Comunicación sobre EL PODER JUDICIAL Y EL ESTADO AUTONOMICO

11/11/2006 – Ponencia

 

Comunicación de D. Antonio García Paredes, magistrado.

 

 

 

EL PODER JUDICIAL Y EL ESTADO AUTONOMICO

(Comunicación a la primera ponencia del III Congreso Anual de la Asociación Judicial “Foro Judicial Independiente” celebrado en Sevilla los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2006)

La actualidad política de nuestro país –entendiendo por actualidad lo que sucede en un entorno temporal de varios años acá- tiene como uno de sus elementos integrantes el debate autonómico. No en vano en los parlamentos o asambleas legislativas de varias de nuestras Comunidades Autónomas, en el Congreso de los Diputados y en el Senado han sido objeto, o están siendo objeto, de discusión las modificaciones de algunos Estatutos de Autonomía. No es un debate nuevo, si por nuevo se entiende lo que aparece sin haber sido antes. Sino que entraña un intento de avance en la estructuración de España como un Estado integrado por Comunidades Autónomas, tal y como fue diseñado en la Constitución Española de 1978.

Se trata, por tanto, de un debate enraizado en la Constitución Española y que, en consecuencia, debe ser contemplado y analizado con el respeto que merece ese texto normativo supremo. Principalmente por los jueces, que hemos prometido o jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Se trata de acercarse, pues, al debate con interés político y con respeto constitucional.

Con interés político porque desde la ciudadanía y desde la carrera judicial interesa que el Estado se estructure de la forma más sólida y convincente posible. Solidez que proviene también de la estabilidad. No se puede estar fundando el Estado cada día. Sí que se le puede perfeccionar cada día, pero inventarlo cada día, no. Nuestro Estado actual se constituyó políticamente en diciembre de 1978. Allí se decidió su forma política, tras cuarenta años de inmovilidad y de ausencia de participación ciudadana. Y esa forma política debe ser conservada y llevada a término si no se quiere convertir el rumbo de un país en un zizagueo errático, estéril y paralizante. Debe haber, pues, un interés político en cada ciudadano, y también en cada juez, por que el Estado de las Autonomías cuaje en nuestra vida política y cuaje bien. No se debe mirar con suspicacia el movimiento de reforma estatutaria que se vive en España. La identificación con el modelo político elegido en 1978 debe cristalizar en un apoyo a ese movimiento y en un compromiso decidido por que su desarrollo sea lo más exitoso posible.

Es cierto, sin embargo, que la dinámica autonómica ha tenido en nuestro país un carácter especial. Especial porque ha sido anterior a la Constitución de 1978 y porque no ha sido fruto de un momento o impulso histórico concreto sino de un prolongado proceso de cristalización del sentimiento autonómico.

“Que el Estado de las Autonomías no es resultado de un plan preconcebido por los constituyentes se muestra en su mismo origen: el proceso de descentralización autonómico comenzó bastante antes de la aprobación de la Constitución, en la fase de creación de las denominadas Preautonomías. Como resultado de la evidente demanda política de autogobierno en Cataluña se aprobó el Decreto Ley 41/1977 de 29 de septiembre (más de un año antes de la aprobación de la Constitución) sobre restablecimiento provisional de la Generalidad de Cataluña; después, se aprobó el correspondiente Decreto relativo a la preautonomía del País Vasco (Decreto-Ley 1/1978, de 4 de enero) y así hasta un total de trece Decretos-leyes” (Luis López Guerra).

No estamos, por tanto, en presencia de un mero asteroide en el firmamento de la política española y del universo jurídico español, sino ante una especie de corriente oceánica que condiciona no sólo el movimiento de la superficie del piélago jurídico sino que determina también su densidad y el clima de su entorno. Tan es así que, como ha referido Pablo Lucas Murillo de la Cueva

“El resultado al día de hoy es que el ordenamiento jurídico español se ha convertido en uno de los más descentralizados de Europa tanto por sus características estructurales, cuanto por los datos sustantivos que refleja la distribución del gasto público y por el peso específico que han adquirido las Comunidades Autónomas y sus órganos de gobierno en la vida política nacional”.

Pero este fenómeno no constituye una laguna o una excepción en el territorio político de la Unión Europea. Ya en 1997, Maurice Duverger, partiendo del hecho de que el tratado de Maastricht había creado en el seno de la Comunidad un Comité de regiones, puramente consultivo, formado por representantes de las mayores colectividades, se hacía eco del fenómeno de que

“en ciertos países, estas regiones estatales gozan de gran autonomía, esencialmente en Alemania, donde los länder ejercen numerosas competencias legislativas, y componen la segunda cámara federal: el Bundesrat, formado por el conjunto de sus gobiernos. En Italia, las regiones tienen una fuerte implantación histórica, pero disponen de menos poder, aunque siga siendo notable. En España, el grado de autonomía varía según las regiones, siendo los máximos beneficiarios Cataluña y el País Vasco, coincidiendo así con las peculiaridades de sus respectivas culturas, enraizadas en idiomas escritos y hablados de forma muy generalizada. En Gran Bretaña, Escocia presenta una identidad análoga. En Francia, las regiones se han creado recientemente, y la Comunidad favorece su desarrollo. Es mayor en las regiones periféricas, que tienen personalidades muy marcadas, como por ejemplo Bretaña, Alsacia, Córcega y la Provenza”.

