Análisis de la situación de la Jurisdicción Penal en Sevilla

02/04/2008 – Evento

ACTA DE JUNTA DE JUECES DE LA JURISDICCIÓN PENAL DE SEVILLA

Sevilla a 2 de abril de 2008

Siendo la hora señalada se constituye la Junta Sectorial de Magistrados Jueces de lo Penal, de Instrucción y de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla, convocada para el día de hoy, bajo la presidencia del Ilmo. Magistrado Juez Decano (que ostenta la delegación de voto del Juez de Instrucción nº 2) y con la asistencia de los Ilmos. Sres. Magistrados Jueces titulares de los siguientes Juzgados:

-De lo Penal números 2 (que ostenta el voto delegado de la Titular del Juzgado de lo Penal nº 13), 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

-De Instrucción números 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 (que ostenta el voto delegado del Juez de Instrucción 16) y 20.

-De Vigilancia Penitenciaria Único

ORDEN DEL DÍA

Único. Análisis de la situación de la Jurisdicción Penal en Sevilla.

Vistos los recientes hechos y la alarma que los mismos han generado las Juntas de Jueces de lo Penal, de Instrucción y Vigilancia Penitenciaria quieren reiterar y dejar constancia una vez más de los diversos problemas y necesidades que afectan a estos Juzgados, con sensible merma de la eficacia que a los mismos sería exigible.

1º. Carga de Trabajo.

Para, entre otros fines, la adecuación de la Planta Judicial a las necesidades reales de Servicio Público de la Administración de Justicia, se articularon en el Año 2000 los módulos que permitirían conocer la carga máxima de trabajo soportable por un Órgano Judicial, a la cual se acomodaría la plantilla de funcionarios de cada uno de ellos. Este módulo permitiría que superado el mismo en algún órgano se pudiesen articular, en su caso, medidas de refuerzo para éste, o ampliación del número de los órganos destinados a atender aquel Servicio.

En lo que se refiere a los Juzgados de lo Penal, el citado módulo omitió cualquier referencia a los asuntos en fase de ejecución, limitando los criterios para fijar la carga de trabajo al número de asuntos que se presentaban al Juzgado para enjuiciamiento. Sin entrar ahora a valorar lo correcto de este criterio, procede indicar que el mismo se basaba en un dato objetivo, cual era el que los Juzgados de lo Penal no ejecutaban más sentencia que aquella que había sido previamente dictada por los mismos en juicio incoado al efecto, resultando que un 84.21% de tales juicios se transformaba en ejecutoria.

Partiendo de estos parámetros en el mentado módulo se estableció como carga máxima de trabajo la de cuatrocientos cincuenta asuntos (450), de los que resultaría la incoación de una media de trescientos setenta y nueve (379) ejecutorias, a través de las cuales se vigilaría el correcto cumplimiento de lo resuelto en sentencia firme.

Pues bien, en el año 2007, último del que se dispone de relación estadística completa, los Juzgados de lo Penal de esta provincia han incoado una media de quinientas cincuenta (550) ejecutorias, es decir, han superado en un 45.12% el número máximo de ejecutorias que cabía esperar soportase un Juzgado de esta naturaleza cuando en el año 2000 se crearon los módulos.

La causa de este incremento es doble, por una parte el incremento de los Procedimientos recibidos para juicio por estos Juzgados, que viene situándose sobre los quinientos asuntos, de lo cual deriva un carga de trabajo que excede en un 11% la máxima prevista; por otra, la reforma operada por la Ley 11/03, comúnmente conocida como de Juicios Rápidos, que prevé que los Juzgados de Instrucción puedan remitir sentencias dictadas por ellos para su ejecución por los de lo Penal. Con tal medida se alteró de modo sustancial el criterio fijado en el baremo de 2000, pues estas ejecutorias no se correspondían con un previo Juicio ante el Juzgado de lo Penal, de modo que no se valoraban para amparar refuerzos o apoyos al Juzgado, o ampliación del número de los Juzgados existentes, falseando así la realidad estadística.

Estas causas y sus efectos no son nuevos ni desconocidos, pues ya en el año 2003 la Junta de Jueces Sectorial de los Juzgados de lo Penal de esta Provincia señaló “… se instara al Consejo General del Poder Judicial para que incluya… una mayor entidad respecto de la dedicación del Juez a ejecutorias… Así mismo, la Junta, acuerda solicitar la creación de tres nuevos Juzgados de lo Penal, con dedicación exclusiva a la ejecución…”. De igual modo, en el año 2005 se hace ver “el notable incremento de la carga competencial de los Juzgados de lo Penal con ocasión de las reformas realizadas… por la Ley Orgánica 11/03”. Y en el año 2007 se señala “Habida cuenta de los datos estadísticos de volumen de asuntos… se considera necesaria la creación de dos nuevos Juzgados de lo Penal”.

