Conclusiones III Congreso Nacional

11/11/2006

1ª.- El Poder Judicial, consagrado como único en la Constitución, es compatible con el Estado de las Autonomías, no siendo necesario, por tanto, ningún acomodo del mismo al marco autonómico.

2ª.- Las reformas proyectadas en la ley Orgánica del Poder Judicial, no deben constituir una injerencia del poder político de la función jurisdiccional. La proximidad del Consejo de Justicia y de las Salas de Gobierno con sus destinatarios -jueces y magistrados-, no refuerza la independencia de éstos, sino el control y supervisión de la actividad jurisdiccional por miembros elegidos por el poder político.

3ª.- En cuanto a los Consejos de Justicia, no es necesaria ni conveniente la intervención en los mismos de personas ajenas a la Carrera Judicial. Si las hubiera, en ningún caso deberían intervenir en aspectos tan sensibles para la independencia judicial como el nombramiento de cargos discrecionales o en materias disciplinarias o de inspección.

4ª.- El valor constitucional de independencia judicial comprende un mínimo de autonomía y dignidad que impide que los derechos estatutarios de los Jueces y Magistrados, en ningún caso, puedan ser inferiores a los generalmente reconocidos en la función pública. Particularmente, deben garantizarse unas condiciones dignas de trabajo y una retribución adecuada a la alta responsabilidad que desempeñan.

5ª.- Mostrar nuestro rechazo al sistema de sustituciones que pretende ser implantado por el Ministerio de Justicia por comprometer gravemente la tutela judicial efectiva. Se encomienda a la Gestora que abra debate asociativo a efectos reivindicativos sobre cuantía de retribuciones, supresión de módulos, carga de trabajo, encasillamiento en órdenes jurisdiccionales y demás temas tratados en el Congreso.

6ª.- El estudio de la contratación de una asesoría jurídica para la defensa de los derechos profesionales de los asociados.

7ª.- La formación de grupos de trabajo que sirvan de apoyo para la emisión de informes, asistencia a comisiones trabajo, etc. en materias relativas a los diversos órdenes jurisdiccionales y derecho orgánico, sin perjuicio de la necesaria coordinación con la asesoría jurídica que pueda contratarse.

8ª.- Estudiar la problemática suscitada por los Secretarios Judiciales en relación con su actuación en el ámbito de la fe pública judicial.

Fuente: Asamblea