El papel del Foro Judicial Independiente en el contexto de las asociaciones judiciales.

14/11/2007 – Opinión

Hace ya más de cuatro años, casi cinco, que surgió el Foro Judicial Independiente como nueva asociación de Jueces y Magistrados y parece un momento oportuno para plantearse si tal nacimiento estaba justificado cuando ya existían otras tres asociaciones, cantidad, podría pensarse, más que suficiente para abarcar todas las posibles opiniones que conviven dentro de la Carrera Judicial, teniendo en cuenta que se trata de un colectivo, según el último escalafón al que he tenido acceso, de 4.433 miembros en activo. Sin embargo, obviamente, no es así dado que a pesar de que la más moderna de esas asociaciones no baja de los veinte años de antigüedad, más de la mitad de la Carrera Judicial sigue sin estar asociada a ninguna de ellas, lo que a mi juicio evidencia un claro fracaso del asociacionismo judicial en España. Las razones de ese fracaso sólo puedo explicarlas desde mi propia experiencia personal que, eso sí, he podido constatar que es compartida por muchos compañeros.

Ante todo no creo que exista una idea generalizada y exacerbadamente individualista de que los jueces no deben estar asociados. Por el contrario creo que la mayoría está convencida de la necesidad de que los Jueces y Magistrados estén asociados, no sólo porque ello permite una mayor y más eficaz defensa de sus intereses profesionales, sino también porque las asociaciones constituyen un instrumento para la defensa de la independencia judicial, esencial para que pueda existir un Estado democrático de derecho. En definitiva las asociaciones permiten a los Jueces y Magistrados defender con eficacia el ejercicio la función que les encomienda la Ley en las condiciones adecuadas y con independencia, protegiéndoles frente a las presiones que puedan ejercer por intereses espurios quienes ostentan los otros poderes, e incluso los propios órganos de gobierno del Poder Judicial, y frente a las derivadas de los intereses contrapuestos y a veces poderosos que confluyen en mayor o menor medida en los asuntos que han de juzgar y ejecutar los tribunales. La causa del fracaso no cabe achacarla pues a la falta de necesidad o de utilidad de las asociaciones judiciales.

Si a pesar de las ventajas que para los Jueces y para la función que se les encomienda tiene el asociacionismo judicial la afiliación sigue estando al borde del 50% hay que buscar otras causas. En mi opinión la más relevante sin duda alguna es la politización en que han incurrido las asociaciones judiciales desde que se produjo la ruptura de la en principio única Asociación Profesional de la Magistratura, cuando la afiliación alcanzaba el 70%. Desde ese momento, la politización no ha hecho más que crecer a medida que pasa el tiempo y con independencia de cual sea el partido político gobernante. Todos la han impulsado con convicción. Por eso he permanecido veinte años sin asociarme y por eso entiendo que la mayor parte de la Carrera Judicial sigue sin asociarse, porque se ha extendido la idea de que estar asociado implica aceptar una opción política, en lugar de sumar esfuerzos para la defensa de los intereses profesionales.

Hay un sector, entiendo que minoritario, dentro de los propios jueces que incluso ha llegado a sostener la conveniencia de que los miembros del Poder Judicial manifiesten públicamente sus preferencias políticas y actúen conforme a las mismas a la hora de aplicar y de interpretar las leyes, siempre lógicamente dentro del respeto a las mismas. Tal opinión me parece profundamente errónea. Los jueces, desde luego, somos ciudadanos y como tales tenemos derecho a tener nuestras propias opciones políticas. Pero la función que la Ley nos encomienda dentro de la sociedad nos exige a la hora de llevarla a cabo actuar con la más estricta neutralidad, respetando siempre la voluntad del legislador con independencia de que coincida o no con nuestras propias opiniones. Esta capacidad de ser neutral, de neutralizar en la medida de lo posible una visión partidista, exige la más absoluta discreción a la hora de expresar en público opiniones políticas, discreción que constituye sin duda alguna una servidumbre de nuestro trabajo. ¿Cómo van a confiar los ciudadanos en que un juez va a ser capaz de resolver un asunto con independencia de sus propios criterios políticos, si ni siquiera es capaz de mantenerlos en el ámbito estrictamente privado? Los Jueces no solamente debemos ser neutrales, sino que debemos generar la confianza en los ciudadanos de ser capaces de ello, lo que requiere la discreción que se predica.

Los partidos políticos, sin excepción, ha apostado claramente por esta politización como medio de controlar el gobierno del Poder Judicial y reducir o minimizar todo lo posible el control que deben constitucionalmente ejercer los jueces sobre los otros poderes del Estado. En este sentido se han articulado mecanismos para asegurarse de que personas como mínimo sensibles a sus posiciones son las que ocupan los puestos claves dentro del Poder Judicial. Por esta vía se ha fomentado la politización de las asociaciones, dando cargos a los asociados de las que asumen, cuando no claramente defienden, las posiciones de un determinado partido. Es más, para algunos Jueces, afortunadamente no para la mayoría, esto ha sido un motivo para asociarse, porque está claro con el sistema actual de designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial y de los altos cargos de la Carrera Judicial que quien legítimamente aspire a cualquier puesto relevante en la misma requiere más o menos directamente el apoyo o simpatía de un partido político. Con todo el respecto para quienes actualmente ejercen cargos de designación más o menos discrecional, cuya competencia y méritos en absoluto me propongo cuestionar, en la mayoría de los casos su designación tiene más que ver con la confianza o simpatía con la que cuentan en una determinada opción política, que con sus méritos, los tengan o no. Además, el sistema requiere que esa confianza sea mantenida si aspiran a la permanencia, puesto que su mayor parte son cargos que se renuevan periódicamente sin criterios objetivos, por lo que una vez designado la situación de dependencia se mantiene.

