Conclusiones IV Congreso Nacional

10/11/2007

PRIMERA: Se constata una preocupación generalizada en el espacio judicial europeo por la creciente intromisión de los poderes políticos en la independencia del poder judicial.

SEGUNDA: Para frenar esta tendencia es necesario que existan Consejos de Justicia en cada Estado europeo, como órganos independientes, con plena autonomía organizativa y presupuestaria, para poder gestionar y decidir los aspectos esenciales de la Carrera Judicial.

TERCERA: Para conseguir estos objetivos es conveniente la concertación de los jueces europeos en orden a reclamar las reformas legislativas necesarias para garantizar la independencia judicial, partiendo de la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces del Consejo de Europa y la Recomendación R 94/12, del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Estos principios deben ser la base de la necesaria y urgente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En esta línea la Asamblea aprueba expresamente la iniciativa de celebrar un Congreso Ibérico de Jueces con la finalidad expresada.

CUARTA: Especial mención merece en el ordenamiento jurídico español el problema de la existencia de acción directa en materia de responsabilidad civil de los jueces, que permite que se puedan utilizar demandas civiles como forma de presionar o apartar a los jueces.

En concordancia con lo que es común en el ámbito judicial europeo, es preciso para proteger adecuadamente la independencia judicial que la exigencia de responsabilidad civil a los jueces sólo pueda plantearse frente al Estado, sin perjuicio del derecho de éste a repetir contra el juez en el caso de que se dicte sentencia condenatoria.

QUINTA: Urge la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial, instando al Parlamento a dar cumplimiento al mandato constitucional.

Asimismo se considera necesaria la modificación del sistema actual de elección del referido órgano de gobierno, de modo que sus miembros sean directamente elegidos por los jueces.

SEXTA: La Comisión Interasociativa Permanente (C.I.P.), órgano integrado por representantes de las cuatros asociaciones judiciales para estudiar y adoptar actuaciones conjuntas en materias de interés común, constituye un instrumento imprescindible de la unidad de acción asociativa.

El fracaso de la CIP determinaría el de las propias asociaciones judiciales en su obligada defensa de los intereses colectivos de la Carrera Judicial y fomentaría el aislamiento, frustración, individualismo y resignación instaurados en muchos de sus miembros. Por el contrario, el éxito de la CIP implicaría la realización en ese ámbito del objetivo del asociacionismo judicial, generaría un espíritu integrador y colectivo en la Carrera, un sentimiento de autoafirmación frente a los demás poderes del estado, determinación y firmeza en la exigencia de respeto y dignificación por parte de las Administraciones Públicas y órganos gubernativos y alejaría los complejos en la petición a la sociedad de comprensión y reconocimiento a su labor.

La Asamblea realiza un pronunciamiento expreso en orden a ratificar su constitución, mantenimiento y fortalecimiento y las actuaciones ya realizadas y que en el futuro pueda adoptar.

SÉPTIMA: En la futura Ley de Retribuciones a negociar el año próximo debe suprimirse el complemento de retribución variable enlazado con la productividad, sin que eso suponga una renuncia o merma de la masa salarial destinada a ese concepto.

Es necesario consolidar definitivamente la percepción de 14 pagas iguales con aportación presupuestaria íntegra.

En ese marco, además, tiene que incrementarse la retribución de manera adecuada a la responsabilidad de la función que desempeñan los miembros de la carrera judicial.

OCTAVA: El Consejo General del Poder Judicial debe asumir, haciendo uso de sus competencias reglamentarias, mejoras importantes de las condiciones laborales de los jueces, tales como medidas de flexibilidad horaria, regulación de permisos, licencias, vacaciones y jubilación, la creación de un seguro de vida e incapacidad a favor de los jueces y de un sistema de salud laboral y plan de prevención de riesgos laborables.

Debe llevarse a cabo, además, una profunda reforma en este sentido de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

NOVENA: El Foro Judicial Independiente insta una vez más la supresión del ascenso forzoso, por considerarlo una institución que en la actualidad carece de utilidad para la eficacia del servicio de la justicia y que causa innecesariamente graves perjuicios a los jueces.

DÉCIMA: Por último, para la mejora de la formación de los jueces es necesario llevar a cabo reformas sustanciales en el sistema actualmente vigente.

Barcelona, a 10 de noviembre de 2007.

 

 

 

 

Fuente: Asamblea