Informe al Reglamento de Valoración de la Actividad de Jueces y Magistrados.

01/12/2006

INFORME ELABORADO POR LA ASOCIACIÓN JUDICIAL “FORO JUDICIAL

INDEPENDIENTE” AL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE JUECES Y MAGISTRADOS.

I

En primer lugar, decir que nuestra Asociación ha manifestado siempre su

rechazo a cualquier sistema de valoración de la actividad judicial ligado de

manera más o menos directa a la materia retributiva o con la productividad

entendida ésta, con efectos económicos o no, como la exigencia a un órgano

judicial del máximo rendimiento posible, sin otras consideraciones, con la única

finalidad de eliminar la pendencia de asuntos, que en una buena parte de los

casos se debe a la defectuosa planta o a situaciones estructurales que no

pueden ser solventadas por el titular del órgano.

El proceso de estudio de los hechos objeto de debate, del derecho aplicable

y de la conclusión jurídica que conlleva toda resolución judicial, no admite

posibilidades de medida mediante ningún sistema que siempre estará alejado,

por su propia naturaleza, de la actividad del juzgador, que tan solo debe estar

medida por la correcta aplicación de la ley, con el máximo de calidad posible, al

margen de consideraciones de productividad, siempre peligrosas en la labor

intelectual y que tan solo pueden conducir a un detrimento de dicha calidad. Lo

importante es decidir bien, no deprisa. Una cosa es la lentitud patológica en

decidir y otra muy distinta el necesario sosiego que las decisiones judiciales

precisan.

Deben procurarse mecanismos de control de calidad y cantidad. Pero esos

mecanismos ya existen en la ley: la inspección y las correspondientes

sanciones disciplinarias e, incluso, penales si procedieren. Un sistema de

valoración como el examinado y cualquier otro que se establezca, debe servir,

con las modificaciones necesarias derivadas de la experiencia en su aplicación,

únicamente para modular el volumen estándar de trabajo que pueda soportar

un miembro de la carrera judicial con dignidad profesional y personal, y ello con

el fin de procederse a la adopción de las medidas correctoras precisas en caso

de exceso de asuntos, tales como nueva creación de órganos judiciales, etc. Si

pensamos en un juez dedicado a su función casi en exclusiva, con olvido de

sus obligaciones familiares y limitado para otras actividades de esparcimiento y

de contenido científico, mental o espiritual, necesarias para el desarrollo

armónico de la persona, sí que es posible cumplir los objetivos propuestos. En

otro caso no.

En la actividad judicial influyen numerosos factores personales y no siempre

el juez más rápido o el que más resoluciones dicta tiene que ser el que mejor

trabaje. El proceso de elaboración de la resolución judicial ha de ser pausado y

meditado. El sistema y la forma de llegar al conocimiento y resolución del

asunto no es igual en todos los Jueces y Magistrados, y ello ha de ser valorado

adecuadamente.

La imposición de un sistema de trabajo vinculado a la productividad,

provoca una discrepancia entre, de un lado, los mensajes que el poder público

dirige al ciudadano para que reclamen a los jueces resoluciones meditadas,

estudiadas y bien razonadas y, de otro, la obligación que después se impone

al juez de celeridad y productividad. Ambas exigencias son incompatibles y el

Juez o Magistrado ha de atender a lo primero, es decir, meditar, estudiar y

razonar sus decisiones, porque es una exigencia del principio constitucional de

tutela judicial efectiva.

II

Si lo que se pretende es, tal y como se indica en el oficio remitido, «la

conversión del Modelo de Valoración de la Actividad de Jueces y Magistrados

en un “sistema de racionalización, organización y medición del trabajo que se

estima conveniente con el que determinar la carga de trabajo que puede

soportar un órgano jurisdiccional”, como parámetro de gobierno interno, tal y

como establece el artículo 110.2.r) de la Ley Orgánica del Poder Judicial», el

Reglamento remitido es manifiestamente inadecuado, ya que su contenido

hace referencia y está enfocado con carácter fundamental al aspecto retributivo

que, se manifiesta, no constituye su objeto, pero es para el que nació. Estamos

ante el Proyecto aprobado el 14 de febrero de 2006 que tan solo ha sido

modificado suprimiendo lo relativo a la retribución, nada más.

