Futuras reivindicaciones de acción social para Jueces y Magistrados

15/05/2004 – Ponencia

 

La carrera judicial no puede quedarse al margen de los beneficios en materia de Acción social para el sector público

 

1. PRECEDENTES.

 

Hasta el momento actual, jueces y magistrados no hemos reivindicado las mejoras sociales que se han venido aplicando para el conjunto del sector público, so pretexto de pertenencia al Poder Judicial.

Dicha idea, debe abandonarse, con objeto de no perder las mejoras sociales que en calidad de trabajadores del sector público, se están introduciendo paulatinamente en las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado. Así ha acontecido en los acuerdos entre la Administración y los Sindicatos, llevados a cabo en el año 2000 y que, con la excepción de magistrados, jueces y fiscales, percibieron todos los empleados del sector público, incluido el personal estatutario de la Seguridad Social e incluso debe decirse que se percibió por personal laboral con contrato temporal. La exclusión en dicho plan de mejora de acción social, supuso la pérdida de poder adquisitivo para jueces y magistrados de aproximadamente 6.000 de las antiguas pesetas mensuales, ya que las cantidades que se percibieron en el año 2000, se consolidaron en el complemento específico del siguiente ejercicio.

 

2. SITUACIÓN ACTUAL: ACUERDO 2003-2004

La resolución de 15 11 02 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, ordena la publicación del acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el acuerdo Administración Sindicatos para el período 2003 2004, para la modernización y mejora y de la Administración Pública, en tanto que integrantes del sector público:

PRIMERA. La publicación de dicha resolución tuvo lugar en el BOE n’ 276 del 18 11 02.

 

SEGUNDA. En el Título II se contempla la conciliación de la vida familiar en relación con las necesidades de atención a los hijos menores de tres años de los empleados al servicio de la Administración General del Estado, con objeto de destinar parte de los fondos del acuerdo a financiar la contratación de personal necesario para atender una red de guarderías. Se contempla la reducción de jornada por motivos familiares, en particular por lactancia de un hijo menor de nueve meses, confiriéndose el derecho a la reducción de una hora diaria durante dicho período a disfrutar indistintamente por el padre o la madre.

 

TERCERA. En el Título V (mejora de las condiciones de trabajo) se establecen las siguientes:

 

a) capítulo XIV, acción social. Se destinará a financiar acciones y programas de carácter social un porcentaje de la masa salarial de todo el personal que preste servicio en los mismos o en los organismos autónomos de manera que se alcance cada año una ratio del 1%.

 

b) Capítulo XV, mejoras sociales VACACIONES. Con carácter general las vacaciones anuales retribuidas del personal funcionario y estatutario, serán de un mes natural o de veintidós días hábiles anuales por año completo de servicio o en forma proporcional al tiempo de servicios efectivos. Se disfrutarán de forma obligatoria dentro del año natural y hasta el quince de enero del año siguiente en períodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos con arreglo a la planificación de cada departamento. A estos efectos los sábados no serán considerados días hábiles, salvo que se establezca otra cosa. En el supuesto de haber completado años según lo expuesto se tendrá el derecho de disfrute anual de vacaciones siguiente:

Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles.

Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles.

Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles.

Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles.

 

 

 

c) Permisos y Licencias. Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las oficinas públicas a excepción de los servicios de información y registro y jornada y horarios especiales El calendario laboral establecerá medidas de compensación para los días festivos para el personal al servicio de la Administración General del Estado.

d) Se concederán permisos de tres días hábiles por el nacimiento, acogida o adopción de un hijo y el fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad cuando el suceso se produzca en la misma localidad y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30.1. a) de la Ley 30/1984, de

2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función

Pública (segundo grado consanguinidad o afinidad 2 días hábiles y 4 en localidad distinta)

 

CUARTA. Título VI medidas de ordenación retributiva e incentivos salariales.

a) Incremento del 2% de las retribuciones en relación con el año 2002.

 

b) Mejora de la cualificación de los empleados (planes de formación de nuevas tecnologías e idiomas).

 

c) Plan de pensiones. La Administración General del Estado destinará como aportación al plan de pensiones, en concepto de salario diferido, para el personal incluido dentro de la Mesa General de Negociación 24,65 millones de euros.