Sin embargo, no obstante la reiteración de la solicitud, con justificación del porqué de la misma en datos estadísticos claros, no se han creado ninguno de los Juzgados interesados, ni especializado en ejecutorias, ni Juzgado de lo Penal competente para conocer y ejecutar, llegando así a una situación de sobrecarga en la que el Juez podrá en la Ejecutoria resolver y decidir las cuestiones planteadas, pero en modo alguno controlar el cumplimiento posterior de aquello. Resultando por ello ciertamente injusto que su responsabilidad profesional y personal se extienda absolutamente a todo el control del Juzgado.

Los Jueces de Instrucción y Vigilancia Penitenciaria se manifiestan en términos similares a los expuestos por los compañeros de los Juzgados de lo Penal, por cuanto los módulos de carga máxima de trabajo, diseñados en su día ya de forma amplia e incluso excesiva, se rebasan sistemáticamente (en Sevilla los 20 Juzgados de Instrucción han tramitado en el año 2007 un total de 175.611 Diligencias Previas y 23755 Juicios de Faltas, superando el citado módulo en un 46% en el primer caso y en un 70% en el segundo; el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, cuyo módulo está establecido en 1000 internos, tiene a su cargo 2032, por lo que supera el módulo en 103,2%), sin que ello haya merecido la mínima respuesta por parte del CGPJ o de la Administración prestacional con competencias para ello, manteniéndose la misma Planta Judicial e idénticas plantillas de personal desde hace muchos años pese a la constatación de esta situación. Singularmente llamativo es que pese a la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con todas las limitaciones estructurales, personales y materiales que conllevó, dicha materia sigue ventilándose en un gran porcentaje ante los Juzgados de Instrucción, debido de una parte a restrictivas interpretaciones de las competencias de aquellos en las que puede subyacer un cierto posibilismo y de otra a que es ante los Juzgados de Guardia dónde se deducen de ordinario las peticiones urgentes de órdenes de protección y la presentación de detenidos por razón de estos delitos, descartándose por ignoradas razones -que pueden ser presupuestarias-, la posibilidad prevista en la norma de organizar un servicio de Guardia de tales órganos especializados, que sin duda requeriría una meditada infraestructura y distribución de recursos adecuados pero que también mejoraría notablemente la respuesta penal ante estas situaciones.

A todo ello se une la secular limitación de medios materiales, no siendo infrecuente la situación de que en muchos de éstos órganos judiciales no haya bolígrafos, papel u otros elementos imprescindibles para el adecuado desarrollo de sus funciones, sin olvidar, por ejemplo, las deplorables instalaciones en que se ubican y las muchas limitaciones que sigue arrastrando un sistema informático que presenta excesivas insuficiencias, disfunciones, caídas, etc. En especial se debe llamar la atención sobre la inexistencia de un sistema informático de ámbito nacional con acceso por los órganos judiciales en que consten las distintas buscas y capturas de personas implicadas en procedimientos judiciales, su causa y objeto de la medida, lo que permitiría dar respuesta adecuada cuando tales personas son presentadas, como ocurre de ordinario, ante Juez distinto del que ordenó la detención y que, sin ningún dato o información sobre los hechos, su naturaleza o gravedad, se ve obligado a resolver en apenas minutos sobre la libertad o mantenimiento de la privación de ésta.

2º. Recursos humanos. Oficina Judicial y cobertura de Vacantes.

En el año 2003 y fruto del Pacto de Estado para la Justicia, único ejemplo de consenso democrático en esta materia desde la Transición, se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial diseñando una nueva oficina judicial; los Jueces no entramos a valorar si es mejor o peor modelo, pues en todo caso es el que aprobó el Parlamento como máximo exponente de la soberanía popular, pero lo cierto es que dicha ley está formal y jurídicamente en vigor y, pese a ello, absolutamente nada se ha hecho después de cinco años para ponerla en funcionamiento, de tal modo que las actuales oficinas judiciales no sólo son obsoletas y poco eficaces sino que, además, se oponen abiertamente al texto y al espíritu de la Ley en vigor. La atenta lectura de su articulado permitiría comprobar cuál es el reparto de funciones y competencias entre los distintos intervinientes en la Administración de Justicia, pese a lo cual se insiste en hacer al Juez completo y único responsable de cuanto ocurre en ella, aún constando que es humana y físicamente imposible que una sola persona controle directamente los miles de asuntos que de él dependen.

