Estatuto personal de la Carrera Judicial

09/11/2007 – Ponencia

Ponencia de D. Benito Raboso del Amo. IV CONGRESO NACIONAL DEL FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, Congreso de Barcelona. Noviembre 2007.

ESTATUTO PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL

El análisis de la situación de los jueces y magistrados de España; en su ámbito profesional, ha de iniciarse con la diferenciación de dos aspectos:

1.- Como titular de la potestad jurisdiccional.

2.- Como empleado publico sometido a un determinado estatuto profesional.

El primer aspecto, como autoridad, no va a ser objeto de análisis, no por el hecho que no este claramente dañada tal potestad por la creciente intervención de los poderes públicos y demás intervinientes procesales, cuya meta de debilitación de la figura del juez cada vez es más ostensible, sino por el hecho que, al menos en los últimos años hemos padecido y seguimos padeciendo una funcionarización creciente, que, al intervenir directamente en nuestra labor profesional no debe quedar sin una respuesta clara, bien a nivel personal o a nivel colectivo mediante el asociacionismo judicial.

Sirva de entrada a mi exposición el informe sobre la encuesta a todos los jueces y magistrados en servicio activo elaborado por el C.G.P.J. en el año 2006 en cuya introducción se determina lo siguiente:

“El cuestionario se ha iniciado con el principal objetivo: Descripción y valoración de la situación en la que realizan su trabajo y la satisfacción que les reporta”.

* Siete de cada diez jueces declaran estar satisfechos de su trabajo, Cuando les hemos preguntado por la satisfacción con el nivel retributivo, el porcentaje de satisfechos desciende de manera muy significativa: un 41% declara que poco o muy poco y sólo un 17% que muy o bastante satisfechos con el nivel retributivo actual.

* La mayoría, un 41%, opina que las expectativas que tenia cuando ingresó se han cumplido; sin embargo, en 23% opina que no, que en nada o poco, Analizando las tablas se observa que entre las mujeres hay menor proporción que han visto suficientemente cumplidas sus expectativas, un 37,8% frente al 42,3% de los varones.

* Respecto a la carga de trabajo, los datos son claros y rotundos: la inmensa mayoría, el 71% de la carrera judicial, opina que están realizando “demasiado trabajo”.

* La valoración de los módulos de entrada y salida nos muestran que en torno a un 50% de la carrera judicial opinan que son excesivos, 52% en los de entrada y 50% en los de salida. Por otro lado, un 30% manifiesta que son adecuados.

* Un 60% de la carrera opina que es una medida negativa la vinculación entre retribuciones y el cumplimiento de objetivos de rendimiento.

* Un tercio de la carrera judicial considera que está trabajando en condiciones físicas malas.

*La carrera judicial española declara que trabaja 45,95 horas de media a la semana. De ellas, un 38% en su casa.

El segundo bloque del cuestionario ha sido la “Valoración de la actividad del CGPJ sobre la carrera judicial”, pensando en la gestión cotidiana de la carrera judicial:

* Al día de hoy, el primer dato que destacamos es que el CGPJ no tiene un canal de comunicación fluido y potente, universal, para dirigirse institucionalmente a la carrera judicial.

* La carrera judicial prefiere la antigüedad como el criterio de adjudicación de destinos no discrecionales, con un apoyo casi total y unánime, ya que alcanza un 7,21, de media, en una escala del cero al diez. Una opinión, que desborda a los destinos no discrecionales, afectando a los destinos discrecionales, esto es, hay apoyo casi unánime, también, de la antigüedad como criterio de adjudicación de destinos en general.

* Finalmente, la carrera judicial es muy critica con el CGPJ en su función como garante de la independencia judicial.

Un tercer bloque “La percepción y sugerencias para arreglar los problemas de la Justicia”, estas son, las más mencionadas, por la carrera judicial:

1. Formación del personal, 20.

2. Aumentar el número de juzgados,19%.

3. Más medios materiales, 16%.

4. Más personal, 15%.

5. Imagen publica, valoración social, 14%.

6. Retribuciones, 14%.

7. Procedimientos más ágiles, menos burocracia, 12%.

8. Disminución de carga de trabajo,12%

9. Más jueces, 10%.

10. Información, medios técnicos, 9%.

El cuarto bloque ha sido dedicado a investigar, “En qué medida el género modifica las pautas de comportamiento profesional de los jueces y magistrados”. De manera más concreta, en qué medida el papel de mujer obstaculiza la actividad profesional de las mujeres en la carrera judicial:

* El 67% de las mujeres, jueces y magistrados. Declaran que si les está afectando su rol de mujeres en su actividad profesional.

* Entre los indicadores objetivos, apuntamos que por cada varón que ha pedido la excedencia por cuidados de hijos, lo han hecho diez mujeres.

* Un 37,9% de varones sí han desarrollado actividades profesionales extrajudiciales, frente a un 16,5% de mujeres.

* Un 31,8% de los varones encuestados admiten explícitamente que las cargas familiares son una desventaja clara para la mujer en sus opciones de promoción, una apreciación que afirman el 78,6% de las mujeres de la carrera judicial.

El quinto y sexto bloque han sido destinados respectivamente a la “relación entre carrera judicial y medios de comunicación” y a la “familiaridad con los medios tecnológicos”, en concreto, ofimática, informática e Internet:

* Un 60% de los jueces opinan que para su profesión el seguimiento habitual de los medios de comunicación no es necesario o es indiferente. Un 35% piensa que si es necesario.

* A un 75% de la carrera judicial le importa, algo o mucho, que los medios de comunicación se fijen en un asunto que es de su competencia. Esto no ha de sorprendernos, lo extraño es que a un 22% no les preocupe nada.

* Nueve de cada diez jueces disponen de ordenador, utilizan Internet y escriben sus resoluciones en un ordenador.

* Es entre los jueces mayores de 60 años donde se detecta una proporción mayor, entre el 18% y el 30%, de profesionales que no usan o utilizan el ordenador o Internet.

* Un 25% de la carrera declara utilizar habitualmente la página web del CGPJ.

El 90% considera necesario que se refuerce la formación en materia informática.

Pues bien, tales datos, en mi opinión, bastante moderados con la realidad, aún cuando demuestran una opinión de la carrera judicial, traen su causa en la situación creada a partir del año 2002 y que a continuación es objeto de exposición:

INTRODUCCIÓN

Desde el año 1989 los miembros de la carrera judicial no habían visto actualizadas sus retribuciones siendo así que la totalidad de la función publica vio compensada su pérdida adquisitiva durante ese periodo.

El malestar generado por tal injusta situación conllevo la convocatoria de juntas generales de jueces en toda España, siendo de destacar la de Madrid, por su importante participación y por el hecho singular que consiguió realizar una concentración ante el ministerio de justicia en junio de 2002. Fruto de todo aquel periodo de movilizaciones es de destacar la creación de la asociación F.J.I. en diciembre de 2002 como alternativa a la voz de la inmensa mayoría de los miembros de la carrera judicial no asociados, que veían truncadas tosas sus expectativas de hacerse oír, por la asunción pactada, de la materia retributiva, llevada a efecto por las dos asociaciones mayoritarias (APM y JD) con la tibieza o escasa oposición activa de la asociación “Francisco de Vitoria”.

Es objeto de mi exposición analizar lo ocurrido desde el año 2003 hasta la actualidad desde el punto de vista de nuestro estatuto profesional, en relación con el resto de la función publica, con el objetivo final de servir como opinión critica, sujeta a vuestra consideración, y con la meta de seguir avanzando en la mejora de nuestra situación estatuaria.

I-LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA

Viene referida en los Art. 402 y 403 de la LOPJ. en los siguientes términos:

Artículo 402.

1. El Estado garantiza la independencia económica de los Jueces y Magistrados mediante una retribución adecuada a la dignidad de la función jurisdiccional.

2. También garantizará un régimen de Seguridad Social que proteja a los Jueces y Magistrados y a sus familiares durante el servicio activo y la jubilación.

Artículo 403.

1. El régimen de retribuciones de los Jueces y Magistrados se inspirará en los principios de objetividad, equidad, transparencia estabilidad, atendiendo para su fijación a la dedicación a la función jurisdiccional, a la categoría y al tiempo de prestación de servicios. Se retribuirá, además, la responsabilidad del cargo y el puesto de trabajo.

2. En todo caso, las retribuciones de los jueces y magistrados estarán integradas, con carácter general, por un componente fijo y otro variable por objetivos, que valore específicamente su rendimiento individual.

3. Las retribuciones fijas, que se descompondrán en básicas y complementarias, remunerarán la categoría y antigüedad en la carrera judicial de cada uno de sus miembros, así como las características objetivas de las plazas que ocupen.

Son retribuciones básicas el sueldo y la antigüedad. Son retribuciones complementarias el complemento de destino y el complemento específico.

4. Las retribuciones variables por objetivos estarán vinculadas al rendimiento individual acreditado por cada Juez o Magistrado en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y profesionales.

5. Asimismo, los Jueces y Magistrados podrán percibir retribuciones especiales por servicios de guardia, servicios extraordinarios sin relevación de funciones y sustituciones.

6. Una ley desarrollará, conforme a lo previsto en los apartados anteriores, las retribuciones de los miembros de la carrera judicial.

La ley referida en el citado párrafo 6º del Art. 403 de la LOPJ es la ley 15/2003 de 26 de mayo reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal actualmente en vigor.

Entrando en el examen de la misma son destacables las siguientes cuestiones:

1.- En la exposición de motivos se dice:

“El compromiso pendiente desde 1985 de elaborar una ley especial de retribuciones de los miembros de la carrera judicial ha de abordarse hoy en el marco de una realidad social cada vez más moderna y avanzada con una creciente demanda de servicios públicos de calidad homologables a los que reciben el resto de los ciudadanos de la Unión Europea. Por esta razón, el nuevo sistema que define esta ley debe perseguir objetivos verdaderamente ambiciosos como el estimulo al esfuerzo la vertebración de la carrera judicial, la asunción de responsabilidades y el incentivo a la formación y a la especialización.

Para el cumplimiento de estos objetivos, el nuevo régimen de retribuciones se inspira en los principios de objetividad, equidad, transparencia y estabilidad. La objetividad se alcanza en esta materia haciendo depender la retribución de un conjunto de parámetros mensurables, comparables y legalmente determinados. La equidad exige, por su parte, que la renumeración de jueces, magistrados y fiscales sea expresiva de la dedicación, responsabilidad, categoría y rendimiento individual en el desempeño de las funciones jurisdiccionales y fiscales. Finalmente, la transparencia del sistema retributivo debe garantizarse a través de procedimientos e instrumentos técnicos que aseguren el seguimiento actualizado y riguroso de la actividad de los órganos jurisdiccionales y su conexión con los niveles retributivos lo que constituye al mismo tiempo una pieza fundamental para hacer posible una adecuada planificación de las políticas públicas encaminadas a mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia”.

La citada exposición de motivos introduce principios y conceptos que no se corresponden con la realidad de la situación de la Administración de Justicia en España.

A.- Se habla de homologación con los servicios públicos que reciben el resto de los ciudadanos de la Unión Europea cuando lo cierto es que los indicadores de numero de Jueces por habitantes y por consiguiente carga de trabajo esta muy lejos en España de la realidad europea, por lo que, salvo reformas estructurales y dotaciones presupuestarias en ampliación del número de juzgados y jueces, difícil solución puede dar a este respecto la Ley de Retribuciones.

B.- Parece desconocer la ley citada que precisamente ha sido el esfuerzo individual, la responsabilidad y la autoformación de los jueces y magistrados los factores que han impulsado y siguen impulsando el funcionamiento de la Administración de Justicia, infradotada saturada de trabajo e incapaz, sin la dotación de los recursos necesarios para satisfacer las legitimas expectativas de los ciudadanos.

2.- De su articulado merece destacar lo siguiente.

A.- El Art. 1º establece en su apartado 3º una inexplicable e injustificada distinción en el régimen retributivo de los Magistrados del T.S. respecto de las restantes categorías de la carrera judicial, a mi entender contraria al Art. 122 de la constitución que determina un único poder Judicial.

B.- El Art. 2º se refiere a los conceptos retributivos diferenciando las retribuciones fijas (Capitulo II) de las retribuciones variables por objetivos (Capitulo III) las retribuciones fijas se descomponen en retribuciones básicas (sueldo y antigüedad) y retribuciones complementarias (complemento de destino y específico) sobre las mismas conviene referir lo siguiente.

B.1.- No existe una cláusula de estabilización anual y automática de las retribuciones fijas siendo insuficiente a este respeto la disposición adicional primera apartado 3º que remite a un sistema de revisión quinquenal a efectuar por una comisión que eleva al gobierno propuestas de revisión retributiva. Tal sistema no garantiza la estabilidad del valor retributivo de los miembros de la carrera judicial.

B.2.- El apartado C) del Art. 5º que regula el complemento de destino no se encuentra suficientemente definido creando inseguridad jurídica respecto a su contenido y aplicación.

3.- Mención especial merece el Capítulo III por haber supuesto, en mi opinión, el mayor error y obstáculo para la normal aplicación de la materia retributiva, al venir a regular las denominadas retribuciones variables por objetivos.

El citado Capítulo III integrado por las Art. 7º a 11º establece lo siguiente.

“Artículo 7. Contenido de las retribuciones variables por objetivos.

Las retribuciones variables por objetivos estarán vinculadas al rendimiento individual acreditado por cada juez o magistrado en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y profesionales.

Artículo 8. Determinación de los objetivos.

1. El objetivo para cada destino en la carrera judicial se fijará por el Consejo General de Poder Judicial con arreglo a módulos de dedicación u otros criterios técnicos que estime convenientes. Cuando la fijación de los objetivos o su modificación pueda afectar a las retribuciones variables a los que se refiere el artículo anterior, el acuerdo que lo apruebe deberá contar con informe favorable del Ministerio de Justicia. Si esta modificación tuviese repercusión presupuestaria, deberá ser informada favorablemente por el Ministerio de Hacienda. Los acuerdos adoptados en esta materia y sus modificaciones se publicarán en el <<Boletín Oficial del Estado>>.

2. A los efectos establecidos en este título, el Consejo General del Poder Judicial remitirá al Ministerio de Justicia, antes del día 15 de los meses de enero y julio, certificación relativa al cumplimiento por los miembros de la carrera judicial de los objetivos a que se refiere el apartado anterior.

Artículo 9. Cuantificación de la retribución variable.

1. Los jueces y magistrados que en el semestre inmediatamente anterior hubiesen superado en un 20 por ciento el objetivo correspondiente a su destino tendrán derecho a percibir un incremento no inferior al cinco por ciento ni superior al 10 por ciento de sus retribuciones fijas.

2. Los jueces y magistrados que en el semestre inmediatamente anterior no alcancen, por causas que les sean atribuibles, el 80 por ciento del objetivo correspondiente a su destino percibirán sus retribuciones fijas minoradas en un cinco por ciento, previo expediente contradictorio cuya reglamentación, trámite y resolución corresponderá al Consejo General del Poder Judicial.

3. El crédito total destinado en cada ejercicio presupuestario a las retribuciones variables, a que se refiere el apartado 1, no podrá superar en ningún caso el cinco por ciento de la cuantía global de las retribuciones fijas de los miembros de la carrera judicial.

El crédito destinado a las retribuciones variables se distribuirá proporcionalmente, dentro de los límites porcentuales fijados, entre quienes se encuentren en el supuesto establecido en el apartado 1.

Artículo 10. Cambios de destino.

En los supuestos de cambio de destino el Consejo General del Poder Judicial realizará una estimación ponderada del rendimiento individual del juez o magistrado en los destinos ocupados en el semestre inmediatamente anterior a efectos de calcular el cumplimiento de los objetivos asignados a éstos.

Artículo11. Programas de actuación por objetivos.

1. Cuando el volumen de asuntos pendientes en un órgano jurisdiccional u otras circunstancias aconsejen establecer un programa de actuación por objetivos, éste fijará su objeto, ámbito de aplicación, duración y resultados que habrán de obtenerse.

2. La aprobación de un programa de actuación por objetivos requerirá autorización del Ministerio de Justicia, previa constatación de la existencia de recursos presupuestarios suficientes para atender a su financiación.”

Podemos empezar a efectuar una crítica global rotunda y general de tal sistema retributivo basada en los siguientes apartados:

A.- Regulación íntegramente remitida al ámbito reglamentario.

B.- Inclusión de una “multa de haber” en el Art. 9.2º de la citada ley, como sanción encubierta.

C.- Se fija un incremento no inferior al 5% ni superior al 10% de las retribuciones fijas por alcanzar un 20% del objetivo fijado al destino.

El desarrollo reglamentario se efectúa mediante acuerdo de 3 de diciembre de 2003 del pleno del C.G.P.J. por el que se aprueba el reglamento 2/2003 para el cumplimiento de la Ley 15/2003 de 26 de mayo reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, en lo relativo a las retribuciones variables por objetivos de los miembros de la carrera judicial.

Tal disposición normativa se ha venido aplicando desde el año 2003 obligando a jueces y magistrados a certificar el cumplimiento de los objetivos de rendimiento según la forma establecida y que puede resumirse así:

A.- Antes del día 15 de cada mes de enero y del día 15 de cada mes de julio se remitían cumplimentados y firmados al servicio de inspección de C.G.P.J. los formularios sobre rendimiento, de carácter semestral. El incumplimiento de remisión del formulario de rendimiento conllevaba quedar incluido, en el grupo cuarto del listado y como tal susceptible de expediente contradictorio (Art. 15).

B.- Los objetivos de rendimiento que se observan para la remisión del formulario se encontraban establecidos en los acuerdos sobre módulos de trabajo de jueces y magistrados aprobados por el C.G.P.J. en fecha de 31-5-2000 y 9-10-2003 incluidos en el anexo I del reglamento.

C.- Una vez remitidos se nos incluía en alguno de los siguientes grupos:

Primero: Jueces y Magistrados que en el semestre de referencia superen en al menos un 20 por ciento el objetivo de rendimiento correspondiente a su destino.

Segundo: Jueces y Magistrados cuyo rendimiento en el semestre de referencia, sin superar en al menos un 20 por ciento el objetivo correspondiente a su destino, sea igual o superior al 80 por ciento de aquel.

Tercero: Jueces y Magistrados cuyo rendimiento en el semestre de referencia no alcancen el 80 por ciento correspondiente a su destino por causas que no les sean atribuibles.

Cuarto: Jueces y Magistrados cuyo rendimiento en el semestre de referencia no alcancen el 80 por ciento correspondiente a su destino y que no proceda incluirlos en el grupo anterior.

D.- Aquellos que se encontraban en el grupo primero solo les quedaba esperar que, en algún momento lejano en el tiempo y si las circunstancias presupuestarias lo permitían, poder percibir la muy generosa retribución variable por su esfuerzo (unos 1.200 € por 6 meses de productividad con la correspondiente repercusión fiscal vía IRPF.).

La asociación F.J.I. elaboro un informe desfavorable al modelo de valoración del desempeño de Jueces y Magistrados que se intento aprobar en el año 2004, como sustitutivo del entonces vigente siendo de destacar las siguientes cuestiones contenidas en el citado informe:

“En primer lugar, la Asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE muestra su rechazo frontal a cualquier sistema de valoración de la actividad judicial ligado de manera más o menos directa a la materia retributiva y con la condición de productividad. El proceso de estudio de los hechos objeto de debate, del derecho aplicable y de la conclusión jurídica que conlleva toda resolución judicial no admite posibilidades de medida mediante sistema como el examinado, siempre alejado, por su propia naturaleza, de la actividad del juzgador, que tan solo debe estar medida por la correcta aplicación de la ley, con el máximo de calidad posible, al margen de consideraciones de productividad, siempre peligrosas en la labor intelectual y que tan solo pueden conducir a un detrimento de dicha calidad. Lo importante es decidir bien, no deprisa. Una cosa es la lentitud patológica en decidir y otra muy distinta el necesario sosiego que las decisiones judiciales precisan.

Deben procurarse mecanismos de control de calidad y cantidad. Pero esos mecanismos ya existen en la ley: la inspección y las correspondientes sanciones disciplinarias e, incluso, penales si procedieren. Un sistema de valoración como el examinado y cualquier otro que se establezca, debe servir, con las modificaciones necesarias derivadas de la experiencia en su aplicación, únicamente para modular el volumen estándar de trabajo que puede soportar un miembro de la carrera judicial con dignidad profesional y personal, y ello con el fin de procederse a la adopción de las medidas correctoras precisas en caso de exceso de asuntos, tales como nueva creación de órganos judiciales, etc. Si pensamos en un juez dedicado a su función casi en exclusiva, con olvido de sus obligaciones familiares y limitado para otras actividades de esparcimiento y de contenido científico, mental o espiritual, necesarias par el desarrollo armónico de la persona, sí que es posible cumplir los objetivos propuestos. En otro caso no.

En la actividad judicial influyen numerosos factores personales y no siempre el juez más rápido o el que más resoluciones dicta tiene que ser el que mejor trabaje.

La imposición de un módulo de trabajo vinculado a la retribución y a la productividad es provocar una discrepancia entre lo que el poder público dice al ciudadano para que exija a los jueces y lo que ese poder ordena a estos. Se reclaman resoluciones meditadas, estudiadas y bien razonadas pero después se impone al juez la celeridad y la productividad. Ambas exigencias son incompatibles.

Hecho este preámbulo, y pasando a efectos dialécticos a valorar el sistema que se propone, que rechazamos frontalmente, ponemos de manifiesto con carácter preliminar que el Proyecto no contiene indicación alguna que explique el proceso seguido para la determinación cuantitativa tanto de los grados que integran los indicadores del volumen de trabajo como de los indicadores de la complejidad de los asuntos. Un análisis superficial sugiere que las medias o denominados tramos “Standard” de las escalas propuestas, son el resultado de la media ponderada de los datos suministrados por las estadísticas suministradas al CGPJ por los distintos órdenes Jurisdiccionales.

Así, no consta mención alguna a las Resoluciones dictadas por los Jueces en las situaciones derivadas de licencias y/o permisos de los Magistrados y Jueces titulares, de modo que incrementan de modo inadmisible el número de Resoluciones dictadas por el Juzgado pero no por el titular del mismo.

Por otra parte, en el período de referencia que ha servido de base o estudio para extraer esos datos, se han producido en la practica totalidad de los órdenes jurisdiccionales un rendimiento exorbitante derivado de los denominados “planes de actuación”, aceptados sobre la base de una excepcional coyuntura.

Por último, los factores o valoraciones de éxito se hacen depender del valor eficacia. Esta dependencia debe ser positiva para la manufactura pero de dudosa conveniencia para conseguir una justicia de calidad.

BASES CONCEPTUALES Y CARACTERISTICAS DEL MODELO:

Destaca, entre ellas la llamada “equidad interna del sistema”, en que todos los Jueces y Magistrados son valorados por igual y el peso específico de todos los elementos del modelo es también igual para todos los órganos y jurisdicciones. Esta característica, calificada de esencial en el modelo, quiebra cuando se comparan los órganos unipersonales del orden civil con los colegiados del mismo orden o con los órganos unipersonales mixtos.

Por otra parte, si afirma que el modelo “está concebido como sistema motivador puesto que tan sólo discrimina en sentido positivo: recompensa al que aporta más en su actuación profesional pero no penaliza a quien aporta menos”. Entendemos que tal concepción quiebra de base si luego ese modelo se va a utilizar para imponer una sanción o multa de haberes a quien no alcance el 80%, como está previsto en el Art. 9.2 de la Ley reguladora del régimen Retributivo de la Carrera Judicial, lo cual atenta a la independencia de Juez, pues le obliga o bien a renunciar a su vida privada, o a “arreglárselas” para que la resolución de los asuntos le cueste el tiempo estimado en los Módulos a priori, y sin consideración a la concreta complejidad que cada asunto representa real y efectivamente.

En cuanto a la aplicación, dentro del proceso de valoración, toma el año hábil, y se aplica el método semestralmente; esto origina en principio una disfunción en los casos de Jueces y Magistrados que formen parte del turno de vacaciones en Agosto, y disfruten vacaciones en otro mes. Sabido es que el mes de agosto es inhábil para gran parte de las actuaciones judiciales y que los señalamientos de juicios se reducen en ese mes a los urgentes, por lo que parece obvio que la carga de trabajo que reflejará ese Juez en el semestre en que disfrutó sus vacaciones será inferior al resto de sus compañeros, habida cuenta que el mes de agosto será computado como de trabajo, y el trabajo asumido en el mismo no es equiparable a los restantes meses.

En cuanto a la situación de la valoración, se habla de un protocolo informatizado, correspondiente a cada órgano valorado. Rechazamos este sistema, por cuanto se está encomendando al Juez una labor claramente administrativa que excede claramente de las labores jurisdiccionales; además se parte de un sistema informático ideal y de unos jueces con la preparación y conocimientos adecuados para efectuar su propio Protocolo, cuestiones ambas que no dejan de ser, por el momento, una utopía.

Partiendo de lo anterior, el Modelo elabora unos Parámetros determinados por FACTORES e INDICADORES, como pilares básicos, y Subindicadores, variables en cada órgano.”

Procede a continuación a desgranar cada orden jurisdiccional indicando la inoperatividad, ineficacia y error de los factores asignados.

Como era de esperar, la politización del C.G.P.J. próximo a su renovación, la deslegitimación de sus funciones en manos del ejecutivo y su propia ineficacia e inoperatividad, conllevo la necesaria intervención judicial, impugnándose ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S. el reglamento 2/2003 sobre retribuciones variables.

Mediante sentencia de fecha 3-3-2006 se estima el recurso Contencioso- Administrativo interpuesto contra el reglamento 2/2003 de 3 de diciembre del CGPJ y se acuerda su nulidad por no ser conforme a derecho. Es de destacar que en el fundamento de derecho cuarto se establezca lo siguiente:

“En definitiva, pues, el otorgamiento de una auténtica tutela judicial efectiva, exige a jueces y magistrados la intervención, examen y resolución perfectamente individualizada y motivada en relación con el concreto y particular asunto objeto de controversia, y ese estudio pormenorizado ha de traducirse necesariamente en criterios de calidad y atención individualizada, incompatibles en ocasiones con únicas referencias cuantitativas en cuanto a número de asuntos resueltos, según parámetros que resulten puramente productivistas, y por tanto ajenos o alejados de un estudio ponderado y reflexivo.”

Pues bien la citada sentencia ha venido a anular el reglamento quedando subsistente la ley 15/2003 en lo referente a las retribuciones variables por lo que tras, el vacío normativo derivado de aquella, merecen destacar se las siguientes cuestiones

1.- Enmiendas Nº 631 y 645 que a continuación se transcriben

631

“Se añade un nuevo apartado, con la numeración que corresponda, para introducir tres nuevos párrafos en el apartado 4 del artículo 403, que pasa a tener la siguiente redacción:

<4. Las retribuciones variables por objetivos estarán vinculadas al rendimiento individual acreditado por cada juez o magistrado en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y profesionales.

Todos los jueces y magistrados estarán obligados a alcanzar un objetivo normalizado, que no podrá ser inferior al rendimiento medio de los órganos unipersonales o, en su caso, colegiados en los que se integre, correspondiente a los cinco años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la presente ley, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de julio, del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial podrá determinar por vía reglamentaria los factores de corrección que puedan incidir individualmente en la consecución del objetivo antedicho, previo informe favorable del Ministerio de Justicia.

Si estas correcciones tuviesen repercusión presupuestaria, se requerirá informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.>

MOTIVACIÓN

Se establece en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial el objetivo mínimo que se considera normal para cada titular de un órgano jurisdiccional dejando en manos del Consejo General del Poder Judicial la facultad de determinar por vía reglamentaria los factores de corrección que puedan incidir individualmente en la consecución de ese objetivo mínimo.”

645

“Se añade un nuevo artículo vigésimo segundo de modificación de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, en la que se suprimen el apartado 1 del artículo 8 y el apartado 2 del artículo 9 de dicha ley.

MOTIVACIÓN

De acuerdo con la enmienda de adición al artículo 403.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el objetivo normalizado para los titulares de los órganos jurisdiccionales es fijado por el propio legislador en sede orgánica de acuerdo a un criterio objetivo”

Las citadas enmiendas sugieren las siguientes reflexiones:

1) Son contrarias a las características especiales del trabajo de Jueces y Magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional y que tienen por finalidad proporcionar una tutela judicial efectiva a los ciudadanos, que precisa de una reflexión a la vista de las circunstancias del caso concreto y de la legislación aplicable, alejada de un sistema productivista en el que sólo importa el resultado numérico obtenido.

2) Subyace en dichas enmiendas la idea de un juez vago y que no rinde al que hay que poner remedio urgente, cuando la realidad es la siguiente:

1.- Durante años y años los Jueces y Magistrados en España vienen realizando un trabajo por encima de sus posibilidades con detrimento de su vida personal y de sus necesidades de formación permanente, etc… En juzgados y Tribunales en los que igualmente año tras año aumentan significativamente los volúmenes de entrada, así como la dificultad técnica de los asuntos y el grado de responsabilidad, sin que la creación de nuevos órganos judiciales responda al volumen de trabajo existente y a las necesidades que los ciudadanos demandan en una sociedad moderna. Estando muy alejados del número de Juzgados por número de habitantes existentes en países de nuestro entorno europeo. El voluntarismo de Jueces y Magistrados y la vocación y dedicación en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas ha venido supliendo la escasez de Órganos Judiciales y medios.

2.- En el ejercicio de las facultades que la Constitución Española y la LOPJ para salvaguardar la independencia judicial otorgan al CGPJ, éste Órgano encargó un exhaustivo estudio a una empresa privada externa que elaboró un riguroso informe, con un claro carácter objetivo, estableciendo la carga realmente asumible por los distintos órganos judiciales. Tras ser aprobada por el CGPJ no se ha puesto en práctica por razones exclusivamente económicas de la Administración del Estado.

3.- El sistema de retribución variable por objetivos de los miembros de la Carrera Judicial introducido por Ley 15/2003 no se aplica por causas ajenas a los Jueces y Magistrados quienes desde el segundo semestre de 2005 no han percibido retribuciones variables aunque su trabajo extraordinario haya sido merecedor de esa clase de retribución. Suponiendo una disminución importante en sus retribuciones.

4.- El establecimiento del sistema de módulos en la carrera judicial sólo ha servido, en la práctica, a efectos retributivos de jueces y magistrados y a efectos disciplinarios de los mismos, pero nunca como parámetro de lo que únicamente puede soportar un órgano judicial (módulo de entrada ) ni tampoco ha tenido reflejo práctico en la creación de nuevos órganos judiciales.

3) Es el CGPJ el órgano al que, a fin de garantizar la independencia judicial, establece el Art.122 de la CE que le corresponde la aplicación del estatuto orgánico así como su régimen disciplinario de Jueces y Magistrados. Se vacían “de facto” de contenido las facultades de dicho Órgano, al que se desapodera de funciones que ostentaba por aplicación de la CE y los todavía vigentes; artículo 110.2.r de la LOPJ que otorga al CGPJ para regular por vía reglamentaria los “Sistemas de racionalización, organización y medición del trabajo que se estimen convenientes con los que determinar la carga de trabajo que puede soportar un órgano jurisdiccional” y artículo 8 de la Ley 15/2003 para fijar “El objetivo para cada destino en la carrera judicial (…) con arreglo a módulos de dedicación u otros criterios técnicos que estime conveniente”.

La remisión que efectúa la enmienda a la corrección individualizada a través de las potestades reglamentarias del CGPJ es algo meramente residual que no podrá alterar nunca el “mínimo” de cumplimiento que asigna la norma con rango de Ley.

4) La introducción de un objetivo mínimo normalizado como obligación de rendimiento mínimo del Juez lleva consigo las consecuencias administrativas y de todo orden, en particular disciplinarias, que puede tener el incumplimiento del objetivo fijado por el precepto.

5) Se hace materialmente inviable el sistema de retribuciones variables por objetivos que consagró la Ley 15/2003, por la dificultad de llegar al objetivo de rendimiento mínimo que se fija, dado lo elevado del mismo, por encima del cual tendrá que superarse el 20% para llegar a poder tener derecho a las retribuciones variables.

6) Por lo que respecta al objetivo mínimo que se fija:

1.- Es inaceptable que se compute como mínimo lo que ha constituido la “media” de los últimos cinco años, incluyéndose las resoluciones dictadas por los Jueces y Magistrados que han realizado una sobrecarga de trabajo en los años anteriores para percibir retribuciones variables por productividad. Ello no supone otra cosa que elevar a la categoría de “normal” el rendimiento “excepcional”.

2.- Es inaceptable que se eleve a “mínimo” lo que constituye la “media” de rendimiento. Las “medias” por definición lógica y matemática nunca pueden constituir el “mínimo”. Se obliga a la totalidad de la carrera judicial a rendir en el futuro por encima de lo que ha sido la “media”.

7) La Ley no define qué se entiende por “órganos en que se integre”. El cómputo puede hacerse por ¿jurisdicciones, comunidades autónomas, localidades, a nivel nacional, materias, especialización…? El sistema exigirá notificar a cada juez o magistrado individualmente el mínimo que debe alcanzar cada ejercicio con efectos 1 de enero de cada año, nunca más tarde.

8) No se utiliza ese módulo, que se establece únicamente a efectos obligacionales de jueces y magistrados, como módulo máximo de asuntos que puedan entrar en un órgano judicial, ni tampoco como módulo de creación de juzgados…

De nuevo las movilizaciones de junta de Jueces y la presión asociativa consiguieron que tales enmiendas no salieran adelante.

2.- En la actualidad existe una propuesta modificativa mas moderada que afecta al Art. 403 LOPJ y a los Arts. 8 y 9 de la Ley 15/2003 en los siguientes términos:

Artículo 403 Ley Orgánica del Poder Judicial

4. Las retribuciones variables por objetivos estarán vinculadas al rendimiento individual acreditado por cada juez o magistrado en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y profesionales.

Se añade:

“Para determinar el rendimiento individual que debe alcanzar cada juez o magistrado corresponde al Consejo General del Poder Judicial establecer reglamentariamente un objetivo normalizado general exigible a cada clase de órgano unipersonal o colegiado. Este objetivo no será exigible cuando no pudiesen lograrlo por causas objetivas y justificadas que no les sean atribuibles.

Los objetivos que fije el Consejo General del Poder Judicial deberán satisfacer la demanda social de calidad en la prestación del servicio público de la Administración de Justicia, asegurando, a estos efectos, el cumplimiento eficiente de las obligaciones profesionales y la agilidad en el despacho de asuntos.

Dicho reglamento y sus correcciones requerirán, en todo caso, informe favorable del ministerio de Justicia, y autorización del Ministerio de Economía y Hacienda en cuanto a su repercusión presupuestaria.”

Artículo 8. Cumplimiento de Objetivos.

A los efectos establecidos en este título, el Consejo General del Poder Judicial remitirá al Ministerio de Justicia antes del día 15 de los meses de enero y julio, certificación relativa al cumplimiento por los miembros de la carrera judicial de los objetivos a que se refiere el apartado cuarto del artículo 403 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 9. Cuantificación de la retribución variable.

“1. Los jueces y magistrados que en el semestre inmediatamente anterior hubiesen superado en un 20 por ciento el objetivo normalizado a que se refiere el apartado cuarto del artículo 403 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tendrán derecho a percibir un incremento no inferior al cinco por ciento ni superior al diez por ciento de sus retribuciones variables.