 

d) Modificación de las pagas extraordinarias.

e) El ámbito de vigencia y aplicación expresa lo siguiente: el presente acuerdo será de aplicación general al personal civil de la Administración General del Estado, y de sus organismos públicos, personal al servicio de las entidades gestoras de la Seguridad Social y de Justicia.

 

QUINTA. Vigencia del acuerdo desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2004. Se constituirá una comisión paritaria de seguimiento compuesta por 15 miembros de cada parte así como grupos de trabajo en particular el que nos interesa grupo de trabajo de relaciones laborales. La aportación al plan de pensiones se cifra en 24.645.400 euros.

 

SEXTA. En virtud de resolución de 9 mayo 2003 de la Secretaría de Estado de Justicia se ordenó la publicación del acuerdo suscrito entre el Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales más representativas. Se publicó en el BOE nº 118 de 17 de mayo de 2003. En el mismo, en lo que interesa debemos destacar:

La jornada anual de trabajo será establecida por el Ministerio de Justicia negociada con las organizaciones sindicales más representativas.

Se configura un nuevo modelo retributivo diferenciando entre retribuciones básicas (sueldo, antigüedad y pagas extraordinarias) Según LPGE; complementarias fijas (complemento general de puesto y complemento específico) y retribuciones complementarias variables productividad).

 

Se establece además lo siguiente: La articulación legal de estas medidas, además de su incorporación se efectuará como enmienda al Proyecto de Ley de retribuciones de jueces y fiscales ahora en tramitación parlamentaria.

SÉPTIMA. La mesa de la función pública se ha reunido en octubre de 2003 para analizar todo lo relativo al plan de pensiones, cuyo montante equivale al 0’5 % de la masa salarial teniendo la consideración de salario diferido. La cuantía de las aportaciones a dicho plan se decidirá en la Ley de Presupuestos anual participando proporcionalmente según el nivel salarial y linealmente según los trienios, pudiendo realizarse aportaciones voluntarias sin límite.

 

 

3. APLICACIÓN A MAGISTRADOS Y JUECES

A).- El anterior acuerdo, ha supuesto la inclusión de jueces y magistrados en el ámbito del Sector Público, percibiendo una cantidad en concepto de paga extraordinaria que fue fijada por Orden ministerial de 5 de Julio de 2003, que se halla recurrida ante el Tribunal Supremo, por entender que no existe conformidad en el porcentaje que se establece con relación a otros cuerpos de la administración (20% del complemento de destino), y que existe una deslegalización en materia retributiva, ya que, se regula en virtud de Orden ministerial una materia que tiene que venir regulada por Ley, y así se ha hecho en la Ley de Presupuestos para el 2004, en la que se expresa con todo detalle, en el Anexo XI, las cantidades a percibir correspondientes a la paga extra de complemento de junio y diciembre.

 

B).- La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2004, en su artículo 19, configura el Sector Público incluyendo:

• en el apartado “uno e)” los Órganos Constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 72.1 de la Constitución. En estos Órganos constitucionales debe incluirse jueces y magistrados.

• en el apartado “dos” de dicho artículo, se establece un incremento con efectos de 1 de enero de 2004 del 2% respecto del año 2003 para todo el Sector Público.

 

• en el apartado “tres” de dicho artículo, se establece que, además del incremento general de retribuciones previsto en el apartado anterior, las Administraciones a las que se refiere el apartado uno del presente artículo, podrán destinar hasta un 0,5% de la masa salarial a financiar las aportaciones a planes de pensiones de empleo o contrato de seguro colectivo, que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación para el personal incluido en sus ámbitos.

 

• para el cálculo del límite de la aportación total en el año 2004, se aplicará el porcentaje sobre el gasto correspondiente al conjunto de las retribuciones devengadas en los siguientes conceptos retributivos: retribuciones básicas, complemento de destino, complemento específico y complemento de productividad o análogo.

 

 

Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro conforme lo previsto en este apartado, tendrán a todos los efectos la consideración de retribución diferida.

 

• en el apartado “seis” se establece que este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13 y 156.1 de la Constitución.

