Informe de FJI sobre los Consejos de Justicia Autonómicos

– Artículo

 

I.- En líneas generales si el objetivo de la reforma es, como señala la exposición de Motivos del Anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros en fecha 23-12-2005, la desconcentración de funciones del órgano de gobierno del poder judicial, no se aprecia inconveniente para que esas funciones sean asumidas por las Salas de Gobierno de los TSJ de Justicia de las Comunidades Autónomas. Dicho planteamiento es tanto más adecuado cuanto se promueve la reforma del sistema de elección de los miembros electivos de estas Salas implantando un sistema que constituya adecuado reflejo de la pluralidad de opiniones existente en la carrera judicial y teniendo en cuenta que estas Salas son el único órgano que ejerce funciones de gobierno, junto a los Jueces Decanos, que es elegido por Jueces y Magistrados mediante sufragio universal y directo.

 

En este sentido las Salas de Gobierno mantendrían todas las competencias atribuidas en el art 152 de la LOPJ y podrían encomendárseles las que constituyen una novedad de este anteproyecto de reforma en los apartados 1º, 2º y 4º del art 148 quinquies y en el art 166 bis ( determinación del Juez que hará las funciones de decano de los Jueces de proximidad en municipios donde el nº sea inferior a 10) y en el art 210.1 ( aprobación de la forma de sustitución de los Jueces y Magistrados de los Juzgados unipersonales en las poblaciones donde existan varios, a propuesta de la Junta de Jueces), el apartado d) y f) del art 301 bis ( propuesta al CGPJ del tribunal de selección de los jueces de proximidad e informe favorable al ascenso a la categoría de Juez mediante concurso – preferiblemente participación en un sistema de selección mediante la superación de las pruebas objetivas teórico prácticas- a las vacantes de esta categoría convocado por el CGPJ). Además conservarían las competencias contempladas en los apartados 5º, 6º y 7º del art 148 quinquies del anteproyecto de reforma de la LOPJ. Y asumirían la función de audiencia preceptiva previa a las modificaciones de la Planta Judicial en la CC AA prevista en el apartado 1 del art 20 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial- Disposición Adicional Primera Tres del Anteproyecto.

 

No es posible desconocer la realidad de las transferencias de competencias del Estado a las Comunidades Autónomas en materia de Justicia, habiendo adquirido algunas de estas últimas las complejas funciones y correspondientes obligaciones económicas sobre la “administración de la Administración de Justicia” respecto de los Juzgados y Tribunales incluidos en su ámbito geográfico que, previsiblemente, aumentarán cuando se ponga en marcha el proyecto de la nueva Oficina Judicial previsto en la reforma de la LOPJ 19/2003. En este aspecto cobra sentido la propuesta de reforma de la LOPJ que daría entrada a un Consejo Autonómico que tendría facultades informativas, consultivas y de coordinación entre las distintas Administraciones que van a incidir sobre esa oficina judicial: el CGPJ, el Ministerio de Justicia, las propias CC AA y eventualmente los Ayuntamientos en caso de que se aprobase el otro aspecto del proyecto de reforma de la LOPJ en materia de Justicia de Proximidad ( art 48 bis introducido por la Disposición Adicional Primera, Cuatro. 2 del Anteproyecto de reforma)

 

Así pues a los Consejos Autonómicos de nuevo cuño, constituidos en aquellas CC AA que hubiesen asumido las competencias sobre la “administración de la Administración de Justicia”, les corresponderían las competencias previstas en los apartados 2º ( informes solicitados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma sobre esa concreta materia) y en el 3º del art 148. quinquies del anteproyecto de reforma de la LOPJ, en Pleno o en Comisión Permanente, según se determine reglamentariamente.

 

De acuerdo con la distribución de competencias antedicha, el art 148 sexies en su apartado 7 debería establecer que los acuerdos adoptados por la Sala de Gobierno podrán ser recurridos potestativamente ante la propia Sala de Gobierno del TSJ. Y el resto de los actos de la Comisión Permanente y del Pleno del Consejo y los de la propia Sala de Gobierno del TSJ, serán recurribles en alzada ante el CGPJ.

 

 

 

 

II.- Entrando en el análisis del Anteproyecto de Reforma de 23-12-2005, aparecen algunos aspectos cuestionables como la previsión del art 148 bis 2 que distingue la conformación del número de integrantes del Consejo de Justicia en las CCAA que engloben un número de provincias superior a cuatro, en cuyo caso entra a formar parte del Consejo únicamente la mitad de los Presidentes de las A P estableciéndose un turno anual, lo que carece de justificación.