2. El crédito total destinado en cada ejercicio presupuestario a las retribuciones variables a que se refiere el apartado anterior, no podrá superar en ningún caso el cinco por ciento de la cuantía global de las retribuciones fijas de los miembros de la carrera judicial.

El crédito destinado a las retribuciones variables se distribuirá proporcionalmente, dentro de los límites porcentuales fijados, entre quienes se encuentren en el supuesto establecido en el apartado anterior.”

Lo cierto es que a fecha actual no existe nuevo reglamento que regule la determinación de objetivos y su cumplimiento en la carrera judicial, quedando sin saber que se hace con las retribuciones variables de los años 2006 y 2007 presentadas mediante declaración voluntaria, aún sin normativa reglamentaria, por así haberlo venido permitiendo el propio CGPJ mediante acuerdo de la Comisión Permanente.

4.- El Art. 4º apartado 3º de la ley 15/2003 establece lo siguiente:

“3. Los magistrados y jueces tendrán derecho a percibir dos pagas extraordinarias al año, por importe cada una de ellas igual a una mensualidad de sueldo y antigüedad reconocidas, y en su caso una cantidad proporcional al complemento de destino en los términos que se fijen por ley para el conjunto del sector público estatal, que se harán efectivas los meses de junio y diciembre, siempre que los perceptores estuvieran en servicio activo o con derecho a devengo del sueldo el día primero de los meses indicados.

El complemento de destino se fija en cada ley presupuestaria en una cuantía fija a percibir en cada una de las dos pagas extraordinarias (1051,25 € brutos en el año 2007).

Además mediante orden 530/2007 de 5 de marzo se publica el acuerdo del consejo de ministros por el que se determina la cuantía a incluir en las pagas extras en relación con los miembros de la carrera judicial (Art.31 uno apartados 3 A), 3 B) y 3 C) de la Ley 42/2006) fijándose en 314,68 € brutos en cada una de las dos pagas extras.

El objetivo es alcanzarse la percepción de dos pagas extras integras al año por importe de la retribuciones básicas y complementarias como a este respecto tiene reconocido el resto de la función pública en el Art.22 apartado 4º de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público.

5.- El sistema retributivo especial devengado por los miembros de la carrera judicial como consecuencia de sustituciones va a ser objeto de dedicación en el apartado especifico de sistema de trabajo.

II-LAS CONDICIONES DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LOS MIEMBROS DE LA CARRERA JUDICIAL SU REGULACIÓN NORMATIVA Y SU COMPARACIÓN CON EL RESTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Constituye el objeto de la exposición poner en relación la situación legal en la que se viene desarrollando la actividad profesional de los jueces y magistrados con el resto de la función pública para poder realizar un estudio comparativo que permita analizar el marco legal en el que nos desenvolvemos a diario.

Para ello he tenido en cuenta nuestro régimen jurídico contenido principalmente en la LOPJ y reglamentos específicos elaborados por el CGPJ y la normativa reguladora de la función pública contenida principalmente en la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público.

A.- El ejercicio de la potestad jurisdiccional.

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la constitución y al imperio de la ley (Art. 117, 1º de la Constitución y Art. 1º de la LOPJ).

Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley (Art. 117.2º de la Constitución y Art. 15 de la LOPJ).

Los Jueces y Magistrados, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces y Magistrados.

La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos (Art. 127 de la Constitución)

B.- Derechos y deberes de los empleados públicos

Se encuentran recogidos en los Arts. 14 y 15 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del siguiente modo:

Articulo 14. Derechos individuales.

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio:

a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera

b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.

c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación.

d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.

e) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.

f) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.

g) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.

h) Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral.

i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

j) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

k) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.

l) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo

m) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.

n) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables.

o) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de aplicación.

p) A la libre asociación profesional.

q) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Articulo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva:

a) A la libertad sindical.

b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo.

c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.

e) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este Estatuto.

Pues bien procede ahora entrar a analizar como se desarrollan los principios programáticos en la labor profesional judicial.

1.- Derechos retributivos

Me remito a lo ya expuesto anteriormente haciendo especial referencia a la diferencia en el abono de las dos pagas extras, pues el empleado público tiene reconocido la totalidad integra de aquellas (básicas y complementarias Art. 22.4º Ley 7/2007) y la carrera judicial solo retribuciones básicas y una cuantía adicional complementaria inferior a una paga integra.

2.- Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional, derecho de reunión.

Se tratan de derechos ampliamente reconocidos a los empleados públicos en los Arts. 31 a 46 de la Ley 7/2007.

En el ámbito judicial el derecho de reunión se admite, con ciertas limitaciones, mediante convocatorias de juntas de jueces, tanto de órganos unipersonales como colegiados, presididas por el decano o presidente tanto a nivel sectorial, como de una misma provincia o comunidad autónoma, para tratar de aquellos problemas que les sean comunes (Art. 170 LOPJ y reglamento del CGPJ 1/2000 de 26 de julio de los órganos de gobierno de los tribunales).

Reunión en sitios públicos (Art.21.2º de la Constitución).

En lo referente al ámbito asociativo se regula en el Art. 401 de la LOPJ en los siguientes términos.

Articulo 401.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Constitución, se reconoce el derecho de libre asociación profesional de jueces y magistrados integrantes de la Carrera Judicial, que se ejercerá de acuerdo con las reglas siguientes:

1. Las asociaciones de jueces y magistrados tendrán personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

2. Podrán tener como fines lícitos la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos y la realización de actividades encaminadas al servicio de la Justicia en general.No podrán llevar a cabo actividades políticas ni tener vinculaciones con partidos políticos o sindicatos.

3. Las asociaciones de jueces y magistrados deberán tener ámbito nacional, sin perjuicio de la existencia de secciones cuyo ámbito coincida con el de un Tribunal Superior de Justicia.

4. Los jueces y magistrados podrán libremente asociarse o no a asociaciones profesionales.

5. Sólo podrán formar parte de las mismas quienes ostenten la condición de jueces y magistrados en servicio activo. Ningún juez o magistrado podrá estar afiliado a más de una asociación profesional.

6. Las asociaciones profesionales de jueces y magistrados integrantes de la Carrera Judicial quedarán válidamente constituidas desde que se inscriban en el registro que será llevado al efecto por el Consejo General del Poder Judicial. La inscripción se practicará a solicitud de cualquiera de los promotores, a la que se acompañará el texto de los estatutos y una relación de afiliados.

Sólo podrá denegarse la inscripción cuando la asociación o sus estatutos no se ajustaren a los requisitos legalmente exigidos.

7. Los estatutos deberán expresar, como mínimo, las siguientes menciones:

a. Nombre de la asociación.

b. Fines específicos.

c. Organización y representación de la asociación. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

d. Régimen de afiliación.

e. Medios económicos y régimen de cuotas.

f. Formas de elegirse los cargos directivos de la asociación.

8. La suspensión o disolución de las asociaciones profesionales quedará sometida al régimen establecido para el derecho de asociación en general.

9. Serán de aplicación supletoria las normas reguladoras del derecho de asociación en general.

3.- Jornada de trabajo, permisos y vacaciones.

A) Jornada de trabajo

El Art. 47 de la Ley 7/2007 establece que las administraciones publicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial.

El Acuerdo entre Administración del Estado y Organizaciones Sindicales de fecha 7-12-2005 establece en su apartado 3º:

3. Distribución de la jornada.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 10 de marzo de 2003 en lo que se refiere a la duración máxima de la jornada, con carácter general, la distribución de ésta, se realizará según una de estas dos modalidades:

Horario de mañana: El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 9:00 a 14:30 horas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se realizará, en horario flexible, entre las 7:30 y las 9:00 de lunes a viernes y entre las 14:30 y las 18:00, de lunes a jueves, así como entre las 14:30 y las 15:30 horas los viernes.

Horario de mañana y tarde: El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 9:00 a 17 horas, de lunes a jueves, con una interrupción mínima de una hora para la comida, y de 9:00 a 14:30 los viernes, sin perjuicio del horario aplicable al personal destinado en oficinas de apertura ininterrumpida al público que cuenta con regulación especial. El resto de la jornada, hasta completar las treinta y siete horas y media o las cuarenta horas semanales, según el régimen de dedicación, se realizará en horario flexible entre las 7:30 y las 9:00 horas y entre las 17 y las 18 horas, de lunes a jueves, y entre las 7:30 y las 9:00 y entre las 14:30 y las 15:30 los viernes.

Todo ello sin perjuicio de lo que establece la Resolución de 10 de marzo de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se dictan Instrucciones en materia de jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado, respecto a los calendarios laborales y el resto de la norma que no será objeto de modificación.

La jornada laboral no se encuentra prevista expresamente para los miembros de la carrera judicial, regulándose la audiencia pública en los Arts. 186 y siguientes de la LOPJ y más concretamente en los Arts. 10 al 13 del reglamento de CGPJ 1/2005 de 15 de septiembre de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales que se transcriben a continuación.

Artículo 10.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Juzgados y Tribunales celebrarán audiencia pública todos los días hábiles para la práctica de pruebas, las vistas de los pleitos y causas y la publicación de las sentencias dictadas.

2. También durante este horario se desarrollará el despacho ordinario de los asuntos, la atención a los profesionales y al público que soliciten ser recibidos por el Juez, por el Presidente del Tribunal o por el Secretario Judicial, salvo que se deniegue motivadamente la solicitud, y los demás actos que señalen la Ley y este Reglamento.

3. Las horas de audiencia pública que señalaren los Presidentes de los Tribunales y los Jueces serán las necesarias para la realización de las actividades señaladas en los apartados anteriores, así como para garantizar que la tramitación de los procesos se produzca sin dilaciones indebidas y que la celebración de los actos y vistas señalados se lleve a cabo sin retrasos, debiendo ajustarse a los siguientes límites:

a) El límite mínimo de audiencia pública será el de cuatro horas durante todos los días hábiles.

b) Excepcionalmente, cuando las necesidades o circunstancias que concurran en algún órgano judicial así lo requieran, podrá solicitarse del Consejo General del Poder Judicial, la reducción del horario de audiencia pública por tiempo determinado. La propuesta habrá de formularse por el Presidente o el Juez de forma motivada e incorporando cuantos antecedentes considere oportunos.

Artículo 11.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el horario de audiencia pública se dará a conocer por el Presidente o el Juez a través de un edicto fijado ostensiblemente en la parte exterior de las Salas de los Juzgados y Tribunales.

2. Dicho horario será comunicado al Consejo General del Poder Judicial para su conocimiento.

3. Cuando los órganos judiciales ubicados en la misma sede judicial hayan fijado de forma coincidente el horario de audiencia pública, la información a la que se refiere el apartado primero de este artículo será fijada también en lugar visible en el acceso al edificio.

Artículo 12.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Jueces y los Presidentes, o quienes les sustituyan, asistirán cada día a la audiencia pública de no mediar causa justificada.

2. Los Magistrados que hayan de formar Sala asistirán igualmente a la audiencia de no mediar causa justificada.

3. Unos y otros deberán justificar la causa de su inasistencia al Presidente del Tribunal o Audiencia.

4. Además, los Jueces y Magistrados deberán asistir a su despacho oficial cuando las necesidades del servicio lo requieran.

Artículo 13.

1. Los Jueces y Tribunales al señalar las comparecencias, audiencias y vistas se atendrán, salvo para actuaciones urgentes, a las fechas y horas que le sean asignadas al correspondiente órgano judicial en el calendario de señalamientos de actuaciones judiciales que elaboren las Salas de Gobierno y los Decanatos, procurando concentrar aquellas en que intervengan las mismas partes o representantes de Instituciones Públicas, a fin de evitar llamamientos reiterados en distintas fechas.

2. Los señalamientos realizados, las horas previstas para los mismos y las partes intervinientes serán comunicados al Decanato o a la Secretaría de Gobierno, donde se llevará un registro informático de los mismos que podrá ser consultado por los órganos judiciales del territorio, a fin de concentrar los señalamientos.

3. Las audiencias y vistas que requieran la presencia del representante del Ministerio Fiscal, Abogado del Estado, Letrados de la Seguridad Social o de las Comunidades Autónomas, en la medida de lo posible, serán agrupadas, señalándose de forma consecutiva.

