– Artículo de Francisco Gutiérrez

 

 

JUSTICIA DE PROXIMIDAD

 

I.- EL PROYECTO DE LEY.

 

 

El Gobierno ha presentado un proyecto de ley para la creación de los llamados juzgados de proximidad so pretexto de que en el primer peldaño de la organización judicial de las grandes ciudades hay que hacer más efectiva la tutela judicial que demandan los ciudadanos y eficaz la gestión de la Administración de Justicia, apostando por la prontitud de la respuesta judicial sin merma de su calidad.

 

Algo parecido a la justicia de proximidad ya existió: era la Justicia de Distrito que desapareció en 1989 y no por capricho sino porque su fracaso se había gestado en paralelo a su evidente ineficacia. Por ello, reinstaurar lo que ya fracasó no parece una buena idea.

 

No obstante, el problema que aborda la reforma existe y no podemos desconocerlo: hay un gran número de actuaciones judiciales realizadas por jueces profesionales que son escasamente relevantes y que ocupan una gran parte de su labor diaria, lastrando con actuaciones menores la actividad esencial de su función, como por ejemplo, no parece razonable que quien está realizando una difícil instrucción sobre asesinato o narcotráfico simultanee su delicada y compleja función con numerosos enjuiciamientos de faltas que impiden dedicar el tiempo necesario a aquellas funciones más esenciales y complejas.

 

Pero, siendo cierto que la actual organización judicial precisa cambios para afrontar una realidad diferente a la que justificó su actual configuración, la reforma parte de presupuestos inexactos porque confunde la complejidad de los procedimientos con la gravedad y, en consecuencia, rebaja la capacitación que se ha de exigir a los jueces de proximidad frente a los actuales jueces de oposición, en la creencia de que esos problemas menos graves precisan menores conocimientos jurídicos para afrontarlos; optando por un sistema de selección que da la espalda al clásico sistema de oposición y que presenta alguna lagunas e imprecisiones ciertamente preocupantes.

 

En primer lugar, es un error considerar que los procedimientos menos graves necesariamente presentan menor dificultad técnica. Baste recordar, por ejemplo, que en los juicios de faltas se conocen la mayoría de los accidentes de tráfico, en los que la sanción penal es mínima, pero se discuten indemnizaciones millonarias muy superiores a las que se dilucidan en muchos procedimientos civiles y penales por delitos.

 

En segundo lugar, se está degradando tanto la eficacia de la función judicial como el prestigio y la capacitación de la carrera judicial a la que pertenecerán en igualdad de condiciones los jueces de proximidad, porque opta por profesionales menos cualificados para ejercer la jurisdicción Una carrera judicial menos preparada produce necesariamente peores resultados. Precisamente para mejorar la eficacia de la función judicial es necesario exigir una buena preparación a los jueces hasta para resolver los problemas menos graves. Lo contrario es ceder paso abiertamente a la mediocridad y renunciar, definitivamente, a que la función judicial, sea cual fuere su escalón, se realice por profesionales altamente cualificados.

 

Por último, se establece un novedoso sistema de selección por localidad que no garantiza un nivel adecuado para el ejercicio de la función judicial, pues se establece un sistema de concurso de méritos entre juristas con más de seis años de ejercicio profesional en el que se valorará preferentemente las funciones jurisdiccionales desempeñadas y el conocimiento de la lengua y derecho propio de la Comunidad Autónoma donde se halle el municipio.

 

Las pruebas que se practicarán tendrán por exclusivo objeto acreditar la formación jurídica en relación con los asuntos atribuidos al conocimiento de los jueces de proximidad, hasta el punto de que se proscribe expresamente que la entrevista al candidato se pueda convertir en un examen general de conocimientos jurídicos.