 

El art 148 quater en su apartado 2 establece la composición de la Comisión Permanente del Consejo de Justicia, en la que los miembros electos por los jueces pasan a ser minoría (dos de seis miembros) y además son elegidos por el Pleno en el que, a su vez, los miembros electos quedan también en minoría frente a los natos y los juristas elegidos por las Asambleas Legislativas de las CC AA. El apartado 3 regula la composición de la Comisión Judicial, presidida por el Presidente del TSJ e integrada por dos miembros natos y por los dos mismos jueces o magistrados elegidos por los miembros de la carrera judicial que componen la Comisión Permanente (elegidos por el Pleno). Esta composición tan reducida margina de nuevo al resto de miembros electos y al Decano, contradice el pretendido espíritu de la reforma al modificar el sistema electoral de los miembros electivos de las Salas de Gobierno cuando preconiza que su composición debe reflejar la pluralidad de opiniones existente en la carrera judicial y deja vacío de contenido el papel de aquellas Salas que, de hecho, conforme a la Disposición adicional segunda y la Disposición transitoria segunda 1 del Anteproyecto, van a desaparecer.

 

En el art 148 ter no se determina cuál es el perfil de los juristas de reconocido prestigio candidatos a ser miembros de los Consejos de Justicia Autonómicos ni cuáles son las actividades profesionales de esos juristas de reconocido prestigio que resulten incompatibles con las funciones propias de los Consejos de Justicia o que puedan perturbar la independencia judicial. Realmente no se alcanza a comprender cómo un jurista en activo que va a formar parte de un órgano de gobierno de los Jueces en el ámbito de la CCAA no llegará a perturbar, siquiera potencial o indirectamente, la independencia de los Jueces y Magistrados que pasan a ser sus gobernados cuando el Anteproyecto le atribuye un elenco de facultades que afectan al estatuto del Juez ( como las de índole disciplinaria, inspección de Juzgados y propuestas de expedientes de incapacidad, concesión de licencias y permisos y las de informe preceptivo y cuasivinculante en orden a los nombramientos discrecionales de cargos judiciales correspondientes a órganos jurisdiccionales en el ámbito de la CCAA y otras que pueda delegarle el CGPJ) y al propio régimen de funcionamiento y gobierno de la Administración de Justicia en esa CC AA. Verdaderamente este aspecto del Anteproyecto no parece ajustarse a la tutela judicial de los derechos e interese legítimos de los ciudadanos, que no puede ser real ni efectiva sin la garantía del principio de independencia judicial proclamado el art 117.1 y 2 en relación con el art 24 de la CE., en orden a procurar una recta administración de justicia.

 

El art. 148 quinquies atribuye a la Comisión Judicial unas competencias mínimas (las de los números 1 a 4 del art 152 y las del apartado 5º del propio art 148 quinquies) prácticamente reducidas a la aprobación de normas de reparto de asuntos y régimen de sustituciones de los Magistrados. El aspecto más criticable del Anteproyecto es que dicho precepto en su apartado 1 deja en manos de la potestad reglamentaria del Consejo de Justicia Autonómico la capacidad de decidir si atribuye a la Comisión Permanente o a la Judicial las competencias previstas en los números 6 a 10 y 14 del art 152 y las de nuevo cuño previstas en el art 166 bis, la del art 210.1, la del 301 bis b) c) d) y f) en relación a los Jueces de Proximidad. Y el art 148 sexies abre la posibilidad del recurso de reposición potestativo frente a los actos de la Comisión Permanente y la Comisión Judicial ante el Pleno del Consejo. Es más, del tenor literal del apartado 3 del art 148 quinquies se desprende que la opción legal es la atribución de aquellas competencias a la Comisión Permanente y no a la Judicial.

 

 

Por otro lado el art 148 quinquies 4º preve la posibilidad de ampliación de las competencias del Consejo de Justicia por vía de delegación del CGPJ por decisión adoptada por mayoría de 3/5 y no se determina ninguna competencia de las previstas en el art 107 de la LOPJ como indelegable ni siquiera las previstas en los apartados números 3 a 5 y 7 inspección de juzgados y tribunales, la selección, formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados ni los nombramientos de cargos judiciales o la determinación de méritos determinantes o preferentes para acceder a un órgano jurisdiccional o de Comisiones de Servicio, Servicios Especiales, planes de refuerzo, etc. en el ámbito de la CC AA y Escuela Judicial. Lo mismo que los apartados a) hasta el f) del art 108.1 de la LOPJ y con la consiguiente potestad reglamentaria que desarrolla el art 110. Además el apartado 3º del propio precepto permite al Consejo de Justicia asumir aquellas funciones que, en el ámbito de las competencias propias de las CC AA, le atribuyan los Estatutos de Autonomía sin precisar tampoco cuáles serían indelegables por parte del Estado, en otros términos, cuáles son aquellas competencias que los Estatutos no pueden blindar por ser exclusivas del Estado y que deben ser como mínimo las anteriormente mencionadas.

 

 

En conclusión la regulación contenida en el Anteproyecto en relación con las previsiones de los Estatutos de Autonomía puede permitir a los Consejos de Justicia organizar y controlar una justicia propia al margen de la del Estado en contra de lo dispuesto en el art 149.5 en relación con el art 117.5 y 122. 1 y 2 de la C.E. y en el art 104 de la LOPJ.