Por ello, estimamos que sería necesario que se sometiese a informe un

Reglamento que regulase “única y exclusivamente” la racionalización,

organización y medición del trabajo para determinar la carga de trabajo que

puede soportar un órgano jurisdiccional y no se presente a informe un proyecto

de Reglamento pensado para la valoración de desempeño a efectos

retributivos, que se indica no se va a aprobar, por no quererlo el Ministerio de

Justicia.

La mayor parte del Reglamento remitido es ajena a la finalidad que se

dice pretendida.

Si lo que se quiere es aprobar un Reglamento que regule la carga de

trabajo que puede soportar un órgano judicial, concepto que es ciertamente

muy relevante pues puede tener consecuencias evidentes y muy beneficiosas

para el normal desempeño de la función judicial, debería también regularse la

consecuencia de su superación y tal y como se expresa en la Memoria

establecer que, superada la carga razonable, se debe imponer como criterio

objetivo la modificación de la planta judicial.

Por ello, deberían preverse las consecuencias de la superación de la

carga reglamentariamente establecida -normalmente la creación inmediata de

órganos judiciales o aumento de la plantilla de magistrados del órgano

colegiado, previa comprobación por la Inspección si ese aumento es estructural

o coyuntural-.

Nada de esto se regula en el Reglamento, cuando debe ser una de las

consecuencias evidentes de la medición de la carga de trabajo.

Si lo que se pretende es aprobar un Reglamento con eficacia diversa a

la que se manifiesta -no para medir la carga de trabajo, sino sólo para que

tenga efecto en relación a cuestiones no retributivas, tales como provisión de

puestos, licencias, incompatibilidades, comisión de servicio etc., según se

desprende del artículo 17-, no parece razonable su aprobación de forma

separada con la aprobación que se pueda adoptar en su día a los efectos

retributivos.

III

El Reglamento sigue padeciendo graves defectos que esta Asociación

impugnó en vía contencioso-administrativa, como es, por ejemplo, el contenido

del artículo 9.2, que se corresponde con el antiguo 7.3 del Reglamento

anulado, que vulnera el derecho de los Jueces y Magistrados a la protección de

su salud personal, reconocido por el artículo 43 de la Constitución, y desvirtúa

y deja vacío de contenido el sentido propio de la baja y/o licencia por

enfermedad, configurado en el artículo 495 LOPJ como un derecho profesional

de los funcionarios de carrera. Análoga conclusión cabe extraer del artículo 9.3.

Resulta poco justificable y comprensible, la falta de sensibilidad del Consejo

General del Poder Judicial, al incluir nuevamente preceptos tan desafortunados

en el texto del Reglamento. Una adecuada ordenación de la actividad judicial,

ha de acoger los criterios legalmente establecidos para la conciliación de la

vida laboral y familiar y demás relativos a derechos sociales, respecto de los

cuales las cuatro asociaciones judiciales han elaborado un documento que está

teniendo favorable acogida en

Por lo que hace referencia al modelo de valoración incluido en los Anexos,

debe reconocerse que, a diferencia del los módulos, que carecían de cualquier

estudio que le sirviera de antecedente y justificación –jamás se aportó por el

Consejo a pesar de las reiteradas peticiones de esta Asociación-, han sido

objeto de una elaboración más transparente. Sin embargo, dicho modelo

adolece de las deficiencias que fueron puestas de manifiesto tanto por las

Asociaciones, y en concreto por la presente, como por las distintas Salas de

Gobierno, y que no han sido corregidas, y además siguen siendo generales y

no están elaborados de forma individualizada para cada órgano judicial –si los

módulos anulados no cumplían las expectativas de individualización, tal y como

señalaban las Sentencias del Tribunal Supremo que anularon el Reglamento

2/2003, no se aprecia que éstos cumplan esa expectativa, individualización que

es exigible tanto a efectos retributivos, como a los aquí contemplados-.