 

Pero la reforma da un paso más: se establece que los jueces de proximidad “podrán” ascender a la categoría de juez mediante concurso transcurridos nueve años de ejercicio como tal

 

De este modo la reforma consagra un silogismo poco razonable: si los jueces de proximidad se encargarán de asuntos menores y para acceder a esta función sólo se exigen conocimientos específicos de esta función, no se entiende cómo pueden acceder a la función superior de juez, que lógicamente requiere mayores conocimientos jurídicos al conocer materias más graves y complejas, sin más meritos que haber realizado durante un número de años esa función menor de juez de proximidad.

 

¿Se imaginan que para resolver el problema sanitario provocado por las listas de espera se acuerde que las intervenciones quirúrgicas menos graves la realicen médicos sin especialidad?; ¿o, que para resolver la masificación universitaria licenciados sin especialidad ni oposición pudieran ejercer funciones propias de escasa relevancia asignadas a los catedráticos?; y lo que es más grave, ¿que unos y otros tras algunos años de realizar esas funciones menores obtuvieran la categoría de cirujanos cardiovasculares o catedráticos por el simple mérito de realizar actuaciones de escasa relevancia?.

 

Pero, además, la reforma adolece de información esencial, que nos hace dudar de su constitucionalidad, pues se no precisa ni el número de plazas que se reservarán a este sistema de ascenso a la categoría de juez (el Consejo General del Poder Judicial lo determinará mediante acuerdo motivado) ni tampoco qué méritos o requisitos se exigirán para poder ascender, además de la antigüedad.

 

Esta indeterminación nos obliga a recelar de la reforma y nos permite sospechar que se puede producir el fin del sistema clásico de oposiciones libres, lo que se conseguiría fácilmente con la reserva de un porcentaje elevado de plazas de ascenso a la categoría de jueces para jueces de proximidad limitando el número de las asignadas a las oposición libre o bien con la simple reducción del plazo de antigüedad exigible para ascender hasta el punto de hacer más rentable acceder directamente por el turno de jueces de proximidad que el de oposición libre.

 

Además, si no existe un procedimiento suficientemente reglado que esté basado en el principio de competencia profesional y si no podemos pasar por alto lo que está aconteciendo con los nombramientos de la Carrera Judicial, no es lícito pensar que este sistema indeterminado favorece la existencia de jueces obedientes o afines con quienes deben decidir su ascenso profesional. Sólo la mera posibilidad de que esta tesitura pueda existir nos obliga a recelar del sistema.

 

En definitiva, la reacción ante un problema real ha sido .poco atinada: se incide en la minusvaloración de la función que realizamos se degrada el prestigio y capacitación de la carrera judicial a la que pertenecerán en toda regla los jueces de proximidad y se abren las puertas a la desaparición del sistema tradicional de acceso por oposición libre.

 

Por ello, no podemos ser optimistas. Se va a dejar pasar nuevamente otra oportunidad para afrontar con sentido la reforma de la Administración de Justicia que mejore su eficacia y prestigie la Carrera Judicial, con el único pretexto real de descargar de trabajo la justicia, llamémosle profesional, por cierto a un bajo coste.

 

 

 

II.- ALTERNATIVAS.

 

En mi opinión, la solución pasa por distribuir más razonablemente las competencias entre los órganos judiciales ya existentes y, en su caso, en crear juzgados especializados en determinadas materias, siempre servidos por jueces de oposición.

 

I.- Sería deseable eliminar competencias de los actuales juzgados unipersonales. En concreto, en el orden penal deberían destipificarse algunas faltas. La extrema levedad de la simbólica sanción, muy inferior a las que imponen las autoridades administrativas, no compensa el esfuerzo a realizar porque la función sancionadora se puede ejercer por otros cauces, preferentemente a realizar por las administraciones competentes.

 

Especial mención merecen los juicios por accidentes de tráfico, que ocupan una parte no despreciable de la labor de los juzgados de instrucción, en los que, en realidad, se discute sobre la cuantía a indemnizar, cuestión exclusivamente civil, quedando en un segundo plano la sanción a imponer, que resulta irrisoria y si ningún efecto de prevención general.

 

Además, se podría instaurar a favor del Mº Fiscal el criterio de oportunidad que le permita no ejercer la acción penal en los juicios de faltas, a modo de la regulación existente en la justicia de menores.