 

C).- Todo lo anteriormente expresado, en relación con la inclusión de jueces y magistrados en el sector público y en los planes de mejora y acción social que se desarrollen, ha sido analizado en varias sentencias de la Sala Contencioso administrativa del Tribunal Supremo, citando por todas la de fecha 27/6/2003, (Sección 7ª), ponente Sr. Maurandi Guillén, que en su fundamento 3º, expresa en relación con el tema objeto de debate lo siguiente:

 

“……. TERCERO. Esta Sala, en lo que respecta a las denuncias formuladas ante el CGPJ por la actuación de órganos jurisdiccionales, ha sentado una doctrina (expresada en las sentencias de 12 de junio y 7 de noviembre de 2000, 29 de mayo de 2001, 22 de febrero de 2002, y 3 abril de 2003 entre otras) cuyas ideas básicas son las siguientes:

 

 

1) El modelo de separación de poderes que consagra nuestro texto constitucional se traduce, en lo que al Poder Judicial se refiere, en los principios de independencia y exclusividad del ejercicio de la potestad jurisdiccional.

 

Estos principios aparecen proclamados en los apartados 1 y 3 del artículo 117 de la Constitución; y también en los artículos 1, 2, 12 y 13 de la LOPJ.

Y es de resaltar asimismo que, dentro del capítulo V (encabezado con la rúbrica “De la Inspección de los Juzgados y Tribunales”) del Título 111 del Libro 11 de la LOPJ, los artículos 175.2 y 176.2 se preocupan de proclamar, no sólo esa exclusividad que corresponde a Jueces y Magistrados en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, sino la imposibilidad de que alcance a ella la actividad inspectora que corresponde CGPJ y a los demás órganos de gobierno del Poder Judicial.

 

El Art. 175.2 de la LOPJ establece: Las facultades inspectoras se ejercerán sin merma de la autoridad del Juez, Magistrado o Presidente”. Y el Art. 176.2 de este mismo texto legal dispone: La interpretación y aplicación de las leyes hechas por los Jueces o Tribunales, cuando administran justicia, no podrá ser objeto de aprobación, censura o corrección, con ocasión o a consecuencia de actos de inspección”.

 

2) De lo anterior se deriva que, por lo que a la actuación de Jueces y Magistrados se refiere, la labor inspectora que legalmente corresponde al Consejo General del Poder Judicial CGPJ ha de tener por objeto la indagación de conductas que pudieran ser constitutivas de faltas disciplinarias, y tiene vedado el examen de la tarea de interpretación y aplicación de las leyes que encarna el núcleo de la función jurisdiccional.

 

Lo cual viene a significar esto:

a) en los Jueces y Magistrados son de diferenciar dos aspectos, el de empleado público, sometido a un determinado estatuto profesional, y el de titular de la potestad jurisdiccional;

b) Las potestades de inspección y disciplinaria que corresponden al CGPJ están referidas a la comprobación del funcionamiento burocrático de la Administración de Justicia, y a la vigilancia de las obligaciones que, según su estatuto profesional, incumben a Jueces y Magistrados en su faceta de empleados públicos; y

 

c) esas potestades tienen como límite el respeto a la exclusividad de la función jurisdiccional, y, por ello, los órganos de gobierno del Poder Judicial, carecen de atribuciones para revisar el ejercicio de esa potestad jurisdiccional que por mandato constitucional corresponde en exclusiva a Jueces y Magistrados.

 

 

3) La observancia de las normas de procedimiento, según lo establecido en el artículo 117 3 de la Constitución, es una exigencia directamente referida a la potestad jurisdiccional, y, por ello, es también distinta a las obligaciones estatutarias que incumben al Juez en su faceta de empleado público.

 

 

4) La revisión de las actuaciones realizadas en el ejercicio de la potestad jurisdiccional solo e posible a través de los recursos, que las leyes establezcan.

 

 

CONCLUSIONES

 

 

De lo anteriormente expresado se infiere que, jueces y magistrados, en su aspecto de empleados públicos, sometidos al estatuto personal, dentro del sector público, no pueden verse privados de las mejoras sociales que para dicho sector se produzcan, por el hecho de no encontrarse representados en la Mesa de negociación de la Función Pública, pese a que en la actualidad, perciben sus emolumentos a través del Ministerio de Justicia.

 

3. CONFIGURACIÓN TÉCNICA DEL EJERCIO DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE MEJORAS SOCIALES:

 

1.-SITUACIÓN ACTUAL.

