Conclusiones del Primer Congreso Ibérico del Poder Judicial

25/01/2008 – Evento

I CONGRESSO IBÉRICO DO PODER JUDICIAL

CONCLUSIONES

Los jueces de Portugal y España reunidos en el I Congreso Ibérico del Poder

Judicial convienen en la afirmación de los siguientes principios sustentadores del

tercer poder del Estado y de la tutela del Poder Judicial en cuanto elemento

imprescindible para el mantenimiento y desarrollo del sistema democrático en sus

países:

Primero

La independencia del Poder Judicial constituye una garantía inalienable de los

ciudadanos en cuanto condición de la propia existencia del Estado de Derecho

democrático y factor imprescindible para hacer posible el acceso efectivo a la Justicia.

Segundo

Resulta inadmisible la intromisión de los demás poderes del Estado en la esfera de

actuación del Poder Judicial.

Tercero

Los consejos superiores o generales de del poder judicial son órganos de dirección de

este poder y elementos esenciales para su afirmación y ejercicio.

Cuarto

Dichos consejos, integrados en número no inferior a la mitad, por representantes de los

jueces y por ellos mismos elegidos, en los términos establecidos por la Carta Europea

sobre el Estatuto de los Jueces, del Consejo de Europa, deben ejercer su actividad con

independencia de los demás poderes del Estado y responsabilizarse del autogobierno y

tutela de la independencia externa e interna del poder judicial.

Quinto

Resulta inaceptable la funcionarización y politización de los jueces en cualquier

instancia.

Sexto

El acceso profesional de los Jueces a los distintos grados de la jurisdicción constituye

una garantía de independencia de los Tribunales.

Séptimo

Debe corresponder al Poder Judicial el papel decisivo en la selección y la formación

inicial y permanente de los jueces, así como la evaluación de su desempeño profesional

y de sus condiciones de progresión en la carrera, las cuales se asentarán en criterios

objetivos, entre los que se incluirán la deontología, el mérito y la capacidad.

Octavo

Debe ser rechazada la politización de la judicatura y la participación de los jueces en

actividades político-partidarias activas.

Noveno

Los jueces no pueden estar sujetos, de ningún modo, a órdenes específicas o a

orientaciones genéricas provenientes de otros jueces.

Décimo

Resulta esencial que el Poder Judicial, con autonomía administrativa, financiera y

presupuestaria, asuma la gestión e administración de los Tribunales y participe en la

programación, concepción, conformación y aplicación de las medidas estructuradoras del

ámbito judicial, singularmente en los aspectos relativos a las reformas procesales, a la

informatización y a la organización judicial, así como también en la definición de los

criterios de distribución de los medios materiales y humanos necesarios para la

administración de la justicia.

Decimoprimero

Debe garantizarse a los jueces un estatuto económico adecuado a su condición de

titulares de uno de los poderes soberanos del Estado democrático, tanto durante su

ejercicio profesional efectivo como tras su jubilación.

Decimosegundo

Su intervención jurisdiccional debe estar reservada a actividades de dirección y decisión

procesal y de tutela de los derechos, libertades y garantías.

Decimotercero

Debe ser rechazada la desjudicialización fundada en el argumento de la quiebra del

sistema judicial y materializada en la creación de órganos con funciones jurisdiccionales

desempeñadas por personas desprovistas de la condición y estatuto de juez.

Decimocuarto

No debe ser atribuída la condición de juez a personas que no posean la correspondiente

licenciatura en derecho y la específica formación para el ejercicio de la profesión,

concebida en los términos definidos en el principio séptimo.

Decimoquinto

Es esencial la reforma del sistema en función de los intereses del ciudadano y en pro de

una Justicia independiente, equitativa, eficaz, pacificadora de las tensiones y de acceso

universal.

Decimosexto

Se afirma la facultad de autorregulación del Poder Judicial en los ámbitos de la ética y de

los deberes profesionales, y se rechaza la exclusión de su papel fundamentall en la

definición normativa de ambas materias del estatuto judicial.

Decimoséptimo

En este ámbito se acogen las nociones recogidas en la Opinión Núm. 3 del Consejo

Consultivo de los Jueces Europeos, en los Princípios de Bangalore sobre la conducta

judicial, en el Código Iberoamericano de Ética Judicial, en la Carta Europea sobre el

Estatuto de los Jueces y en la Recomendación R94/12 del Comité de Ministros del

Consejo de Europa.

Decimoctavo

La función judicial, que comprende la formación permanente, ha de ser compatible con el

libre desarrollo de la personalidad del juez.

Decimonoveno

Las situaciones de potencial responsabilidad de los jueces deberán quedar limitadas a

las procedentes de dolo o culpa grave, rechazándose la adopción de regímenes

normativos intimidatorios que se opongan a una decisión jurisdiccional libre e

independiente.

Vigésimo

Dicha responsabilidad habrá de ser exigida siempre en primer lugar contra el Estado, y

sólo en segundo lugar por éste contra el juez, previa autorización necesaria del

respectivo Consejo del Poder Judicial.

Anexo

Jueces para la Democracia ha aceptado la redacción del punto Cuarto en el

entendimiento, fruto del consenso alcanzado, de que la expresión por ellos mismos

elegidos no implica la opción por un sistema determinado de nombramiento sino que se

refiere a la participación de los jueces en el proceso de elección.

En Lisboa, a 25 de enero de 2008

Fuente: Primer Congreso Ibérico