4. Los Juzgados y Tribunales acomodarán los sucesivos señalamientos al margen temporal que prevean necesario para asegurar la atención a las partes en las horas fijadas, evitando retrasos y esperas que perjudiquen la calidad en la atención al ciudadano.

La determinación de la jornada laboral tiene especial incidencia en la celebración de las vistas (Art.184 de la LEC) por el principio de unidad de acto y los problemas que surgen por el cumplimiento de las agendas en los límites de audiencia establecidos (mínimo 4 horas máximo 7:30’ horas).

¿Ha de suspenderse la actividad jurisdiccional cuando exceda los límites de la jornada de trabajo?

¿Si se decide continuar el exceso de jornada como se compensa?

Se ha de recordar que el propio CGPJ reconoce que la carrera judicial trabaja por encima de la jornada normal de trabajo (45,95 horas de media a la semana y un 38% en casa)

En este aspecto la situación es muy desfavorable y de difícil regulación legal salvo que disminuya la carga de trabajo judicial.

B) Permisos

Se encuentran previstos para los funcionarios públicos en los Arts. 48 y 49 de la Ley 7/2007 del siguiente modo:

Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.

1. Las Administraciones Públicas determinarán los supuestos de concesión de permisos a los funcionarios públicos y sus requisitos, efectos y duración. En defecto de legislación aplicable los permisos y su duración serán, al menos, los siguientes:

a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.

Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.

b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.

c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se determine.

d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su celebración.

e) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las funcionarias embarazadas.

f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen. Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.

h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda.

Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes.

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.

j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

k) Por asuntos particulares, seis días.

2. Además de los días de libre disposición establecidos por cada Administración Pública, los funcionarios tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.

Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género.

En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas:

a) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la funcionaria siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

b) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple.

El cómputo del plazo se contará a elección del funcionario, a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración no inferior a un año.

c) Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo: tendrá una duración de quince días, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados en los apartados a) y b).

En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso.

Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción o acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.

d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria: las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.

Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en cada caso.

Para los miembros de la carrera judicial se encuentran establecidos en el Art.373 de la LOPJ que literalmente es del siguiente tenor literal:

Artículo 373.

1. Los jueces y magistrados tendrán derecho a licencias por razón de matrimonio de 15 días de duración.

2. También tendrán derecho a una licencia en caso de parto, adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente, cuya duración y condiciones se regularán por la legislación general en esta materia. El Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, adaptará dicha normativa a las particularidades de la carrera judicial.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, el permiso previsto en este artículo podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituya la adopción.

3. Tendrán también derecho a licencia, sin limitación de sus haberes, para realizar estudios relacionados con la función judicial, previo informe favorable del Presidente del Tribunal correspondiente, que tendrá en cuenta las necesidades del servicio.

Finalizada la licencia, se elevará al Consejo General del Poder Judicial memoria de los trabajos realizados, y si su contenido no fuera bastante para justificarla, se compensará la licencia con el tiempo que se determine de las vacaciones del interesado.

4. También podrán disfrutar de permisos de tres días, sin que puedan exceder de seis permisos en el año natural, ni de uno al mes.

Para su concesión, el peticionario deberá justificar la necesidad a los superiores respectivos, de quienes habrán de obtener autorización, quienes podrán denegarlos cuando coincidan con señalamientos, vistas o deliberaciones salvo que se justifique que la petición obedece a una causa imprevista o de urgencia.

5. Por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves del cónyuge, de persona a la que estuviese unido por análoga relación de afectividad o de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, los jueces o magistrados podrán disponer de un permiso de tres días hábiles, que podrá ser de hasta cinco días hábiles cuando a tal efecto sea preciso un desplazamiento a otra localidad, en cuyo caso será de cinco días hábiles.

Estos permisos quedarán reducidos a dos y cuatro días hábiles, respectivamente, cuando el fallecimiento y las otras circunstancias señaladas afecten a familiares en segundo grado de afinidad o consanguinidad.

6. Por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, el juez o magistrado tendrá derecho a disfrutar de un permiso de paternidad de quince días, a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.

7. Los jueces y magistrados tendrán derecho a permisos y licencias para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y por razón de violencia de género. El Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, adaptará a las particularidades de la carrera judicial la normativa de la Administración General del Estado vigente en la materia.

Este precepto ha sido ampliamente modificado por la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo siendo de destacar la supresión del Art370 de la LOPJ que regulaba el deber de residencia con los consiguientes perjuicios para los matrimonios o parejas de hecho que pertenecían a la carrera judicial y que estaban destinados en diferentes localidades.

Se reconoce así el derecho fundamental recogido en el Art. 19 de la Constitución.

El Art. 376 de la LOPJ establece que: “Cuando circunstancias excepcionales lo impongan, podrá suspenderse o revocarse el disfrute de las licencias o de los permisos, ordenándose a los jueces y magistrados la incorporación al juzgado o tribunal”.

¿A que se refiere dicho precepto? ¿Que circunstancias excepcionales son las que permitirían suspender o revocar las licencias o permisos concedidos?

El Art. 259 del reglamento del CGPJ Nº 1/95 de 7 de junio de la carrera judicial no determina tales supuestos excepcionales.

El estudio comparativo del sistema jurídico previsto para ambos colectivos, una vez analizados los supuestos concretos que han sido objeto de regulación legal permite establecer las siguientes diferencias:

a) Licencia por razón del matrimonio.

>Es de 15 días naturales de duración.

>Podrá disfrutarse en días anteriores o posteriores a su celebración, indistintamente.

Su otorgamiento es preceptivo y deberá justificarse la celebración del matrimonio.

(Art. 240 del reglamento 1/95 7 de junio)

Carece de regulación legal las uniones de hecho ¿Tendrán derecho a la licencia quienes se inscriban como tal y así lo acrediten?

b) Licencias en caso de parto y adopción.

> Es de dieciséis semanas ininterrumpidas o de dieciocho si se trata de parto múltiple

> Se puede distribuir libremente el periodo de licencia siempre que el disfrute de seis de aquellas semanas se efectué inmediatamente después del parto

> Cuando ambos progenitores trabajen la madre podrá disponer que las cuatro últimas semanas de licencia sean disfrutadas por el padre.

> No afecta al régimen retributivo de quienes la obtengan.

> La adopción o acogimiento de un mayor de nueve meses y menor de cinco años dará derecho a licencia de seis semanas de duración, si es menor de nueve meses será de ocho semanas de duración si ambos trabajan solo uno puede disfrutar de la licencia.

(Arts. 241 a 243 del Reglamento 1/95)

La ley 3/2007 de 22 de marzo ha incluido un permiso de paternidad de 15 días en los supuestos de nacimiento, acogimiento o adopción. Asimismo ha establecido el derecho a permisos y licencias para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género, remitiéndose a la reglamentación que se realice a estos efectos.

(Apartados 6º y 7º del Art. 373 de la LOPJ)

Es de destacar a este respecto.

> La limitación legal de edad en los supuestos de adopción o acogimiento.

(Máximo 5 años y si es mayor de esa edad)

> Mayor precisión y más amplios derechos en el Art. 49 de la Ley 7/2007 (casos de parto prematuro, hospitalización del neonato, supuestos de discapacidad del menor, mayor regulación y más facilidad en el disfrute y periodo).

c) Licencias por enfermedad.

> El juez o magistrado que por hallarse enfermo no pudiere asistir al despacho lo comunicará al presidente del que dependa.

> De persistir la enfermedad por más de cinco días deberá solicitar licencia, acompañada de certificado médico oficial.

> Se conceden con el límite máximo de seis meses por año computado desde el inicio de las mismas. El CGPJ podrá prorrogarlas por periodos mensuales.

> No afectan al régimen retributivo hasta el sexto mes inclusive. Con posterioridad solo dan derecho al percibo de retribuciones básicas y por razón de la familia.

(Urge incluir prestaciones complementarias para supuestos de larga enfermedad en los que no proceda jubilación por incapacidad permanente)

Arts. 374 y 375 de la LOPJ y Arts. 244 a 247 del Reglamento 1/95.

d) Licencias para realizar estudios

> Distinguen los Arts. 248 a 251 del reglamento 1/95 entre las licencias para realizar estudios en general de las relacionadas con la función judicial.

> Las primeras solo dan derecho a percibir retribuciones básicas y por razón de familia, las segundas no afectan al régimen retributivo de quienes las obtengan.

e) Licencias por asuntos propios

> No da derecho a retribución alguna.

> No puede exceder de tres meses cada dos años

> Si es por condiciones de especial dificultad en la que se ejerce la jurisdicción que pueda afectar gravemente a la situación personal del juez o magistrado tendrá derecho a retribución y de un máximo de 15 días hábiles anuales susceptibles de distribuirse en periodos no inferiores a cinco días hábiles.

> También puede concederse por circunstancias personales o familiares que afecten a la situación personal del juez o magistrado con duración máxima de 15 días hábiles, prorrogables excepcionalmente.

(Art. 252 del Reglamento 1/95)

f) Licencias extraordinarias.

> Para concurrir a las actividades asociativas. (Atr. 254 del reglamento 1/95)

> Candidatos a elecciones a Sala de Gobierno. (Atr. 255 del reglamento 1/95)

> Compromisarios de la MUGEJU para asistir a asambleas. (Atr. 256 del reglamento 1/95)

g) Permisos por asuntos propios

> Se pueden disfrutar permisos de tres días, sin que puedan exceder de seis permisos en el año natural, ni de uno al mes.

> Para su concesión, el peticionario deberá justificar la necesidad a los superiores respectivos, de quienes habrá de obtener su autorización.

> Pueden ser denegados cuando coincidan con señalamientos, vistas o deliberaciones salvo que se justifique que la petición obedece a una causa imprevista o de urgencia. (Atr. 373, 4º de la LOPJ)

> El disfrute de los tres días a que se extienden tales permisos habrá de ser continuado, entendiéndose consumido el permiso aunque solo se haya empleado parcialmente.

> No pueden acumularse al periodo de vacaciones, ni perturbar el regular funcionamiento de la Administración de Justicia. (Atr. 236 del reglamento 1/95)

Si comparamos tal regulación legal con el Art. 48, 2º de la Ley 7/2007 obtenemos lo siguiente:

< La función pública, en el ámbito de la Administración de Justicia, tiene reconocidos nueve días por asuntos propios más dos días al cumplir el sexto trienio y un incremento en un día adicional por cada trienio cumplido a partir de octavo.

< La distribución de los días de permiso corresponde al solicitante, sin causas establecidas de denegación.

< No tiene obligación de justificar su necesidad.

La redacción del citado Art. 373, 4º de la LOPJ no puede ser más desafortunada e incorrecta pues, una simple lectura y la realidad de la Administración de Justicia impide, de facto, poder solicitar y disfrutar de los citados permisos, en la forma que se contienen regulados en la actualidad.

Urge su reforma facilitando aquellos en igualdad de condiciones al resto de la función pública.

h) Otros permisos y licencias.

> Por fallecimiento, accidente o enfermedad graves del cónyuge o persona de análoga relación de afectividad o de familiar dentro del primer grado de consaguinidad o afinidad.

* Permiso de tres días hábiles o de cinco días hábiles si precisa desplazamiento a otra localidad.

* Se reducen a dos y cuatro días hábiles, respectivamente, cuando afecten a familiares en segundo grado de afinidad o consaguinidad.

(Art. 373.5 de la LOPJ)

> Permiso extraordinario por el tiempo indispensable para cumplir un deber inexcusable de carácter público. (Atr. 239 del reglamento 1/95)

Para terminar este apartado -B- decir únicamente que se obvia el permiso por traslado de domicilio y el de realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto recogidos en el Art. 48 de la Ley 7/2007 y no previstos en la normativa especifica de la carrera judicial.

Como cuestión de debate ¿Sería posible la reducción de jornada por lactancia de hijos, guarda legal y cuidado de familiares para los miembros de la carrera judicial como medidas a adoptar dentro del plan concilia?