 

En este momento, padecemos una dicotomía entre el Consejo Gral. del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia que, no favorece el ejercicio de dichas acciones, produciendo disfunciones. Así, por ejemplo, tenemos que, el reconocimiento de los tiempos de servicio y los destinos, los acredita el C.G.P.J., pero la gestión de la nómina la realiza el Ministerio de Justicia, que se incardina en el poder ejecutivo. No existe justificación alguna, desde la promulgación de la Constitución Española de 1978, para que la gestión de las nóminas y el pago de las retribuciones, se realice por el Ministerio de Justicia, vulnerando la división de poderes.

 

A mayor abundamiento, debe decirse, que el C.G.P.J. elabora su presupuesto de carácter anual y retribuye a todos los letrados, vocales y funcionarios que prestan su servicio en el mismo, quedando excluido únicamente los jueces y magistrados en activo, los cuales, sin existir justificación alguna, reciben sus nóminas del Ministerio de Justicia (Habilitación central en aquellos casos en que las competencias en materia de justicia ha sido transferidas a las CC.AA. y Gerencias territoriales, en aquellos casos en que no han sido transferidas).

 

La percepción de las nóminas y en general la dependencia del Ministerio de Justicia se cuestiona cada vez más en la Carrera judicial. En el barómetro de la opinión de la judicatura española de julio de 2003, realizada por Demoscopia S.A. bajo la dirección de José Toharia, a petición del C.G.P.J., en el apartado relativo a trabajo del juez, se expresa que el 81% de los encuestados entre miembros de la carrera judicial, es partidario de que el C.G.P.J., asuma todas las competencias respecto de la carrera judicial que aún corresponden al Ministerio de Justicia.

 

Este porcentaje tan elevado en una encuesta, expresa claramente el sentir casi unánime de la carrera judicial de depender única y exclusivamente del C.G.P.J., con desvinculación total del Ministerio de Justicia.

 

 

 

2. SOLUCIÓN TÉCNICA.

En el momento presente nos encontramos ante una situación idónea para poder llevar a cabo dicha vinculación al C.G.P.J., ya que “el modelo de desempeño que se está realizando de la labor de jueces y magistrados”, requiere necesariamente una configuración técnica de Recursos Humanos, para la gestión de forma automatizada de los resultados que se obtengan. Lo idóneo sería la creación de una Subdirección general de Recursos Humanos que englobase las secciones siguientes: Personal, Presupuestos de personal y retribuciones, Recursos y asuntos jurídicos, Régimen disciplinario, Formación y Escuela Judicial, Acción social y Relación con las Asociaciones judiciales. Todo lo anterior redundaría en una mejor gestión y control del gasto y una optimización de recursos, debiéndose realizar las gestión informatizada relativa a nóminas y recurso humanos en el C.G.P.J., con la actual infraestructura.

 

 

4. FORMAS DE EJERCICIO DE LAS ACCIONES SOCIALES.

 

a) En el momento actual, teniendo en cuenta que dependemos del Ministerio de Justicia y que no estamos representados en la Mesa de la Función pública, el único cauce que tenemos para reivindicar las mejoras, es:

 

– A través de las Asociaciones.

 

– A través de los Decanatos, previa aprobación en Junta de jueces, a tenor de lo que expresa la vigente L.O.P.J., en la que se expresa que el Decano representa a todos ante los poderes públicos.

 

 

b) Medidas concretas.

 

En el plan de acción social del Ministerio de Justicia para el año 2003-2004 debe solicitarse lo siguiente:

• Cantidad en euros que supone el 1% de la masa salarial de Jueces y Magistrados.

