La Justicia en la urna

02/04/2008

LA JUSTICIA EN LA URNA

A la conmoción causada por el execrable asesinato de Mari Luz le acompaña, como siempre, el penoso espectáculo que ofrecen quienes ostentando alguna competencia en el caso niegan rápidamente tener la más mínima responsabilidad.

Vaya por delante que la familia se merece el mas sincero e intenso esfuerzo de todos para aclarar lo ocurrido y exigir las responsabilidades que pudieran derivarse. Es lo mínimo que un Estado digno debe ofrecer.

Por coherencia, no me puedo pronunciar en este momento sobre las actuaciones judiciales sometidas a investigación, porque si somos los primeros que pedimos respeto e independencia cuando actuamos, debemos dar ejemplo, aguardando los resultados de la investigación del CGPJ.

Pero sí quiero analizar las ventajistas manifestaciones de esos otros responsables, que ya han sentenciado su propia impunidad.

1.- La Vicepresidenta del Gobierno se apresura a calificar lo acontecido como error judicial, y ante el clamor ciudadano responde que no es el momento para plantearse reformas legislativas.

Desde el triste caso de Olga Sangrador, hace cerca de 20 años, ¿lo recuerdan?, algunos estamos a la espera de que se encuentre el momento adecuado para afrontar un problema tan grave y de que se adopten sin complejos medidas eficaces contra los agresores sexuales. No comprendemos por qué no hay leyes que permitan someter a los pederastas a controles tras su excarcelación o por qué no existe un registro de agresores sexuales a disposición de tribunales y policías. Asimismo, si todos los profesionales coinciden en concluir que las posibilidades de reincidencia de estos delincuentes son muy elevadas, ¿se deberían agravar las condiciones para conceder las suspensiones de condena y someterlos a requisitos más rigurosos?. Si todo ello se aplica a los maltratadotes, ¿por qué no a los pederastas?.

El Partido en el Gobierno se ha negado sistemáticamente a aumentar las penas; ¿qué justificación puede esgrimir si los abusos sin penetración a menores sólo pueden estar penados con multa o un máximo de 3 años de prisión y por contra la venta de una papelina de cocaína a un menor está penado con pena de 9 a 13 años y 6 meses de prisión y si se utiliza a un menor para la venta puede llegar a 20 años y 3 meses de prisión?.

Desde luego, los parlamentarios no responden por las negativas consecuencias que pueden acarrear una ley insuficiente, ¿cuantos pederastas estarán en libertad por la benevolencia de la redacción original del CP de 1995 que penaba con multa los abusos sexuales a menores? ¿se habría mantenido la prisión preventiva del agresor de ser las penas más graves?. Gran ventaja la de los padres de la patria. Es el llamado milagro de las urnas.

2.- La Consejera de Justicia no está para chistes. No lo estamos ninguno, pero no se le ha ocurrido reconocer que los Juzgados Penales y la Audiencia de Sevilla sufren una sobrecarga de trabajo inasumible, con oficina judicial y medios técnicos arcaicos (competencia de la Junta) que aumentan el descontrol y las dilaciones y, consiguientemente, los riesgos para el ciudadano y para nosotros.

Seguro que la creación de los juzgados que se vienen reclamando insistentemente, que la Consejera (competente junto con el Ministerio de Justicia para ello) rechazó diciendo “son las cosas del Decano”, hubiesen minimizado los riesgos que inevitablemente provocan la precaria situación en la que trabajamos.

Por cierto, el sistema informático que nos facilita la Junta, ¡pobre Adriano!, no permite que el juez en un instante, por ejemplo, conozca las causas pendientes de ejecución, ni la situación de las mismas, ni tampoco conocer las incidencias que ocurren en el juzgado vecino porque los juzgados no están interconectados, ¿explicaría ello en parte lo ocurrido?. ¿Lo habría evitado que el juez con un simple golpe de ratón pudiera conocer los condenado pendientes de ingreso en prisión y advertir la anomalía de que dos años después un condenado no estuviese preso?.

Pero no estamos para chistes ni para un sistema informático que responda a las necesidades y medios técnicos hoy disponibles. Es mejor la justicia de manguitos y los errores artesanos. ¿Se imaginan como funcionaría Hacienda sin su sistema informático tan sofisticado y eficaz?.

3.- El Consejo General del Poder Judicial no puede ocultar que su servicio de inspección tiene la obligación de detectar el anormal funcionamiento de los juzgados, ¿cómo se explica que los inspectores (mejor retribuidos que los jueces) no detectasen en noviembre pasado una anomalía tan grave?. Pese a que el Consejo conoce la sobrecarga laboral que sufrimos, que tiene colapsados a una gran parte de los juzgados (600 de los 740 jueces andaluces superamos la máxima actividad exigible), en el año 2003 se lanzó a promocionar una desenfrenada carrera productivista que provocó el aumento alocado del número de sentencias que “producía” cada juez, olvidando que también estamos obligados a ejecutarlas, y que la oficina judicial (y el juez) carece de capacidad operativa para asumir más trabajo. Pero lo importante eran las estadísticas, y año tras año el Consejo ha alardeado del exitoso aumento de la productividad…a costa de lo que fuere, sobre todo del esfuerzo de los jueces, que por espíritu de servicio a la Justicia hemos asumido excesivos riesgos sin ni siquiera obtener el reconocimiento social a cambio.

El Foro judicial Independiente se ha opuesto sistemáticamente a esta irresponsable política que no podía acarrear nada bueno al equiparar nuestra actividad a una cadena de montaje, olvidando que nuestra labor debe estar presidida por el rigor, la serenidad y la reflexión porque son muy importantes los derechos en juego. En febrero de este año las 4 asociaciones judiciales, ante la pasividad de los responsables políticos para acometer reformas estructurales en la Justicia que mejoren su funcionamiento, recomendamos a la Carrera Judicial que no superase el 100% de actividad como único medio para racionalizar el trabajo. ¡Qué modo más triste de darnos la razón nos ha deparado el destino¡

4.- Por último, la Fiscalía, “Bruto, tu también”, no puede olvidar que tiene la obligación de controlar la ejecución de una condena, máxime si, como es el caso, hay víctimas menores, e instar la adopción de medidas que impidan la subsistencia de irregularidades; para algo es parte necesaria en el proceso y tiene encomendada específicamente la vigilancia del procedimiento.

Los jueces somos conscientes de la enorme responsabilidad que asumimos cuando tomamos posesión de nuestro cargo, pero esperamos que el Estado corresponda facilitándonos los medios técnicos y humanos necesarios para ejercer con eficacia la función; pero los responsables políticos se desentienden, cuando no nos insultan tachándonos de corporativistas e ineficaces, y cuando dicen que están decididos a afrontar soluciones, ¿recuerdan el llamado Pacto para la Justicia?, todo se reduce a un indecente reparto de cargos judiciales. ¡Qué hipocresía!; sólo cuando ocurre un hecho lamentable se escandalizan, ignorando que así funciona la justicia a diario, sólo que, por suerte, no acaecen consecuencias tan negativas.

Por eso, en vez de mantener un respetuoso silencioso a la espera de conocer los resultados de la inspección y examinar con rigor los errores que cada uno ha podido cometer para intentar mejorar el sistema y evitar que se cometan de nuevo, huyen despavoridos, negando cuantas veces sea necesario.

Será porque el milagro de las urnas santifica su irresponsabilidad. Por contra, los jueces nos sometemos al Código Penal y a la inspección, como debe ser, aunque el cadalso, como se ve, lo fabrican aquellos que nos niegan los medios necesarios para que la justicia funcione con eficiencia. Triste destino el de una noble profesión abandonada interesadamente por todos.

¡Pobre Mari Luz!; ¡pobre familia!. Les hemos fallado y encima huimos. Pobres de los siguientes padres, porque mucho me temo que entre Olga y Mari Luz poco hemos aprendido, salvo negar con impunidad y poner a las urnas por testigo.

Francisco Gutiérrez López

Fuente: Francisco Gutiérrez López