No existe obstáculo alguno para que de forma objetiva y razonable se

determinen las cargas máximas de trabajo que razonablemente puede soportar

un juez o magistrado a los efectos de fijar el módulo de asuntos atendibles por

cada orden jurisdiccional, en función de las competencias asumidas,

especialidad del órgano, localización y tipo de asuntos a resolver,

permitiéndose así la racionalizaci6n de los asuntos anuales que se turnan a

cada órgano judicial y la atención en su caso de medidas de ampliación de

planta judicial acordes con las disfunciones deficitarias que se puedan

constatar.

Se rechaza un sistema de valoración por resultados (productivistas) en

ningún caso pueden servir para determinar cual sea la dedicación del juez con

objeto de tener trascendencia para la provisión de cargos discrecionales,

concesión de licencias de estudios, compatibilidad con otras actividades,

concesión de comisiones de servicios o prorrogas de jurisdicción, actividades

formativas o concesión de honores. Tampoco han de incidir en el aspecto

retributivo, debiendo garantizarse a este respecto una retribución digna y

suficiente establecida por ley que tenga como única inspiración la

independencia económica y como tal no basada en la productividad. De igual

modo no han de tener relación directa con el sistema disciplinario pues la

apreciación de un déficit en la resolución de asuntos solo puede ser objeto de

corrección discip1inaria previa inspección del órgano judicial, con análisis de

las causas objetivas que conlleven a tal situación deficitaria justificándose la

apertura de vía disciplinaria cuando se concluya que las causas determinantes

del retraso o del anormal ritmo de resolución de los asuntos se deban, en

especial, a la incorrecta actuación del juez o magistrado.

IV

Dicho lo anterior, se pasa a exponer razonamientos sobre determinados

aspectos generales del Modelo, sin que ello suponga la aceptación de aquellos

otros a los que no se refiere este informe.

1.- Destaca, entre ellos la llamada “equidad interna del sistema”, en que

todos los jueces y Magistrados son valorados por igual y el peso específico de

todos los elementos del Modelo es también igual para todos los órganos y

Jurisdicciones. Esta característica, calificada de esencial en el modelo, quiebra

cuando se comparan los órganos unipersonales del orden civil con los

colegiados del mismo orden o con los órganos unipersonales mixtos.

2.- Por otra parte, se afirma que el Modelo “está concebido como sistema

motivador puesto que tan sólo discrimina en sentido positivo: recompensa al

que aporta más en su actuación profesional pero no penaliza a quien aporta

menos”. Entendemos que tal concepción quiebra de base si luego ese Modelo

se va a utilizar para derivar efectos negativos a quien no alcance el 80%, lo

cual atenta a la independencia del Juez, pues le obliga o bien a renunciar a su

vida privada, o a “arreglárselas” para que la resolución de los asuntos le cueste

el tiempo estimado a priori, y sin consideración a la concreta complejidad que

cada asunto representa real y efectivamente.

3.- En cuanto a la situación de la Valoración, se habla de una aplicación

Informática en la que cada órgano introducirá los datos indicados en la guía de

valoración correspondiente a cada órgano valorado. Rechazamos este sistema,

por cuanto se está encomendando al Juez una labor claramente administrativa

que excede de las labores jurisdiccionales; además se parte de un sistema

informático ideal y de unos jueces con la preparación y conocimientos

adecuados para efectuar su propio Protocolo, cuestiones ambas que no dejan

de ser, por el momento, una utopía. Se ordena que en caso de no hacerlo, se

llevará a cabo por los Órganos Técnicos del Consejo General del Poder

Judicial por los datos suministrados por el propio Juez o Magistrado o por el

Secretario correspondiente. En definitiva, unida a la carga de trabajo, han de

controlarse por el Juez o Magistrado los efectos de la aplicación del Modelo,

por ejemplo, las resoluciones que dicte dentro o fuera de plazo, lo que no es

aceptable.