• Atribución del 1% para los fines expresados en los acuerdos señalados y, en particular nos interesan que se dedique el 0’5 % que no se impute a los planes de pensiones, a la suscripción de una póliza de seguros colectiva con objeto de cubrir las responsabilidades civiles o de otra índole que traigan causa de la prestación del servicio en calidad de Jueces o Magistrados, que actualmente pagamos individualmente con carácter particular. Estas pólizas están suscritas por todos los colectivos con trabajos de responsabilidad y así, por ejemplo podemos citar el Colegio de Abogados de Madrid que en fecha reciente ha renovado una póliza de responsabilidad civil profesional; el Ayuntamiento de Madrid lo tiene incorporado en su convenio colectivo y todos los convenios colectivos de los Ayuntamientos de la periferia de Madrid con relación a los daños que puedan ocasionar los funcionarios en el ejercicio de sus tareas (por ejemplo daños producidos como consecuencia de conducción de vehículos a motor, etc.). Los colegios de médicos lo tienen establecido para los casos que en las pólizas se establecen. En el mismo sentido las entidades estatales como correos, AENA, etc. Por todo ello consideramos que la medida de acción social que mejor se ajusta a las necesidades de este colectivo es la póliza ya referenciada.

 

• El Ministerio de Justicia ha establecido un importe de 1.300 euros máximo en concepto de discapacidad de hijos, por lo que dicha cantidad deberá satisfacerse también a este colectivo cuando concurran las circunstancias acreedoras al mismo.

 

• Algunas de las mejoras que se introducían en la Resolución de 15/11/2002, han sido incorporadas en la L.O.P.J.; tal es el caso de los días de permiso por nacimiento de hijo o enfermedad o fallecimiento de familiares. Sin embargo, la L.O.P.J., no ha incorporado las mejoras relativas a vacaciones anuales retribuidas, ya que no se modificó el artículo 371 de la L.O.P.J., resultando discriminados en relación con lo que se establece en la misma ley para los funcionarios en el artículo 502. En este momento, todos los funcionarios que prestan servicio en los Juzgados, disfrutan de un mayor periodo anual de vacaciones retribuidas, incluidos los secretarios, a los que se les estimó el recurso formulado contra la resolución del T.S.J. de Madrid en vía administrativa, por lo que únicamente los magistrados y jueces, no disfrutan las vacaciones en igualdad que el sector público.

 

• Otra mejora que debería solicitarse, es la regulación de la jornada laboral, de conformidad con la que se establece para el sector público en la Orden 10 de marzo de 2003. (B.O.E. de 13 de marzo de 2003) La duración máxima que se establece para la administración general del Estado, es de 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en computo anual, equivalente a 1.647 horas anuales. Cualquiera de los magistrados y jueces, realiza una jornada bastante superior.

• En este sentido, debe tenerse en cuenta la jornada que realiza otros colectivos que también tienen que realizar coberturas de 24 horas, por ejemplo, médicos, enfermeras, bomberos, etc., que tienen regulada su jornada laboral de forma ajustada a la legalidad para el Reino de España. Debe citarse la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal estatutario del servicio de salud (B.O.E. 301 de 2003), que regula la jornada, llevando a cabo la transposición al sector sanitario de dos directivos de la C.E. relativas a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, a través de la regulación de los tiempos de trabajo y del régimen de descanso, las directivas 93/104/CE del Consejo de 23 de noviembre de 1993 y 2000/34/CE de Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 2000. En similares términos, debe decirse de los acuerdos reguladores para los bomberos de los Ayuntamientos de Madrid y Getafe, por ejemplo. Esta regulación se hace especialmente necesaria en aquellos partidos judiciales en que deban permanecer semanas enteras de guardia, sobrepasando a nuestro entender, las horas de presencia y localización que como jornada legal debería tener.

 

CONCLUSIONES.

 

Magistrados y jueces, no deberían quedar al margen de las mejoras sociales que se produzcan para el sector público, ni de las que supongan salario diferido o en especie ni de las que impliquen reducción de jornada para el sector público, ya que esta reducción debería incluirse en los módulos o sistema técnico de control.

Debería instarse la desvinculación total del Ministerio de Justicia, gestionándose la nómina por el C.G.P.J., ya que con dicho órgano si pueden reunirse las Asociaciones judiciales en la Mesa judicial, para analizar las condiciones de trabajo de Magistrados y Jueces. En el momento actual, al no estar representados en la Mesa de la función pública, pese a percibir las retribuciones a través de dicho Ministerio, no estamos en paridad de condiciones con el resto del sector público.

 

Se debería negociar, la forma de regular las jornada en los Juzgados que tienen guardias semanales de presencia y/o localización por entender que realizan un exceso de horario, que pudiera contravenir el Convenio de la O.I.T.

 

 

 

Fuente: Emilia-Teresa Díaz Fernández, Magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid