 horas deben estar remuneradas a razón de 400 € día, con el complemento de 100 € si es fin de semana o fiesta.

3.- Las guardias de permanencia de 8 días se abonarían a razón de 800 €.

4.- Las guardias de disponibilidad de 8 días se abonarían a razón de 500 €.

5.- Las guardias de disponibilidad semanal se abonarían a razón de 300 €.

6.- Guardia semanal de permanencia de los Juzgados Centrales de Instrucción se abonarán a razón de 900 €.

7.- La guardia de disponibilidad semanal de los Juzgados de menores se abonará a razón de 400 €. La de 3 días de permanencia a razón de 450 €.

2-. Sustituciones (artículo 12-1 y Disposiciones Final Cuarta, Transitoria Tercera).

Tienen que retribuirse en virtud de lo dispuesto en la D. Transitoria Tercera. La actual regulación es absolutamente insuficiente e insatisfactoria, no sólo por las retribuciones sino por los presupuestos que exige para retribuirlas y porque no se retribuya la sustitución de unos o varios días.

Los Secretarios cobran 60 € por asistencia a juicio y creo que esta retribución se incluye como productividad. También podría incluirse en nuestro caso, pero creo que haría falta modificar la ley, con la regulación actual es difícil.

El MJU gasta actualmente 35 millones de € en pago de sustituciones, lo que supone que con ello se podrían crear unas 500 plazas de jueces que permitirían la supresión de los sustitutos externos.

PROPUESTA:

– Al juez que sustituya se le debería abonar o la parte proporcional de sus retribuciones o 200 € a los magistrados de sala cuando asisten a vistas y asumen ponencias en la sustitución y 150 € cuando sólo asisten a vistas. A los jueces o magistrados unipersonales 150 € cuando celebran juicios en otro juzgado.

– La semana de sustitución en otro juzgado sin vistas se abonaría a 500 €.

– Las sustituciones de larga duración deben ser realizadas por jueces volantes que estarían destinados en las Audiencia Provinciales o en los TSJ, dependiendo de los territorios.

E.- INDEMNIZACIONES POR GASTOS PROFESIONALES.

1.- Togas. Se debería abonar los gastos de adquisición de las togas, que es un gasto necesario para realizar el servicio. Estaría amparado en lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda. Se podría cambiar cada 10 años con la percepción del coste de adquisición.

2.- Gastos de cursos y actividades profesionales (celebración de juicios fuera de la plaza del destino). Se deberían anticipar los gastos a la realización de la actividad.

Origen ó Firma Gestora

Fecha 27/05/2008