 

Los integrantes de la carrera judicial y del Poder Judicial no podemos ser ajenos a esta realidad ni renuentes con ella. El sentimiento de solidez y de unidad que pueda inspirarnos el ejercicio diario de la potestad jurisdiccional, como administración de la justicia con sometimiento a la ley, no es incompatible con la concepción y la vivencia de un Estado que se manifiesta de una forma descentralizada y diversificada. Es evidente que la organización política del Estado afecta al modo en que los jueces han de desarrollar su función. Pero no corresponde a los jueces sugerir, ofrecer o modificar esa organización política. El debate político sobre la organización territorial y competencial del Estado tiene un campo de juego en las Cortes, donde se entrecruzan las diversas manifestaciones de la voluntad popular de la que son vehículos constitucionales los partidos políticos. Desde el momento en que nuestra actividad como jueces nos viene determinada por la ley, tanto en lo que se refiere a atribución de competencias como al procedimiento según el cual debemos desarrollarlas (art. 117.3 de la Constitución), nuestra cooperación a ese despliegue del Estado de las Autonomías tendrá que venir por la reflexión y la expresión en torno al mejor modo de conseguir nuestra independencia subjetiva para administrar justicia y la independencia que objetivamente es deseable para ese fin primordial.

 

Decía, también, que había que acercarse al debate con respeto constitucional porque en el desarrollo de ese movimiento estatutario está afectado de alguna forma el Poder Judicial en cuya organización y ejercicio nos encontramos integrados los jueces y magistrados. Véase, por ejemplo, el recientemente aprobado Estatuto de Cataluña en cuyo artículo 95 se dispone entre otras cosas

“El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es la última instancia jurisdiccional de todos los procesos iniciados en Cataluña, así como de todos los recursos que se tramiten en su ámbito territorial, sea cual fuere el derecho invocado como aplicable, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial y sin perjuicio de la competencia reservada al Tribunal Supremo para la unificación de doctrina. La Ley Orgánica del Poder Judicial determinará el alcance y contenido de los indicados recursos”.

En nuestras Comunidades Autónomas interesa la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, principalmente en relación con los procesos judiciales que se desarrollan en el territorio autonómico. Pero tampoco se trata de una preocupación surgida de conciliábulos políticos, sino derivada de una expectativa claramente contemplada en la Constitución Española de 1978, en cuyo artículo 152 se dispone

“Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste”.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 123 las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia”.

A través de las discusiones y debates a que dan lugar las modificaciones de los Estatutos de Autonomías o la aparición de nuevos Estatutos se están tratando de aquilatar ideas tales como “la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo”, o “la culminación de la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma”, o “unidad e independencia del poder judicial”. No es una tarea fácil, ni mucho menos homogénea. Ni tan siquiera ofrece la misma intensidad en todas las Comunidades Autónomas, ni es defendida con igual entusiasmo o extensión por los distintos partidos políticos.

Por eso mismo, es lógico que desde el poder judicial o desde la carrera judicial se pueda expresar el interés y la preocupación por una tarea que concierne a la esencia de nuestra función: a la “unidad y a la independencia del poder judicial”.

Desde la perspectiva político-jurídica corresponde al Tribunal Constitucional determinar, en caso de conflicto, si ese desarrollo del Estado de las Autonomías plasmado en los diferentes Estatutos es o no conforme con la Constitución Española. Debiendo entenderse comprendida dentro de esa adecuación no sólo la extensión de la atribución de competencias al Estado y a las Comunidades Autónomas, sino también el diseño y contenido del Poder Judicial y de la potestad jurisdiccional.

A los jueces y magistrados, no ya en nuestra labor jurisdiccional (que no nos la marcamos nosotros sino que nos viene determinada por la atribución de los asuntos por ley), sino también en nuestra actividad asociativa, sólo nos cabe en este campo observar, analizar, ponderar las circunstancias en que la política autonómica afecta o puede afectar a nuestra labor individual. Si bien con la mirada puesta en el mejor servicio a los ciudadanos, desde un poder que es –sobre todo- tutela efectiva de los derechos de nuestros conciudadanos.

Pues bien, desde esos dos criterios inspiradores (el interés político y el respeto constitucional) me atrevo a hacer las siguientes sugerencias con el fin de propiciar la mejor incardinación de los miembros de la Carrera Judicial en el desarrollo del Estado de las Autonomías.

El conocimiento y uso de la lengua autonómica en el desempeño de la función jurisdiccional es un deber del juez, que –como tal-no debe ser premiado en forma alguna. Este deber está unido de forma necesaria a la condición de servidor público que el juez ostenta ante los ciudadanos de la Comunidad Autónoma. El mismo principio de inmediación indica que no es lo mismo conocer por lo que te traducen, que conocer por lo que oyes y entiendes. El derecho al juez, que todo ciudadano tiene, comporta el que sea entendido y comprendido por el juez.

El agotamiento de las instancias en los órganos judiciales incardinados en el territorio de la Comunidad Autónoma no tiene por qué perjudicar ni a la independencia del juez ni a la aplicación unitaria e igualitaria de la ley a los ciudadanos que puedan ver residenciado su conflicto en dichos tribunales. El sometimiento del juez a la ley, con el respeto exigido a la doctrina constitucional y a la doctrina jurisprudencial, es garantía suficiente de la unidad e independencia del poder judicial en cualquier parte donde se ejerza.

El derecho al juez, como derecho fundamental de todo ciudadano, comporta de por sí un cercanía o proximidad que no permite distinguir dos tipos diferentes de atención. Ello unido a la previsión constitucional de que los jueces y magistrados sean de carrera, conduce a que todo órgano jurisdiccional –ya se llame de proximidad ya se denomine de primera instancia- deba ser atendido por un juez de carrera. De ahí que se deba procurar que la ratio de juez por habitante sea igual o similar en todas las Comunidades Autónomas y que el número de jueces y magistrados que integran la Carrera Judicial sea distribuido equitativamente entre los órganos judiciales de las distintas Comunidades.

 

Antonio García Paredes

Magistrado

Noviembre de 2006

 

Fuente: Antonio García Paredes