C) Vacaciones

Para la función pública se encuentran previstas en el Art. 50 de la Ley 7/2007 del siguiente modo:

Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos.

Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar como mínimo, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.

A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales.

Para los jueces y magistrados se encuentran previstas en los Arts. 371 y 372 de la LOPJ que se transcriben a continuación

Artículo 371.

1. Los jueces y magistrados tendrán derecho a un permiso anual de un mes de vacaciones, excepto los destinados en las islas Canarias, que podrán acumular en un solo periodo las vacaciones correspondientes a dos años.

2. Los Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo y del resto de los tribunales disfrutarán de este permiso durante el mes de agosto; se exceptúa aquellos a quienes corresponda formar la sala prevista en el artículo 180.

Artículo 372.

El permiso anual de vacaciones podrá denegarse para el tiempo en que se solicite cuando por los asuntos pendientes en un juzgado o tribunal, por la acumulación de peticiones de licencias en el territorio o por otras circunstancias excepcionales, pudiera perjudicarse el regular funcionamiento de la administración de justicia.

Se complementan los anteriores preceptos en los Arts. 232 a 235 del reglamento Nº 1/95 de 7 de junio.

Del análisis comparativo de ambas normativas se obtienen las siguientes diferencias:

* Computo mensual en lugar de días hábiles.

* Posibilidad de denegación por las causas previstas en el Art. 372 de la LOPJ

* Disfrute preferente en periodo de inhabilidad (agosto).

* Disfrute especial de los destinados en las islas canarias (acumulado de dos años)

* No se prevee días adicionales por antigüedad como ya existe reconocido para el resto de la función pública.

4.- Excedencias.

La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo ha introducido importantes reformas en la LOPJ en materia de excedencia, quedando redactado el Art. 356 de la LOPJ del siguiente modo:

Artículo 356.

Procederá declarar en la situación de excedencia voluntaria, a petición del juez o magistrado, en los siguientes casos:

a) Cuando se encuentre en situación de servicio activo en un cuerpo o escala de las Administraciones públicas o en la carrera fiscal.

b) Cuando pase a desempeñar cargos o prestar servicios en organismos o entidades del sector público, y no le corresponda quedar en otra situación. En este supuesto, producido el cese en el cargo o servicio, deberá solicitar el reingreso en el servicio activo en el plazo máximo de 10 días a contar desde el siguiente al cese. De no hacerlo así se le declarará en situación de excedencia voluntaria por interés particular.

c) Por interés particular, siempre que haya prestado servicios en la carrera judicial durante los cinco años inmediatamente anteriores, sin que en esta situación se pueda permanecer menos de dos años.

La declaración de esta situación quedará subordinada a las necesidades de la Administración de Justicia. No podrá declararse cuando al juez o magistrado se le instruya expediente disciplinario.

d) Para el cuidado de los hijos, por un período no superior a tres años para atender a cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, por adopción, por acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o desde la fecha de la resolución judicial o administrativa que lo acuerde, respectivamente. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno podrá ejercer este derecho.

e) También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.

Esta excedencia y la regulada en el apartado anterior constituyen un derecho individual de los miembros de la carrera judicial. En caso de que dos de sus miembros generasen el derecho a disfrutarlas por el mismo sujeto causante, el Consejo General del Poder Judicial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con las necesidades y el funcionamiento de los servicios.

f) Cuando sea nombrado para cargo político o de confianza, salvo los supuestos enunciados en el artículo 351, o cuando se presente como candidato en elecciones para acceder a cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas o corporaciones locales. De no resultar elegido, deberá optar, comunicándolo así al Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de treinta días, por continuar en la situación de excedencia voluntaria o por reingresar en el servicio activo.

Es de destacar el Art. 360 bis que recoge la excedencia por razón de violencia sobre la mujer según la siguiente redacción:

Artículo 360 bis.

1. Las juezas y magistradas víctimas de violencia de género tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia por razón de violencia sobre la mujer sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos. En esta situación administrativa se podrá permanecer un plazo máximo de tres años.

2. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho periodo a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos.

Esto no obstante, cuando de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima lo exigiere, se podrá prorrogar por periodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, el periodo en el que, de acuerdo con el párrafo anterior, se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo, con idénticos efectos a los señalados en dicho párrafo.

3. Las juezas y magistradas en situación de excedencia por razón de violencia sobre la mujer percibirán, durante los dos primeros meses de esta excedencia, las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

4. El reingreso en el servicio activo de las juezas y magistradas en situación administrativa de excedencia por razón de violencia sobre la mujer de duración no superior a seis meses se producirá en el mismo órgano jurisdiccional respecto del que tenga reserva del puesto de trabajo que desempeñaran con anterioridad; si el periodo de duración de la excedencia es superior a 6 meses el reingreso exigirá que las juezas y magistradas participen en todos los concursos que se anuncien para cubrir plazas de su categoría hasta obtener destino. De no hacerlo así, se les declarará en situación de excedencia voluntaria por interés particular.

La anterior regulación legal de la excedencia para los miembros de la carrera judicial tiene un semejante desarrollo normativo en el Art.89 de la Ley 7/2007 por lo que no es necesario extenderse más en este tema.

5.- La jubilación

Para el empleado público el Art. 67 de la Ley 7/2007 establece lo siguiente:

Artículo 67. Jubilación.

1. La jubilación de los funcionarios podrá ser:

a) Voluntaria, a solicitud del funcionario.

b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida.

c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala.

d) Parcial. De acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y 4.

2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable.

Por Ley de las Cortes Generales, con carácter excepcional y en el marco de la planificación de los recursos humanos, se podrán establecer condiciones especiales de las jubilaciones voluntaria y parcial.

3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad.

No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación.

De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedarán excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de jubilación.

4. Procederá la jubilación parcial, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable.

Para los jueces y magistrados se regula en los Arts. 385 a 387 de la LOPJ en los siguientes términos:

Artículo 385

Los Jueces y Magistrados sólo podrán ser jubilados:

1º) Por edad.

2º) Por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 386

1. La jubilación por edad de los Jueces y Magistrados es forzosa y se decretará con la antelación suficiente para que el cese en la función se produzca efectivamente al cumplir la edad de setenta años.

2. También podrán jubilarse a partir de los sesenta y cinco años siempre que así lo hubiesen manifestado al Consejo General del Poder Judicial con seis meses de antelación, todo ello sin perjuicio de los demás supuestos de jubilación voluntaria legalmente previstos.

Artículo 387

1. Cuando en un Juez o Magistrado se apreciare incapacidad permanente la Sala de Gobierno respectiva, por sí, a instancia del Ministerio Fiscal o del interesado, formulará propuesta de jubilación al Consejo General del Poder Judicial.

2. El expediente de jubilación por incapacidad permanente podrá ser iniciado, asimismo, por el Consejo General de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal.

3. Los jubilados por incapacidad permanente podrán ser rehabilitados y volver al servicio activo si acreditaren haber desaparecido la causa que hubiere motivado la jubilación.

De destacar la edad forzosa de jubilación (70 años) la inexistencia de previsión normativa de la voluntaria (a partir de 65 años) y la no regulación de la jubilación parcial.

6.- Incompatibilidades y prohibiciones

Se encuentran previstas en los Arts. 389 a 397 de la LOPJ y en los Arts. 262 a 283 del reglamento nº 1/95 de 7 de junio de la carrera judicial.

Es de destacar los siguientes aspectos.

A) La amplitud de supuestos de incompatibilidad más extensa que cualquier otro desempeño de función pública lo que justifica aún más la necesaria independencia económica mediante retribución adecuada y digna.

B) La prohibición de pertenecer a partidos políticos o sindicatos ha de entenderse como una despolitización completa de la carrera judicial que ha de tener su realidad no solo a nivel personal sino a nivel asociativo y órganos de gobierno.

C) Posibilidad de compatibilizar el cargo con el ejercicio de la docencia o investigación jurídica pública o privada.

Solo se autorizarán para actividades que deban desarrollarse a partir de las 15.00 horas.

Se conceden por el CGPJ en los supuestos previstos en los Arts. 268 a 277 (actividades públicas) y 278 a 279 (actividades privadas) del Reglamento 1/95.

7.- La protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El citado derecho individual reconocido a los empleados públicos en el Art. 14 apartado c) de la Ley 7/2007 no tiene previsión normativa ni reconocimiento legal en la regulación especifica de la carrera judicial.

Sobre este supuesto concreto me remito a la ponencia sobre evaluación de riesgos laborales de la carrera judicial elaborada por Dª Emma Cobo García, que en su apartado V reflejaba lo siguiente:

V.- PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA PROFESIÓN DE JUEZ.

– Control y eliminación de Factores de Riesgo Psicosocial.

– adecuación de las exigencias cuantitativas/cualitativas, ya que las segundas son inherentes a nuestra profesión, al menos que se module las cargas de trabajo (cantidad de trabajo).

– aumento de las compensaciones:

a) condiciones que favorezcan el reconocimiento social

b) salario justo en relación a las altas exigencias

c) aumento de las posibilidades de promoción profesional

– Cambios en la organización del trabajo.

– adecuación y revisión permanente de la planta judicial en función de la demanda de justicia.

– racionalización de la carga de trabajo de cada órgano jurisdiccional.

– introducción de tiempos de descanso real.

– eliminación de cambios de destino forzoso.

-facilitar las posibilidades de promoción profesional en tiempo razonable, formas de acceso objetivas y transparentes, sin exclusiva atención al principio de especialización.

– aumento de las compensaciones, en especial de una retribución justa que garantice el principio de independencia judicial previsto en la CE y contemple actualizaciones efectivas para evitar constantes pérdidas de poder adquisitivo.

– formación continua de calidad, actualizada y computable como tiempo de trabajo.

– cómputo del tiempo preciso para la autoformación dentro de la valoración de desempeño.

– eliminación de factores de competitividad y productividad en la valoración del desempeño.

Como nada se ha hecho al respecto y por la importancia del tema parece lógico el seguir revindicando del CGPJ la elaboración de objetivos de prevención de salud de jueces y magistrados debido a los evidentes factores de riesgo físico y psíquico que supone el desarrollo de nuestra actividad profesional en la actualidad.

8.- El ejercicio del derecho de huelga.

El Art. 15 apartado c) de la Ley 7/2007 reconoce a los empleados públicos el derecho individual que se ejerce de forma colectiva del derecho de huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

¿Sería posible el ejercicio del derecho de huelga por parte de los miembros de la carrera judicial?

En mi opinión rotundamente si por los siguientes motivos:

1. Nos encontramos ante un derecho fundamental incluido en el capítulo segundo sección 1ª de la Constitución (Art. 28.2º).

2. La inclusión de los trabajadores de la función pública dentro de la redacción del citado precepto no admite discusión alguna.

3. El desarrollo del citado derecho fundamental solo puede realizarse por Ley Orgánica, que será la que en su caso limite, especifique y concrete su ejercicio. (Art. 81 de la Constitución)

4. El Art. 127 de la Constitución entre las prohibiciones e incompatibilidades de jueces y magistrados no incluye el ejercicio del derecho de huelga. Tampoco esta limitado en su ejercicio en la LOPJ.

Siendo esto así que razones jurídicas pueden invocarse para negar a un colectivo que ejerce función pública la posibilidad de reivindicar unas justas condiciones de trabajo, utilizando el ejercicio del derecho de huelga, si fuera preciso, a través de sus cauces asociativos y en defensa de los intereses comunes.

Desde luego, ha de entenderse que el ejercicio de tal derecho ha de utilizarse siempre por motivos muy graves y como última medida colectiva en defensa de los intereses profesionales.

No obstante lo cual, garantizado por la constitución, no es cuestionable su ejercicio al no existir normativa que lo limite o excluya para los miembros de la carrera judicial, sin perjuicio, eso sí, de garantizar los servicios esenciales de la actividad judicial mediante su regulación, vía CGPJ.

No parece que tal posición favorable al ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados contradiga la posición que a este respecto se mantiene en países comunitarios (Francia e Italia) en el que la legitimidad de la huelga cuando fue planteada no fue puesta en duda por el resto de los poderes públicos de los citados estados.