Junto a esa reticencia a asociarse y su consecuencia de una baja afiliación, existe otro factor, además de la política de nombramientos de cargos, que altera profundamente las asociaciones judiciales y que las ha hecho dóciles. Un factor que no se puede despreciar como motivo para asociarse entre los que han optado por ello es el miedo. No carece de arraigo en la carrera judicial la convicción de que, como consecuencia de esa politización, existe una cierta dosis de arbitrariedad en los órganos de gobierno del Poder Judicial, de modo que influyen en sus decisiones la mayor o menor benevolencia con que pueden ser vistos los Jueces que se vean involucrados en situaciones conflictivas, que deban de tomar decisiones contrarias a intereses políticos o que, sencillamente, cometan errores, lo que, como seres humanos que somos, nos puede ocurrir.

De este modo formar parte de una asociación actuaría como un elemento protector, más eficaz mientras más conexiones tenga con el ambiente de los partidos políticos que controlan los poderes del Estado, evitando actuaciones disciplinarias poco fundadas o atenuando sensiblemente el rigor de las mismas incluso aunque estén justificadas.

No puedo dejar de compartir estos temores, que en absoluto encuentro injustificados, pero tampoco me sentiría a gusto tomando decisiones con base a los mismos. Y parece que se encuentra buena parte de la carrera judicial comparte esta reticencia.

A la vista de lo expuesto, la respuesta a la cuestión que planteaba al principio no puede ser otra que la de que sí hacía falta una nueva asociación. Una asociación que adoptase como seña de identidad con decisión y firmeza la neutralidad con respecto a las distintas opciones políticas, la exclusiva finalidad defender la independencia de los Jueces y, como parte esencial de esa independencia, sus intereses profesionales, y en definitiva, el servicio a la justicia tal y como la configura nuestra Constitución. Por tanto, una asociación que combatiese claramente el actual sistema de designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial que ha conducido a una profunda politización del mismo y a que prácticamente carezca de operatividad, y ello sea cual sea el partido que gobierne. Que luchase por la eliminación de los nombramientos discrecionales en la Carrera Judicial, exigiendo que tales nombramientos se basen, siempre y exclusivamente, en criterios objetivos de capacidad y méritos profesionales. Que luchase con fuerza porque los Jueces puedan desarrollar su trabajo en unas condiciones laborales dignas y adecuadas a la función que ejercen. Los estatutos del Foro Judicial Independiente se encuentran inspirados en esos principios y por eso me asocié al mismo, tras tanto tiempo sin pertenecer a ninguna asociación.

Se nos ha llamado idealistas y utópicos. Se nos ha pronosticado el fracaso por este motivo. Ciertamente solo somos hasta el momento doscientos cincuenta jueces y hemos podido comprobar que es muy difícil romper las reticencias de una Carrera Judicial en su mayoría profundamente desilusionada y desconfiada del asociacionismo judicial.

Pero creo que si sabemos mantener las ideas sobre las que se fundó el Foro tarde o temprano tendremos éxito. Y, en el peor de los casos, no hay que tener miedo al fracaso ya que merece la pena luchar por esos ideales cualesquiera que sea el resultado final. Al optar por ser Jueces asumimos voluntariamente la responsabilidad de detentar uno de los poderes del Estado y ello nos obliga a luchar por la defensa de la Justicia en todos los ámbitos, incluido el del asociacionismo judicial. En cualquier caso, si fracasamos será porque nos hayamos desviado de nuestros objetivos iniciales, porque no hayamos sabido comunicarlos o, simplemente, porque no lo hayamos hecho bien, pero no haga falta defender esas ideas. Si fracasamos, tarde o temprano tendrá que surgir algo similar en nuestro lugar.

Por lo demás el Foro no pretende convertirse en una opción enfrentada a las demás asociaciones o que las elimine. Por el contrario, siempre está dispuesto a ponerse, al menos ha así ha sido en estos años, al lado de las demás asociaciones y en interés de todos los jueces en todas aquéllas actuaciones que supongan la defensa de la independencia de los jueces y de sus intereses profesionales. Hemos participado activamente en la constitución de la Comisión integrada por las cuatro asociaciones a través de la cual se están encauzando en este último año las negociaciones con el Ministerio, y ojalá que por esta vía de colaboración lleguemos a constituir en un futuro espero que no muy lejano una única asociación en la que estén integrados todos los jueces, a semejanza de otros países donde el asociacionismo gracias a ello es fuerte y eficaz para conseguir sus fines. Pero ello pasa por el requisito para mí irrenunciable de que se acepte por todos que justicia y política son dos cosas distintas, y que la única intervención de los jueces en política debe darse cuando se demande justicia frente a aquéllos políticos que incumplen la ley, lo que ha de sostenerse no solo en teoría, sino también por la vía de los hechos.

Conrado Gallardo Correa

Magistrado

Fuente: Conrado Gallardo Correa