19/05/2008

COMUNICADO DE LA CIP

En el día de hoy, las cuatro asociaciones judiciales integrantes de la Comisión Interasociativa Permanente (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) nos hemos reunido en Sevilla con el objeto de preparar y fijar criterios ante la negociación con el MJU de la revisión de las retribuciones previstas en la Disposición Adicional.1.3 de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, llegando a los siguientes acuerdos:

Responder al requerimiento del MJU a efectos de constitución de la Comisión negociadora prevista en la norma antes mencionada, con el siguiente tenor:

“Las Asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente han decidido designar como representantes en dicha Comisión a D. José Antonio Ballestero Pascual (APM) y a D. Sebastián Moralo Gallego (AJFV) y como adjuntos a los mismos a D. Luis Manglano Sada (JpD) y D. Francisco Gutiérrez López (FJI).

Entendemos que el tercer representante deberá ser designado por parte de las Asociaciones de Fiscales.”

En relación a las mencionadas negociaciones, hemos acordado plantear las siguientes reivindicaciones:

a) Actualización del poder adquisitivo perdido durante los cinco años del período de vigencia de la Ley de Retribuciones (2004 a 2008, ambos inclusive), que ciframos en un 11%.

b) Incremento de retribuciones para converger con la media de los jueces de países miembros del Consejo de Europa, que ciframos en un 14%.

c) Respecto a los trienios solicitaremos la reforma del art. 4.2 de la citada Ley para que la base de su cálculo sea la remuneración correspondiente a la categoría del perceptor en el momento de su consolidación, en lugar de la correspondiente a un juez de ingreso.

d) En relación a la remuneración de las guardias, las Asociaciones Judiciales consideran inadmisible su actual cuantía, que debe reflejar el trabajo y la responsabilidad del juez de guardia.

e) En los complementos de destino propondremos la supresión de la cuarta categoría, cuyos destinos se integrarán en la tercera categoría. A la segunda categoría deberán acceder las ciudades con más de 200.000 habitantes.

f) Igualmente, con la finalidad de potenciar la promoción económica en la carrera judicial, el complemento de destino deberá incrementarse progresivamente en función de los criterios de responsabilidad y representación.

g) Solicitamos nuevamente la desvinculación del trabajo judicial de cualquier incentivo económico de carácter productivista. Los módulos deberán servir, exclusivamente, para la determinación objetiva y razonable de la carga de trabajo judicial, a efectos de adecuación de la planta y el control de la actividad de los jueces.

h) La regulación de las retribuciones variables deberá atender a criterios técnicos definidos periódicamente por el CGPJ, con la intervención de las Asociaciones Judiciales, en función de la especial conflictividad de determinados destinos.

i) En consecuencia, debe reformarse en tal sentido el art. 403 de la LOPJ, y el artículo 9 de la Ley de Retribuciones.

j) Reivindicamos un sistema de sustituciones que retribuya, en todo caso, el trabajo desde el primer día y de forma proporcional a la retribución correspondiente al órgano donde se sustituye.

k) Los programas de actuación por objetivos (planes de refuerzo), art. 11 de la Ley de Retribuciones, deberán ser voluntarios, no podrán superar el 50% del trabajo ordinario del juez, y deberán ser retribuidos en la forma establecida en el párrafo anterior, con límite temporal, en todo caso.

l) Las Asociaciones Judiciales acuerdan solicitar el abono de una indemnización equivalente a dos anualidades de la retribución percibida en el momento de pasar a la situación de jubilación.

Sin perjuicio de lo anterior, las Asociaciones Judiciales seguirán reivindicando de manera unitaria el desarrollo de los demás derechos profesionales y de protección social de los jueces, así como la mejora de la eficacia y eficiencia de la Administración de Justicia, como elemento esencial de garantía de los derechos de los ciudadanos en un Estado democrático.

Somos conscientes de que tales objetivos sólo podrán alcanzarse con la unidad y el respaldo de todos los integrantes de la carrera judicial, animándoles a participar activamente en este proceso negociador.

Sevilla, a 19 de mayo de 2008.

Fuente: Comisión Interasociativa Permanente