4.- Ha de tenerse en cuenta que la puntuación única para los autos en cada

orden jurisdiccional puede llevar a disfunciones, que claramente se producen

respecto de las resoluciones dictadas por las Secciones Penales de las

Audiencias Provinciales en materia de Vigilancia Penitenciaria. Los Juzgados

de esta clase resuelven por auto y se les puntúa con 5 mientras que los

órganos colegiados resuelven los recursos de apelación también por auto y se

le puntúa con 3.

5.- En cuanto al cumplimiento de plazos generales, señala el Modelo

“considerando que este plazo es el previsto para dictar sentencias, al estar

establecido según Ley, obliga al cumplimiento al Magistrado o Juez, es de

esperar que, en la mayoría de los casos sea alcanzable”. Descontado que es

una aspiración absoluta para los jueces la obviedad antedicha del cumplimiento

de la ley referida, sería solo exigible si en efecto dispusiera el Juez, en

exclusiva, de los plazos legales (3, 5, 10, 20 días…), para cada uno de los

asuntos que resuelve. El estricto cumplimiento de los plazos legales, (y el

cálculo anual es extraordinariamente fácil) no garantiza ni la calidad ni la

eficacia y sólo una razonable carga de trabajo pueden asegurar una y otra;

naturalmente, llegado a este punto, cada partido judicial tiene su casuística y

una carga de trabajo anual que no puede ser tan homogénea entre los distintos

órdenes jurisdiccionales como indiscriminadamente recoge el Modelo.

Si un día se tiene un señalamiento es fácil dictar sentencia dentro de plazo;

si se tienen diez, puede ser, y de hecho es, muy complicado. Se debe eliminar

la tardanza patológica, pero ha de desecharse el mero retraso racional y lógico,

de unos días, derivado del volumen de resoluciones.

6.- El indicador “actualización jurídica” no debe estar sometido o

condicionado a que el Juez-Magistrado haya alcanzado al menos el Grado 3 de

Desempeño, porque desincentiva lo que debe ser una constante integrada en

ese valor de “afán de mejora” que predica el Modelo.

7.- En el apartado “Asistencia a Juntas de Jueces/Magistrados”, amén de

observarse para los Magistrados y Jueces una infravaloración con 0,20 puntos,

entendemos que penaliza a aquellos que acuden porque su asistencia, además

de deseada, es una obligación legal (art. LOPJ) frente a los Jueces y

Magistrados que la incumplen. El tratamiento debe ser incentivador de la

asistencia y acreditarse al menos 1 punto por cada una. El factor de corrección

de asistencia a Salas de Gobierno, no es incompatible con el de funciones de

gobierno, puesto que supone una adicional dedicación de tiempo y esfuerzo

que debería ser objeto de valoración independiente.

8.- Asimismo no se toma en consideración la asistencia a Plenillos por parte

de Magistrados, cuya periodicidad y duración, en los territorios en los que está

implantado, debería ser objeto de consideración, al igual que la asistencia a las

Juntas de Jueces.

En cuanto al factor de contribución a resultados de los órganos colegiados,

indicador asuntos resueltos, ignora que la mayor productividad de un

Magistrado dentro de una Sala obliga a un sobreesfuerzo de sus restantes

componentes -que participan en las deliberaciones y con su firma se

responsabilizan en igual medida del resultado-, y a pesar de ello les produce

una penalización, puesto que si un eventual Magistrado productivista alcanza

un grado superior, ello es en detrimento de los demás, ya que el resultado es

proporcional a la actividad de cada uno de ellos.