Antes de concluir ese capítulo he de referirme a la posibilidad de aplicación de la Ley 7/2007 a jueces y magistrados cuando exista remisión expresa a la misma en la legislación especifica del colectivo perteneciente a la carrera judicial (Art. 4 c)

III SISTEMA DE SUSTITUCIÓN DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS.

A) Régimen legal.

Se encuentra establecido en los Arts. 207 a 216 de la LOPJ, siendo de destacar los siguientes aspectos:

1) Procederá la sustitución de los jueces y magistrados en los casos de vacante, licencia, servicios especiales u otras causas que los justifiquen. (Art. 217)

2) En los órganos colegiados el sistema de sustitución esta establecido en los Arts. 199 y 200 de la LOPJ del siguiente modo:

Artículo 199.

Cuando no asistieren magistrados en número suficiente para constituir sala, concurrirán para completarla otros magistrados que designe el Presidente del Tribunal respectivo, con arreglo a un turno en el que serán preferidos los que se hallaren libres de señalamiento y, entre estos, los más modernos.

Artículo 200.

1. Podrá haber en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Justicia y en las Audiencias Provinciales una relación de Magistrados suplentes que serán llamados, por su orden dentro del orden u órdenes jurisdiccionales para los que hubieren sido nombrados, a formar las Salas en los casos en que por circunstancias imprevistas y excepcionales no puedan constituirse aquéllas, salvo cuando actúen en régimen de adscripción como medida de refuerzo conforme a lo previsto en esta Ley. Nunca podrá concurrir a formar Sala más de un Magistrado suplente.

2. El Consejo General del Poder Judicial al iniciarse el Año Judicial deberá tener confeccionada la relación a que se refiere el apartado anterior, a propuesta de las Salas de Gobierno correspondientes y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 152 de la presente Ley.

3. Dentro de los límites del llamamiento o adscripción, los Magistrados suplentes actuarán, como miembros de la Sala que sean llamados a formar, con los mismos derechos y deberes que los Magistrados titulares.

4. Los miembros de la Carrera Judicial jubilados por edad que sean nombrados para ejercer dicha función tendrán la consideración y tratamiento de magistrados eméritos. En dicha situación podrán permanecer hasta los 75 años, teniendo el tratamiento retributivo de los magistrados suplentes.

5. Los Magistrados del Tribunal Supremo, una vez jubilados, serán designados Magistrados eméritos en el Tribunal Supremo cuando así lo soliciten, siempre que reúnan los requisitos legalmente establecidos y de acuerdo con las necesidades de refuerzo en la Sala correspondiente.

3) En los órganos unipersonales el sistema de sustitución se recoge en los Arts. 210 y 211 de la LOPJ que se transcriben a continuación.

Artículo 210.

1. Los Jueces de Primera Instancia y de Instrucción, de lo Mercantil, de lo Penal, de Violencia sobre la Mujer, de lo Contencioso-Administrativo, de Menores y de lo Social se sustituirán entre sí en las poblaciones donde existan varios del mismo orden jurisdiccional, en la forma que acuerde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces.

2. Si fuere el decano el que deba ser sustituido, sus funciones se ejercerán por el juez que le sustituya en el juzgado de que aquel sea titular, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, o, en su caso, por el más antiguo en el cargo.

Artículo 211.

1. Cuando en una población no hubiere otro juez de la misma clase la sustitución corresponderá a Juez de clase distinta.

2. También sustituirán los de distinto orden jurisdiccional, aún existiendo varios jueces pertenecientes al mismo, cuando se agotaren las posibilidades de sustitución entre ellos.

3. Corresponderá a los jueces de Primera Instancia e Instrucción la sustitución de los jueces de los demás ordenes jurisdiccionales y de los jueces de menores, cuando no haya posibilidad de que la sustitución se efectúe entre los del mismo orden.

La sustitución de los Jueces de lo Penal corresponderá, en el caso del artículo 89, a los de Primera Instancia. En los demás casos, los Jueces de lo Penal e, igualmente, los de Primera Instancia e Instrucción serán sustituidos por los Jueces de lo Mercantil, de Menores, de lo Contencioso-administrativo y de lo Social, según el orden que establezca la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

Los Jueces de Violencia sobre la Mujer serán sustituidos por los Jueces de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción, según el orden que establezca la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia respectivo.

4) Subsidiariamente, de no ser posible la sustitución en la forma anteriormente indicada se aplicara el Art.212, 2º y 214 de la LOPJ que establece lo siguiente:

Artículo 212.

2. En los casos en que para suplir la falta de titular del juzgado, cualquiera que sea el orden jurisdiccional al que pertenezca, no sea posible la aplicación de lo dispuesto en los artículos precedentes por existir un único juzgado en la localidad, incompatibilidad de señalamientos, por la existencia de vacantes numerosas o por otras circunstancias análogas, ejercerá la jurisdicción con idéntica amplitud que si fuese titular del órgano un juez sustituto, que será nombrado en la misma forma que los magistrados suplentes y sometido a su mismo régimen jurídico. Estos nombramientos tendrán carácter excepcional y su necesidad deberá ser debidamente acreditada o motivada. En todo caso tendrán preferencia para las tareas de sustitución los jueces adjuntos conforme al artículo 308.2 y los jueces que estén desarrollando prácticas tuteladas conforme al artículo307.1.

Artículo 214.

Cuando no pudiere aplicarse lo establecido en los artículos anteriores, por no existir jueces sustitutos nombrados como idóneos para la localidad y el orden jurisdiccional correspondiente, o resultare aconsejable para un mejor despacho de los asuntos, atendida la escasa carga de trabajo de un juzgado de otra localidad del mismo grado y orden del que deba ser sustituido, la Sala de Gobierno prorrogará, previa audiencia, la jurisdicción del titular de aquél, que desempeñará ambos cargos, con derecho a la retribución correspondiente dentro de las previsiones presupuestarias.

Además el reglamento Nº 1/95 de 7 de junio de la carrera judicial regula los jueces en expectativa de destino preferentes en su llamamiento a los jueces sustitutos (Art.129 bis) los magistrados suplentes y los jueces sustitutos (Arts. 130 a 147) y los jueces en régimen de provisión temporal (Arts 148 a 157).

En interpretación y aplicación de la normativa citada se aprueba la Instrucción Nº 1/2003 del pleno de CGPJ de 15 de enero de 2003 sobre régimen de sustituciones, de magistrados y jueces sustitutos en cuya exposición de motivos es de destacar lo siguiente.

Conforme a lo expuesto, las líneas básicas de la Instrucción son las siguientes. Se parte de las reglas generales que rigen las sustituciones entre jueces y magistrados, de las que derivan principios legales de excepcionalidad y subsidiariedad de la figura de los jueces sustitutos y magistrados suplentes, cuya actuación está prevista para supuestos imprevisibles y excepcionales y en los supuestos de existencia de un solo órgano judicial en la localidad, incompatibilidad de señalamientos, existencia de numerosas vacantes y por la concurrencia de otras circunstancias (artículos 200.1 y 212.2 de la Ley Orgánica de Poder Judicial y artículo 143.1 del Reglamento 1/1995, de la carrera Judicial); a continuación se diferencia entre sustituciones de corta o larga duración, para cuya delimitación se ha tomado un criterio que aúna los divergentes de las distintas Salas de Gobierno. Para los de corta duración se procura que los principios antes indicados presidan e inspiren los supuestos de llamamiento de jueces sustitutos y magistrados suplentes (artículo 212.2) ; así para la incompatibilidad de señalamientos se apela a la responsabilidad de la propia Carrera Judicial y de sus órganos de gobierno para una autorregulación y coordinación de actuaciones que impida la creación de incompatibilidades predeterminadas. Para el caso de poblaciones con un solo juzgado, sin perjuicio del carácter preferente del llamamiento de los jueces sustitutos, se ofrece una interpretación de la causa por la que según el artículo 214 Ley Orgánica de Poder Judicial es preferente la prórroga de jurisdicción sobre la sustitución externa y, por último, se ofrecen ejemplos de circunstancias análogas. En cuanto a las de larga duración, aparte de recordar que se acuda a la sustitución entre titulares, se apuesta por una práctica gubernativa que se base en las comisiones de servicio y se recoge ya la posibilidad prioritaria de acudir a los jueces en expectativa de destino (artículo 308.2 Ley Orgánica de Poder Judicial).

A continuación la citada instrucción regula los siguientes apartados:

a) Principio de excepcionalidad y subsidiariedad de la figura del magistrado suplente y del juez sustituto.

b) Reglas generales de sustitución. Se remite a la normativa legal prevista en la LOPJ.

c) Distingue las sustituciones de corta duración.

– Permisos de tres días.

– Permisos extraordinarios para deberes públicos inexcusables.

– Permisos de vacación anual durante el mes de agosto

– Permiso de vacación anual que no se disfrute de forma continuada

– Licencia extraordinaria y retribuida de hasta quince días.

– Licencia de quince días naturales por matrimonio.

– Licencia para estudios de hasta quince días.

– Licencia para asistencia a cursos.

– Licencia para actividades asociativas, tanto de afiliados como de directivos.

– Bajas por enfermedad de hasta cinco días.

De las de larga duración.

– Vacantes generadas por creación de la plaza, cambio de situación administrativa y cese de titular por traslado o ascenso.

– Pase a situación administrativa de suspenso, bien sea por suspensión definitiva o cautelar de más de un mes.

– Permisos de vacación anual de un mes fuera del mes de agosto.

– Permisos de vacación anual acumulados para destinados en las islas Canarias.

– Licencias por parto y asimiladas.

– Licencias por adopción y semejantes.

– Licencias por enfermedad a partir del sexto día.

– licencias de estudios superiores a quince días.

Para las primeras rige el sistema de sustitución entre titulares y excepcionalmente la del juez sustituto.

(Es de observar el apartado 6.2, 6.3 y 6.4 en relación con el apartado 9.2º).

(De agradecer el apartado 8.1º).

Para las segundas rige la preferencia otorgada a jueces en expectativa de destino, la comisión de servicios sin relevación de funciones y de no ser posible lo anterior se acudirá al juez sustituto o magistrado suplente.

d) fuera de los supuestos de permiso, licencia o vacante la actuación continuada o permanente de un juez sustituto o magistrado suplente solo lo será al amparo de un plan de refuerzo vigente y aprobado conforme al Art. 216 bis LOPJ.

e) Para los sustituciones se larga duración y planes de refuerzo, se prevé la llamada a magistrados eméritos.

La lectura de lo expuesto no puede más que llevar a una critica severa del régimen de sustitución vigente que por desconocer la realidad de la Administración de Justicia impone a los titulares una obligación de sustitución, de imposible cumplimiento, en la mayoría de los casos, debido al volumen de asuntos, medios y agenda de trabajo que supone la actividad jurisdiccional, obligando así, de forma encubierta, a los miembros de la carrera judicial a no utilizar las licencias y permiso a que tienen derecho, por responsabilidad hacia sus compañeros y la labor encomendad.

B) El sistema retributivo de las sustituciones por jueces y magistrados titulares.

El Art. 12 de la Ley 15/2003 de 26 de mayo reguladora del régimen retributivo de la carrera judicial, establece en su apartado 1 c) como retribución especial la correspondiente a las sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función.

En desarrollo del citado precepto se publica el Real Decreto 431/2004 de 12 de marzo, en cuyo Art. 2º se determinan las retribuciones especiales por sustituciones del siguiente modo:

Artículo 2. Retribuciones especiales por sustituciones.

1. Los miembros de las carreras judicial y fiscal tendrán derecho a percibir una retribución especial por el desempeño conjunto de sus funciones jurisdiccionales con las correspondientes a otro órgano jurisdiccional, mediante el sistema de sustitución, con o sin prórroga de jurisdicción.

No devengarán derecho a retribución alguna las sustituciones por un plazo inferior a 10 días y las derivadas del ejercicio por el sustituido del derecho a disfrutar de sus vacaciones anuales retribuidas.