A pesar de que, en el módulo ya señalado, la carga de trabajo de los Juzgados de lo Penal se calibra sobre la base de los Procedimientos recibidos para Juicio, lo cierto es que es la Ejecutoria, en la que se ejecuta y cumple lo acordado en sentencia, la que mayores recursos humanos consume, de modo que, como regla general, a la misma se adscriben cuatro funcionarios de estos Juzgados, reservando dos para el trámite de los Juicios pendientes de celebrar.

Así la correcta adecuación de la plantilla judicial a la carga real de trabajo se muestra esencial para el adecuado funcionamiento de la ejecutoria, ya que un déficit de recursos humanos en el Juzgado de lo Penal, sea por estar mal configurada la plantilla, sea por existir cualquier tipo de vacante, redunda de modo inmediato en la ejecución, con grave detrimento de los intereses generales.

No obstante los datos expuestos sobre el incremento de la carga de trabajo, no se ha acordado hasta la fecha un incremento de la plantilla de estos Juzgados que, si como se ha dicho afrontan una ejecutoria un 45.12% superior a la esperable, deberían ver reforzada su plantilla en dos funcionarios a destinar a ejecución. Tampoco se ha logrado, a pesar de haberse interesado por alguno de estos juzgados, la adopción de plan concreto alguno que permitiese, siquiera puntualmente, reforzar la ejecución.

De este modo se sitúa a los funcionarios ante la labor imposible de tramitar un número de ejecutorias que excede con creces las originalmente previstas, haciendo inviable un control adecuado de la marcha de los procedimientos en esta fase.

Por otra parte, la provisión de plazas vacantes, así como la formación de los funcionarios que han de cubrirlas, ha de ser vigilada con extremo cuidado, no debiendo tratarse a estos Juzgados con el mismo rasero que a cualquier otro, pues a los de lo Penal se les encomiendan derechos esenciales de la persona y la protección de los valores superiores de la sociedad, lo cual hace exigible una pronta cobertura de las vacantes y una previa formación de la persona a designar.

Sin embargo, no es infrecuente que se produzcan vacantes que tarden semanas en ser cubiertas, con lo que se merma notablemente la eficacia exigible en la resolución y ejecución de los asuntos encomendados a estos Juzgados, del mismo modo que no es infrecuente que accedan a las vacantes de estos Juzgados personas que carecen de cualquier tipo de experiencia en la Administración de Justicia.

Aquella falta de formación opera con un doble efecto pernicioso, el primero es el de suponer una cobertura puramente formal de la vacante, pues la persona que suple la alta no está en condiciones de prestar un servicio efectivo y, por tanto, no cabe valorar una cobertura efectiva de la plaza; el segundo es el de restar tiempo a los compañeros del funcionario en cuestión, que deben suplir con su atención la falta de formación, para lograr que quien la padece acabe por superarla y pueda prestar un adecuado servicio, cosa que difícilmente podrá alcanzarse antes de transcurrido un mes.

Desde luego este déficit de formación no es imputable a quien viene a ocupar la plaza vacante en el Juzgado, sino a aquella Administración que no ha proveído lo necesario para darla a quien viene a desempeñar labores ciertamente delicadas.

Todo lo expuesto es cosa conocida desde hace tiempo y viene siendo objeto de denuncia reiterada por parte de esta Junta de Jueces, como se ve de las solicitudes reiteradas de aumento de los Juzgados de lo Penal realizadas en diversas Juntas, y en el tenor de la Junta de 2005, en la que se dijo que “Ante el aumento de ejecuciones penales…, se solicita del Ministerio de Justicia y de la Consejería de Justicia y Administración, el aumento de la plantilla de funcionarios para la tramitación de dichas ejecutorias… se expresó por la Junta el malestar de Jueces y Secretarios… en el nombramiento y cese de personal interino, haciendo constar su falta de conocimiento y preparación en muchos casos… así mismo, de igual gravedad supone el caso contrario, en el que son cesados funcionarios interinos de gran mérito y capacidad…”.

La situación descrita se torna especialmente dramática en los Juzgados de Instrucción, que han de prestar a diario el servicio de guardia donde están en juego derechos tan fundamentales como la libertad de la personas o la adecuada protección de las víctimas. Consta a todos los reunidos que de ordinario no se cubre ninguna baja o vacante antes de los 40 días y que en los más de los casos la persona designada no reúne los básicos requisitos de formación y experiencia que son imprescindibles para desempeñar de forma mínimamente eficaz sus funciones.

