Sobre el conocimiento de la lengua cooficial de la C. Autónoma

 

25/03/2006 – Comunicado

 

El acuerdo aprobado en la ponencia relativa a la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña decidiendo incluir en el articulado de su texto un precepto estableciendo que: “Los Magistrados, Jueces o Fiscales que ocupen plaza en Cataluña deberán acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán, en la forma y con el alcance que determine la ley, para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos”, así como que: “En todo caso el conocimiento suficiente de la lengua y del derecho propios se valorará específica y singularmente para obtener una plaza en los correspondientes concursos de traslados”:

 

1.- Desconoce el contenido del artículo 122.1 de la Constitución Española que reserva a la Ley Orgánica del Poder Judicial la determinación del estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados, que forman un Cuerpo único o “nacional” según ha señalado el Tribunal Constitucional.

 

2.- Desconoce, también, el contenido del artículo 3.1 de la Constitución Española, que sólo contempla como un deber, exigible a todos los españoles, el conocimiento del castellano, que constituye la lengua oficial del Estado.

 

3.- Desconoce, asimismo, que el Poder Judicial es un poder único y del Estado, emanado de la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, que a su vez integra la Nación Española, en cuya indisoluble unidad, como patria común e indivisible de todos los españoles, se fundamenta la Constitución Española, y que dada la singularidad notoria que al Poder Judicial, y por ende a sus titulares, ha de atribuirse a consecuencia de tan particulares y significativas notas, no cabe proyectar sobre aquél de forma mimética la doctrina sentada en materia de conocimiento de las lenguas cooficiales, tanto en sede constitucional como académica, en relación fundamentalmente con las Administraciones Públicas (estatales y autonómicas) y el personal a su servicio. Como tampoco cabe proyectarla sobre el Ministerio Fiscal que es único para todo el Estado y que no resulta equiparable, por las notas específicas que también lo singularizan, al resto del personal funcionarial.

 

4.- Y desconoce, en fin, la doctrina constitucional asentada en la materia, de la que se desprende, sin duda de ningún género, por un lado, que el derecho de las partes a expresarse en las actuaciones procesales en el idioma propio de la Comunidad Autónoma en que las mismas se desarrollan no tiene como paralelo una obligación de conocimiento de dicho idioma por parte de los Jueces, Magistrados o Fiscales que intervienen en aquéllas, y por otro, que la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de quienes en las actuaciones procesales se expresan en aquél idioma no queda afectada en términos peyorativos cuando se utilizan, de forma adecuada y por resultar necesario para la impartición de la justicia, los servicios de interpretación y traducción.

 

Es por ello que las asociaciones firmantes nos oponemos a la instauración de un deber de acreditar el conocimiento del idioma cooficial por parte de los Magistrados, Jueces y Fiscales destinados en Comunidades Autónomas con lengua cooficial, así como a la consideración de dicho conocimiento como mérito determinante susceptible de otorgar absoluta prioridad, al margen de cualquier otra consideración, en la provisión, dentro de la Comunidad Autónoma respectiva, de cualquier destino profesional.

 

En las actuales circunstancias este tipo de medidas no sirven para solucionar ninguno de los problemas que aquejan a la Administración de Justicia y por supuesto, tampoco contribuyen a mejorar su funcionamiento ni a acrecentar su eficacia. Al contrario, aparte de alterar la estructura medular del Poder Judicial como Poder único y del Estado, su implantación en este momento constituiría una solución extremadamente radical, que podría sumir en una situación de auténtico caos a la Administración de Justicia, afectando, de forma negativa, el derecho que todas las personas tienen a obtener la tutela judicial efectiva.

 

Lo aconsejable es fomentar el conocimiento de las lenguas cooficiales y favorecer su racional y progresiva implantación en el ámbito de la Administración de Justicia, a través de acciones graduales, diligentes y adecuadas a las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Lo absurdo, por radical y desproporcionado, es convertir su conocimiento en inmediatamente obligatorio. Con una medida tan desmesurada a lo más que se puede aspirar es a causar grave daño al sistema judicial y, por añadidura, al conjunto de los ciudadanos.

 

 

Fuente: Asociaciones Judiciales APM y FJI, Asociación de Fiscales y Colegio Nac. de Secretarios Judiciales