2. La cuantía de las retribuciones especiales por sustitución será la siguiente:

a) 600 euros mensuales por la sustitución entre magistrados, que se devengarán en la parte proporcional a los días efectivos de sustitución.

b) 400 euros mensuales por la sustitución entre jueces, que se devengarán en la parte proporcional a los días efectivos de sustitución.

c) 100 euros mensuales por la sustitución que efectúen los Tenientes Fiscales de los Fiscales Jefes de la Audiencia Provincial, que se devengarán en la parte proporcional a los días efectivos de sustitución.

d) 120 euros mensuales por la sustitución que efectúen los Tenientes Fiscales de los Fiscales Jefes de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscales Jefes de Fiscalías Especiales, Fiscales Jefes de Fiscalía de la Audiencia Nacional, Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, Fiscales Jefes de Fiscalía ante el Tribunal de Cuentas e Inspección Fiscal, que se devengarán en la parte proporcional a los días efectivos de sustitución.

Mediante Instrucción 1/2006 del pleno del CGPJ, de 18 de octubre de 2006 se aprueba el programa de actuación por objetivos para la retribución de las sustituciones por magistrados y jueces titulares.

Es de destacar en su exposición de motivos lo siguiente:

III

Las líneas básicas de la Instrucción son las siguientes: en un primer apartado, se recoge el Objeto del programa, orientado en un doble aspecto, permitir que el titular de un órgano jurisdiccional ejercite el derecho a disfrutar los permisos y licencias que le otorgan los artículos 370 y siguientes de la LOPJ y 231 y siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, y, al propio tiempo, garantizar la continuidad de las actuaciones jurisdiccionales evitando demoras y suspensiones.

El segundo apartado se refiere al Ámbito de Aplicación, concretando, en primer término, que el programa sólo es de aplicación para los jueces y magistrados pertenecientes a la Carrera Judicial y que voluntariamente quieran sumarse al mismo, para las sustituciones en comisión de servicio con o sin prórroga de jurisdicción, cualquiera que sea su duración, a excepción de los supuestos que contempla dicha disposición.

En el apartado 3 se establece la Cuantía de las retribuciones en función de la duración y condicionado al cumplimiento del 100 por 100 de rendimiento en su órgano de destino, con arreglo a la certificación con respecto al semestre inmediatamente anterior emitida por el Consejo General del Poder Judicial y remitida al Ministerio de Justicia. A su vez, se establecen las diferentes cuantías a percibir, en función de los distintos niveles de resolución alcanzados, es decir, según el grado de cumplimiento de objetivos en el segundo órgano en el que realice el Magistrado o Juez la sustitución.

En el apartado sexto se contiene el procedimiento, condiciones precisas y habilitaciones para llevar a cabo las sustituciones a que se refiere el programa, acudiéndose por la necesaria agilización del sistema de designación, a las figuras de Comisión de Servicio «genérica» y/o a la Prórroga de Jurisdicción, a fin de que los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y a través de los criterios establecidos al efecto por las Salas de Gobierno, en uso de las facultades otorgadas por la LOPJ, se efectúen los nombramientos de los Magistrados y Jueces Sustitutos pertenecientes a la Carrera Judicial que hayan de hacerse cargo temporalmente de un segundo órgano, ciñéndose siempre a las resoluciones previamente acordadas por el Consejo General del Poder Judicial sobre la procedencia de la Comisión de Servicio o Prórroga de Jurisdicción «genéricamente» otorgada a los componentes de la «Bolsa» que, a tal efecto, haya confeccionado cada Tribunal Superior de Justicia.

De nuevo la citada instrucción dio lugar a la constitución de juntas generales de jueces en todo el territorio español oponiéndose a la misma por entender que la carga de trabajo que pesa sobre los órganos judiciales hace ilusoria la aplicación del programa. La mayor parte de los supuestos que originan la necesidad de una sustitución no tienen retribución alguna y por la nimiedad y precariedad económica que supone alcanzar los mínimos del objetivo exigido.

Es curioso observar como en la actividad judicial las horas extraordinarias se compensan de modo infinitamente menor a las horas ordinarias, siendo así que a medida que se aumenta el rendimiento tanto a nivel personal como en tiempo efectivo de trabajo la retribución es proporcionalmente menor al esfuerzo realizado.

La reacción judicial desfavorable a la citada instrucción ha sido unánime, quedando vacía de contenido por el fracaso de la “bolsa de disponibilidad” necesaria para su efectivo cumplimiento.

Como síntesis del malestar creado por la misma reproduzco de forma literal una parte del acta de acta de la junta general de jueces de la Coruña de fecha 21 de junio de 2006 y que sirve de colofón, por su contenido acertado, para concluir con este capítulo:

Después de esta exposición podríamos traer a colación la dignidad de la función y de la persona, la independencia económica, el orgullo de ser Juez, la vocación de tal, el esfuerzo continuado como ejercicio de responsabilidad y no en pro de obtener mayores estipendios, el denuedo por mantener unos niveles razonables de respuesta a las pretensiones de los ciudadanos ante los juzgados no acompañado del auxilio a la que está llamado el órgano del que emana; podríamos también adjetivar el programa de lacerante, humillante, indigno, irrespetuoso, ofensivo para nuestra inteligencia, sonrojante para su autor, mas creemos que lo hasta aquí escrito orilla la necesidad de extenderse en estas consideraciones que todos tenemos en el pensamiento. Además no podemos emplear mayor tiempo en la celebración de esta Junta pues ello mermaría nuestra dedicación a los objetivos que se nos han propuesto.

Es por todo lo dicho que esta Junta de Jueces de La Coruña rechaza abiertamente el programa, no sin antes agradecer la ocasión que se nos brinda, y por ello ninguno de sus integrantes tiene voluntad alguna de acogerse al mismo, intención que esperamos y deseamos sea compartida por muchos de nuestros compañeros, entre los que no han de estar, lógicamente, los compañeros que lo hayan elaborado, entre otras razones porque desde sus responsabilidades no gozan de la codiciada oportunidad de hacerse partícipes de los beneficios de aquél.

IV Principios Éticos. Código de conducta.

El Art.53 de la Ley 7/2007 establece los principios éticos de los empleados públicos, siendo de destacar los siguientes.

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

La redacción de los citados preceptos impide que los funcionarios públicos puedan alegar la cláusula de conciencia como eximente en el cumplimiento de las obligaciones asignadas, encaminadas a la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos que priman sobre los propios y particulares del empleado publico.

En el ámbito de la carrera judicial, en mi opinión, el tema es claro, pues si el juez o magistrado actúa en el ámbito gubernativo esta sujeto a los mismos principios éticos que inspiran la función publica y por lo tanto no puede alegar cláusula de conciencia para no cumplir con su obligación legal de acatar la ley y satisfacer los intereses generales de los ciudadanos, de forma objetiva e imparcial, al margen de sus consideraciones personales, ideológicas religiosas o de cualquier otra índole que puedan colisionar con el ejercicio de la función pública encomendada. Y si se actúa en el ámbito jurisdiccional, con más razón la cláusula de conciencia es inexistente, pues nos encontramos sometidos al imperio de la ley y como tal la actuación judicial debe velar por la protección judicial de los derechos de los ciudadanos ( Art. 24 de la Constitución) con prioridad y preferencia a nuestras posiciones personales al respecto, que quedan al margen del ejercicio jurisdiccional, y no impiden el cumplimiento de nuestro deber constitucional.

CONCLUSIONES

La situación actual del estatuto profesional de la Carrera Judicial impone, más que nunca, un esfuerzo asociativo común, cuyo objetivo sea ahondar en el corporativismo cuando se trate de defender la institución judicial como poder constitucional, así como en el sindicalismo, cuando lo que se encuentre afectado sea la faceta puramente funcionarial, en el ámbito de las condiciones de trabajo.

Podrían resumirse los necesarios avances de la unidad asociativa en los siguientes apartados:

A.- Reforma urgente del CGPJ

Su descarada politización lo ha hecho inútil, inviable e ineficaz para la labor encomendada.

Necesaria reforma del sistema de elección de vocales elegidos por jueces y magistrados mediante listas abiertas y un sistema proporcional que garantice pluralidad en su composición.

Delimitación clara de sus competencias y funciones para evitar legitimaciones, por vía de delegación reglamentaria, al poder ejecutivo (Ministerio de Justicia) quedando a todos los efectos, los jueces y magistrados desvinculados con aquél, en todos los aspectos, incluido el económico.

B.- Refuerzo de las notas distintivas del poder judicial: Independencia y unidad jurisdiccional.

El ejercicio de la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado requiere autoridad.

No se puede permitir el debilitamiento de la autoridad del juez, ni por los poderes públicos, ni, por supuesto, por los intervinientes procesales.

La tarea de garantizar el cumplimiento del respeto a la institución judicial y el cumplimiento de las decisiones y órdenes de los jueces y magistrados así como la seguridad y el orden público en las actuaciones judiciales, ha de encomendarse a cuerpos de agentes de la autoridad, uniformados y adecuadamente formados bajo la directa autoridad de los jueces y magistrados.

C.- Modificación urgente de la Ley de Retribuciones.

> Eliminar, de una vez por todas, el sistema de retribución basado en la productividad por ser contrario a la dignidad de la función judicial.

> Adaptación automática de las retribuciones a la pérdida del poder adquisitivo anual.

> Dignificación de las retribuciones en relación a un estado de derecho.

> Gratificaciones extraordinarias plenas, sin limitación alguna (14 pagas completas al año).

D.- El régimen de sustituciones.

Mantener los jueces y magistrados sustitutos, en plantilla suficiente, para atender las vicisitudes de carencia que se planteen, mientras no se creen puestos en la carrera “ad hoc” destinados a tal fin.

Oposición total a que miembros ajenos a la carrera judicial ocupen plazas en órganos colegiados cuyo fin sea revisar las resoluciones de jueces y magistrados.

Siempre que concurran vacantes provisionales en órganos colegiados se cubrirán mediante comisiones de servicio por integrantes de la carrera judicial.

E.- Mejora y en su caso reforma de la LOPJ que permita avanzar en los siguientes ámbitos profesionales.

> Medidas de flexibilidad horaria que permitan acercar la situación de jueces y magistrados al ámbito funcionarial (Art. 30 Ley 30/84).

Seria interesante ahondar en tal posibilidad legal pues se podrían crear plazas adaptadas para este tipo de situaciones, creándose jueces “ad hoc” que quieran ejercitar este derecho, a modo de jueces volantes o a tiempo parcial.

> Regulación nueva de permisos, licencias y vacaciones en la forma establecida para el resto de la Función Pública.

> Regulación nueva de la jubilación, incluida la parcial.

Seria conveniente dignificar el sistema retributivo para los supuestos de jubilación.

No estaría de más la obligación, por parte del CGPJ, de asumir un seguro de vida e incapacidad a favor de jueces y magistrados.

> Inclusión reglamentaria de un sistema de salud laboral y plan de prevención de riesgos laborales de jueces y magistrados.

Las licencias por enfermedad profesional deben de tener una regulación específica, tanto en su límite temporal como en el aspecto económico.

> Regulación nueva del sistema de formación por ser ineficaz y carente de toda utilidad practica el existente.

No se trata de una lista cerrada sino de una propuesta de avance, a nivel asociativo, cuya realidad, se ha de imponer, no solo, por el esfuerzo de los integrantes de las asociaciones judiciales, sino por el personal y particular de cada uno de los jueces y magistrados que deben de asumir, de una vez por todas, su responsabilidad directa y personal en la mejora de sus condiciones de trabajo, no siendo suficiente el simple apoyo a los compañeros con responsabilidad directiva asociativa, sino el posicionamiento personal, la firmeza, responsabilidad y coherencia con las decisiones que se adopten a nivel colectivo, como único sistema válido eficaz y democrático de conseguir cualquier mejora en nuestras condiciones de trabajo y en la dignificación y respeto que merece la institución judicial como salvaguarda del estado de derecho.

Origen ó Firma Benito Raboso del Amo