No puede dejarse de reseñar la ineficacia del actual modelo, en que el personal de los Juzgados ni siquiera depende de Jueces y Secretarios Judiciales, concediéndoseles por ejemplo los legítimos permisos, licencias y vacaciones por la Administración no ya sólo sin contar con aquellos sino incluso, en alguna ocasión, contra su expreso criterio, con todas las disfunciones que ello genera en la marcha de los Juzgados y la imposibilidad de diseñar y organizar un mínimo plan de trabajo.

3º Conclusiones y propuestas.

1ª. Tal como se viene reiterando desde el año 2003 los Juzgados de lo Penal, de Instrucción y de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla están sometidos a una carga de trabajo que excede con creces aquella que razonablemente podrían soportar.

2ª. La cobertura de vacantes de la plantilla viene siendo irregular, con demoras inasumibles en la provisión de las mismas, y designación de personas a las que no se ha dado una formación previa mínima que les permita afrontar las exigencias de la función que van a desempeñar.

3ª. De mantenerse esta situación, sin adoptar medidas de corrección por parte del Ministerio de Justicia, Consejería de Justicia y Administración de la Junta de Andalucía y Consejo General del Poder Judicial, se estará asumiendo el riesgo cierto de que se produzcan errores en la tramitación de los procedimientos encomendados a estos Juzgados.

Para solventar estas graves deficiencias la Junta propone, como se viene haciendo desde el año 2003, ante las carencias evidentes que se observan en la Planta Judicial en lo referente a Juzgados de lo Penal para la Provincia de Sevilla, se proceda a interesar del Ministerio de Justicia y de la Consejería de Justicia y Administración de la Junta de Andalucía la creación de al menos dos nuevos Juzgados de lo Penal, que ayudaran a paliar tales carencias.

En tanto no se proceda a acomodar el número de Juzgados de lo Penal a la carga real de trabajo que los mismos soportan, la petición de que las plantillas de los Juzgados de lo Penal de esta Provincia se vean reforzadas en dos funcionarios, que habrán de ser destinados a la ejecución, así como la necesidad de que las vacantes de estos Juzgados sean cubiertas de modo rápido y por personas con una mínima formación.

4ª Las Juntas de Jueces de lo Penal y de Instrucción de Sevilla, en consonancia con lo tratado en la sesión del día de la fecha, acuerdan difundir a través de los medios de comunicación la siguiente nota:

Primero.- Toda decisión o actuación judicial conlleva necesariamente un margen de error y el riesgo cero no existe. Pero en tanto permanezcan las actuales condiciones de trabajo, la sobrecarga de asuntos, la falta de personal cualificado y de herramientas modernas y eficaces, ese margen de error seguirá estando por encima de lo tolerable para la sociedad a la que servimos, situación que no es nueva y ya ha sido puesta de manifiesto en numerosas ocasiones por estas Juntas de Jueces.

Segundo.- La cobertura de plazas vacantes y bajas por enfermedad viene siendo irregular, tardía y por personal no cualificado, circunstancia que incrementa notablemente el riesgo puesto de manifiesto en el apartado anterior.

Tercero.- La desatención a las seculares peticiones de aumento de la Planta Judicial y adecuación de las plantillas a las necesidades reales de los órganos judiciales es otro factor que ha contribuido gravemente a esta situación y que debe paliarse de inmediato, al menos en tanto las propias Administraciones competentes se deciden a poner en funcionamiento la oficina judicial diseñada por la Ley Orgánica del Poder Judicial ya en vigor desde hace años.

Cuarto.- De mantenerse esta situación, sin adoptar medidas de corrección por parte del Ministerio de Justicia, Consejería de Justicia y Administración de la Junta de Andalucía y Consejo General del Poder Judicial, se estará asumiendo el riesgo cierto de que se produzcan errores en la tramitación de los procedimientos encomendados a estos Juzgados.

Quinto.- Criminalizar a otros sin asumir las propias responsabilidades, a veces en precipitados ejercicios de autoexculpación, no contribuye a construir la Administración de Justicia moderna, ágil y eficaz que todos deseamos, y sí a perpetuar el desaliento y la desconfianza. Es tiempo ya de ponerse a trabajar afrontando las reformas legales, estructurales e inversiones que devienen inaplazables. Todo lo que no sea esto supone aceptar que los retrasos, errores y disfunciones no sólo se producirán sino que crecerán exponencialmente, con lo que ello supone de falta de respeto a la ciudadanía en general.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión, siendo las 14.15 horas, extendiéndose la presente que firma el Ilmo. Magistrado Juez Decano y la titular del Juzgado de lo Penal nº 6, que ha actuado como Secretario.

Fuente: Junta de Jueces de Sevilla (Penal)