Por último, creemos que el apartado IV relativo a Asociación del modelo a

un sistema de reconocimiento, es distorsionador y ajeno a la materia específica

del Proyecto sometido a alegaciones.

V

El recibimiento a prueba en segunda instancia exige el análisis de los

autos, con visionado inclusive si hay grabación; si a ello se añade que la

admisión de prueba implica celebración de una vista para su práctica y emisión

de informes, resulta claro que lo indicado es un exponente de la dificultad

añadida que en tales supuestos existe y que no se trasluce en modo alguno en

ninguno de los factores de corrección previstos.

Otro tanto ocurre con la admisión y sobre todo con la inadmisión del

recurso de casación, cuya interpretación por el TS obliga a aplicar una

extensa y compleja doctrina jurisprudencial que obliga a analizar el tipo de

proceso cuantía del mismo, motivos alegados, si el motivo es de fondo o de

forma o ambas cuestiones a un tiempo. En caso de inadmisión cabe recurso de

queja, con previo recurso de reposición, lo cual implica un trabajo añadido al

proceso el cual no está embebido en el cómputo global del asunto.

Para asuntos que por su complejidad excedan de las previsiones

establecidas, se debería prever un sistema en el que se valorase, no ya el

tiempo en que a juicio del órgano que haya de resolver la valoración, pueda

realizarse la sentencia cuya evaluación se solicite a este efecto, si no el tiempo

efectivamente requerido por la resolución a evaluar, pero en todo caso, debería

partirse siempre de la veracidad de lo declarado por el solicitante, y sólo en

casos de claro exceso en el cómputo de la dedicación por parte del informante

modificar a la baja su solicitud mediante resolución debidamente motivada en

este aspecto, en definitiva, no es frecuente que ante trabajadores manuales

que facturan por horas se discuta el tiempo que indican haber invertido en la

realización de sus tareas, y parece que, con mayor razón, tal debería ser la

tónica con respecto a Jueces y magistrados.

Consideramos que es más adecuado con carácter general, como

ESTÁNDAR EL NÚMERO DE 150-200 SENTENCIAS. Si descontamos los 30

días de vacaciones, así como razonables descansos en tiempos de Navidad y

Semana Santa, junto a los domingos y festivos, ese número aun supone algo

más de una sentencia por cada dos días de trabajo. Por otro lado, están las

resoluciones en forma de auto. Esto tiene especial incidencia en la

jurisdiccional penal en la que la práctica totalidad de las resoluciones afectan

derechos constitucionales como la libertad, lo que exige una plus de cautela a

la hora de resolver.

En cualquier caso no encuentra justificación alguna la diferenciación

cuantitativa que se aprecia entre la jurisdicción social del resto de las

jurisdicciones (instancia penal y contencioso) llegando a exigírseles el doble de

asuntos tanto en módulo de entrada como de salida lo cual es un agravio

comparativo que por injustificado, arbitrario y discriminatorio se rechaza

totalmente.

VI

En conclusión, FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE rechaza todo sistema de

valoración ligado, con o sin efectos retributivos, a la productividad.

1ª.- Se considera necesario elaborar un sistema de valoración de trabajo a

efectos de determinación de la carga de trabajo de cada órgano jurisdiccional

con el compromiso de que, superada dicha carga, se procederá a la

modificación de la planta, bien creando nuevos órganos jurisdiccionales, bien

incrementando la plantilla del órgano colegiado de que se trate.

2ª.- Si se pretende elaborar un sistema de valoración a efectos diferentes

del anterior, aunque no sean retributivos, debe hacerse una nueva regulación

que se adapte a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, y que contenga

una carga de trabajo que pueda ser alcanzada con el esfuerzo racional y lógico

exigible a un Juez o Magistrado, atendiendo también a los criterios que han de

regir en materia de seguridad e higiene en el trabajo, y en concreto a la salud

personal de los mismos y a la conciliación de la vida laboral y familiar.

Madrid, Diciembre 2006

Fuente: Gestora