COMUNICADO CONJUNTO DEL CNSJ, LA APM Y EL FORO JUDICIAL

31/12/2006

Dicha pretensión del poder político, consiste en modificar las leyes procesales y la LOPJ para eliminar la presencia del titular de la Fe Pública durante todo el acto de juicio, lo que supondría la eliminación de una garantía esencial del proceso judicial en detrimento de los derechos más esenciales de los ciudadanos frente a la actuación del poder público.

La fe pública judicial, ejercida en exclusiva por el Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, es la potestad del Estado que tiene por finalidad dotar de seguridad jurídica a los actos procesales y en cuya virtud se establece la presunción de veracidad de aquellas actuaciones autorizadas por el Secretario Judicial.

Con la fe pública, se da sentido al principio o valor de la seguridad jurídica que la Constitución proclama en su Título Preliminar (art. 9 CE), fundamento del principio de legalidad y de la responsabilidad y proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos, y pilar imprescindible a fin de garantizar el orden político y la paz social, necesarios para tutelar la dignidad de la persona y el desarrollo de los derechos inviolables que le son inherentes (art. 10 CE) en un Estado Social y Democrático de Derecho.

La fe pública ha sido siempre concebida en nuestras modernas leyes procesales, como piedra angular del sistema de garantías a favor del ciudadano, que ha de envolver, por tanto, toda la actuación de jueces, magistrados y demás intervinientes en el proceso a fin de lograr un procedimiento que se mueva por cauces de transparencia, veracidad y autenticidad, tal y como recoge la vigente L.O.P.J. El logro de la seguridad jurídica que se alcanza con la intervención del fedatario, es un instrumento imprescindible para conseguir un procedimiento moderno, fiable, de calidad y merecedor de la confianza de la ciudadanía, que puede así confiar en la autenticidad de lo actuado.

Esta función, necesaria e imprescindible, debe mantenerse atribuida al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, funcionarios independientes, de alta cualificación jurídica, responsables, y que, en el ejercicio de su estricta función notarial en el seno del proceso, se encuentren estatutariamente al margen de cualquier idea de jerarquía administrativa, de modo que resulta preciso que la función pública sea conferida de modo excluyente y exhaustivo al cuerpo nacional que tradicionalmente la ha venido desempeñando.

La fe pública judicial debe adaptarse a las nuevas tecnologías, pero de tal manera que no haga que los actos procesales puedan ser permanentemente cuestionados, como ocurriría de utilizarse en sustitución de la presencia permanente del fedatario de un elemento tecnológico que meramente debe estar a su servicio como notario del proceso y para la documentación de la actuación.

1 Confundiendo el ejercicio de la Fe Pública judicial con la documentación, sea en forma escrita, sea en forma electrónica o audiovisual, se incumpliría el principio de seguridad jurídica y llevaría a conculcar en primer lugar, los derechos del ciudadano (tanto el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y con todas las garantías, una de las cuales es la seguridad jurídica, como su propia seguridad jurídica frente al actuar de la Administración, más si cabe si es la Administración de Justicia); y en segundo lugar, e igualmente, llevaría a agredir a la propia independencia judicial, tan necesaria en el actuar del Poder Judicial, al quedar sometido su actuar a elementos ajenos a la estructura de la Administración de Justicia en su sentido más puro, y separado de la Administración genérica de gestión de los medios materiales a su servicio.

El Secretario Judicial ejerce la Fe Pública Judicial, en aras de la consecución de un Estado Social y Democrático de Derecho con la seguridad jurídica que viene a impregnar al actuar del Poder Judicial, por lo que precisa a este fin un actuar pleno, independiente y durante todo el acto de su función notarial, que puede y debe adaptarse a las nuevas tecnologías, pero que esa adaptación lo es para la mejora de los instrumentos de documentación e identificación en un proceso electrónico moderno, pero no para su sustitución, por un sistema difuso que ni siquiera requiere algo tan consustancial a la función notarial como es la presencia del fedatario en el acto que ha de documentar, con el consiguiente riesgo para la eficacia probatoria de los documentos procesales, y para las garantías mínimas de los ciudadanos en un Estado de Derecho.

Fuente: APM,CNSJ,FJI