 

II.- El proyecto pretende afrontar los problemas que sufren las grandes capitales, pero, se olvida de la situación que actualmente sufren los juzgados de los pueblos que soportan un volumen de trabajo importante, a veces mayor que el de los juzgados de capitales.

 

La actual configuración de la carrera judicial y la organización del sistema judicial español provoca que los jueces recién ingresados accedan directamente a los juzgados de primera instancia e instrucción de pueblos. La labor que deben realizar es ciertamente complicada. La realidad social ha cambiado enormemente y ya no se puede decir que en los pueblos no exista conflictividad. Si a la lógica falta de experiencia se añade que deben realizar funciones tan diversas como las de jueces de primera instancia e instrucción, no creo que nos equivoquemos si se afirma que hoy día la función judicial más compleja es la que se realiza en esos juzgados.

 

Al contrario, los juzgados de las capitales están servidos ya por magistrados con mayor experiencia y normalmente especializados en un orden jurisdiccional concreto (civil, penal, contencioso, laboral), con las ventajas que ello conlleva. La carga laboral en estos casos se sobrelleva en mejores condiciones y, normalmente, se ofrece mejor y más rápido servicio.

 

Por ello, en materias muy complicadas o especializadas es mejor que se asignen a los magistrados de capital que a los jueces de pueblo.

 

Esta tesis se ha asumido desde siempre respecto la justicia de menores, de lo social y de lo contencioso administrativo. A ello debemos añadir la creación en su momento de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria y la reciente creación de los Juzgados de lo Mercantil, ubicados en capitales de provincia, que asumen competencias ciertamente complicadas de los juzgados y audiencia penales, los primeros, y de los juzgados de primera instancia y sociales, los segundos.

 

Esta decisión si me parece correcta y eficaz, porque en los juzgados de pueblos no es fácil que se tramiten con celeridad y eficacia procedimientos muy complejos que se eternizan (quiebras, suspensiones de pagos, instrucciones de delitos ecológicos, narcotráfico…).

 

Por ello, creo que ésta es la dirección que debe seguir la reforma: quitar competencias a los juzgados de pueblo y asignarlas a los juzgados de capital, donde serán tratadas por magistrados más experimentados, normalmente, especializados y que, además, suelen contar con funcionarios también más especializados y experimentados.

 

De esta forma, los juzgados de pueblos quedarían con un carga competencial menor que la actual tanto en materia penal como civil.

 

Paralelamente a ello, como advierte la reforma, los juzgados unipersonales también tienen asignadas competencias menores o poco relevantes (juicios de faltas, reclamaciones civiles de escasa cuantía, revisión de sanciones administrativas muy leves), que, en líneas generales, son las que se quieren asignar a los juzgados de proximidad.

 

Si bien estas competencias son adecuadas para los jueces con menor experiencia, como son los que ejercen en juzgados de pueblos, que, de este modo inician su aprendizaje de forma menos traumática y más progresiva, lo cierto es que ya no es razonable ni práctico que esas mismas competencias estén asignadas a magistrados experimentados destinados en capital, que, por lo que antes hemos explicado asumirían las competencias más complejas de sus órdenes jurisdiccionales.

 

La solución pasaría por crear en las capitales (salvo en las que por su escasa carga de trabajo no fuera necesario) juzgados servidos por jueces, que asumirían exclusivamente las competencias menos graves de los juzgados unipersonales (juicios por faltas, reclamaciones civiles de escasa cuantía, sanciones administrativas leves..), que impiden a los magistrados dedicarse a los asuntos más complejos. Es una figura parecida a los antiguos juzgados de distrito, pero con menos competencias y más especializados.

 

De este modo se conseguiría la rapidez y especialización en cuestiones menores que pretende la reforma, pero con la ventaja de que serían jueces de oposición. con idéntica capacitación y rango que el resto de los miembros de la Carrera Judicial.

 

Fuente: Francisco Gutiérrez